jueves, 23 de febrero de 2017

Supuesto proveedor de armas de los narcosobrinos es un empresario en EEUU y Venezuela

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Gilson M. Barroeta Florez, quien supuestamente vendió armas de alto calibre a los sobrinos de la pareja presidencial, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, es un empresario dueño de varias compañías en Venezuela y en los Estados Unidos. 

Empresario, vendedor de armas y extorsionador

El nombre de Gilson M. Barroeta Florez surgió en los medios a raíz de un documento presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York donde asocian a este individuo, natural de Barquisimeto estado Lara, con la supuesta venta de armas de alto calibre a los sobrinos de la primera dama venezolana, Campo Flores y Flores de Freitas, convictos por un jurado por conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Caracas a los Estados Unidos.

A menos de una semana de haberse conocido su nombre en el expediente de los primos Flores en Nueva York,  Gilson M. Barroeta Flores fue arrestado en Barquisimeto acusado de  extorsión y porte ilícito de armas. El sujeto fue detenido el sábado 18 de febrero de 2017 cuando se encontraba en compañía de Eliomar Jesús Aponte Mendoza y el sargento primero de la Guardia Nacional, Robert David Zapata Aldana, quien se encuentra adscrito a la Guardia de Honor Presidencial. Los tres hombres están bajo rejas.

"Gilson Barroeta y sus cómplices fueron acusados de haber solicitado 800.000 Bs. como monto de la extorsión para devolver un vehículo marca Mazda a un hombre de 54 años de edad, quien había denunciado la extorsión a la policía" dice una nota del periódico El Impulso de Barquisimeto. Ver detalles aquí.

En el expediente de Nueva York

Según el gobierno norteamericano, Efraín Antonio Campo Flores sostuvo conversaciones con Gilson Barroeta Florez (s) en los meses de agosto y septiembre de 2015. Destaca la fiscalía que habría sido éste sujeto quien le suministraba las armas a Campo para fortalecer su seguridad personal y la de su empresa de narcotráfico. Entre las armas procuradas por Barroeta Florez(s) para Campo Flores destacan las mini uzis y los rifles AR-15. 

En el documento de la fiscalía dice que Barroeta Florez envió fotografías a los teléfonos de Campo y Flores de las armas que estaban negociando. Su número de teléfono actual, dado a conocer por las autoridades larenses, coincide con el presentado por la fiscalía durante el juicio de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, ocurrido en noviembre de 2016.

En las conversaciones presentadas por el gobierno norteamericano al jurado, Campo Flores hace hincapié en el traslado del armamento vía aérea desde Lara a Caracas. En una parte de la comunicación, Campo Flores le sugiere a "Gilson" que si es posible, ocultara las armas en los compartimentos del avión o, en última instancia, que las colocara en un carrito de bebé.

Empresario en los EEUU

De acuerdo al registro de empresas del estado de la Florida, Gilson M. Barroeta Florez(s) posee varias empresas en los Estados Unidos, algunas de ellas están actualmente inactivas. 

La primera compañía que presenta el sistema es Barquisimeto Cargo Express CA LLC, número de registro L13000013984 ubicada en Doral, Condado de Miami Dade. En esta corporación, el supuesto socio de los sobrinos de la pareja presidencial está asociado a su esposa Teogleydis H Camacaro León, a su cuñado  Aleuzenev J Camacaro León y a tres personas que aparecen con cargos directivos: Janette C. MontelongoAlessandro MerciaHelwin A Sandino Sanchez.
Esta empresa de envíos tiene las siguientes direcciones:
5900 NW 99th Ave Doral, FL 33178 (inicial)
8226 NW 116th Ave Doral, FL 33178(actual)

Una filial sede de la empresa en Venezuela
Barroeta Florez también registró en el estado de la Florida la empresa Constructora Ecológica D & M C.A INC ubicada en 8225 NW 116 Ave. 613841 Doral, Fl 33178. Esa misma empresa existe en Caracas bajo el número de Rif J-297093109.  

Más empresas y más socios

Importadora Lescar CA Corp. es otra empresa vinculada a Gilson Barroeta Florez (s). Bajo el número P12000044750. Fue creada el 14 de mayo de 2012 y para el 27 de septiembre de 2013 pasó al estatus de inactiva.
La Importadora Lescar C.A Corp se registró con la dirección de una casa 8225 NW 116 AVE, MIAMI, FL 33178 que aparece como la dirección de Barroeta Florez en el correo de los Estados Unidos.

Hay otra empresa llamada Corporación GBF LLC, en la cual utiliza las iniciales con su nombre. Tiene como dirección fiscal 8427 NW 68 St. Miami Florida 33166.


Otra compañía en Venezuela 

Gilson Barroeta Florez (s) también posee empresas en Venezuela, incluyendo una cooperativa que está autorizada a contratar con el Estado. Bajo el número
J313876933, el supuesto socio de Campo y Flores registró la COOPERATIVA ECLIPSE 00 RL donde aparece asociado con Luisana Barroeta Flores y Carlos Fernando Vitorino Barroeta.

Barroeta también aparece vinculado a la empresa norteamericana AGRI IMPORT G & A C.A. INC registrada el 27 de abril de 2012. Actualmente tiene estatus inactivo y estuvo ubicada en la siguiente dirección: 5900 NW 99 AVE UNIT 04 DORAL, FL 33178 hasta el 7 de noviembre de 2013. En esta empresa estaba asociado con Luis R. Carrillo.

La dirección en el Doral

Gilson Barroeta Florez aparece asociado a una mujer llamada ALINA G. FLORES DE SUAREZ, casada con un individuo de nombre José A. Suárez, quienes son los propietarios de la casa que usa Barroeta Florez (s) para recibir su correspondencia y como dirección de sus empresas.
La pareja Suárez tiene a su vez una empresa activa bajo la denominación de registro
DISTVENCOLL GROUP, LLC, Número  de la Florida L14000181562 - 47­2675410 cuya dirección es 3508 NW 114 AVE DORAL, FL 33178.

José A. Suárez usa la misma dirección que Barroeta Florez: 8225 NW 116 AVE. MIAMI, FL 33178.

Alina G Flores aparece involucrada con otras firmas y corporaciones en el estado de la Florida y en los documentos dice que nació en el estado Carabobo.

Florez y Flores

Llama poderosamente la atención que Gilson Barroeta Florez aparece como Gilson Barroeta Flores en las corporaciones que posee en Venezuela y las demandas de los tribunales venezolanos, mientras que en los Estados Unidos la "s" se cambia por la "z".

He aquí algunos ejemplos. Su apellido con S:

Su apellido cambia por la letra Z en las corporaciones de los Estados Unidos. Ver.
Vida personal

Gilson Barroeta "Florez" o "Flores" se casó en diciembre de 2009 con Teogleydis Camacaro León lo cual fue comentado por la sociedad larense, inclusive fue publicado por la revista de la alta sociedad Velada donde la boda Barroeta Camacaro aparece en primera página. Ver detalles aquí. La boda se realizó en el hotel Jirahara de Barquisimeto.

Hasta el momento se desconoce si el nombre de Gilson Barroeta Flores forma parte de la investigación paralela que lleva la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York asociada al caso de Campo Flores y Flores de Freitas. Lo que si parece ser seguro es que Gilson Barroeta Flores no podrá dar declaraciones a las autoridades del gobierno norteamericano desde la cárcel de Barquisimeto. 

Seguiremos informando....







miércoles, 22 de febrero de 2017

Cierran caso de los dos hombres que lavaron $100 millones de funcionarios del gobierno de Venezuela

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Nueva York cerró el caso de Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo acusados de lavar -al menos- 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Venezuela a través de una empresa de venta de materiales de construcción ubicada en ciudad Doral, en el condado Dade del estado de la Florida.

La información fue constatada por empleados de la oficina de casos cerrados o terminados. El expediente de los Díaz fue enviado a esa dependencia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York el viernes 17 de febrero de 2017.  

Testigos cooperantes

Según una fuente ligada al caso, la decisión del cierre del caso USA vs. Díaz se debe a que los dos hombres aceptaron cooperar con las autoridades norteamericanas. 

Gracias al acuerdo de cooperación, los acusados pasarían a convertirse en testigos protegidos del gobierno estadounidense y, por ello, estarían obligados a entregar a la fiscalía presidida por Preet Bharara toda la información relacionada con sus clientes, de los cuales la gran mayoría están ligados al gobierno venezolano. 
Luis Díaz de 74 años y Luis Javier Díaz de 49 años fueron acusados de “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”. En combinación con empresas constructoras venezolanas, la compañía de los dos hombres logró lavar unos 100 millones de dólares según la acusación del fiscal del Distrito Sur de Nueva York.

El arresto 

El 19 de diciembre de 2016, el juez Ronald L. Ellis ordenó oralmente levantarle el sello a la acusación contra los dos acusados que fueron arrestados el día 20 de diciembre de 2016 en Miami. Los sujetos fueron llevados dos días después de su detención ante el juez de la Corte del Distrito Sur de la Florida. Ambos se declararon culpables de los cargos por los cuales habían sido apresados.

En esa primera audiencia de presentación, que se realizó el 22 de diciembre de 2016 y que duró apenas 15 minutos, el juez del Distrito Sur de la Florida, Jonathan Goodman leyó los cargos a los dos acusados. El abogado George Vila, gestionó ante las autoridades la fianza que finalmente fue fijada por en el magistrado en un cuarto de millón de dólares. Los dos empresarios salieron en libertad.

Posteriormente, el 31 de enero de 2017, los defensores de Luis Díaz y Luis Javier Díaz pidieron al juez una autorización para viajar a la ciudad de Orlando para participar en una serie de subastas de material de construcción pesado, alegando que sus empresas requieren ese tipo de mercancía para seguir produciendo. El juez les otorgó el permiso desde el 1 al 11 de febrero de 2017.

Nueva York es la jurisdicción del caso

El 6 de febrero de 2017, los dos acusados se trasladaron a la ciudad de Nueva York, donde el juez James L. Cott realizó la audiencia de presentación inicial. Ese mismo día la corte autorizó a José Manuel Quiñon como abogado de Luis Javier Díaz y Luis Díaz.
El juez Cott dijo que las condiciones se mantenían hasta el 13 de febrero de 2017 cuando se produciría la próxima cita. No obstante, por razones que no fueron explicadas en el expediente el día 6 de febrero de 2017 se procedió a cerrar el caso formalmente.

El caso

Luis Díaz y Luis Javier Díaz son propietarios de la empresa exportadora de equipos de construcción en el estado Florida, Miami Equipment & export. El gobierno de los Estados Unidos los acuspó de haber transferido ilegalmente más de 100 millones de dólares de negocios principalmente en Venezuela a cuentas de bancos estadounidenses y extranjeros pertenecientes a funcionarios del gobierno venezolano y otros.

La denuncia penal contra los acusados fue presentada en la corte federal de Manhattan por “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”.

El caso se produjo en medio de investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense que se han centrado en individuos vinculados al gobierno venezolano y su presunta participación en varios esquemas de soborno y narcotráfico.

Según la demanda, la empresa de la familia, a partir de 2010, facilitó cientos de transferencias de fondos a los Estados Unidos en nombre de un gran consorcio -sin nombre- de empresas de construcción venezolanas.

Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar de los Díaz, que a su vez envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano, según la denuncia.

A petición del consorcio, también transfirieron dinero a funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos que las empresas venezolanas licitaron, alega la demanda contra los dos hombres residentes del estado de la Florida.

Dice que en 2012, la firma de la familia recibió 4,36 millones de dólares del consorcio venezolano, de los cuales US $ 1,45 millones fueron destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano con vínculos con funcionarios del gobierno venezolano.

El pago, según un correo electrónico de un ejecutivo venezolano, fue descrito en una factura como “pago parcial de asesoría en compras, pruebas, pre-emisión y puesta en marcha”, dice la querella.

De los fondos restantes, cerca de 2,55 millones de dólares se destinaron a una compañía “offshore” de las Islas Vírgenes Británicas controlada por ejecutivos del consorcio venezolano, mientras que la compañía de la familia Díaz recibió una cuota de 87.218 dólares, según las averiguaciones.

Durante el período en investigación, la empresa española controlada por el individuo vinculado a funcionarios venezolanos recibió al menos 17 millones de dólares.

Otros 41,4 millones de dólares se transfirieron a tres compañías controladas por empleados de las constructoras venezolanas, de acuerdo con la demanda.



martes, 21 de febrero de 2017

Narcosobrinos empezaron la conspiración para traficar drogas a EEUU en mayo 2015

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Un documento sometido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York al tribunal dice que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas empezaron la conspiración por la cual fueron juzgados en los Estados Unidos desde mayo de 2015. Es la primera vez desde que el caso es público que el gobierno señala esa fecha como inicio de las diligencia de los dos acusados para tramitar los envíos de drogas desde Caracas a Honduras para luego ser llevado a norteamérica.

En el documento se lee que los acusados ​​se unieron a la conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos desde el segundo cuatrimestre de 2015, al destacar que los argumentos hechos por la defensa para quitarle fuerza a las evidencias presentadas por la fiscalía no tienen mérito alguno.

Recuerda el fiscal que los argumentos presentados por la defensa para solicitarle a la corte un nuevo juicio fueron los mismos que hicieron en el juicio y que todos fueron rechazados por el jurado por buenas razones. 

Sostiene la fiscalía que las alegaciones de los acusados ​​son frívolas cuando se consideran contra el peso de las pruebas presentadas en el juicio.

La evidencia demostró que los acusados ​​se unieron a la conspiración junto con otros, como miembros de la Organización Sombrero, Pepe, Gocho, Daza, Soto y Carlos González, para violar la Sección 963, advierte el documento del fiscal.

Señala además que solamente al enfocarse en el acuerdo de los acusados ​​tenían con cada uno de los co-conspiradores  es una razón  suficiente para ser condenados. Con esos elementos nada más, el jurado podía inferir que los acusados ​​estaban trabajando juntos, ya en mayo de 2015, para armar a sus equipos de seguridad en preparación para obtener todo lo necesario para proceder con los envíos de grandes cargas de cocaína.

Recuerdan que Campo Flores ya había solicitado  una "Mini uzi", un "rifle" y estaba procurando  "silenciador". Asimismo, Campo Flores había expresado en esa época su preocupación por las huellas dactilares en las armas.

Asimismo, para ese tiempo Campo había informando a Flores que la "mini uzi" no fue introducida de contrabando en Venezuela. 

El fiscal asegura que existe jurisprudencia relacionada con casos en que las armas de fuego son admisibles como evidencia directa en los casos de narcóticos como instrumentos del oficio. 

Al menos hasta agosto de 2015, los acusados ​​estaban trabajando con "Pepe" y miembros de la Organización Sombrero para enviar varias toneladas de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos. El 3 de octubre de 2015, los acusados ​​viajaron a Honduras para reunirse con Daza y "El Sentado" para discutir el negocio de tráfico de cocaína, y recibieron a los presuntos jefes de El Sentado (CS-1 y CS-2) para tres reuniones en Caracas poco después. Esos elementos, dice son suficientes para demostrar la culpabilidad de los dos hombres del delito por el cual serán condenados.

Durante la reunión del 23 de octubre, Campo describió a Flores como su compañero. Los acusados ​​usaron esas reuniones para resolver los detalles del envío de cocaína a Honduras y dar detalles de sus experiencia en la industria del narcotráfico.

La fiscalía rechazó nuevamente el argumento presentado por la defensa según el cual el kilogramo de cocaína que trajeron a la reunión del 27 de octubre en Caracas no era cocaína.

También se opone al hecho que los acusados ​​argumentaron en el juicio que las armas que estaban en las fotogra fotografías extraídas de los teléfonos de los dos hombres "eran armas de Paintball Pellets las llamadas  armas "Airsoft ".

No hay evidencia que respalde esa afirmación que no sea una fotografía sin fecha de Barroeta con lo que el abogado defensor afirmó (sin una base probatoria) que era "un equipo de personas del equipo de paintball y la bandera venezolana."

Igualmente se menciona en este punto el testimonio hecho frente al jurado de Daniel Ogden, quien sirvió en los Marines durante seis años y ha trabajando con agente que aplica de la ley durante 22 años. El agente de la DEA testificó que las fotografías parecían representar armas de fuego reales. 

Las solicitudes de Campo para una "Mini uzi" y un "rifle", junto con las preocupaciones de Barroeta sobre dejar huellas dactilares en las armas y viajar con ellas, apoyan firmemente la evaluación del agente Ogden. 

El documento hace referencia a que a principios de noviembre de 2015, Campo Flores y Flores de Freitas ​​demostraron su mutuo acuerdo y compromiso con el plan que discutieron en Caracas para intentar  en dos oportunidades enviar pilotos a Honduras para finalizar la logística para llevar la cocaína al aeropuerto de Roatán. 

Cuando los esfuerzos de enviar a los pilotos fracasaron, el 6 de noviembre de 2015, el propio Flores de Freitas viajó a San Pedro Sula y acordó en nombre de los acusados ​​enviar el envío de cocaína a Honduras el 15 de noviembre de 2015, llegando aproximadamente entre las 16:30 y las 17:20 horas. De hecho, Flores de Freitas llegó a preguntar cuándo los acusados ​​podrían enviar el segundo cargamento de cocaína.

Recuerda además que los acusados ​​viajaron a Haití juntos el 10 de noviembre 2015 esperando recoger millones de dólares, algunos de los cuales planeaban usar para financiar el envío de cocaína. 

Cuando los acusados ​​fueron arrestados, ambos admitieron que estaban de acuerdo -incluyendo unos con otros- para enviar la cocaína a Honduras, y que CS-1 les había dicho que la cocaína estaba destinada a los Estados Unidos. Con base en esta evidencia, incluyendo la totalidad de las declaraciones de los acusados ​​en las grabaciones y en la DEA, quedó más que demostrado que Campo Flores y Flores de Freitas son culpables de conspirar para traficar y distribuir al menos 800 kilos de cocaína desde Venezuela hasta los Estados Unidos.

lunes, 20 de febrero de 2017

Gobierno de los EEUU es enfático en pedir una sentencia condenatoria contra sobrinos de Nicolás Maduro

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El Gobierno de los Estados Unidos fue enfático el solicitar al juez de la causa, Paul Crotty que niegue la solicitud de un nuevo juicio hecha por los abogados de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, hallados culpables por un jurado de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína desde Caracas a EEUU. El fiscal Preet Bharara pide que se niegue la moción de un nuevo juicio y se proceda con la fijación de la sentencia condenatoria, tal como lo establece en la ley en este tipo de procedimientos.
La fiscalía sostiene que es improcedente la petición de una demanda conjunta post-juicio de los acusados basada en la regla 33.

Advierte el fiscal Bharara que "el Gobierno estableció en el juicio que Campo y Flores ​​trabajaron juntos con otros para despachar cientos de kilogramos de cocaína desde Venezuela para ser importados a los Estados Unidos". 

"La evidencia mostró que los acusados ​​cometieron este delito en un esfuerzo por enriquecerse y ayudar a financiar la campaña de diciembre de 2015 de su tía, la primera dama venezolana Cilia Flores, para ocupar un escaño en la Asamblea Nacional de Venezuela", dice el documento de la fiscalía.

"Las palabras y acciones de los acusados ​​reflejaban su firme convicción de que, en virtud de sus conexiones políticas y el poder que ostentaban, podían actuar con impunidad. Quedó claro que el estado de derecho se aplicó a estos dos hombres, y fueron legalmente condenados por un jurado", acota la fiscalía.

El Gobierno no se basó en un testigo "estrella" para demostrar el delito como dicen los abogados ni tampoco es raro el hecho de que no se hubiere incautado evidencia de narcóticos en este caso. 

La fiscalía señala que ante la necesidad de describir y discutir la evidencia del juicio en respuesta a los argumentos de insuficiencia presentado por los acusados, así como a otras partes del expediente a la luz de las demandas de los demandados en el Artículo 33, el Gobierno presentó un escrito en Exceso de las limitaciones de página establecidas en las Prácticas Individuales de la Corte.

El fiscal Bharara sostiene que el caso de Campo y Flores es un caso internacional de conspiración de narcóticos en el que los acusados ​​fueron declarados culpables en el juicio. 

Los esfuerzos de la Agencia antinarcóticos de EEUU "DEA" generaron un exceso de evidencia altamente incriminatoria que persuadió al jurado de la culpabilidad de los acusados, razón por la cual no pueden impugnar la investigación del Gobierno. 

Los acusados ​​fueron sorprendidos in flagranti cometiendo el crimen. Ellos confesaron. Y sus teléfonos estaban llenos de pruebas adicionales de su culpabilidad.

Las mociones de los acusados ​​se centran principalmente en la descalificación del testimonio del testigo confidencial de la DEA, José Santos-Pena ("CS-1").  Al respecto, la fiscalía sostiene que "No hay duda que el contrainterrogatorio de CS-1 de los acusados ​​reveló problemas con su credibilidad, pero esa es también una de las razones por las que las acusaciones de los acusados ​​en perjuicio posterior al juicio carecen de mérito", advierte.

Agrega que los acusados ​​poseían las llamadas hechas desde la cárcel federal de California a los Mochis, México, que sirvieron de base para su ataque a CS1 una semanas antes del juicio y ambos tomaron la decisión estratégica de no revelar el contenido de dichas conversaciones al Gobierno hasta después de que comenzaran el contrainterrogatorio del testigo. A pesar de ello, las llamadas sirvieron de evidencia sin objeción por parte de la fiscalía para que el jurado pudiera considerar dicha prueba al evaluar la credibilidad de CS1.


En el momento de ser presentadas en el juicio, la Corte llamó la atención del jurado a la determinación del Gobierno revelada anteriormente en su presencia de que CS-1 había "mentido". La credibilidad de los testigos es un problema para el jurado, y los jurados en este caso estuvieron de acuerdo con los argumentos del Gobierno sobre la fortaleza de la prueba general. 

Ante la inevitable contundencia de las pruebas, los acusados ​​ahora piden a la Corte que usurpe la función del jurado basado en su creencia de que un "jurado laico" no puede apreciar la sutileza y el mérito de sus argumentos, dice el documento.

La fiscalía argumenta que las teorías de la defensa no estaban más allá del alcance de la comprensión y naturaleza jurídica del jurado en este distrito, por lo que con la petición de Campo y Flores después del juicio se trata de negar los principios de la fundación que establecen el papel institucional de jurados. 

En pocas palabras, la prueba del juicio era suficiente y no hubo injusticia durante estos procedimientos acota el fiscal Bharara. 


En consecuencia, la fiscalía pidió al juez Paul Crotty que las mociones de los acusados ​​para que haya un nuevo juicio o una sentencia absolutoria deben ser denegadas en su totalidad.

Retrasan sentencia por narcotráfico de sobrinos del presidente Nicolás Maduro

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Motivado a que el juez Paul Crotty aprobó la solicitud de la defensa de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas para que otorgara un plazo de dos semanas para responder a las mociones posteriores al juicio de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la lectura de la sentencia de los dos sujetos hallados culpables por un jurado de conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos quedó suspendida hasta nuevo aviso.
El 18 de noviembre de 2016, cuando el jurado emitió el veredicto de culpabilidad de los dos sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela informó a las partes que la sentencia sería leída el 7 de marzo de 2017. No obstante, el juez Crotty decidió otorgarle a la defensa de los dos convictos por narcotráfico, dos semanas para que preparen las respuestas de las mociones del gobierno estadounidense sobre el caso.

La defensa de Campo y Flores tendrán así hasta el 6 de marzo de 2017 para entregar a la corte las respuestas a los movimientos entregados por la fiscalía, donde se descalifica y se pide la negación de la petición de los defensores de que se haga un nuevo juicio.

David Rody, abogado de Flores de Freitas dijo al juez que había contactado a la fiscalía para pedirle su opinión al respecto y aseguró que los fiscales no se había opuesto al cambio del calendario procesal.

No será sino hasta la segunda semana de marzo que se conocerá la fecha para la lectura de la sentencia de los dos sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela.

Refinería de Esmeraldas: La gran fuente de corrupción de Petroecuador

Por Maibort Petit 
@maibortpetit

Nadie se imaginó que los primeros descubrimientos que los Papeles de Panamá hicieron sobre Ecuador, desencadenarían en un descomunal caso de corrupción que involucra a Petroecuador y en el que, el proceso de repotenciación de la Refinería Estatal de Esmeraldas catalogado como exitoso por gobierno de Rafael Correa, pasaría a convertirse en la fuente de una serie de manejos irregulares que han desangrado las arcas de petrolera ecuatoriana.

El flagelo de la corrupción hace mella en la industria petrolera del Ecuador en donde desde hace un tiempo, cual caja de pandora, comenzaron a salir a la luz, una tras otra, denuncias sobre irregularidades en contrataciones, subcontrataciones, procesos de ejecución de obras amañados, sobreprecios, lavado de activos, que están acabando con las finanzas de la estatal Petroecuador. Una de las acusaciones más escandalosas es la referida a la Refinería Estatal de Esmeraldas, cuyas obras de repotenciación se convirtieron en un desaguadero de recursos que, al parecer, han ido a parar los bolsillos de unos pocos funcionarios gubernamentales, dirigentes políticos y empresarios de maletín que han dejado pies en polvorosa tan pronto se han hecho públicas las irregularidades y han puesto sus fortunas mal habidas a buen resguardo.

Desde 2008 se registran los hechos, según lo muestran más de 700 contratos firmados para llevar a cabo obras en la refinería por un monto de 2.134 millones de dólares. El diario El Universo que ha abanderado las investigaciones para los Panama Papers en la nación suramericana, sostiene que los trabajos de repotenciación y mantenimiento se concentran en 30 empresas que acaparan 91% de la cantidad citada. Y dos empresas extranjeras, una coreana y otra australiana, se llevan 900 millones de la torta.

La citada refinería tiene su asiento en la Provincia de Esmeraldas una de las más pobres del Ecuador, ubicada en la región litoral o costa y desde su construcción entre los años 1975 y 1977 ha sido objeto de varios procesos de ampliación y rehabilitación. 

La última de estas repotenciaciones se inició en 2008, estimándose que para 2011 estuviese concluida y entrara en funcionamiento, sólo que el proceso fue postergándose una y otra vez hasta llegar al actual gobierno de Rafael Correa. De hecho esta administración ya acumula alrededor de ocho años ejecutando la obra que prometieron tener lista para 2015. Inicios, paralizaciones, reinicios, reformulaciones del proyecto y de presupuesto que han alcanzado tal envergadura que no pocos han llegado a afirmar que la suma invertida hubiera permitido construir una Unidad de Fluido de Cracking Catalítico o una pequeña refinería.

Pero el gobierno de Rafael Correa no comparte estos criterios y en octubre de 2015, a través del su vicepresidente y ahora compañero de fórmula del candidato oficialista Lenín Moreno, Jorge Glas, calificó el proceso de rehabilitación de la Refinería Estatal de Esmeraldas, como exitoso, unas declaraciones que hizo al momento de recorrer las instalaciones de la planta acompañado del gerente de Petroecuador para el momento, Carlos Pareja, y del ministro de Hidrocarburos, Pedro Merizalde.

En aquel momento prometió la total operatividad de la planta en noviembre de 2015, como ya hemos apuntado, al tiempo que aseguró que en la misma se procesarían 110 mil barriles de petróleo al día, lo que significaría un incremento de 20 mil barriles diarios. 

Glas ubicó el costo de la rehabilitación en 1.200 millones de dólares, según refiere la reseña de prensa emitida por Petroecuador[1].

Desmienten a Correa

El periodista y especialista en materia petrolera e hidrocarburos, Fernando Villavicencio, a través del portal Focus rebate estas afirmaciones del vicepresidente y las del propio presidente, Rafael Correa, pues sostiene los trabajos en Esmeraldas, según sus averiguaciones periodísticas, pasaron de 187 millones dólares desde 2007 a 2.200 millones de dólares (el diario El Universo precisa la cifra en 2.134 millones de dólares como apuntamos al principio) al término de la obra en diciembre de 2015. 

Igualmente, el periodista desmiente al gobierno y a los asambleístas oficialistas que pretenden adjudicarse la autoría de las investigaciones realizadas por él y Focus. Sostiene que se trata solamente de una estrategia electorera del partido de Correa, que al ver cómo la corrupción en Petroecuador ha terminado de hundir la candidatura de Moreno, intenta tomar bríos abanderando una lucha contra la corrupción que no le pertenece.

—No es cierto lo que dice el presidente Correa de que esos 187 millones de dólares asignados en 2007 sólo correspondían a mantenimiento y así lo corrobora el informe de Contraloría a raíz de una solicitud de auditoría del proceso de rehabilitación que hicimos.

Cita directamente el informe de la Contraloría emitido en 2012 donde claramente establece que se trata de trabajos de rehabilitación y no de mantenimiento como sostiene Correa. Y lee: “Cifras: Presupuesto inicial 127 millones [de dólares], guía descriptiva del año 2007, 187 millones (de dólares) y hasta el año 2011 tenía ya gastados Petroecuador, 855 millones [de dólares]”[2]

Sigue Fernando Villavicencio en sus desmentidos al presidente Correa, esta vez con relación a los sobreprecios negados por el mandatario y sostiene tajantemente —nuevamente sobre la base de informes de Contraloría— que en el proceso de repotenciación de la Refinería Esmeraldas se rubricaron contratos de servicio hasta con un incremento de 400%. Como ejemplo de esto pone el caso de un contrato con empresa Tesca Ingeniería del Ecuador S.A., para la construcción de tres tanques para almacenamiento de combustible que originalmente costó 50 millones de dólares y dos años después, en 2014, firmaron un contrato complementario por 57 millones de dólares lo cual eleva el monto a 107 millones de dólares, pero hasta la fecha no se ha construido ninguno y el gobierno debe pagar un alquiler de 39 mil dólares diarios para almacenar el combustible.

“El presidente dice que no hay sobreprecios en la refinería. Hay que leer, presidente. Aquí está otro informe de contraloría, aquí está, 400% de incremento en los contratos. Contratos sobre contratos, cuatro o cinco contratos en uno solo. Y lo más importante, se han gastado, no 1.200 millones [de dólares] como dice el presidente [Correa], ¡mentira! [son] 2.200 millones (de dólares)”.

Lo peor, insiste en señalar Villavicencio, es que a pesar de la descomunal “inversión” en su repotenciación, la refinería sigue teniendo problemas, pues produce combustibles con altos niveles de contaminación muy difíciles de colocar en el mercado internacional.

La repartición de la torta en la Refinería de Esmeraldas

Fernando Villavicencio considera que el problema de las contrataciones ilegales con sobreprecio en el sector petrolero tiene su origen en un decreto de emergencia emitido por el presidente Correa en el año 2007, así como en diez decretos más subsecuentes al precitado, que han justificado el estado de excepción que permitió que todo el proceso de repotenciación de la Refinería de Esmeraldas se ejecutara bajo estos parámetros y sin licitación o concurso. “Hay una cadena de responsabilidades en estos hechos de corrupción comenzando por Rafael Correa y en segundo lugar el vicepresidente de la república, Jorge Glas, sobre quien recae el manejo de los sectores estratégicos del Ecuador, sin embargo nadie se hace responsable”. Estima el periodista, que bajo el gobierno de Rafael Correa será imposible una investigación transparente de la corrupción, sino que corresponderá a la nueva administración que se instale en el país luego de las elecciones del 19 de febrero, llevar a cabo una averiguación exhaustiva[3].

En tal, sentido, Villavicencio sostiene que son 180 contratos y no 30 como dice Rafael Correa, los adjudicados por esta vía, “a dedo”, e indica que cuando el mandatario cita la cifra de 1.200 millones de dólares como el monto total del proceso de rehabilitación, sólo está refiriéndose al contrato de la empresa coreana SK Engineering & Construction Co. Ltd., a la cual hay que investigar, sostiene. 

El Universo, diario que ha llevado la batuta en Ecuador de las averiguaciones que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, realiza sobre los Panamá Papers, difiere un tanto en las cifras manejadas por Villavicencio. 

Según el rotativo, el proceso de rehabilitación tuvo un costo de 2.134 millones de dólares, como ya hemos citado varias veces, que se repartieron entre una treintena de proveedores nacionales e internacionales, siendo que la citada SK firmó por 717,75 millones de dólares y la australiana Worley Parsons International Inc., lo hizo por 157,36 millones de dólares. Estas dos empresas participan en otros procesos como la Refinería del Pacífico “Eloy Alfaro” por 314 millones de dólares. Esta empresa fue invitada a Ecuador por Petroindustrial que ahora es la Gerencia de Refinación de Petroecuador. Por su parte, Worley Parsons entró a participar en el proyecto de la Refinería de Esmeraldas en 2011. Su primer contrato fue por 38 millones de dólares y luego recibió otros tres que suman 30 millones de dólares. Igualmente Worley participa en obras en la Refinería del Pacífico y se encargó de la fiscalización del acueducto Represa La Esperanza que en Ecuador ejecutó la constructora brasileña Odebrecht a un costo de 275 millones de dólares[4].

De acuerdo a la magnitud del monto del contrato, encontramos en tercer lugar a la empresa estadounidense con sede en Texas, inscrita en Delaware, KBC Advanced Technologies Inc., que posee dos contratos firmados en 2013 y 2014, los cuales suman 149,28 millones de dólares. 

Luego se ubica la empresa Tesca Ingeniería del Ecuador (la misma señalada por Villavicencio pero con un monto en los contratos diferente), propiedad de Maessa, del Grupo ACS de España, con cuatro contratos por 129,39 millones de dólares para construir y dar mantenimiento a tanques de almacenamiento de la Refinería de Esmeraldas, aunque el último de estos contratos es para la construir una nueva planta de aguas amargas.

Con contratos por 93 millones de dólares encontramos después a MMR Group filial de otra homónima en Luisiana, EEUU. Esta compañía estuvo dirigida hasta hace poco por el venezolano Arturo Pinzón Domador, quien tiene una orden de prisión por supuestos pagos indebidos a Álex Bravo Panchano.

Por dónde se encendió la mecha

Pero hagamos una pausa para trasladarnos a un momento que resultó ser clave para que se desenmarañara todo este asunto que sacó a la luz un esquema de corrupción de gran envergadura que viene a añadir una nueva mácula al gobierno de Rafael Correa, el cual se ha caracterizado por ir de escándalo en escándalo.

Cuando el 3 de abril de 2016 salieron a la luz de manera simultánea en 109 medios de comunicación de 76 países lo que pasó a conocerse como los Panama Papers o los Papeles de Panamá —una investigación que revelaba una filtración informativa al periódico alemán Süddeutsche Zeitung que la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ—, quedaron al descubierto propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión de impuestos de presidentes y jefes de Estado y de gobierno, políticos, altos funcionarios, artistas y personalidades de todo el mundo. 

Y aunque en lo que respecta a Ecuador los primeros señalamientos solo apuntaron hacia Pedro Delgado, expresidente del Banco Central, y a hacia Galo Chiriboga, Fiscal General del Estado —quienes figuran entre los relacionados con el bufete panameño Mossack Fonseca por propiedades adquiridas por el primero en Miami, y por el segundo, en Quito—, luego se destaparía lo que pasó a conocerse como el “Caso Petroecuador”. 

Un caso en el que el fiscal Chiriboga no deja de estar salpicado. Chiriboga, quien debería ser el garante de los derechos nacionales, es un exministro, exfuncionario de Petroecuador, exembajador y exabogado personal de Rafael Correa —de quien es pariente— y también ha maniobrado para permitir que Carlos Pareja Yanuzzelli —personaje del que hablaremos in extenso a continuación— pudiera huir del país con toda tranquilidad. La justicia ecuatoriana, representada por Chiriboga, en una especie de parodia pretendió accionar contra el señalado sólo meses después cuando ya estaba a buen resguardo.

Los Papeles de Panamá dieron cuenta, en primer lugar, de un contrato suscrito entre las empresas offshore Girbra S.A. y Arkdale Investments Limited y Petroecuador. 

La primera de estas compañías privadas estaba integrada por Álex Fabricio Bravo Panchano, para la fecha gerente general de la estatal petrolera ecuatoriana, su esposa y un socio, mientras que en la segunda, figuraba Juan Baquerizo Escobar. 

Entonces el nombre de Carlos Pareja Yannuzzelli salió a relucir por ser la persona que había ocupado la gerencia general de la petrolera desde el 20 de julio de 2015 hasta noviembre de ese mismo año. Pareja Yannuzzelli, entre otros cargos de gobierno, venía de ejercer el Viceministerio de Recursos Naturales No renovables. Luego, pasó a ser el titular del Ministerio de Hidrocarburos y Bravo Panchano tomó la gerencia general de Petroecuador el 18 de noviembre de 2015, cargo en el que se mantuvo hasta 10 de mayo de 2016 cuando fue destituido a raíz de la explosión del bombazo periodístico.

El esquema de corrupción

La empresa offshore Girbra S.A fue constituida por Álex Bravo Panchano con la asesoría del escritorio jurídico panameño Mossack Fonseca el 3 de octubre de 2011. Posteriormente, el 10 de febrero de 2014 firmó un contrato de agenciamiento con Arkdale Investment Limited, la cual debía pagar a la primera 600 mil dólares y una comisión del 10% de cada contrato de venta de servicios que suscribiera en territorio ecuatoriano.

La investigación puso en claro todo un entramado con el que se quería enmascarar la relación de Bravo Panchano y Pareja Yannuzzelli con la estatal petrolera de Ecuador.

Como propietaria de la empresa offshore Arkadale Investment Limited figura la Fundación Liscard, la cual pertenece a los hermanos Juan Andrés y Jaime Alberto Baquerizo Escobar, quienes también son accionistas de la compañía Oil Services & Solutions S.A., OSS, beneficiaria de 15 contratos de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador, por un total de 30,3 millones de dólares.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Ecuador inició acciones legales contra los exdirectivos de Petroecuador y otras personas involucradas en las negociaciones por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Pero la corrupción en Petroecuador no se queda en estas trasnacionales descubiertas a razón de los Papeles de Panamá, esto sólo sería la punta de iceberg, según Fernando Villavicencio, quien sostiene en sus publicaciones en Focus, que hay cinco empresas offshore más creadas por Alex Bravo en Panamá, las cuales están relacionadas con Petroecuador pero que no fueron fundadas al amparo de Mossack Fonseca.

Sostiene Villavicencio —quien además es perseguido político condenado por los tribunales ecuatorianos a indemnizar al presidente Correa a pesar de contar con medidas cautelares a su favor dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— que a raíz de estas denuncias formuladas por él y Focus, Bravo Panchano renunció a la gerencia de la petrolera estatal ecuatoriana y pretendió huir del país. El funcionario fue detenido en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, conocido como Tababela, en Quito, portando una gran cantidad de dinero cuya procedencia no ha podido justificar hasta la fecha. Sin embargo, fue liberado poco después, gracias a los oficios de abogados al servicio de Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia. 

Considera el comunicador que se han presentado suficientes evidencias para que la fiscalía, la contraloría y demás instancias judiciales procedieran en consecuencia contra los responsables de las irregularidades en Petroecuador. Pero las autoridades no actuaron con la diligencia requerida. 

Para Villavicencio las supuestas investigaciones de la fiscalía y el gobierno no han sido más que una parodia que ha permitido a los señalados de hechos de corrupción actuar con total impunidad y burlar a la justicia: “No quieren que se destape la olla a otro nivel (…) Han intervenido en el caso para cerrar algunas puertas y ventanas e impedir que se llegue más arriba. Por eso ellos [el gobierno] hablan de un millón de dólares en la cuenta de Carlos Pareja, están hablando de 12 millones de dólares en las cuentas de Álex Bravo, lo cual no es nada, eso es para los tabacos. Estamos hablando como yo he revelado, de que se gastaron 2.200 millones de dólares en nueve años para repotenciar la refinería de Esmeraldas, y la refinería no funciona bien”.

Esmeraldas: Un nido de corruptelas

El proceso de repotenciación de la Refinería Estatal de Esmeraldas vino a ser, definitivamente, una fuente al parecer inagotable de corrupción. Contratos tras contratos sirvieron para llenar bolsillos por todas partes.

Así tenemos a los hermanos Jaime y Juan Baquerizo, señalados en este recuento como la mecha por donde se prendió el escándalo de los Papeles de Panamá en Ecuador, al ser accionistas de la empresa Oil Services & Solutions S.A., OSS, y a su vez propietarios de la Fundación Liscard —dueña de la offshore Arkadale Investment Limited, ligada a Álex Bravo—y beneficiario de 15 contratos con Petroecuador. Pues bien, en el portal “4pelagatos.com” se cuenta la historia de subcontrataciones que se inició cuando Worley Parsons autorizó firmar con OSS para construir una planta de sosa gastada sin tener la mínima experiencia para ello, por un monto de 13,8 millones de dólares en un negocio inicial al que le siguieron al menos 15 contratos más hasta sumar más de 30 millones de dólares.

¿Desde cuándo Jaime Baquerizo es dueño de OSS?, se preguntan en la redacción de “4pelagatos.com” e inmediatamente se responden: “Según la documentación de [Fernando] Villavicencio, desde apenas dos semanas antes de firmar el contrato. Con una experiencia de 15 días en esto de construir plantas de sosa gastada, es obvio que Baquerizo tenía que encomendarle el trabajo a otro. Ahí entra Armengol Cevallos, un viejo trabajador de la refinería Esmeraldas, con una serie de empresas tercerizadoras. ¿Y qué hacen? Importan los equipos, que son de la más alta tecnología. Ocurre que este tipo de plantas, que no se fabrican en el país, vienen hechas, se entregan en módulos y nomás hay que montarlas. Pues bien: en lugar de contratar con una empresa extranjera, directamente, la instalación de la planta, se decidió comprar los equipos y armarla en casa, lo cual terminó costando casi el doble de lo que debería”[5]

Del mismo modo, aparece Jorge Vivar, quien por 27 millones de dólares debía encargarse de la construcción e instalación de las plantas Merox y Amina que servirían para reducir el nivel de azufre en los combustibles refinados. Lo curioso es que Jorge Vivar, a pesar de llevar varios años trabajando con la Refinería de Esmeraldas, lo hacía como proveedor de personal, por lo que, al igual que OSS, carecía de experiencia alguna en el asunto de refinación, con lo que los problemas de contaminación de los combustibles con azufre sólo vinieron a agravarse.

Otro caso en esta cadena, es el de Ramiro Luque, propietario de Galileo Energy S.A., empresa beneficiaria de un contrato por 38,1 millones de dólares para eliminar los desechos tóxicos de las antiguas piscinas de la refinería. 

Luque, cuenta el portal Focus, es también representante en Ecuador de la transnacional francesa Veolia, desde 2013, con la que logró adjudicarse los primeros y jugosos contratos en la Refinería Esmeraldas gracias a los favores de Carlos Pareja Yannuzzelli y Alex Bravo Panchano, a quien transfirió dinero desde una de las empresas offshore vinculadas, al consorcio francés.

Galileo es otra empresa exprés surgida en 2012 que a las pocas semanas de fundada se coronó con los primeros contratos de Petroecuador. En resumidas, Ramiro Luque ha logrado contratos que superan los 40 millones de dólares en la industria petrolera, los más sustanciosos obtenidos como representante de la multinacional Veolia. 

Por su parte, la empresa Nolimit, relacionada con Álex Bravo, contrató por 130 millones de dólares; MMR Group facturó 110,4 millones de dólares para la rehabilitación del sistema eléctrico de la refinería (una obra que no concluyó, dicho sea de paso) y 67,5 millones de dólares para el sistema contra incendios. La nota curiosa con Nolimit es que su representante regional, es el colombiano Arturo Pinzón Domador, quien se encuentra inhabilitado para hacer negocios con Venezuela por sus malos manejos.

Hernández-Mancheno & Hidalgo Ingeniería suscribió un contrato por 52,5 millones de dólares para ejecutar el sistema eléctrico, tarea con la que no cumplió.

Geinco Colutions Cia. LTD, firmó contrato por 4,9 millones de dólares para la construcción de un laboratorio de control de calidad por el que terminó cobrando 48,7 millones de dólares. 

19 causas abiertas

Dada la magnitud que el caso adquirió, al parecer a las autoridades no les tocó más remedio que emprender acciones. Es así como la Fiscalía General hasta la fecha ha abierto 19 causas destinadas a investigar las referidas irregularidades.

Entre dichas causas están las indagaciones a Carlos Pareja Yannuzzelli y a Marco Calvopiña, exgerente de Petroecuador, junto a otros funcionarios de petrolera.

Del mismo modo las averiguaciones alcanzan a Oil Services y Galileo Energy S.A., que figuran entre las proveedoras con las que la petrolera ecuatoriana ha suscrito los cuestionados contratos. La primera de estas empresas es propiedad de Ramiro Luque Flores y su esposa, Glenda Meza Bracho, con dos contratos por 30,34 millones de dólares. La segunda figura con cuatro por un total de 38,14 millones de dólares.

El Universo da cuenta también de que las averiguaciones han dejado al descubierto pagos irregulares por parte de Petroecuador a ejecutivos de MMR Group y Azulec S.A., la cual tiene un contrato de 10,5 millones de dólares ubicándose en el último lugar del ranking de las 29 compañías del citado grupo con cuestionados negocios en el proceso de rehabilitación de la Refinería Estatal de Esmeraldas.

Entre los proveedores aparece Jorge Vivar Servicios de Ingeniería Mecánica Cía. Ltda., que tiene como socio principal a Jorge Vivar Quintero, quien es investigado por la Fiscalía a raíz de un informe emitido por la Contraloría.

Corrupción azul

Denunciada por Fernando Villavicencio y también por el diario El Universo para los Papeles de Panamá, la empresa WorleyParsons International Inc., actuó como fiscalizadora en el proceso de rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, como ya hemos apuntado, y a su vez subcontrató a una compañía del Grupo Azul por 56,8 millones de dólares.

Dos ejecutivos del citado grupo son investigados por el Ministerio Público por sus implicaciones con Petroecuador.

El estadounidense, William Wallace Phillips Cooper, es el propietario de las ochos empresas que conforman el conglomerado del Grupo Azul y goza de la buena estima del presidente Correa, quien lo condecoró por su aporte empresarial y la labor que desarrolla en pro del movimiento scout desde 2010, con la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Caballero. Pero también, Phillips Cooper es esposo de Mónica Hernández de Phillips, quien funge como asesora del presidente Rafael Correa y es directora del Plan Familia, adscrito a la Presidencia de la República del Ecuador. 

Tecnazul es una de las empresas que integran el grupo y a su frente están en la gerencia general y la gerencia financiera, Humberto Guardenas Córdova y Sonia Calero Silva, respectivamente. Estas personas hicieron pagos irregulares a Álex Bravo Panchano con el objetivo de obtener contratos de Petroecuador. Por estos hechos la Fiscalía mantiene un proceso abierto contra ellos.

Los pagos a Tecnazul representaron un 44 por ciento de los 127 millones de dólares pagados a WorleyParson por Petroecuador.

El colmo de esta situación queda transparentado en el hecho de que la subcontratación de Tecnazul fue para que realizara los trabajos de supervisión por los que Petroecuador había contratado a WorleyParsons[6].

Una serie de relaciones entre los propietarios y accionistas de las empresas del Grupo Azul están relacionados con funcionarios gubernamentales. Por ejemplo, Urazul S.A. y Phillips Cooper son accionistas de Tecnazul. Entretanto, Urazul es dueña de otras compañías ecuatorianas, entre las que figura Sierrazul, presidida por Sonia Calero Silva, una de las investigadas por corrupción en Petroecuador.

WorleyParsons tiene a su cargo la gerencia del proyecto de la Refinería del Pacífico que Petroecuador contrató en 2011 por 205 millones de dólares. También se encargó de la asesoría técnica de la planta de licuefacción en el balneario de Bajo Alto, en El Oro. Una obra cuestionada por la Contraloría por haber subcontratado —otra vez— con Tecnazul.

Cosas de familia

Entre las últimas actuaciones judiciales por el caso de Petroecuador, el fiscal de la causa, Juan Carlos Zuñiga, acusó a trece personas señalándolos como "autores directos" del delito de cohecho y a cinco, de ser "coautores". Este fiscal viene a sustituir a Segundo Jacinto Tibanlombo, suspendido por el Consejo de la Judicatura y cuestionado por el presidente Rafael Correa, porque en su dictamen se abstuvo de acusar a siete personas.

Así, Zúñiga solicitó la inclusión como autores directos de cohecho al exministro Carlos Pareja Yannuzzelli, al exgerente de la estatal Álex Bravo y a otros dos funcionarios del sector. Además, serán procesados nueve contratistas por operaciones irregulares.

El fiscal acusa a Pareja de articular y dirigir las acciones para obtener beneficios económicos ilegales. A Bravo Panchano lo señala como operador, la persona encargada de manejar el dinero de tales transferencias.

Como posibles “co-actores” figuran familiares cercanos de Pareja y de Bravo. 

Rafael Correa ha dicho que posee una lista de los familiares de las ex-autoridades de Petroecuador beneficiarios de varias transferencias millonarias.

No sólo la corrupción afecta a Petroecuador

Pero si lo de la corrupción que hace estragos en la petrolera no fuera ya suficiente, ahora se agrega el hecho de que los ingresos de la empresa estatal han experimentado una merma sustancial.

Así lo revela el estado financiero de Petroecuador a diciembre de 2016, reseña una nota del diario Expreso que señala que las ventas, e inversiones se han reducido considerablemente.

Específicamente se da cuenta de que la exportación de crudo cayó de 5.539 millones de dólares, en 2015, a 4.441 millones, en 2016. Hablamos de 19,82 por ciento menos ingresos petroleros. Tal situación responde, por un lado a la caída de los precios petroleros que, en caso de Ecuador el barril pasó de 42,17 dólares a 35,25 dólares. Por el otro lado, la nación suramericana redujo la cantidad barriles exportados que en un año pasaron de 131,3 millones de barriles a 126 millones, es decir 4,08 por ciento menos.

A lo interno también Petroecuador experimentó una reducción, en virtud de que la venta de gasolina a raíz del incremento del precio del combustible hizo que se percibieran 42 millones de dólares menos, lo cual se traduce en una caída de 2,78 por ciento.

Las inversiones en Petroecuador también han sufrido un descalabro significativo al pasar de 662 millones de dólares en 2015 a 277,3 millones de dólares en 2016.

Entretanto, el gasto corriente pasó de 1.109 millones de dólares en 2015 a 929,2 millones de dólares en 2016. 16,3 por ciento de reducción[7].

Contratos irregulares

La Contraloría General elaboró varios informes que revelan 13 irregularidades en las declaraciones de altos funcionarios de Petroecuador y así se lo ha hecho saber a la Fiscalía a objeto de que tome acciones en caso de que así lo considere pertinente.

Del mismo modo el despacho contralor estableció en 15 informes inconsistencias en los contratos de servicios que varias empresas prestan a la petrolera estatal. 

Indica la Contraloría, que si bien la producción de la Refinería de Esmeraldas mejoró tras la repotenciación, no corrió así con los costos, lo cual está siendo objeto de investigación legal.

Los CapayaLeaks

El exgerente general de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, el personaje por donde se desató todo este caso, como ya lo señalamos líneas más arriba, concedió una entrevista a la periodista Tania Tinoco, de Ecuavisa, habló para exponer su versión de los hechos ocurridos y desde entonces, tales revelaciones han comenzado a conocerse como los CapayaLeaks. Igualmente a través de la cuenta @capayaleaksecu en la red social Twitter, ha venido soltando píldoras sobre lo ocurrido

Lo primero que hace Pareja es pedir perdón a los ecuatorianos por los delitos cometidos en su gestión en la estatal petrolera y en el despacho de gobierno y prosigue denunciando el terrible endeudamiento de la empresa, la cual ya ha comprometido al próximo gobierno al haber vendido petróleo a futuro y haberse gastado el dinero. “Veo un país endeudado que no sé cómo a salir el próximo gobierno de esta deuda tan grande. Veo petróleo comprometido en el próximo gobierno al que solamente le tocará entregar el petróleo del que ya se gastó la plata este gobierno”. 

Consultado acerca de qué acciones impulsó para impedir esta situación cuando ocupó el Ministerio de Hidrocarburos, Pareja Yannuzzelli advierte que sólo pudo hacer la denuncia a lo interno de lo que esta situación significaba, pero de ningún modo podía frenar tal acción. En todo caso refiere que sólo fue ministro por cinco meses y un tiempo igual fue el que estuvo en la gerencia general de Petroecuador. “En mi administración como gerente general de Petroecuador no se vendió petróleo [a futuro] porque ya estaba vendido todo”.

Refiere que siendo ministro le solicitó al gobernador del Ecuador ante la OPEP, Wilson Pastor, que el cartel emitiera un informe acerca del estado de la comercialización del petróleo de Ecuador, por lo cual luego de las averiguaciones, el funcionario informó al vicepresidente, Jorge Glas, que la nación estaba perdiendo 4 dólares por barril, por lo que las pérdidas alcanzarían cifras descomunales. Se lava las manos advirtiendo que ellos como funcionarios no podían tomar ninguna decisión de envergadura, puesto que esto correspondía únicamente a Jorge Glas hacerlo.

Explica que esta pérdida de 4 dólares por barril se debió a la participación de intermediarios en las ventas, en lugar de hacerlas directamente de Estado a Estado. Cada intermediario cobra comisiones que ha podido obtener Ecuador, sobre todo en momentos de crisis petrolera. Según Pareja, de acuerdo a lo afirmado por la OPEP, Ecuador habría experimentado pérdidas por el orden de los 2.800 millones de dólares.

“En la venta de petróleo el precio lo pone el mercado y para ello hay que sacar la venta al mercado. Entonces, el directorio de Petroecuador hizo una disposición en que se deja un 10 por ciento de todo el crudo ecuatoriano para sacarlo al mercado y [esto permita establecer un] precio referencial del mercado [que ha debido servir para fijar el precio de venta del crudo a] entregarle a PetroChina. Vendieron todo para que no haya ningún precio referencial, pusieron un precio teórico, ahí está la pérdida. Se incumplió con lo que dijo el directorio que ya es gravísimo. Allí están los 4 dólares de pérdida”.

Carlos Pareja indica que la comercialización del petróleo ecuatoriano está a cargo del gerente de comercio internacional de Petroecuador, Nilsen Arias, un licenciado en hotelería recién graduado quien en 2014 y 2015 cobró más de 100 mil dólares en viáticos. Luego de este funcionario el procurador de la empresa, Mauricio Jaramillo, da su aprobación a todos los contratos. Igualmente intervienen Rafael Poveda, Fausto Herrera, entre otros, hasta llegar a Jorge Glas, el vicepresidente, quien es en definitiva quien decide todo en esta materia.

Refiere que las decisiones se toman en Petroecuador sin que el directorio haga la aprobación de las distintas operaciones. Además acusa que desde hace más de un año los precios de venta de petróleo se manejan secretamente. “No hay actas en el directorio sobre ventas de comercio internacional. Tampoco hacen ahora las grabaciones de las reuniones del directorio, está prohibido”. Refirió que las ventas de petróleo a futuro que al final de su gestión se negó a autorizar fueron autorizadas por su sucesor en el cargo, Pedro Mirizalde.

Del mismo modo, Pareja Yannuzzelli, denuncia todas las acciones emprendidas por el gobierno en contra de su familia al haber sido detenidos y arrestados su cuñado y su suegra sin que hasta la fecha haya prueba alguna que los condene. En tal sentido refiere que a través de su abogado ha recibido varios mensajes según los cuales el gobierno se valdrá de “métodos ortodoxos y no ortodoxos para traer a Pareja a Ecuador”.

Denunció amedrentamientos e informaciones según las cuales la decisión es acabarlo “para que yo no pueda hablar”.

Niega rotundamente haber formado parte de una red de corrupción en el manejo del petróleo ecuatoriano. Precisamente, advierte, “mi problema es que no era yo parte de la red, si no nos estuviera aquí”.

Agrega que se ha querido distraer a la opinión pública con acusaciones referidas a la refinación en Petroecuador sólo evitar investigar lo que sucede en Comercio Internacional de Petroecuador. “Es demencial, son 1.400 millones de dólares en pérdidas debido a los cuatro dólares señalados por la OPEP”. La disparidad de cantidades se debe a que Pareja Yannzzelli hace un doble cálculo, uno con base a los cuatro dólares señalados por la OPEP como lo que las pérdidas de la petrolera serían los 2.800 millones dólares señalados anteriormente; y en segundo cálculo hecho a 2 dólares de pérdida por barril con lo que la cantidad total se reduciría a 1.400.000 millones de dólares. Sea un caso o el otro, Pareja refiere que el daño ´patrimonial a la nación es descomunal.

Por otra parte, admite haber tenido conocimiento de la existencia de una tarifa económica que las grandes empresas contratistas de la Refinería Estatal de Esmeraldas tenían que pagar a los equipos de contraloría para sacar limpios los informes de auditoría. “Eso era vox populi”. Pero negó haber recibido pagos provenientes de los contratos de venta petrolera que el Ecuador realiza a nivel internacional, así como tampoco comisiones por parte de la Constructora brasileña Odebrecht.

En tal sentido sostiene que llegar a saber quiénes en Ecuador recibieron las coimas de Odebrecht es sumamente sencillo, “llegar a saber los nombres de Odebrecht (…) llegar a esos nombres es más fácil que la tabla del uno. En Petroecuador en este gobierno Odebrecht firmó alrededor de 600 millones de dólares, es facilito, ¿quién firmó los contratos de Odebrecht en Petroecuador? ¿Quién era el gerente refinería del Pacífico en ese momento que firmó un contrato de casi 300 millones por el movimiento de tierra? ¿Quiénes fueron los miembros del directorio que aprobaron los contratos? ¿Quién fue el fiscalizador, el administrador del contrato y las comisiones que llegaron al precio?”.

Sobre el sobreprecio denunciado en la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas que el presidente Rafael Correa, Carlos Pareja Yannuzzelli advierte que esta defensa del mandatario no es para librarlo de culpas a él, sino a la contraloría y al directorio, que son en todo caso quienes tendrían que haber autorizado los 1.200 millones de dólares que finalmente habría terminado costando el trabajo, aun cuando inicialmente se estableció en 187 millones de dólares. “El gerente de refinación no puede ni siquiera conseguir ese dinero. Por eso es que el presidente dice que no hay sobreprecio, porque tendrían que meter preso al directorio”.

Pareja Yannuzzelli denuncia también que cuando estuvo dispuesto a someterse al proceso de colaboración eficaz, por vía Skype intervino en una audiencia de justicia para acordar el procedimiento. A su abogado presente en el tribunal en Quito le quitaron su computadora y dieron la orden de detectar dónde se encontraba él al momento de intervenir en la teleconferencia. Su abogado le avisó por otra vía que apagara la computadora y saliera del lugar en el que se encontraba, por lo que tuvo que desistir de colaborar con la justicia por este procedimiento de la colaboración eficaz. Refiere que se mismo día recibió información de que la orden en el gobierno era eliminarlo.

Señaló que con lo dicho por él hasta ahora el fiscal debería actuar de inmediato. De cualquier manera anunció que seguirá suministrando información y nombres para que todo el Ecuador sepa qué sucedió en general.

“Si tengo que pagar cárcel por enriquecimiento ilícito como se me acusa, pues me someteré, pero ¿lavado de activos?, yo no lavo ni la ropa, mucho menos activos. [Menos] delincuencia organizada, peculado, no, pues (…) Cuando haya justicia en el país yo me entrego”.

Ahora habrá que esperar por las decisiones que la juez Karen Matamoros tenga a bien emitir sobre este caso de corrupción que ha desangrado las arcas de la petrolera estatal ecuatoriana.



[1] EP Petroecuador. “Exitoso proceso de rehabilitación en refinería Esmeraldas”. 10 de octubre de 2015. http://www.eppetroecuador.ec/?p=2775
[2] Teleamazonas. “Entrevista a Fernando Villavicencio, sobre corrupción en Petroecuador”. 17 de octubre de 2016. http://www.teleamazonas.com/2016/10/entrevista-fernando-villavicencio-corrupcion-petroecuador/
[3] YouTube. Sensación TV. “Fernando Villavicencio | FOCUS: Corrupción en Petroecuador”. 20 de octubre de 2010. https://www.youtube.com/watch?v=jHjh6SpjASw
[4] El Universo. “La Refinería estatal de Esmeraldas suma ya más de $ 2.134 millones en contratos”. 12 de enero de 2017. http://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/12/nota/5992273/refineria-estatal-esmeraldas-suma-ya-mas-2134-millones-contratos
[5] 4pelagatos.com. “Refinería Esmeraldas: al parecer hay más de 40 ladrones”. 17 de octubre de 2016. http://4pelagatos.com/2016/10/17/refineria-esmeraldas-al-parecer-hay-mas-de-40-ladrones/
[6] EL Universo. “WorleyParsons dio $ 56 millones a firma que hizo pagos a Álex Bravo”. 12 de enero de 2017. http://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/12/nota/5992741/worleyparsons-dio-56-millones-firma-que-hizo-pagos-bravo
[7] Expreso. “Petroecuador terminó un año con cifras a la baja”. 6 de febrero de 2017. http://expreso.ec/actualidad/petroecuador-termino-un-ano-con-cifras-a-la-baja-FM1068667