jueves, 15 de febrero de 2018

El juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán se inicia en septiembre y durará cuatro meses

El narcotraficante dijo que está ansioso de ir al juicio, que no se declarará culpable y que no colaborará con la justicia de los Estados Unidos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Durante la audiencia celebrada este jueves en la Corte del Distrito Este de Nueva York, el juez acordó iniciar el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán el 5 de septiembre de 2018, con la selección de las 16 personas que conformarán el jurado que emitirá el veredicto del exjefe del cártel de Sinaloa, quien se declaró no culpable de los cargos que le imputó el gobierno de los Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
A las 10:00 AM se inició la sesión. El célebre jefe del cártel de Sinaloa llegó vestido con su uniforme azul de prisionero, bien acicalado. Lo primero que hizo al entrar a la sala fue saludar  con gestos de cariño a su esposa, Emma Coronel y a sus hijas pequeñas presentes en el lugar que fueron correspondidos en todo momento por la familia del narcotraficante.

El juez Brian Cogan empezó señalando que la fiscalía tendrá hasta el 19 de marzo de 2018 para hacer entrega del resto del material que forma parte del descubrimiento (evidencias), y que el 17 de abril se realizará una nueva sesión para discutir los temas pendientes antes del juicio.

Asimismo, Cogan dijo que el 9 de abril de 2018 es la fecha límite para que las partes presenten las mociones. El juez se reservó para otra ocasión la decisión en torno a la petición hecha por la defensa relacionada con el anonimato  y el aislamiento de los miembros del jurado. 

Durante la audiencia Joaquín Guzmán -a través de su abogado- pidió permiso para dirigirse personalmente al juez. En un principio, 
Cogan aceptó pero la fiscalía pidió que se negara la solicitud alegando que se desconocían los mensajes que quería trasmitir el acusado. El abogado de "El Chapo", Eduardo Balarezo dijo que era un mensaje a su familia, además de una serie de solicitudes relativas a las condiciones de su encarcelamiento. 

Se le escuchó decir a Guzmán que esa situación lo tenía enfermo. También se quejó del frío excesivo en su celda y del aire acondicionado. 

Habla Balarezo

A las afueras de la corte, el abogado del notorio narcotraficante mexicano dijo que su cliente está ansioso por ir a juicio y que Guzmán quería anular cualquier especulación de que se declarará culpable y que buscará cooperar con las autoridades estadounidenses en su caso de narcotráfico. 

El defensor reiteró las quejas sobre las condiciones en una cárcel donde su cliente está detenido en régimen de aislamiento.

Guzmán se declaró inocente de los cargos de que su cártel de Sinaloa blanqueó miles de millones de dólares y supervisó una despiadada campaña de asesinatos y secuestros. Si es condenado, enfrentará cadena perpetua. 

Balarezo dijo que estaría listo para el juicio y aseguró que seguiría al frente de la defensa de Guzmán. Aclaró que había recibido una parte del pago de sus honorarios profesionales y que definitivamente estaría presente durante todo el proceso.


Defensa pide que la fiscalía de a conocer la evidencia

Ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, el abogado Eduardo Balarezo, en representación de Joaquín Guzmán Loera (a) "El Chapo", introdujo una moción en la que instó al tribunal a ordenar a la fiscalía a presentar inmediatamente a la defensa la evidencia que pretende mostrar en el juicio de conformidad a la Regla Federal 404 (b).

Quiere la representación del Chapo Guzmán contar con la información de los elementos y pruebas que usará el gobierno durante el juicio, relativa a otros crímenes, así como a actos o errores que el demandado haya supuestamente cometido y que el gobierno estima que es admisible de acuerdo a la citada norma.

En primer lugar refiramos que la Regla 404 permite la introducción de actos previos durante un juicio, siempre y cuando esta acción no obedezca a la intención de establecer "el carácter de una persona para mostrar una acción en conformidad con ella". Es decir, no se admite evidencia sustentada en el carácter de una persona o de un rasgo de su carácter cuando esta se ofrece con el objetivo de probar que en un momento específico la persona actuó de conformidad con tal carácter. Las excepciones aplicarán en el caso de evidencia de un rasgo pertinente de carácter ofrecido por la defensa, sobre el carácter de la persona acusada; de evidencia de un rasgo pertinente de carácter ofrecido por la defensa, sobre el carácter de la víctima; evidencia ofrecida por la fiscalía sobre el mismo rasgo pertinente de carácter de la persona acusada, para refutar la prueba de carácter presentada por la defensa; evidencia de un rasgo pertinente de carácter ofrecido por el gobierno sobre el carácter de la víctima, para refutar la prueba de carácter presentada por la defensa; evidencia de un rasgo pertinente de carácter ofrecido por la fiscalía en casos de asesinato u homicidio, sobre el carácter tranquilo o pacífico de la víctima, para refutar prueba de defensa de que la víctima fue quien agredió primero.

La evidencia será admisible cuando apunta a probar el motivo, la oportunidad, la intención, la preparación, el plan, el conocimiento, la identidad o la ausencia de error o accidente, siempre que a petición del acusado, la parte acusadora en el caso penal advierta de su intención antes del juicio, o durante el juicio si el tribunal excusa el aviso previo al juicio por una buena causa que se presente acerca de la naturaleza general de cualquier evidencia que intente introducir en el juicio.

Joaquín Guzmán Loera y el codemandado Ismael Zambada García fueron acusados el 11 de mayo de 2016 de cometer un conjunto de delitos, incluida la operación de una empresa criminal continua (Cargo 1); participar en una gran conspiración de tráfico de estupefacientes (cargos 2, 3 y 4); once cargos de actos específicos de distribución de cocaína (cargos 5 a 15); uso de un arma de fuego durante un delito de tráfico de drogas (cargo 16); y conspiración para lavar el producto de narcóticos (cargo 17).

Refiere la defensa que aunque el gobierno no ha acusado al demandado de ningún crimen  violento, sí alega en el Cargo 1 que tanto Joaquín Archivaldo Guzmán Loera como Ismael Zambada García y otros líderes del Cartel de Sinaloa trabajan junto a sicarios que llevaron a cabo cientos de actos de violencia, incluidos asesinatos, asaltos, secuestros, asesinatos y actos de tortura en la dirección de los acusados.

La fiscalía alega igualmente que Guzmán Loera conspiró "para matar y causar la matanza intencional de una o más personas, a saber, personas que representan una amenaza para el Cartel de Sinaloa. En tal sentido, Eduardo Balarezo refiere en su comunicación al tribunal que el gobierno buscar presentar en el juicio evidencia de estos presuntos homicidios como otra prueba de malos actos de conformidad con la Regla 404 (b).

Prosigue la defensa indicando que el gobierno ha proporcionado un amplio descubrimiento en este caso consistente en más de 300 mil páginas de documentos, interceptaciones, grabaciones de comunicaciones de audio y electrónicas, así como docenas de videos, pero no ha dado un índice de dicho descubrimiento por lo que la representación de los acusados continúa revisando el material y, hasta ahora, no ha encontrado ninguna evidencia relacionada con la violencia.

Sostiene Balerezo que no existe ninguna evidencia de ningún homicidio o actos violentos pero presume que el gobierno echará mano de un "video relacionado con la tortura de un rival del acusado". Dicho video en idioma español, tiene una duración de 3:57 minutos y no contiene información, tal como una fecha o la ubicación del evento o la identidad de la supuesta víctima, que parece estar herida. Advierte que el video no muestra violencia real y parece haber sido descargado de Internet. El gobierno también presentó un video que también parece descargado de Internet, en el que Guzmán Loera interroga a una persona no identificada.

Del mismo modo el gobierno ha anunciado que presentará "fotografías de una víctima de asesinato", pero la defensa aún no las ha recibido. También destaca el abogado que el gobierno ha anunciado que notificará a la defensa en un tiempo razonable antes del juicio cualquier material que pretenda presentar bajo la Regla Federal 404 (b), pero la el abogado Balerezo se pregunta qué entiende el gobierno como “notificar en un tiempo razonable”.

La defensa se encuentra convencida de que la fiscalía tratará de presentar extensa “evidencia” relacionada con múltiples asesinatos y otros actos violentos que pretende conectar con Joaquín Guzmán Loera. Sospecha la defensa que esta evidencia será proporcionada por cooperantes extranjeros y que los actos sobre los que darán testimonio fueron cometidos extra fronteras de los Estados Unidos.

En tal sentido, reclama poder tener acceso a toda esta evidencia, a los testigos, conocer los alegatos del gobierno para poder prepararse para el juicio. Balerezo advierte que si la fiscalía introduce estas evidencias, cada elemento se convertirá en una especie de un mini juicio, por lo que se hace necesario conocer dicha prueba ahora para que Guzmásn Loera pueda defenderse y advierte que lo que la fiscalía considera un "tiempo razonable" es inadecuado en un caso como este, donde ya hay múltiples cargos y los supuestos eventos tuvieron lugar en varios países y durante un largo período.

La moción presentada por la defensa del Chapo Guzmán incluye conocer la naturaleza de la evidencia, los testigos y la pertinencia de los mismos, incluida una declaración de su testimonio esperado y una propuesta de cualquier otra evidencia no testimonial que el gobierno espere ofrecer como prueba de esos "malos actos" que le quiera imputar a su defendido, cualquier documentación de respaldo y la teoría legal de la admisibilidad alegada por el gobierno.

Estima Balerezo que este aviso es necesario para permitir al Guzmán Loera presentar las mociones apropiadas in limine y permitir el Tribunal hacer una determinación previa al juicio de la admisibilidad de cualquier evidencia que el gobierno busque presentar. La notificación previa al juicio también le brindaría a Guzmán, la oportunidad de impugnar dichas pruebas.

Los argumentos de la defensa se sustentan en lo establecido en la Regla 404 que considera inadmisible la evidencia "cuando se ofrece para mostrar la propensión de una persona a actuar de una manera particular", un alegato que hace sustentado en el caso Estados Unidos v. Mejía, 545 F.3d 179, 206 (2d Cir. 2008). La norma indica que la evidencia es admisible cuando se ofrece para mostrar el "motivo, oportunidad, intención, preparación, plan, conocimiento, identidad o ausencia de error" o accidente. Agrega la defensa que el propósito de la notificación a tiempo a que obliga la regla 404 es "reducir la sorpresa y promover una pronta resolución" de cualquier impugnación a la admisibilidad de la evidencia ofrecida.

La jurisprudencia ha determinado que la evidencia es admisible bajo la  Regla 404 (b) cuando: 1) la evidencia fue ofrecida para un propósito apropiado; 2) era relevante para una cuestión importante en disputa; 3) el valor probatorio de la evidencia fue sustancialmente superado por efecto perjudicial; y 4) el juez de primera instancia dio una instrucción limitativa apropiada sobre la evidencia.

Subraya la defensa que la evidencia de otros crímenes —como ha quedado establecido— debe ser relevante para un problema real en el caso y su valor probatorio de ese asunto no debe sustentarse en un perjuicio injusto contra el demandado.

Balerezo recuerda que la notificación a que obliga la norma y que ahora exige la defensa de Guzmán Loera es esencial para asegurarse de que la fiscalía no esté usando la evidencia simplemente para demostrar propensión o mal carácter del acusado.
Quiere la defensa que para evitar que el gobierno use la evidencia como una emboscada contra su cliente y que se presenten ante el jurado pruebas que sean perjudiciales para su representado, se realice una audiencia preliminar que permita revelar la intención de la fiscalía con el uso de tal evidencia.

Refiere Balerezo que la solicitud del acusado a ser informado de dicha evidencia antes del juicio se deriva de los derechos básicos establecidos bajo la Quinta y Sexta Enmiendas que tienen que ver con el derecho a conocer la naturaleza y causa de la acusación y a preparar la defensa, el derecho a la confrontación de testigos, el derecho a asistencia efectiva de un abogado y el derecho a un juicio de acuerdo con el debido proceso legal. Estas las garantías —advierte— se verán frustradas irremediablemente si acusado no es notificado a tiempo acerca de las pruebas que pretende usar el gobierno en su contra.

Exige la defensa que la Corte que ordene al gobierno proporcionar inmediatamente a su representado una lista de toda la evidencia que pretende usar bajo la Regla 404 (b), incluidos los nombres de los testigos, las fechas y los resúmenes de las expectativas testimonio, cualquier evidencia documental relacionada y todo material de los que han solicitado sean dados a conocer durante la etapa del descubrimiento.

Considera la defensa que los alegatos de la fiscalía para procurar una divulgación retrasada de las pruebas basados en la seguridad son absurdos e ilusorios, toda vez que Guzmán Loera ha estado recluido en régimen de aislamiento en la Unidad de Manejo Especial del Centro Correccional Metropolitano desde su extradición a los Estados Unidos y no tiene ninguna posibilidad de hacer llamadas telefónicas o enviar correos; las comunicaciones con su familia son severamente limitadas y monitoreadas y su contacto con el exterior está efectivamente limitado a su equipo de defensa.

Defensa pide a la Corte reconsiderar medida de mantener anonimato del jurado

Asimismo, el abogado defensor del Chapo Guzmán, Eduardo Balerezo, presentó al tribunal otra moción para que sea reconsiderada la orden emitida por el juez de la causa, Brian Cogan, de que el jurado sea resguardado con medidas como el anonimato y escolta durante el juicio.

Balerezo alega que la fiscalía promovió el anonimato y el secuestro de los miembros del jurado ante tribunal basándose en artículos y videos publicados en internet que la defensa no tuvo posibilidad de refutar.
Igualmente estima la defensa que estas medidas especiales atentan contra la presunción de la inocencia a que tiene derecho Guzmán Loera y crearían la impresión extremamente injusta de que su defendido es una persona peligrosa de quien el jurado debe protegerse.

Sostiene la defensa que si bien la jurisprudencia ha establecido que los jurados anónimos no infringen los derechos constitucionales del acusado, “el análisis del impacto constitucional potencial de un jurado anónimo en un acusado" debe recibir un escrutinio judicial detallado y ser evaluado a la luz de la razón, los principios y el sentido común. No puede vulnerarse la presunción de inocencia por el interés de resguardar al jurado de amenazas de violencia y el interés público de contar con un jurado que emita un veredicto justo e imparcial.

Advierte Balerezo que las supuestas “razones creíbles” alegadas por la fiscalía y aceptadas por la Corte para creer que el jurado necesita protección no pudieron ser refutadas por la defensa de Joaquín Guzmán Loera por la simple razón de que tiene prohibido saber cuáles son esas "razones creíbles". Igualmente rebate el criterio de la Tribunal de haber sustentado su decisión en alegatos formulados en la acusación, aun cuando es axiomático que "una acusación no es evidencia de culpabilidad", ni puede alterar la presunción de inocencia a que todos los acusados tienen derecho.

Por otra parte, Eduardo Balerezo rebate el hecho de que la Corte haya sustentado su decisión de mantener el anonimato del jurado y su secuestro en un video de YouTube[1] presentado por el gobierno en el que se observa a un grupo de presos de una cárcel de California, jurando lealtad a Guzmán Loera y prometiendo convertirse en un ejército a su servicio.

Sostiene la defensa que el gobierno no hizo ningún intento por verificar la autenticidad del citado video ni por identificar a los participantes en el mismo o siquiera confirmar si tenían alguna conexión con Joaquín Guzmán.

Igualmente, Balerezo afirma que la descripción del video que hace el gobierno es simplemente engañosa, pues en él se dice que van a liberar al acusado si es remitido a esa prisión, pero en ningún momento los hombres dicen que van a matar a alguien, intimidar a los miembros del jurado o a los testigos o incluso tomar cualquier acción. Refiere que solamente expresan que "si" Guzmán Loera es encarcelado en ese reclusorio y "si" este les pide que lo liberen, tienen la intención de hacerlo. Son a la luz de la defensa una gran cantidad de "si" condicionales que la Corte debe considerar seriamente al tomar una decisión que restringe severamente el derecho del demandado al debido proceso.

Refiere la defensa que la Corte cita específicamente la afirmación del gobierno de que en el video los prisioneros se comprometen a ser "sicarios que van a ocuparse de [el Sr. Guzmán]" y a disponer de un ejército de 3.500 soldados a su disposición, siendo que se trata de un video fue filmado en una prisión privada bajo contrato con la Oficina Federal de Prisiones cuyo vocero, al conocer dicho video se comprometió a investigar las denuncias de irregularidades en las instalaciones.

Apunta la defensa que en esta prisión la población penitenciaria es de 2.175 reclusos, por lo que las declaraciones emitidas por quienes aparecen en las imágenes no son más que una exageración pues, entre otras cosas, en ese recinto no todos los presos son individuos de alta peligrosidad que pudieran convertirse en los “soldados” y “sicarios” que estos hombres presumen.

Estima la defensa que lo expresado en el video no es otra cosa que “una mala broma” que no debe ser tomada en cuenta por el Tribunal.

Balerezo refuta el criterio del tribunal con el cual sostiene que "cualquier posible perjuicio contra el acusado se mitigará cuando la Corte informe al jurado que sus nombres no se divulgarán públicamente por respeto y preocupación por su privacidad”. Tal argumentación es a los ojos de la defensa simplemente una especulación, considerando la evidencia que se espera que se produzca en este caso hará pensar a los miembros del jurado que el acusado es violento al tener que verse protegida su identidad.

Estima la defensa que si el propio tribunal cree que la evidencia hará que el jurado tema por su seguridad, será sumamente difícil mitigar de forma creíble los prejuicios potenciales contra  Guzmán Loera simplemente diciéndole al jurado que sus nombres no se divulgan por cuestiones de privacidad.

La defensa cree que la orden de la Corte no equilibra el derecho de su representado a la presunción de la inocencia con el interés de mantener al jurado libre de violencia y con el interés público de que el dicho jurado emita un veredicto justo e imparcial. Solamente se están tomando en cuenta los intereses del jurado y no se abordan los prejuicios con el acusado al secuestrar al jurado con el brazo armado del tribunal en manos de los alguaciles.

La defensa solicitó una audiencia para considerar su moción.

Las razones del tribunal

El juez Brian Cogan cree que el gobierno presentó razones fuertes y creíbles para estimar que el jurado necesita protección  y, por ello, decidió mantener en reserva tanto el nombre de los miembros del panel, como sus domicilios y lugares de trabajo.

Acordó la Corte que cada día del juicio los miembros del jurado serán transportados desde y hasta el tribunal por el cuerpo de alguaciles de Estados Unidos encargado de ejecutar las órdenes judiciales.
"La corte instruirá a los jurados que su transporte diario y escolta dentro de la corte se proporcionan para proteger su privacidad y para garantizar que el juicio se desarrolle de forma expedita", dijo Cogan.

El tribunal previó que los miembros del jurado permanezcan aislados del público, incluso dentro de la corte, donde se reforzará la seguridad interior y exterior con policías fuertemente armados durante cada aparición de Joaquín Guzmán Loera en el recinto.

El magistrado sustentó su decisión en la condición de Guzmán como líder del cartel de Sinaloa, una organización criminal que recurre a sicarios para llevar a cabo "cientos de actos de violencia, incluidos asesinatos, asaltos y secuestros" para silenciar testigos potenciales o personas sospechosas de colaborar con la ley.

El juez Brian Cogan mantiene a Guzmán Loera en régimen de confinamiento solitario en una celda de Manhattan, en razón al riesgo de que sus contactos con otros reclusos "pueda resultar en perjuicios a personas que cooperan con el gobierno".

miércoles, 14 de febrero de 2018

Tras 8 años del hundimiento del Aban Pearl los responsables del gran fraude a PDVSA siguen impunes a la justicia

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Ya han pasado 8 años del hundimiento del Aban Pearl, ocurrido el 13 de mayo de 2010, y hasta la fecha ninguno de los funcionarios de PDVSA ni los contratistas involucrados en este fraude a la nación han sido investigados por las autoridades venezolanas. El escándalo de un contrato con múltiples irregularidades por US$1.315.818.950,00 por el alquiler por 5 años de la plataforma y, que tenía un sobreprecio de US$662.475.000,00 no mereció la atención ni de la Contraloría General, ni de la Fiscalía, ni de la misma empresa estatal Petróleos de Venezuela. Entre tanto, los beneficiarios de al menos US$47.916.000,00 siguen siendo inmunes a la justicia "revolucionaria".

Un saqueo a medias

Un accidente inesperado dio al traste con el plan de un conjunto de miembros del gobierno venezolano y de Petróleos de Venezuela de defraudar a la nación con USD 662.475.000,00 y permitió descubrir una trama de corrupción en el seno de la principal industria de Venezuela que se traducía en contrataciones sin licitación, sobreprecios e intermediación indebida.

Quienes planificaron y ejecutaron la contratación de una unidad semisumergible bajo condiciones leoninas para la nación y con ello hacerse de jugosas ganancias a expensas de esquilmar el erario público venezolano bajo la fachada del proyecto —en apariencia loable y de interés para el país— de desarrollar la construcción y rehabilitación de pozos petroleros costa afuera, con el supuesto objetivo de ampliar la internalización de los hidrocarburos y afianzar la soberanía en el negocio de los hidrocarburos, no contaron con que un hecho fortuito, inesperado, tuviera lugar y dejara al descubierto la magnífica jugada que habían diseñado. 

Quienes en el gobierno nacional y PDVSA se frotaban las manos a sabiendas de que los cinco años que tendría de vigencia el contrato les permitiría embolsillarse USD 662.475.000,00, vieron frustrada su aspiración cuando un accidente tuvo lugar en medio del mar y sacó a la luz lo irregular de los hechos que estaban teniendo lugar en las oficinas de la principal industria de Venezuela.

El citado accidente tuvo lugar el 13 de mayo de 2010 cuando se conoció que la plataforma gasífera Aban Pearl anclada en las costas del estado Sucre, Venezuela, se hundió. La noticia la transmitió el presidente de la república para la fecha, el fallecido Hugo Chávez, quien lo informó a través de su cuenta personal en la red social Twitter durante la madrugada de ese día: "Se inclinó a medianoche, hizo agua, cerraron operaciones, evacuaron". Igualmente lo confirmó Gopal Dupalkrishnan, director de la compañía propietaria de la estructura, Abban Offshore Ltd, al tiempo que advirtió que se desconocían las causas del incidente[1], publicó la BBC. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar, todos los trabajadores fueron evacuados a tiempo.

La misma publicación da cuenta de que el Aban Pearl llevaba apenas una semana en operaciones  en el campo de explotación de hidrocarburos "Dragón", del proyecto Mariscal Sucre. La plataforma serviría para explorar y extraer gas y petróleo en el extremo nororiental de ese estado oriental venezolano. Todo un bochorno dado que el arrendamiento de la unidad había sido ampliamente publicitado por el gobierno nacional y la estatal PDVSA, responsable de la contratación. Jorge Giordani, ministro de Planificación y Finanzas para la época, había asegurado que estos trabajos y, en particular, el arrendamiento de la plataforma eran "motivo de orgullo de la ingeniería nacional".

Hugo Chávez trató de sortear las críticas del incidente indicando que "en el norte de Paria, en el estado Sucre se ha hecho un operativo especial por el cual hay que felicitar a los trabajadores: manejaron la contingencia de madrugada heroicamente (…) ¡Ahora toca verificar si hay riesgos!”. Dijo que él mismo iba a "estar al frente de esta emergencia.

Para explicar el hecho, Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. y ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo para el momento, dijo que una falla en el sistema de flotación fue la causa que provocó el hundimiento de la plataforma gasífera y detalló que el Aban Pearl alcanzó quince grados de inclinación, según reporta el Correo del Orinoco que refirió que de inmediato se activaron los protocolos para preservar la integridad del pozo, lo cual pasaba por la a desconexión del tubo que lo vincula con la plataforma. Ramírez descartó daños ambientales por el hecho.

Por otra parte, Rafael Ramírez, aseguró que previo al inicio de actividades de la plataforma, esta había sido sometida a un riguroso control de reparación, inspección y certificación, “donde se certificó que estaba en condiciones óptimas” para su funcionamiento[2]. Anunció una investigación de cuyos resultados no se tuvo información.

Entonces, con los días, comenzaron a conocerse otros datos que asomaban que el contrato del arrendamiento de la unidad semi sumergible por parte de PDVSA estaba muy lejos de ser hecho del cual se podía estar “orgullosos” y, muy por el contrario, sí habría que estar preocupados.

El Nacional publicó una nota en la que se advertía que el deterioro de la plataforma gasífera era algo que se conocía desde los primeros tiempos de la negociación. La nota refería que ya el 15 de agosto de 2009 la instalación debió ser evacuada de emergencia “cuando comenzó a hacer agua en uno de sus flotadores y se inclinó peligrosamente”[3]. El periódico de Trinidad y Tobago, The Guardian, refirió que el Aban Pearl tuvo problemas mecánicos que ocasionaron su inclinación.

Todo indicaba, que la plataforma estaba muy lejos de ser la unidad de última generación de que el gobierno y la petrolera estatal PDVSA dio cuenta a manera de justificar el monto milmillonario que implicaba su arrendamiento por cinco años, a saber, USD 1.315.818.950,00.

El Aban Pearl

Un informe llegado a nuestras manos refiere los detalles, tanto de la unidad como de las irregularidades en que se incurrió al momento de la contratación.

La gabarra fue construida en 1977 en el astillero Levingston Far East Shipbuilding —ahora parte de Keppel Corporation— en Singapur, con diseño de la empresa noruega Aker H-3. Se trataba de una unidad destinada a operar en el agua a una profundidad nominal de 1,250 pies (380 m) y una profundidad de perforación de 25.000 pies (7.600 m).

No siempre se la conoció con el apelativo con que llegó a Venezuela, pues en principio —entre 1977 y 1996— se llamó Transocean Seeker. Para 1996 cambió de nombre a Treasure Seeker y luego, desde 1997 a 2000 se le llamó Discoverer Transocean.

Todo este tiempo, la empresa Transocean LTD fue la propietaria del taladro y en el año 2000 la compraron Bonheur ASA y Gánger Rolf ASA por USD 43,27 millones y nuevamente cambió de nombre, esta vez a Bulford Dolphin. Para ese entonces operaba bajo bandera de las Bahamas, siendo manejado el equipo por Dolphin Drilling, una subsidiaria de Fred Olsen Energy.

En 2007, la empresa india de perforación costa afuera Aban Offshore LTD la adquirió por USD 211 millones y fue cuando pasó a llamarse Aban Pearl, el cual fue transferido a una filial de la compañía: Aban Pearl PTE LTD.

La propietaria: Aban Offshore Limited (AOL)

Ahora bien, la unidad semi sumergible en cuestión es propiedad de Aban Offshore Limited (AOL)[4], como ya hemos señalado, una empresa fundada en 1986, como consecuencia del deseo de un grupo de empresarios indios que quisieron prestar servicios de perforación mar adentro a la Oil and Natural Gas Corporation Ltd., (ONGC), de manera de dar respuesta a las crecientes demandas que la economía india manifestaba en aquel momento de pleno crecimiento.

El primer servicio perforación de esta empresa se prestó en el año 1987, cuando la ONGC le contrató dos modernos equipos de perforación jack-up adquiridos en Estados Unidos.

Aun cuando gran cantidad de empresas del sector privado en la India abandonaron el negocio de la perforación en la década de los ‘90, AOL decidió mantenerse en el ramo y aumentó su participación en el sector con la adquisición de nuevas plataformas y fusiones. Así, en 1993 compró un jack-up (estructura móvil que se desplaza en el mar para perforar y dar mantenimiento a los pozos) de 300 pies a Mahindra & Mahindra Ltd.; entre 2000 y 2001 adquirió Hitech Drilling Services (India) Ltd., que hasta el momento había pertenecido al Grupo Tata. De este modo, la flota de Aban Offshore Limited  se incrementó a cuatro equipos, lo cual le permitió ingresar en el negocio llamado en la industria como FPSO2 con el FPU3 "Tahara", propiedad de Hitech. Dos nuevas plataformas jack-up, Aban Aban V y VI, se sumaron en el año 2005, así como un barco de perforación, el Frontier Ice.

La expansión de AOL continuó en noviembre de 2005 con la apertura de su filial Aban Singapore Pte. Ltd. (ASPL), la cual se encargaría de las operaciones internacionales. Esta filial, ASPL, también abre tres filiales que pasan, cada una, a contar con un barco de perforación o taladro semisumergible. El crecimiento sigue en 2006 cuando ASPL compra una participación del 33,7 por ciento en Sinvest ASA, una compañía noruega con ocho jack-ups nuevos en operación. Después de esto, ASPL continuará comprando por etapas a Sinvest, incluyendo una oferta obligatoria para todos los accionistas.

En la actualidad, Aban Offshore Limited  cuenta con veinte equipos de perforación, así como un conjunto de unidades de producción mar adentro.

Las filiales de Aban Offshore Limited para este momento son: Aban Energies Ltd, India, Aban Holdings Pte Ltd y Aban Singapore Pte. Ltd, Aban 7 Pte Ltd, Aban 8 Pte Ltd y Abraham Aban SA de CV, Aban Pearl Pte. Ltd4, Aban Internacional Norway AS, Sinvest AS, DDI Holding AS, perforación profunda Invest SA de CV, una perforación profunda Pte. Ltd., Deep Drilling 2 Pte. Ltd., Deep Drilling 3 Pte. Ltd., Deep Drilling 4 Pte. Ltd., Deep Perforación 5 Pte. Ltd., Deep Drilling 6 Pte. Ltd., Deep Drilling 7 Pte. Ltd., Deep Drilling 8 Pte. Ltd., Beta Drilling SA de CV, Empresa de Perforación SA de CV, Sinvest (Chipre) Ltd.

Las irregularidades

Hay que apuntar que antes de que el gobierno venezolano a través del Ministerio de Energía y Petróleo en su Memoria y Cuenta de 2008 diera a conocer la contratación del Aban Pearl, como citamos al principio de estas líneas, la empresa Aban Offshore Limited, en su página web informó el 16 de septiembre de 2008 a sus accionistas que "Una filial de la compañía ha firmado un acuerdo para el despliegue del taladro semisumergible Aban Pearl costa afuera en América Latina, por un período de 5 años. Los ingresos estimados a partir de la implementación, que se espera que comience en el 3er trimestre del año fiscal 2008-09, es de aproximadamente Rs.3150 crores [crore es una unidad en la numeración india usada regularmente para describir grandes cantidades de dinero], incluidos los gastos estimados reembolsables destinados a los impuestos, derechos y otros gravámenes". Esta filial fue Aban Pearl PTE LTD, se lee en el reporte del que damos cuenta en esta nota. Lo que si no dice AOL es qué país de Latinoamérica había firmado el contrato, un indicio, advierte el informe, de la poca transparencia de la negociación.

Por ejemplo, el portal Petroleum World[5] dio a conocer que Aban Offshore Co. cobraba por el alquiler de la plataforma USD 358.000 diarios, mientras que PDVSA dijo en su Informe Anual para 2008 que el costo del contrato por un período de cinco años alcanzó la cifra de USD 1.315.000.000, un dato que lleva a deducir que la renta del Aban Pearl rondaba 730 mil dólares diarios, más del doble de lo cobrado por el propietario de la unidad semisumergible.

¿Por qué todo esto? Pues, por la sencilla razón de que el contrato de arrendamiento del Aban Pearl suscrito por PDVSA Servicios no se convino directamente con la empresa propietaria de la gabarra sino con un intermediario, a saber, Petromarine Energy Services Ltd., la primera representada por ese entonces por su presidente, Jesús Figueroa y, por la segunda, por Krishna Nittala. El contrato estuvo identificado con el número 4600027060.

La intermediaria

Ahora conozcamos en detalle a esta empresa intermediaria con la que la estatal petrolera venezolana firmó el contrato de arrendamiento de la unidad de perforación con un evidente sobreprecio y sin previo proceso de licitación como manda la ley.

Petromarine Energy Service  LTD está registrada en Singapur en la Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), un despacho equivalente a un registro mercantil. Allí quedó asentada su creación con el número 200722556N, el 12 de agosto de 2008, apenas treinta y cuatro días antes de que Aban Offshore Ltd., anunciara el 16 de septiembre de 2008 contrato en su página web como referimos anteriormente.

El portal Find the company refiere que Petromarine Energy Services Ltd[6] está ubicada en el 30 Shaw Road, Singapur, 367957. Singapur y su número telefónico es (656) 732-0968.

Cabe destacar la descripción que se hace de la empresa como “una pequeña organización en la industria de las compañías de productos petrolíferos ubicada en Singapur, Singapur. Tiene 2 empleados a tiempo completo”. Llama, pues, poderosamente la atención que a una compañía de estas características PDVSA le haya adjudicado un contrato de las dimensiones del alquiler de la plataforma Aban Pearl.

También en el sitio The Green Book se ofrece otra dirección de Petromarine Energy Services Ltd, esta vez en el 3 Killiney Road #07-05 Winsland House 1, Singapur (239.519) y el teléfono +65 67328768. Fax +65 67320768. Correo electrónico: info@petromarine.sg[7]. Esta dirección coincide con la referida en el informe del que hemos hecho referencia.

Curiosamente, una dirección que coincide con la de la Embajada de Venezuela en Singapur, que para la fecha era: 3 Killiney Road # 07-03 Winsland House I, Singapur 239519, Singapur. Teléfonos (+65) 6491 1172 y (+65) 6866 1439 (Consulado). Así tenemos que la empresa Petromarine Energy Services y la embajada venezolana en Singapur eran vecinas. El informe advierte que para la fecha de la investigación ya Petromarine se había mudado de la citada dirección y sus teléfonos habían sido desconectados.

En  esta empresa, refiere Noticiero Digital, están a la cabeza como directores —designados entre mayo y junio de 2008— Daphne Theodora Grek Yalipsos Casillas (mexicana, residenciada en Atenas, Grecia), Krishna Kumar Nittala (residente de Singapur), y Christof Schlaubitz (alemán, quien vive en las Residencias Partagás, La Castellana, Caracas, Venezuela)[8].

Esta misma publicación dice que la propietaria de Petromarine es una empresa registrada en  Panamá de nombre Inversiones Isapeco S.A., cuya dirección es un P.O. Box y su capital es de 10 mil dólares.

Inversiones Marítimas Isapeco, S.A. fue registrada el 18 de marzo de 1997, un hecho que responde a que en los paraísos fiscales existen empresas y escritorios jurídicos que mantienen un inventario de firmas registradas desde hace muchos años con el objeto de poderlas vender y ajustar la fecha de registro de la sociedad a las necesidades del cliente y así dar la impresión de que se trata de empresas de larga data y experiencia y no las empresas de papel que efectivamente son.

Así sucedió con Isapeco que aun cuando pareciera que tiene 21 años operando, en realidad no es más que una empresa de fachada. En el Registro Público de Panamá consta que esta firma fue comprada por sus actuales y verdaderos propietarios el 22 de abril de 2008, solamente tres meses y 19 días antes del registro en Singapur de Petromarine Energy Services LTD el 12 de agosto de 2008.

El propósito de estas empresas creadas en paraísos fiscales es mantener en secreto la identidad de los verdaderos propietarios, apareciendo como encargados de las mismas agentes locales.

Así, al frente de esta compañía, figura en el Registro Público de Panamá, Eric Stanziola, James Abdiel Juliao, Antonio Sánchez y Marlene Appleton, presidente, secretarios y tesorera, respectivamente. Sin embargo, el informe que hemos reseñado aquí, indica que los verdaderos propietarios controlan la sociedad mediante poderes generales, amplísimos, que le otorga la directiva ficticia de la sociedad. A Inversiones Marítimas Isapeco S.A., estos poderes se los confirieron Socorro Urdaneta, Rafael Hidalgo y Enoc Segundo Martínez Carrasquero, de acuerdo al  poder otorgado por ante el Registro Público de Panamá el 22 de abril de 2008, la misma fecha en que tomaron posesión Inversiones Marítimas Isapeco.

Se determinó a través de un documento firmado y notariado por el agente residente de la empresa, Eric Stanziola, que los dueños de la empresa son los señores Enoc Martínez e Hidalgo Socorro, quienes son propietarios a partes iguales: 50 acciones valoradas en USD 100 cada una.

Indagando otras fuentes se precisa que Petromarine es propiedad del mismo dueño de Astivenca, una empresa contratista de PDVSA con sede en Maracaibo.

Enoc Martínez viajó a Singapur para la firma del contrato de alquiler a PDVSA.

Petromarine también fue registrada en Caracas con un capital de USD 500 teniendo a Hidalgo Socorro como su representante legal. Martínez y Socorro mantienen sociedad en otros negocios, tal es el caso de compañías ubicadas en Miami, a saber, Aceros de América, The Worlwide Group y Astivenca.

En el informe que llegó a nuestro poder llaman la atención acerca del hecho de que el equipo negociador de PDVSA no advirtiera nunca que la propietaria de la unidad semisumergible Aban Pearl no era Petromarine Energy Services LTD sino AOL, esto pese a que en la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo, en el aparte que da cuenta del contrato de arrendamiento de la plataforma se asegura que la firma del convenio tuvo lugar después de la “… Conformación de un equipo de Negociación para la evaluación de estrategias y análisis respectivos de factibilidad de la contratación del servicio”, lo cual estuvo seguido de una “Negociación entre PDVSA y la empresa Petromarine Energy Services LTD para contratación y puesta en operación de la unidad semisumergible Aban Pearl.”.

Advierte el reporte que obviamente se está en presencia de una empresa de maletín que fue creada únicamente a los efectos de llevar a cabo la negociación del Aban Pearl con PDVSA. Para disfrazar el hecho recurrieron a la estrategia de registrar, no una empresa nueva, sino una que ya tuviera algunos años de existencia. 

Compraron, entonces, una empresa registrada en el año 2007 pero que se mantenía inactiva, solamente existía en el papel emitido por el registro de Singapur. Así, Petromarine Energy Services LTD no era más que una empresa de papel de nombre Gerbera Limited a la que procedieron a cambiarle el nombre.

Como capital pagado de la compañía declararon 1,2 millones de dólares de Singapur, una cantidad equivalente a 850.000.00 dólares estadounidenses, una menudencia si se compara con el monto que representó el contrato suscrito entre PDVSA Servicios y Petromarine Energy Services, recordemos USD 1.315.818.950,00.
Todo esto deja en evidencia que PDVSA firmó un contrato con una empresa de maletín, la citada Petromarine Energy Services LTD., un hecho que ocurrió sin un proceso previo de licitación, sin que se advirtiera que se trataba de una compañía sin suficiente capital ni experiencia y, para colmo, que sólo era una empresa intermediaria pues no era propietaria del equipo a contratar con un enorme sobreprecio de USD 662.475.000,00 que iría a enriquecer a miembros del gobierno y la propia empresa petrolera venezolana.

El informe al que hemos venido haciendo referencia subraya que resulta impensable que un contrato de esta naturaleza y monto haya sido suscrito sin el consentimiento del Presidente de PDVSA, los miembros de su Junta Directiva y del propio presidente de la república, Hugo Rafael Chávez Frías.

Llega el Aban Pearl a Venezuela, inicia operaciones y viene la catástrofe

Petróleos de Venezuela, S.A. anunció el 30 de diciembre de 2009 que la plataforma semisumergible Aban Pearl se incorporaba a las operaciones Costa Afuera en la Costa de Paria. Refería la petrolera estatal que la gabarra formaría parte de la flota de equipos que perforarían los ocho pozos de Campo Dragón y ocho pozos del Campo Patao proyectados para la primera Fase del Proyecto Mariscal Sucre (PMS).

En el anuncio, PDVSA daba cuenta de las bondades de la unidad que permitirían la extracción de 600 millones de pies cúbicos de gas diarios, un hecho que, según decían, marcaría historia en la explotación de yacimientos de hidrocarburos costa afuera de Venezuela.

Ya para el 20 de enero de 2010 se anunció que el Aban Pearl había comenzado sus operaciones y, del presidente de la república para abajo alababan el acontecimiento como descriptivo de lo que habían dado en llamar “la Nueva PDVSA”. Loas iban y venían al Proyecto Mariscal Sucre, al socialismo que supuestamente había permitido estos avances y a la puesta en funcionamiento del taladro que, para diciembre de 2012, debía hacer llegar la primera molécula de gas desde el Golfo de Paria a Güiria, para ser procesado en el Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho.

Un comunicado de prensa emitido el 28 de abril de 2010 elogiaba la perforación exitosa del pozo costa afuera DR6 por el Aban Pearl.
Rafael Ramírez y el finado Hugo Chávez lo catalogaron como un “gran logro” de la “revolución”, "Estamos haciendo historia, escribiendo en las páginas de la Venezuela independiente", dijo Chávez durante el Consejo de Ministros en el que se estableció contacto en una cadena de radio y televisión con Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, quien estaba a bordo del Aban Pearl.

Pero la euforia duraría poco.

La madrugada del 13 de mayo de 2010 —como citamos al principio— el taladro se hundió en las costas del estado Sucre luego de que la estructura se inclinara 45 grados (aunque Ramírez refiriera que eran 15 grados, como citamos líneas arriba).

Un siniestro que daba cuenta no solamente de la improvisación con que se manejaban los asuntos en la “nueva PDVSA”, sino que también dejaba al descubierto el fraude del que había sido objeto la petrolera nacional.

Los planes de los negociadores de este contrato se venían abajo y veían cómo la oportunidad de obtener una ganancia bruta cada 24 horas de USD 363.000 hasta sumar en cinco años USD 662.475.000, se quedaba solamente en planes.

Sin embargo…

Pero, aun cuando el accidente dio al traste con el plan, el informe de investigación refiere que pese al hundimiento del Aban Pearl, Petromarine Energy Services LTD pudo cobrar USD 95.171.472,00 por cuatro meses y doce días de operaciones que a los esquilamdores del erario público que planificaron esta jugada le devengaron USD 47.916.000,00.

Cita el informe una nota del diario El Mundo del 15 de mayo de 2010, en la que se informó que PDVSA habría pagado a Petromarine Energy Services LTD unos USD 82 millones para su traslado desde Singapur. Esta empresa, sin embargo, solamente habría cancelado a Aban Offshore USD 30 millones, un sobrecosto de USD 52 millones a la operación de movilización de la unidad.

Previo al hundimiento definitivo, ya el Aban Pearl había sufrido un incidente y había hecho aguas en las costas de Trinidad, y luego de la reparación en el muelle Chaguarama de esa isla del Caribe, Petromarine cobró a PDVSA otros USD 30 millones por movilizarla al lugar donde finalmente fue a parar al fondo del mar.
El reporte añade que Petromarine Energy Services, por concepto de sobreprecios, tuvo una utilidad de unos USD 129.916.000,00.

Refiere también el informe como hecho curioso que Inversiones Marítimas Isapeco, propietaria de las acciones de PetroMarine Energy Services, para la fecha de la firma del contrato con PDVSA y luego del hundimiento del taladro poseía un capital de 10 mil dólares que el 26 de noviembre de 2010 se incrementó súbitamente a USD 50.000.000,00, una cifra muy próxima a los UD 47.916.000,00 cobrados por los 132 días de operación.

Igualmente se registró en Panamá otra empresa de nombre Petromarine Invesments, S.A. propiedad del mismo grupo.

Las denuncias

Ante la Fiscalía General de la República la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional presentó una denuncia que refería que con la subcontratación de la plataforma Aban Pearl a Petromarine Energy Services Ltd, el erario público venezolano sufrió pérdidas originadas por el sobreprecio de hasta 50 millones de dólares en la operación, cuenta un trabajo de El Nacional[9].

También en el seno de la Asamblea Nacional se investigó en 2007 al vicepresidente de Producción y Exploración de PDVSA para la época, Luis Vierma, a quien se responsabilizó de haber otorgado contratos a empresas de maletín con lo que defraudó a la petrolera. A este alto ejecutivo se le señaló de ser el promotor de la contratación del Aban Pearl, denuncias que se quedaron solamente en el enunciado pues aun cuando admitió esta y otras irregularidades no recibió ninguna sanción, se jubiló de PDVSA y se dedicó por completo a Iroquois Capital Opportunity Fund, donde aparece como el socio accionista de mayor importancia del mencionado fondo, que sobrepasa los 250 millones de dólares[10].

El informe de la Comisión de Contraloría

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, por iniciativa de su presidente para la fecha, Freddy Guevara, realizó una investigación cuyo informe final fue aprobado el 17 de febrero de 2016.

La averiguación, signada con el número 1648 documentó las presuntas irregularidades administrativas cometidas bajo la gestión de Rafael Ramírez como presidente de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, entre los años 2004 y 2014, la cual estuvo caracterizada por un conjunto irregularidades entre los que se encuentra el caso de la “Gabarra Aban Pearl”.

Sobre este hecho, el ente parlamentario dijo que en el año 2008 la Filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), PDVSA Servicios S.A. contrató el arrendamiento del taladro “Aban Pearl” con la empresa Petromarine Energy Services LTD.

Se precisó que el contrato establecía una inversión asociada de unos USD 1.315.818.950 que concordaban con lo rendido por el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo en su Memoria y Cuenta del año 2008 en las páginas 1005 y 1006. También se confirmó el canon de arrendamiento citado al inicio de esta nota de USD 730.000,00 diarios durante un período de cinco años.

El ente parlamentario comprobó el subarrendamiento de la unidad semisumergible “Aban Pearl” por parte de Petromarine, la cual la alquilaba a su vez a la auténtica propietaria de la plataforma, la empresa Aban Offshore Limited, AOL, un hecho que permitió asegurar a la Comisión de la AN que se había violado lo establecido en la reglamentación referente a las contrataciones con Petróleos de Venezuela, S.A., pues no se observaron las normas del Manual de Mecanismos y Contrataciones de PDVSA y sus Empresas Filiales, “que según consta en los estatutos de la empresa Bariven S.A. consagrados en el Acta Constitutiva y Estatutaria, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda bajo el Nº 31, Tomo 59- A Sgdo, en fecha 23 de diciembre de 1975, su objeto es ‘(…) comprar, vender o permutar bienes muebles o inmuebles, dentro o fuera de la República y con este objeto, podrá emitir o adquirir obligaciones; la prestación de servicios de ingeniería, de asesoría y consultoría; la prestación de servicios para el desarrollo de infraestructuras y ejecución de proyectos, incluyendo la administración y gestión de proyectos dentro o fuera de la República y la prestación de otros servicios; la sociedad podrá promover, como accionista o no; otras sociedades civiles o mercantiles y asociarse con personas naturales o jurídicas, todo conforme a la ley; fusionar, reestructurar o disolver empresas de su propiedad; otorgar y obtener créditos, financiamientos, fianzas, avales o garantías, de cualquier tipo y en general, realizar todas aquellas operaciones, contratos y actos comerciales que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento del mencionado objeto’; todo ello en nombre de PDVSA, lo cual quiere decir que era Bariven S.A. quien debía hacer el alquiler de la gabarra y no Petromarine, puesto que la única empresa encargada de fungir como intermediaria en las compras de la Estatal Petrolera es la filial Bariven; en tal sentido existe una violación flagrante del principio de transparencia de los actos administrativos; además de infracciones a las regulaciones referentes a la contratación con el Estado estipuladas en la Ley de Contrataciones Públicas 28 aplicable para el momento, en la Ley contra la Corrupción vigente en el período en el cual sucedieron los hechos y del manual mencionado con anterioridad”[11], reza el  informe de la Comisión Permanente de Contraloría dado a conocer por el portal Transparencia Venezuela.

No conforme con esto, la comisión de contraloría estableció que aparte del fraude a los fondos públicos, la negociación Petromarine Energy Services significó una contratación con intermediario indebido, además de sobreprecio en el pago del canon de arrendamiento, el cual ascendió a USD 444.000,00 diarios. Un diferencial que, según explicaron los parlamentarios, se obtiene de lo declarado por el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo en la Memoria y Cuenta del año 2008 (USD 730.000,00) y lo declarado en el Reporte de la empresa Aban Offshore denominado “Aban Offshore Limited. Annual Report 2010-11” en el que manifestó haber recibido una cantidad considerablemente inferior a lo informado por el Ministerio y que asciende a la suma de USD 286.000,00 diarios por motivo de la renta por alquiler. (Esta cifra difiere de la señalada anteriormente en la investigación recogida por el portal Noticiero Digital)

La conclusión a la que llegó la Comisión Permanente  de Contraloría de la Asamblea Nacional fue que la contratación del Aban Pearl afectó diariamente el patrimonio público en USD 444.000,00 que, al multiplicarse por el total de 580 días de alquiler por USD 257.520.000,00 equivale a Bs.553.668.000,00 en pago de sobreprecios indebidos y contrarios al ordenamiento jurídico venezolano. Un hecho que se suma a la contratación ilegal con una empresa intermediaria distinta a Bariven S.A., la cual es la única facultada para actuar con tal carácter en representación de Petróleos de Venezuela.

Hay que hacer notar que también en la época en que Luisa Ortega Díaz ostentaba el Ministerio Público, Ismael García, Juan José Molina y Wilmer Azuaje, a la sazón diputados de la Asamblea Nacional, denunciaron y acusaron a Rafael Ramírez (presidente de PDVSA), a Jesús Figueroa (presidente de PDVSA Servicios) y a Krishma Kumar Nittala, quien suscribe el contrato por parte de Petro Marine[12].

El trío de parlamentarios alertó de la falta de licitación para adjudicar el contrato, del sobreprecio en el mismo, de la intermediación indebida de la empresa PetroMarine y que esta empresa fue creada expresamente para firmar el contrato con PDVSA Servicios para el alquiler. García, Molina y Azuaje dijeron que la empresa panameña dueña de la compañía intermediaria tenía un capital de solamente de  USD 10.000, una cantidad que no guardaba relación alguna con el exorbitante monto del arrendamiento de la plataforma de perforación. Precisaron también que los dueños de la empresa de Singapur son contratistas de PDVSA en Venezuela.

Los diputados enfatizaron que el Aban Pearlno no era otra cosa que una “chatarra” que antes de llegar a Venezuela tuvo que ser auxiliado por el Servicio de Guardacostas de Trinidad y Tobago al haber estado a punto de naufragar.

También el geólogo Gustavo Coronel, exintegrante de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. denunció ante la Fiscalía General de la República estos hechos aquí narrados sin que la misma tuviera eco ni en el propio Ministerio Público donde fue presentada, ni en la Contraloría General donde nunca se ha investigado nada al respecto.

Hay que hacer notar que el hundimiento del Aban Pearl dio a pie a una posterior negociación que igualmente significó la afectación del patrimonio público venezolano: La contratación de arrendamiento del “buque fantasma” Petrosaudí Saturn a la empresa PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. por parte de PDVSA Servicios, S.A. el 21 de agosto de 2010 y del que hemos hecho referencia en entregas recientes.


______________________________________________________


[1] BBC Mundo. “Se hunde plataforma de gas en Venezuela”. 13 de mayo de 2010. http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/05/100513_venezuela_hundimiento_plataforma_gas_lh

[2] Correo del Orinoco. “Informó Rafael Ramírez|Falla en el sistema de flotación ocasionó hundimiento de plataforma Aban Pearl”. 13 mayo de 2010. http://www.correodelorinoco.gob.ve/falla-sistema-flotacion-ocasiono-hundimiento-plataforma-aban-pearl/ 

[3] Noticias 24. “Plataforma Aban Pearl presentaba fallas desde el 2009”. 14 de mayo de 2010. http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/155118/plataforma-aban-pearl-presentaba-fallas-desde-el-2009/

[4] Aban Offshore Limited. http://www.aban.com/downloads/aolpresentation.pdf

[5] Petroleum World. “Gustavo Coronel: The Aban Pearl, the proof”. http://www.petroleumworld.com/editorial12071001.htm

[6] Find the company. Petro Marine Energy services LTD. http://listings.findthecompany.com/l/268837038/Petromarine-Energy-Services-Ltd

[7] The Green Book. Petromarine Energy Services Ltd. http://www.thegreenbook.com/companies/petromarine-energy-services-ltd/

[8] Noticiero Digital. “El caso del Aban Pearl”. 11 julio de 2012. http://www.noticierodigital.com/2012/07/el-caso-del-aban-pearl/

[9] El Nacional. “El gusto de Pdvsa por las empresas offshore”. 10 de diciembre de 2017. http://www.el-nacional.com/noticias/petroleo/gusto-pdvsa-por-las-empresas-offshore_214745

[10] Noticias Candela. “Notas del Día 06/01/2016. Exvicepresidente de Exploración y Producción”. 6 de enero de 2016. http://www.noticiascandela.informe25.com/2016/01/notas-del-dia-06012016.html

[11] Transparencia Venezuela. Asamblea Nacional. Comisión Permanente de Contraloría. Expediente N° 1648. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/10/Informe-Final-Expediente-1648-PDVSA.pdf

[12] Noticias Candela. “Ismael García consignará investigaciones ante la Fiscalía sobre caso Aban Pearl”. 13 de mayo de 2010. http://www.noticiascandela.informe25.com/2010/05/ismael-garcia-consignara.html

martes, 13 de febrero de 2018

Exfuncionarios de PDVSA que participaron en esquema de corrupción fueron investigados por más de 5 años

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Luego de más de 5 años de investigación, la fiscalía del Distrito Sur de Texas acusó formalmente a cinco exfuncionarios del gobierno venezolano de haber participado en un plan internacional de lavado de dinero que involucraba el pago de coimas para asegurar de forma corrupta los contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Dos de los cinco acusados ​​también están acusados ​​de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Según el comunicado de la fiscalía, cuatro de los acusados: Luis Carlos De León Pérez (De León), 41; Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas (Villalobos), 50; César David Rincón Godoy (César Rincón), 50; y Rafael Ernesto Reiter Muñoz (Reiter), de 39 años, fueron detenidos en España en octubre de 2017 por las autoridades españolas con órdenes de arresto basadas en una acusación de 20 cargos presentada en el Distrito Sur de Texas el 23 de agosto de 2017. 

César Rincón fue extraditado de España el 9 de febrero e hizo su comparecencia inicial ante el Juez, MJ Stephen Smith, del Distrito Sur de Texas este lunes 12 de febrero. Por su parte, De León, Villalobos y Reiter permanecen bajo custodia española en espera de su extradición. Un quinto acusado, Alejandro Istúriz Chiesa (Isturiz), de 33 años, sigue prófugo de la justicia. Los cinco acusados ​​son ciudadanos venezolanos; De León también es ciudadano de los EE. UU.

El comunicado oficial de las autoridades norteamericanas dice que De León, Villalobos, Reiter e Isturiz están acusados ​​de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. César Rincón está acusado de dos cargos de conspiración para cometer lavado de dinero. Cada uno de los acusados ​​está acusado de uno o más cargos de lavado de dinero, de la siguiente manera: De León, César Rincón y Reiter, cuatro cargos cada uno; Villalobos, un cargo; e Isturiz, cinco conteos. De León y Villalobos también están acusados ​​de un cargo de conspiración para violar la FCPA.

"La corrupción amenaza la estabilidad económica y política, y victimiza a las personas que cumplen la ley ordinaria al desviar fondos públicos a los bolsillos de funcionarios corruptos y sobornar a los contribuyentes", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Cronan. 

Señaló que "Los cargos anunciados contra los mencionados funcionarios demuestran nuestro compromiso de luchar contra la corrupción en su origen y enjuiciar a quienes presuntamente blanquean sus ganancias ilícitas a través de instituciones financieras y bienes raíces estadounidenses. A través de casos como este, estamos enviando un fuerte mensaje a los funcionarios extranjeros corruptos: si blandas tus ganancias obtenidas ilegalmente a través de los Estados Unidos, serás procesado ".

"La disuasión efectiva de la corrupción requiere el enjuiciamiento de las personas culpables, donde sea que se encuentren esas personas", dijo el abogado estadounidense Patrick. "Continuaremos aplicando la FCPA contra aquellos que se aprovechan de los privilegios del mercado estadounidense".

"Este caso es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando las agencias policiales internacionales trabajan juntas para frustrar crímenes transfronterizos complejos", dijo el agente especial a cargo de este caso Dawson. "HSI se compromete a mantener el estado de derecho e investigar a aquellos que participarían en prácticas ilegales.

La acusación formal alega que los cinco acusados, todos los cuales eran funcionarios de PDVSA y sus subsidiarias o ex funcionarios de otras agencias del gobierno venezolano, eran conocidos como el "equipo de gestión" y ejercían una influencia significativa dentro de PDVSA. 

Según la acusación formal, el equipo de administración conspiró entre sí y con otros para solicitar a varios proveedores de PDVSA, incluidos vendedores que eran residentes de los Estados Unidos, y que poseían y controlaban negocios incorporados y con sede en los Estados Unidos, sobornos a cambio de proporcionar asistencia a esos proveedores para ganar contratos de PDVSA.

La acusación también alega que los co-conspiradores luego lavaron el producto del plan de sobornos a través de una serie de transacciones financieras internacionales complejas, incluso hacia, desde o a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos, y, en algunos casos, blanquearon los fondos del soborno en la forma de transacciones inmobiliarias y otras inversiones en los Estados Unidos.

Según la acusación, dos vendedores de PDVSA, Roberto Enrique Rincón Fernández (Roberto Rincón), 57, de The Woodlands, Texas, y Abraham José Shiera Bastidas (Shiera), 54, de Coral Gables, Florida, enviaron más de $ 27 millones en pagos de soborno a una cuenta en Suiza para la cual De León era un beneficiario real y De León y Villalobos eran firmantes autorizados. 


La acusación formal alega que esos fondos luego fueron transferidos a otras cuentas en Suiza. Tanto Roberto Rincón como Shiera se declararon previamente culpables en el Distrito Sur de Texas de cargos de lavado de dinero y violación de la Ley de Prácticas Corruptas en relación con un plan para sobornar a los funcionarios de PDVSA. 

De acuerdo con las admisiones hechas en relación con sus alegatos, Roberto Rincón y Abraham Shiera pagaron sobornos y proporcionaron otras bienes de valor a los funcionarios de PDVSA para asegurar que sus compañías fueran colocadas en los paneles de licitación de PDVSA y garantizar que recibieran prioridad de pago por delante de otros proveedores de PDVSA con facturas pendientes. 

Roberto Rincón y Shiera están esperando la sentencia que ha sido prorrogada para el 23 de agosto de 2018. 

lunes, 12 de febrero de 2018

Estados Unidos acusa a 5 ex funcionarios venezolanos en esquema de sobornos de PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los fiscales federales del Distrito Sur de Texas en Houston presentaron cargos contra cinco ex funcionarios del gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro en conexión con un presunto esquema de soborno en la gigante petrolera estatal venezolana, PDVSA.

Entre los acusados de lavado de dinero este lunes se encuentran Rafael Reiter Muñoz; el viceministro de Energía, Nervis Villalobos Cárdenas. En los documentos se lee que los dos funcionarios fueron  ayudantes del ex zar del petróleo de Venezuela y ex embajador de las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, quien hasta ahora no ha sido acusado.

La acusación formal alega que dos vendedores de PDVSA enviaron más de $27 millones en sobornos a cuentas en bancos suizos controladas por Nervis Villalobos y otro ex funcionario, Luis Carlos León, quien también fue acusado. Los tres hombres fueron arrestados en España en 2017 y enfrentan un proceso de extradición que ya fue aprobado por la Real Audiencia Española.

El Departamento de Justicia ahora ha anunciado cargos contra un total de 15 personas como parte de una investigación más amplia sobre sobornos en PDVSA. Este caso tiene vinculación directa con el de Roberto Rincón y Abraham Shiera.

viernes, 9 de febrero de 2018

Corte de apelación falla en contra de Crystallex en caso de Citgo-Pdvsa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos denegó la apelación interpuesta por la empresa canadiense Crystallex que buscaba la realización de una nueva audiencia para estudiar su demanda transferencia fraudulenta contra la estatal petrolera venezolana PDVSA.
La compañía minera aspiraba la reconsideración de su caso pero la petición de nueva audiencia no encontró eco en los jueces que participaron en la decisión del referido tribunal ni en todos los demás magistrados de circuito. Según se informó ningún juez que concurrió en la decisión ha pedido una nueva audiencia y la mayoría de los jueces del circuito en el servicio regular no han votado para volver a escuchar la petición por lo que la Corte en pleno deniega la petición.

Establecer que el gobierno de Venezuela y Petróleos de Venezuela, S.A. habían transferido fraudulentamente miles de millones de dólares de activos de Citgo y habían retirado efectivo de los Estados Unidos era la estrategia a la que había recurrido la minera Crystallex en un intento por recuperar parte de su inversión en Venezuela luego de haber sido objeto de expropiación por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez Frías.

Crystallex presentó originalmente esta demanda durante el mes de noviembre de 2015 acogiéndose para a ello en lo establecido en la Ley Uniforme de Transferencia Fraudulencial (DUFTA) de Delaware, por lo cual recibió un revés cuando los jueces decidieron 2-1 en la Corte Federal de Apelaciones del Tercer Circuito (Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey y las Islas Vírgenes) el 3 de enero.

La empresa canadiense, entonces, solicitó la realización de una nueva audiencia en banc ante la totalidad de los jueces —alrededor de 12 magistrados activos y pueden sumarse jueces superiores— cuyo voto es absolutamente necesario para que la petición se aprobada. Hay que apuntar que, por ejemplo, el juez senior, Julio Fuentes, escribió la posición disidente de Crystallex, mientras la jueza principal, Marjorie Rendell, escribió la opinión de la mayoría de los jueces.  Ahora bien, como jueces sénior, ni Rendell ni Fuentes, lograron obtener un voto favorable.

En este tribual solamente fue posible escuchar 18 casos bajo estas condiciones —sala plena— desde 2010 hasta 2015. Es decir, uno de cada mil casos que allí se reciben.

Y si bien el caso Crystallex es interesante para una determinada audiencia, el mismo a los ojos del tribunal, no reviste la importancia para escucharlo en banc y es visto únicamente como un asunto de interpretación de  la ley estatal. Y es que en el Tercer Circuito solamente han logrado llegar al estado en banc los casos que suponen una anulación de un precedente anterior, algo que no ocurre en el caso presentado por la minera canadiense.

La empresa, por otra parte, ha presentado ante el juez principal del Tribunal Federal de EE. UU. en Delaware, Leonard Stark, una argumentación que sostiene que PDVSA es un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela, a objeto de poder embargar bienes de la petrolera estatal si el país no cancela a la compañía las reparaciones por expropiación dictaminadas por el Ciadi.

El juez Stark ordenó a Crystallex y PDVSA que resuelvan algunos problemas en un término de inmediatez.

La orden reza: “Se ordena que, a más tardar el 6 de febrero de 2018, las partes deberán presentar informes simultáneos que no excedan cinco (5) páginas cada uno, que aborden: (1) el estándar probatorio que Crystallex debe cumplir para demostrar su reclamo de alter ego y superar la presunción de separación de Bancec, y (2) si las acciones de PDVH se utilizan para una actividad comercial y no son de naturaleza meramente comercial. Los resúmenes de cartas responsivas, que no excedan las tres (3) páginas cada una, se archivarán a más tardar el 8 de febrero de 2018. ORDENADO por el juez Leonard P. Stark el 1/31/18. (ntl) (Introducido: 31/01/2018)”.

Es necesario apuntar que la naturaleza y el sesgo de las preguntas no son un buen augurio para Crystallex por lo que los alegatos que presenten los abogados serán determinantes para el desarrollo de este caso.

Finalmente, la decisión no favoreció a Crystallex:

“Este Tribunal ordena que la negociación, ejecución, entrega o cumplimiento del acuerdo de liquidación por parte del solicitante u otras personas no creará ni se considerará que constituya una infracción de ninguna ley aplicable, y el solicitante u otras personas no tendrán ninguna obligación de pagar a cualquier persona como resultado de la negociación, ejecución, entrega o ejecución del acuerdo del arreglo”.