sábado, 18 de agosto de 2018

Roberto Rincón recupera Ferrari y Lamborguini incautados por el gobierno de E.E. U.U.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Gracias a una orden aprobada por el juez del Distrito Sur de Texas, Gray H, Miller, de liberarle el sello al documento número 72 del expediente criminal del contratista venezolano, Roberto Rincón Fernández, procesado en los Estados Unidos por delitos de corrupción y lavado de dinero, se evidenció que el 11 de julio de 2016, el acusado logró recuperar los vehículos deportivos de lujo (Ferrari y Lamborghini) que habían sido incautados por el gobierno norteamericano.

La información sobre la liberación de los dos automóviles se mantuvo en secreto hasta agosto de 2018, cuando el tribunal acordó quitarle el sello a la comunicación que otorga la concesión a favor de Rincón Fernández.
Roberto Rincón fue arrestado en diciembre de 2015, acusado de haber participado en un esquema de corrupción en el cual se pagaron alrededor de 1.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela para que las empresas del acusado y de sus socios, entre los cuales destaca Abraham Shiera, lograran obtener lucrativos contratos que incluían altos sobreprecios exhorbitantes.

Los dos vehículos valorados en más de USD 500 mil dólares fueron incautados por orden judicial tras su detención en diciembre de 2015. La fiscalía procedió de inmediato a las gestiones administrativas para  la confiscación de los bienes pero el proceso se detuvo debido a que Roberto Rincón Fernández presentó un reclamo administrativo que le permitió recuperar sus costosos autos deportivos. 




En junio de 2016, Rincón Fernández se declaró culpable de los cargos de pago de sobornos en el extranjero y fraude por su participación en un esquema de corrupción para asegurarse la adjudicación de contratos de PDVSA para sus empresas. Desde entonces ha colaborado con los fiscales norteamericanos entregando información privilegiada sobre corporaciones, funcionarios del gobierno venezolanos y otros contratistas, lo cual le permitirá disminuir su condena sustancialmente.

Recupera sus vehículos 

De acuerdo a la decisión del juez, que fue originalmente firmada el 11 de mayo de 2016, el tribunal aprobó entregar a sus dueños los siguientes vehículos: 1) 2013 Ferrari Four, identificado con el serial ZFF73SKA7D0191348, Placa emitida en el estado de Texas BLP7110, y 2) 2010 Lamborghini Gallardo Balboni, serial ZHW6USBZ3ALA09491, Placa Texas BT5R978.


El documento donde se evidencia que la justicia estadounidense le devolvió los dos vehículos a Roberto Rincón, está acompañado de una moción de no oposición firmada por el acusado donde le pide al juez que se le quite el sello al documento 72 de su expediente, argumentando que no hay ninguna razón para mantenerlo en sellado, por lo que solicita que el mismo sea publicado. 

Los abogados de Rincón, Samuel J. Louis, Jim E. Lavine y Gary Siller entregaron la misiva al tribunal el 26 de julio de 2018.  El juez citó la orden del 11 de mayo de 2016 cuando la corte determinó que el gobierno de los Estados Unidos debía mantener en custodia los dos vehículos identificados anteriormente. El 7 de agosto de 2018, el juez Miller concedió la moción y el documento fue publicado el 9 de agosto de 2018.

Roberto Rincón Fernández será sentenciado el 18 de febrero de 2019.







viernes, 17 de agosto de 2018

Rafael Ramírez evitó que PDVSA suspendiera patrocinio a Pastor Maldonado en la Formula 1

Aunque ha tratado de evadir su responsabilidad en este sentido, Ramírez habría sido quien impidió dar por terminado el contrato que PDVSA mantenía con Lotus F1 Team Limited.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un oficio emitido por la consultoría jurídica de Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, dirigido al entonces presidente de la estatal, Eulogio Del Pino, demuestra que la corporación buscaba suspender el patrocinio que mantenía al corredor de Fórmula 1, Pastor Maldonado, a través de un contrato suscrito con Lotus F1 Team Limited, que la obligaba a pagar anualmente USD 46 millones.

En el texto del oficio se deja sentado claramente que fue Rafael Ramírez, presidente de PDVSA hasta el año 2014, quien impidió rescindir del contrato, pues instruyó al área legal “mantener dicho compromiso contractual”.

El 12 de febrero de 2015, el Consultor Jurídico de PDVSA, Álvaro Ledo, le dirigió una comunicación al presidente de la estatal petrolera, Eulogio Del Pino, para consultarle si la corporación haría uso de la cláusula contractual que le permitía dar por terminado anticipadamente o no, el contrato que desde el 8 de noviembre de 2013 mantenía con la Lotus F1 Team Limited para el patrocinio del piloto venezolano Pastor Maldonado, sin que tal rescisión acarreara responsabilidad alguna.

Se trataba de un acuerdo con el equipo automovilístico conforme al cual, a cambio de una cuota anual de comisión por patrocinio, PDVSA tenía el derecho de utilizar espacios de patrocinio para la publicidad y promoción de marcas de la empresa durante los campeonatos 2014, 2015 y 2016.

Ledo explicaba a Del Pino en el comunicado que PDVSA podía dar por terminado anticipadamente el contrato respecto de sus obligaciones relativas al campeonato 2016, lo que le permitiría a la empresa evitar el pago de USD 46 millones por concepto de cuota anual de comisión por patrocinio para ese año. Eso sí, advertía que para ello procediera sin acarrear responsabilidad para PDVSA, debía notificarse al equipo la decisión antes del 1° de septiembre de 2015, lo cual no podía hacer con respecto al campeonato que se iniciaba en ese año 2015.

El consultor jurídico de PDVSA se refería a la cláusula 9.8 del contrato, la cual permitía su terminación anticipada por decisión unilateral de cualquiera de las partes mediante notificación escrita, algo que debía ocurrir para que procediera, a más tardar 60 días antes de la fecha de pago de la comisión correspondiente al año siguiente del campeonato de F1.

Dichas fechas estaban especificadas en la cláusula 4.1 que indicaba el 1° de noviembre 2014 para el campeonato de 2015 y 1° de noviembre 2015 para el campeonato de 2016.

De ocurrir esto en las fechas señaladas, ninguna de las partes quedaba comprometida a pagar ninguna compensación a la otra al haber actuado dentro de los plazos establecidos para ello.

Álvaro Ledo explicaba que para el año en curso al momento de la emitir la comunicación, es decir 2015, la suspensión del patrocinio no se había llevado a cabo en razón de que Rafael Ramírez, presidente de la estatal para la fecha, instruyó mantener dicho compromiso contractual.

La amnesia de Rafael Ramírez sobre el asunto

Cabe señalar a manera de inciso que Rafael Ramírez Carreño pareció olvidar este hecho y sus instrucciones en particular al momento en que Andrea Tosta le consultó si tenía documentado —había asegurado previamente que guardaba copia de todos los documentos por él suscritos durante su gestión— el pago de 45 millones de libras esterlinas —varía la moneda— anuales por un contrato para que Pastor Maldonado pudiese correr en la Fórmula 1.

Nos referimos a una entrevista concedida por Rafael Ramírez Carreño a la comunicadora y a César Batiz para el portal El Pitazo, en la que el exfuncionario evitó responder argumentando no recordar el monto. “Mira, no sé esa cantidad. A menos que tú tengas el contrato en la mano y me lo mandes, yo te diría que estás equivocada”, fueron sus palabras.

Intervino entonces Batiz para precisar que los medios de comunicación habían publicado información al respecto.

La respuesta de Rafael Ramírez —quien ante el comentario del periodista pareció recobrar la memoria y sus recuerdos sobre el asunto— se dirigió a justificar la negociación bajo el alegato de que las grandes empresas como Shell, Petronas, Petrobras recurren a esta forma de promoción de sus marcas.

“Nosotros hicimos una operación que fue aprobada por la junta directiva como hacen otras petroleras del mundo (…) De apoyar a un deportista de alta competencia, que trae mucha atención publicitaria, en este caso teníamos un corredor estrella que era Pastor Maldonado. Yo mandé a hacer un estudio de cuánto nos hubiera costado una campaña internacional a favor de la empresa en comparación con lo que nos costó lo de Pastor Maldonado y quedamos muy bien. En fin. También hicimos una figura de Bolívar en el Carnaval de Río y estábamos tratando de entrar al mercado brasileño, todas esas cosas de propaganda, de promoción. Nuestra empresa PDVSA estuvo en todo Brasil a partir de eso. Muchachos, esas son cosas del día a día de una corporación como PDVSA, como cualquier otra. De todas maneras podemos entrar en una competencia de documentos. Con Pastor lo único malo fue que no ganó mucho, pero cada vez que ese carro le daba una vuelta a esa pista lo que se veía por todos lados era PDVSA”[1].

La advertencia de los abogados

Prosiguiendo con el documento de la consultoría jurídica de PDVSA, se advertía que cuando se hablaba en el contrato de “caso de fuerza mayor”, se excluía “expresamente la falta de fondos para el pago de las cuotas, cualesquiera que fuera la causa de dicha falta de fondos”. Se arriesgaba PDVSA, de proceder de esta manera, a tener que pagar a Lotus daños y perjuicios que el equipo demostrara haber incurrido con motivo del incumplimiento de la petrolera ante un tribunal inglés “hasta un monto que podría alcanzar la cuota anual aplicable para el campeonato 2015, esto es, 44 millones de dólares”.

Álvaro Ledo recomendaba actuar de inmediato para evitar que el olvido o una falla en las comunicaciones impidieran hacer la notificación a tiempo y así esquivar cualquier inconveniente que “nos vuelva a atar para la temporada 2016 al contrato de patrocinio”.

Una parte del texto al final de la comunicación pareciera asomar que PDVSA buscaba por todos los medios dejar el patrocinio, incluso, del año en curso para el momento de la remisión del comunicado: “No obstante, por lo que toca a la presente temporada 2015, para culminar el contrato para este mismo año 2015, lo recomendable sería entablar conversaciones con el Equipo para tratar de negociar una salida en la que el pago de la indemnización sea lo más baja posible. Adjunto, una opinión de Curtis, Mallet, donde coincide con los planteamientos que le hemos expuesto”.

Se refería Álvaro Ledo a una consulta formulada por su despacho a la firma Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP[2], un escritorio jurídico internacional fundado en 1830, con sede en Nueva York que cuenta con más de 300 abogados en 17 oficinas en todo el mundo, lo cual viene a corroborar el interés de la corporación venezolana de dar fin al contrato sin verse afectada en sus intereses.

Desde este despacho se emitió el 28 de enero de 2015 una opinión al respecto en que se exponía lo argumentado por Ledo a Eulogio Del Pino en la comunicación anteriormente citada.

“PDVSA puede dar por terminado anticipadamente el Contrato, sin responsabilidad, respecto de sus obligaciones relativas al campeonato 2016 y con ello evitar el pago de 46 millones de dólares por concepto de cuota anual de comisión por patrocinio para ese campeonato, siempre y cuando notifique al Equipo su deseo de dar por terminado el Contrato antes del 1 de septiembre de 2015. Sin embargo, en ausencia de un acuerdo entre las partes en contrario o incumplimiento del Equipo a sus obligaciones derivadas del Contrato, PDVSA no puede libremente dar por terminado anticipadamente sin responsabilidad el Contrato respecto de sus obligaciones relativas al campeonato 2015, excepto si PDVSA notificó antes del 1 de septiembre de 2014 su intención de darlo por terminado para ese campeonato”, reza el oficio de la firma de abogados. 


miércoles, 15 de agosto de 2018

En 2015 se “perdieron” 400 máquinas de construcción en La Faja Petrolífera del Orinoco

A más de tres años de los acontecimientos, no hay nadie que dé cuenta de lo sucedido y mucho menos de los responsables, por lo que a la fecha se desconoce dónde están las cuatrocientas máquinas de construcción pertenecientes a la Misión Vivienda que se extraviaron de la División Junín-PDVSA de la FPO.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

Cuatrocientas máquinas de construcción pertenecientes a la Misión Vivienda Venezuela PDVSA Petrocedeño, División Junín que estaban signadas a la División Junín-PDVSA de la Faja Petrolífera del Orinoco, FPO, se “perdieron” en 2015 sin que a la fecha se tengan noticias acerca del paradero de las mismas, del resultado de las investigaciones que distintas instancias abrieron en torno al hecho y, menos aún, de la identidad de los responsables de tan insólito extravío.
El hecho fue denunciado por el Cuerpo de Inspectores Socialista de la Presidencia de la República, instancia que llevó a cabo una investigación en el lugar de los acontecimientos y así lo hizo saber a al despacho presidencial de donde emanaron órdenes a la Vicepresidencia, para el momento a cargo de Jorge Arreaza, para que diligenciara todas las acciones objeto de dar con los responsables y se aplicaran los correctivos y sanciones pertinentes.

Sin embargo, el descubrimiento de los hechos se dio a partir de un hecho fortuito, la captura de tres ciudadanos en posesión de una de estas máquinas ya en proceso de desmantelamiento. Hasta el momento, sólo esas tres personas figuran como los protagonistas del hecho irregular y solamente ellos, que se conozca, han afrontado las consecuencias de lo sucedido.

Pese a que los hechos generaron en distintos organismos un conjunto de acciones y averiguaciones —como veremos más adelante— al parecer todo no pasó del rebullicio de los primeros momentos, puesto que se desconoce —por lo menos públicamente— qué sucedió con la 400 máquinas de construcción.

Una falta de respuesta que tampoco despierta el más mínimo apremio en las autoridades por descubrir qué sucedió y que se justifica en argumentos como el esgrimido por Rafael Ramírez expresidente de PDVSA por diez años (2004-2014) y ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería por doce (2002-2014), en una entrevista concedida a el portal El Pitazo en la que se sacude toda responsabilidad de hechos de corrupción como el descrito bajo el argumento de que desde esas altas posiciones es imposible estar al tanto de todo cuanto hagan las diferentes gerencias y funcionarios dentro de una estructura organizativa tan compleja como la de la estatal petrolera[1].

La División Junín de la FPO, escenario de los acontecimientos, está ubicada entre los estados Anzoátegui y Guárico, abarcando un área de 15.136,22 km2 que contiene una reserva de 98 mil millones de barriles de petróleo. Operan allí un conjunto de empresas mixtas n concreto fueron fiscalizadas seis empresas mixtas: Petrocedeño, Petrojunín, Petrourica, Petromiranda, Indovenezolana, Petroanzoátegui y Distrito Junín Sur.

A continuación presentaremos a los lectores una cronología de los hechos acaecidos al momento de descubrirse la pérdida de la maquinaria, sustentada en documentos que están en nuestro poder y que revelan cómo se descubrió la pérdida, los entes que intervinieron y las acciones iniciales tomadas al respecto.

Los hechos

El 23 de enero de 2015, la Fiscalía Vigésimo Primera del Ministerio Público de la circunscripción judicial del estado Anzoátegui comisionada de acuerdo a todos los preceptos legales, inició la averiguación penal signada con el N° MP-33715-2015, en virtud de las actuaciones practicadas por el Comando de Zona N° 52, Destacamento N° 524, Primera Compañía de la Guardia Nacional Bolivariana-San Diego de Cabrutica, estado Anzoátegui, relacionadas con la comisión de un presunto ilícito, a saber Tráfico ilícito de recursos o materiales estratégicos, hecho ocurrido con ocasión a la aprehensión de Luis Argenis García, Apolimar Rito Ochoa Moy y Pedro Vicente Martínez Damas a quienes se les retuvo una máquina pesada tipo Payloder, modelo LW300K, año 2012, Serial 1300K0110826, color amarillo que se encontraba sin partes del motor y que pertenecía a la Misión Vivienda Venezuela PDVSA Petrocedeño, División Junín, la cual no contaba con la documentación correspondiente. Un hecho que la fiscalía señalaba afectaba directamente al estado venezolano al que colocaba en carácter de víctima.

El Ministerio Público instó a los órganos auxiliares de los diferentes cuerpos de investigación a practicar todas las diligencias pertinentes, urgentes y necesarias para esclarecer los hechos.

En la misma fecha, 23 de enero de 2015, el Comando de Zona N° 52, Destacamento N° 524 de la Guardia Nacional Bolivariana a cargo de Augusto Leal Quintero, dirigió el oficio N° CZGNB-52-D-524-SIP-0012 al general de brigada viceministro de seguimiento e inspección de gestión de gobierno del despacho de la presidencia para solicitar la designación de una Comisión Representada por el Cuerpo de Inspectores Socialista de la Presidencia de la República para hacer “un Abordaje Integral en la División Junín-PDVSA de la Faja Petrolífera del Orinoco, en relación a la perdida y extravió de Cuatrocientas (400) Maquinas de Construcción, pertenecientes e la Gran Misión Vivienda Venezuela”.

El 5 de febrero de 2015, Julio Guevara, gerente general de la División Junín remitió una comunicación al viceministro de Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno, G/B Larrín José Rivero García, para advertir que “sin menoscabo de las atribuciones y funciones que tienen los camaradas Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República, permítome, respetuosamente, hacer la salvedad, que Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA) empresa socialista del estado venezolano, se ciñe a estatutos y normativas internas que definen su funcionamiento administrativo, amén de las demás leyes de la República que la rigen. En tal sentido y sin que ello se entienda como una posición contumaz en aportar la información que como Gerente General de la División Junín, me ha sido requerida el día 04 de febrero de 2015 a las 4 pm, le manifiesto, que ya informé a los niveles superiores respectivos, Director Ejecutivo de Producción Ingeniero Pedro León, sobre el caso que nos ocupa, a los fines de recibir los lineamientos e instrucciones que permitan dar curso al abordaje integral ordenado a dicha división”.

Igualmente alertó que en la División Junín laboraban empresas mixtas con personalidad jurídica distinta a PDVSA y con niveles administrativos y financieros que escapaban de la esfera de su competencia.

Un informe emitido el 9 de febrero de 2015, por el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República (CISPR) da cuenta de que conoció la denuncia de que 400 máquinas de construcción pertenecientes a la Gran Misión Vivienda Venezuela PDVSA Petrocedeño, División Junín y que estaban signadas a la División Junín-PDVSA de la Faja Petrolífera del Orinoco, se encontraban extraviadas.

Refiere que por este hecho, cursaba una averiguación penal por parte del Comando Zona N° 52 de Guardia Nacional Bolivariana, GNB, según consta en el expediente N° CZGNB-52D524-1-027.15.

Reza el citado informe que el 23 de enero de 2015, un fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui inició la averiguación penal por el “presunto ilícito de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos según oficio N° MP-33715-2015, cuando tres hombres fueron aprehendidos, entre quienes figuraba un trabajador de PDVSA Junín, por mantener retenida una máquina pesada a la cual le faltaban algunos de sus componentes del motor y carecía de documentos.

Estos acontecimientos llevaron a que se ordenara una inspección integral a la División Junín PDVSA ubicada en la ciudad de Pariaguán, municipio Francisco de Miranda del estado Anzoátegui, el día 4 de febrero de 2015.

Se indicaba en el informe que la citada comisión estuvo acompañada por el comandante de la zona N° 52 y fue recibida por el gerente general de la División Junín, Julio Guevara, a quien se le entregó la credencial para iniciar formalmente las inspecciones de siete empresas, a saber, Petroanzoátegui, Petromiranda, Petrojunín, Petrocedeño, Petrourica, Petrolera Indovenezolana y el Distrito Junín Sur, las cuales conforman la División Junín. Le correspondía a Guevara informar a los distintos gerentes generales de estas compañías, el objetivo de la inspección y la información requerida por el Cuerpo de Inspectores.

Larry Osto y Rafael Maduro fueron los gerentes que representaron a Petroanzoátegui y a Petrocedeño, quienes trasladaron a los inspectores a San Diego de Cabrutica, para reunirse con el cuerpo gerencial y explicar el alcance de la inspección y solicitar la información requerida para desarrollar sus averiguaciones.

Dan a conocer los inspectores que Rafael Maduro dijo que los investigadores no podrían iniciar las inspecciones debido a que Julio Guevara no lo autorizaba, bajo el argumento en un oficio remitido al  Viceministro de Seguimiento de la Gestión de Gobierno, que decía que PDVSA se ceñía a los estatutos y normativas internas que definen su funcionamiento administrativo e informó al director ejecutivo de producción, Pedro León, sobre el caso a fines de recibir lineamientos e instrucciones que permitieran dar curso al abordaje integral ordenado a dicha división, las cuales no fueron impartidas y no se pudo efectuar la inspección.

A pesar de no poder haber hecho la inspección que planeaban, el cuerpo de inspectores si recibió por parte de los trabajadores de Petrocedeño un conjunto de denuncias: 1) Falta de procura de repuestos, insumos y equipos, requeridos para el reemplazo de las monoboyas; 2) No contar con un control de inventario para los vehículos y equipos de la División de Junín; 3) Compras de materiales y equipos eléctricos para la planta Petroanzoátegui que se perdieron del almacén a las dos semanas; 4) El no haber construido ni siquiera una vivienda del Complejo Habitacional San Diego-Cabrutica, ni tampoco la termoeléctrica ordenada por el finado expresidente Hugo Chávez; 5) Incumplimiento de los compromisos adquiridos en los municipios Francisco Miranda y Monagas relacionados a la construcción de sistemas de acueductos y mejoras del sistema eléctrico; 6) Incumplimiento internacional del Convenio Indovenezolano en razón de que la única inversión realizada correspondía a PDVSA sin que la contraparte india hubiera hecho lo propio.

Precisaba el informe que desde el inicio de las investigaciones hasta el 10 de febrero de 2015, aparecieron en las orillas de las carreteras de los municipios Miranda, Monagas cuatro máquinas pesadas pertenecientes a PDVSA convenio China Venezuela y no se descartaba que situaciones similares se presentaran en las otras divisiones de la Faja Petrolífera del Orinoco.

El 19 de febrero de 2015, desde la Vicepresidencia de la República a cargo de Jorge Arreaza se envió una comunicación al ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez Jiménez, para remitirle un informe de inspección realizada por el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República en la División Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez Frías".

Arreaza le solicitó a Chávez Jiménez remitirle “las acciones a ejecutar desde su Despacho para atender las problemáticas expuestas en el citado informe [pérdida de 400 máquinas de construcción pertenecientes a la Gran Misión Vivienda Venezuela PDVSA Petrocedeño, División Junín], en un plazo no mayor de 15 días continuos a partir de la recepción de la comunicación con copia a Larrín José Rivero García, viceministro de Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. Igualmente le pidió que exhortara al personal del ministerio a todos los niveles, a facilitar toda información solicitada por los inspectores y a garantizar su acceso a los espacios objeto de verificación, pues de no hacerlo estarían contraviniendo órdenes expresas de Nicolás Maduro.

Arreaza también se dirigió ese mismo día 19 de febrero de 2015, a Carlos Alberto Osorio Zambrano, ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, mediante oficio con copia al ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez y a Larrín José Rivero García, viceministro de Seguimiento e inspección de la Gestión de Gobierno del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, para solicitar llevar a cabo una inspección integral y exhaustiva de la División Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez Frías".

El 23 de febrero de 2015, el entonces ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, remitió el oficio N° VP-2015-000178 del 19/02/2015 del vicepresidente de la República, Jorge Alberto Arreaza Montserrat, junto a un Informe de inspección a la División Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez Frías" que había realizado el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República a Eulogio del Pino, presidente de PDVSA para la fecha. La comunicación solicitaba remitir al vicepresidente las acciones a ejecutar por parte de la estatal petrolera con miras a solventar la situación planteada por los inspectores respecto a la pérdida de 400 máquinas de construcción pertenecientes a la Gran Misión Vivienda Venezuela PDVSA Petrocedeño, División Junín. La respuesta debía producirse en un plazo no mayor de 15 días continuos a partir de la recepción de la comunicación.

No obstante las diligencias e investigaciones aquí descritas, al momento en que se escriben estas líneas, continúa la interrogante acerca de cuál fue el destino de las cuatrocientas máquinas de construcción que se “extraviaron” en la División Junín-PDVSA de la Faja Petrolífera del Orinoco.


lunes, 13 de agosto de 2018

Estas son las adjudicaciones irregulares durante la gestión de Javier Alvarado en la C.A. La Electricidad de Caracas (II parte)

Pese a las milmillonarias inversiones que representan las contrataciones que las empresas estatales han realizado, la crisis eléctrica se ha acentuado en Venezuela sin que ninguna autoridad refiera el porqué de esta incongruencia entre el dinero gastado y los resultados obtenidos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Continuamos presentando a nuestros amables lectores la relación de contratos llegados a nuestras manos que demuestran que, aunque se han hecho milmillonarias inversiones en el sector eléctrico, estas no han significado una mejora del mismo y, por el contrario, la catastrófica crisis que padece Venezuela en la actualidad en esta materia, hacen suponer que en todas las negociaciones ha privado la corrupción y el ansia de enriquecimiento personal por encima de los intereses de la nación. En esta entrega seguimos haciendo referencia a la gestión de Javier Alvarado Ochoa al frente de la C.A. La Electricidad de Caracas y a un conjunto de contratos y adenda o contratos complementarios por él suscritos, que responden a la estrategia de extender la vigencia de las negociaciones en el tiempo a la par que se incrementa el precio de los mismos, un modus operandi que hemos venido denunciando en estas páginas como fórmula para blindar al erario público venezolano.

La totalidad de los contratos aquí referenciados suman la cantidad de Bs. 122.140.072,06 un monto que calculado a la tasa vigente para 2009 equivalían a USD 17624.830,02 si se aplicaba el precio del dólar paralelo para el momento de Bs. 6,93 por dólar, mientras que si aplicaba tasa Cadivi de Bs. 2,15 por dólar, la cifra se elevaba a USD 56.809335,84.

Certificar la culminación de todas estas obras constituye igualmente una tarea imposible de cumplir en los años de administración del chavismo en Venezuela, dado que los archivos públicos se han transformado en una especie de coto secreto al que el ciudadano común y mucho menos la prensa, no pueden acceder, por lo que el llamado es a las autoridades contraloras para que se aboquen a desentrañar este misterio vedado al resto de los venezolanos.

He aquí los contratos:

Grupo electrógeno Guasdualito

Hay un contrato sin fecha, identificado con el número NCO/1008/450, firmado por Javier Alvarado O., en representación de C.A. La Electricidad de Caracas, y Agustín Pupo Domenech por la Constructora del Alba Bolivariana, C.A., en cuya primera cláusula se estipula que el objeto del contrato es la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Guasdualito, ubicado en la población de Guasdualito, estado Apure”.

El precio de la obra alcanzaría los Bs. 6.903.252,02, monto que incluía el impuesto al valor agregado, IVA, a ser cancelados mediante valuaciones mensuales. Esta obra se realizaría en un plazo de cinco meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

El contrato se rige por el mismo formato de los otros de este tipo e incluye la cláusula en la que se especifica que las partes convienen en no acoger el esquema contractual del decreto 1.417 debido a las características de la obra y condiciones especiales de la contratación. Este decreto es el que establece las condiciones generales de contratación para la ejecución de obras.

Seriado de contratos para trabajos en Sucre

La “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Güiria I, ubicado en el municipio autónomo Valdés, estado Sucre”, fue contratado por le C.A. La Electricidad de Caracas a la Constructora Alba Bolivariana, C.A., según contrato NCO/1008/452, firmado por Javier Alvarado la estatal venezolana y Agustín Pupo Domenech por la contratista.

El plazo de ejecución de esta obra sería, según el contrato de cinco meses a un precio de Bs. 6.895.962,64 incluyendo el IVA, a ser pagado mediante valuaciones mensuales.

Este contrato NCO/1008/452 fue firmado el 2 de marzo de 2009 y junto a la cláusula de confidencialidad establece no acogerse al decreto 1.417 de la Gaceta Oficial.


El 2 de marzo de 2009, la misma fecha en que se firmó el contrato NCO/1008/452, Javier Alvarado O. y Agustín Pupo Domenech, en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y de la Constructora Alba Bolivariana C.A., respectivamente, suscribieron un nuevo contrato, identificado con del número NCO/1008/453, para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Güiria II, ubicado en el municipio autónomo Valdés, estado Sucre”.

La obra se ejecutaría en un plazo de cinco meses a un precio de Bs. 6.406.098,60, a ser pagados mediante valuaciones mensuales.


Un tercer contrato se firma el 2 de marzo de 2009, el cual identifican con el número NCO/1008/454 y que tiene por objeto “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Güiria III, ubicado en el municipio autónomo Valdés, estado Sucre”.

Esta obra se ejecutaría en un plazo de cinco meses a un costo de Bs. 6.406.095,60, IVA incluido.

El contrato fue firmado una vez más por Javier Alvarado O. y Agustín Pupo Domenech, en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y de la Constructora Alba Bolivariana C.A., respectivamente.


Obras en Cantaura con contrato complementario

Igualmente en la misma fecha (2 de marzo de 2009), se firma un contrato identificado con el número NCO/1008/455, convenido entre C.A. La Electricidad de Caracas, representada por Javier Alvarado, y la Constructora Alba Bolivariana C.A., representada por Agustín Pupo Domenech, esto con el objeto de ejecutar las obras para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Cantaura, ubicado en el municipio autónomo Freites, estado Anzoátegui”.

Los trabajos se ejecutarían en un plazo de cinco meses contados a partir de la firma del acta de inicio con un precio establecido en Bs. 5.690.969,84, incluido el impuesto al valor agregado IVA.

El contrato NCO/1008/455 tiene un Addendum 1, sin fecha firmado por Javier Alvarado, por C.A. La Electricidad de Caracas y Mario de Jesús Pérez Rodríguez, en representación de la Constructora Alba Bolivariana C.A. con el objeto de modificar las cláusulas tercera, cuarta y sexta.

Este Addendum 1 afecta el precio de la obra elevándolo a Bs. 8.326.418,60, sin incluir el IVA, y extiende el plazo de ejecución de la obra en tres meses entre abril y diciembre de 2009.

Grupo electrógeno en Tumeremo
Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana C.A. suscribieron un contrato sin fecha en el cual la constructora se compromete a realizar “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Tumeremo, ubicado en la población de Tumeremo, municipio Sifontes estado Bolívar”.

El contrato establece un plazo de cinco meses para la ejecución de la obra y un precio de Bs. 6.003.283,75, incluido el impuesto al valor agregado.

Contrato NCO/1108/470 para Yaguaraparo

La “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Yaguaraparo, ubicado en la población de Yaguaraparo, municipio Cajigal, estado Sucre” fue convenida, según el contrato número NCO/1108/470, también firmado el 2 de marzo de 2009, para ser ejecutado en un plazo de cinco meses a un precio de Bs. 8.572.898,12.

Este contrato fue firmado por Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana, C.A. y estipula que los pagos se harán a través de valuaciones mensuales. Una vez más aparece la cláusula de no acogerse al decreto 1.417 sobre contrataciones.

Obras en Los Pijiguaos

Un contrato sin fecha fue firmado por Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana, C.A. para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de Pijiguaos, ubicado en la población de Pijiguaos, municipio Cedeño, estado Bolívar”.

La obra tendría un precio de Bs. 7.001.979,74 incluido el IVA a ser pagados mediante valuaciones mensuales. Este contrato tampoco se acoge al decreto 1417 de contrataciones publicado en la Gaceta Oficial y establece un plazo de cinco meses para la ejecución de la obra.

El contrato NCO/1108/472 y su Addendum

El contrato NCO/1108/472 para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de Caicara del Orinoco, ubicado en la población de Caicara, estado Bolívar”, fue firmado el 19 de enero de 2009, entre Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana, C.A.

El precio de esta obra fue estipulado Bs. 6.167.023,28 incluyendo el IVA, para ser ejecutada en un plazo de cinco meses contados a partir de la firma del acta de inicio y el monto se pagaría mediante valuaciones mensuales.

Hay en los archivos un Addendum sin fecha, firmado por Javier Alvarado, por C.A. La Electricidad de Caracas y el cubano Mario de Jesús Pérez Rodríguez, en representación de la Constructora Alba Bolivariana que aunque tiene divergencias con el objeto y la fecha del contrato original, aparentemente afecta a este contrato NCO/1008/472 y modifica las cláusulas tercera, cuarta y sexta.

Así lo presentamos a nuestros lectores haciendo la observación de que hay divergencias entre el Addendum y el contrato original.

El Addendum 1 habla del objeto de la obra definiéndolo como “Construcción, instalación electromecánicas y puesta en marcha del grupo de electrógenos con tecnología MTU en la población de Caicara del Orinoco, estado Bolívar” y dice que el contrato original fue firmado el 19 de diciembre de 2009.


El Addendum asciende el precio de la obra a Bs. 8.150.733,24 sin incluir el IVA y aumenta la duración del plazo de ejecución dejando el nuevo lapso comprendido entre los meses de febrero y octubre de 2009.

Contrato NCO/1108/478 para trabajos en Carúpano

Un contrato sin fecha, identificado con el número NCO/1108/478, fue firmado por Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana C.A. con el objeto de ejecutar las obras para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de Carúpano, ubicado en la zona industrial de Guaca, municipio Bermúdez, estado Sucre”.

El precio de la obra se fija según el contrato en Bs. 5.737.247,56 a pagarse mediante valuaciones mensuales y el plazo de ejecución se estipula en cinco meses. Consta de una cláusula de confidencialidad y otra que dice no acoger el decreto de Gaceta Oficial número 1.417.

Contrato NCO/1108/503 para Caicara de Maturín

Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana, C.A. firmaron el contrato NCO/1108/503 con el objeto de ejecutar las obras para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de Caicara de Maturín, ubicado en el municipio Cedeño, estado Monagas”, a un precio de Bs. 6.039.579,50.

El contrato firmado el 13 de abril de 2009 establece un plazo de ejecución de cinco meses.

El 14 de septiembre de 2009, se firma un Addendum 1 a este contrato NCO/1108/503 con la finalidad de aumentar el monto del precio de la obra en Bs. 1.445.708,52 céntimos sin incluir el IVA, y con este cambio queda el valor de la obra en Bs. 6.657.447,54 sin IVA.

Además, este Addendum extiende el plazo de ejecución de la obra en tres meses en el período del 14 de septiembre al 14 de diciembre de 2009. Firmaron el documento Javier Alvarado, por C.A. La Electricidad de Caracas y el cubano Mario de Jesús Pérez Rodríguez por la contratista.


Contrato NCO/1108/505 para Nutrias

El contrato NCO/1108/472, sin fecha y acordado para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de Puerto Nutrias, ubicado estado Barinas”, fue firmado por Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana, C.A.

El plazo de ejecución fue establecido en cuatro meses y el precio en Bs. 6.083.063,62 con IVA incluido a ser pagados mediante valuaciones mensuales.

Contrato para generación distribuida

César Camejo Manrique, presidente vitalicio de la Inversora Cerro Azul, C.A. y Javier Alvarado presidente de C.A. La Electricidad de Caracas, firmaron el contrato identificado con el número NCO/1209/744 mediante el cual la inversora se obligaba a ejecutar las actividades relacionadas para la “Construcción de emplazamientos de generación distribuida de la misión revolución energética Espino-Ocumare de la Costa-Barbacoa”.

Este contrato se firmó el 14 de diciembre de 2009 y estableció un plazo de ejecución de cuatro meses divido en dos fases, una primera que abarca desde la firma hasta el 31 de diciembre de 2009, y una segunda desde el primero de enero de 2010 hasta completarse los cuatro meses estipulados.

El precio de la obra quedó fijado en Bs. 32.165.868,00 a ser pagados mediante la realización de valuaciones y tras la presentación de las correspondientes facturas y soportes.

El 19 de mayo de 2010 se firmó un Addendum 1  a este contrato NCO/1209/744 suscrito por Luis Carlos de León en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y César Camejo Manrique, en representación de la Inversora Cerro Azul, C.A.

Este Addendum extendió la duración del contrato por cuatro meses comprendidos entre el 30 de mayo y el 30 de septiembre de 2010, así como el aumento de obras y obras extras.

El precio de la obra se incrementó en una cantidad adicional de Bs. 6.829.723,03 IVA incluido. Quedó así establecido el nuevo precio total de la obra en Bs. 38.995.591,03.

Disclaimer 

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas mencionadas, y con las empresas cuyas direcciones y teléfonos aparecen en los récords públicos. Enviamos un cuestionario a Javier Alvarado y a la empresa Constructora Alva para conocer sus puntos de vista sobre los temas tratados pero  hasta el cierre de este trabajo no recibimos respuestas.

Si alguna de las empresas o personas mencionas desea contar su punto de vista sobre los detalles aquí expresados, les solicitamos que se comuniquen a nuestro correo electrónico blogvenezuelapolitica@tuta.io. En este blog el derecho a réplica está garantizado.