miércoles, 26 de abril de 2017

Otro sobrino de Cilia Flores es vinculado al contrabando de oro y gasolina

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, Marco Antonio Campo Flores está vinculado a negocios ilícitos en Puerto Ordaz, estado Bolívar, según relata un informe donde se destaca las gestiones hechas por el familiar de la pareja presidencial para manejar actividades ligadas al contrabando de gasolina, gasoil, oro y otros metales preciosos. 


Marcos Antonio Campos Flores es hermano de Efraín Antonio Campos Flores quien junto a su primo, Franqui Francisco Flores de Freitas fue declarado culpable de conspirar para traficar, manufacturar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos.

jueves, 20 de abril de 2017

Corte de Miami presenta calendario procesal en el caso del líder del cártel de Atlántico

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de la Florida dió a conocer el calendario procesal que se seguirá en el caso relacionado con el líder del cártel del Atlántico, Wilter Blanco-Ruiz. El expediente del narcotraficante hondureño fue asignado al juez Donald M. Middlebrooks y hasta ahora no se ha informado la fecha del juicio.

En un documento firmado por Middlebrooks se informa que la próxima cita tendrá lugar el 22 de mayo de 2017 a las 9:00 de la mañana, aunque primero se realizará una pre-conferencia para discutir el calendario procesal entre las dos partes el 16 de mayo de 2017 a las 9:45 am. 

El juez advirtió a la defensa que si el acusado decide declararse culpable de los cargos y aceptar la responsabilidad, debe hacerlo lo antes posible. "Sí Blanco Ruíz tiene la intención de declararse culpable debe anunciarlo durante o antes de la conferencia del 22 de mayo, fecha en la cual se aprobará el calendario procesal", advierte Middlebrooks.

Argumenta que Blanco Ruíz debe notificar a las autoridades su intención de declararse culpable en un momento suficientemente temprano del proceso para que evitar que el gobierno se prepare para el juicio y el tribunal pueda programar su calendario de manera eficiente. 

De no declararse culpable,  el primer día del juicio el abogado de Blanco Ruíz deberá presentar a la corte las instrucciones del jurado con los cargos sustantivos, basadas en las reglas del Undécimo Circuito.

Asimismo, establece que todas las respuestas a la Orden de Descubrimiento Permanente deben hacerse en las fechas acordadas, y que el incumplimiento puede dar lugar a sanciones.

La fiscalía y el abogado defensor de Blanco Ruíz deberán cumplir estrictamente con la Regla Local 88.10 (P), que requiere la preparación de una declaración escrita firmada por todas las partes que describa el material del descubrimiento que va ser presentado. 

El juez busca evitar que haya fuga de información sobre los testigos que participaron en el caso contra el líder del cártel del Atlántico, acusado de transportar cocaína a los Estados Unidos y de corrupción.

En el documento de la corte se informa que el gobierno debe presentar la lista de testigos propuestos para el juicio y las exhibiciones a que haya lugar. Asimismo, la defensa debe proporcionar una lista de sus testigos, de tenerlos, al principio del caso.

Seguiremos informando....









La historia del hijo de Evo Morales que nunca existió… ¿o sí?

Por Maibort Petit
@maibortpetit
Un bombazo periodístico desató una historia que nada tiene que envidiarle al mejor de los melodramas. Un decir y desdecir permanente sobre la existencia de un menor, hijo del presidente boliviano, Evo Morales, y Gabriela Zapata una “empresaria” de la nación suramericana que ha terminado figurando como toda una estafadora. Pero detrás de esta comedia barata se oculta una historia de tráfico de influencias y manejo abusivo del poder.

Tal vez pretendiendo armar una historia inspirada en el libro “Carta a un hijo que no llegó a nacer” con el que en 1975 la periodista y escritora italiana, Oriana Fallaci, abordó el tema de la maternidad, el presidente de Bolivia, Evo Morales y Gabriela Zapata Montaño, iniciaron una historia rocambolesca devenida en comedia barata que, a o no ser por las implicaciones políticas y sociales que tiene para la nación manejada al antojo del mandatario suramericano, sería francamente risible por lo absurda que es a todas luces.

Lo cierto es que ni el argumento de las telenovelas más rancias que se exhiben en la televisión latinoamericana resulta ser tan enrevesado ni difícil de comprender, como el protagonizado por Morales y Zapata en horario “todo público”. Ya quisiera Delia Fiallo haber tenido a su disposición semejante material para contar una de sus famosas historias de niños extraviados que terminan de sirvientes en casa del rico del melodrama a quien desplaza para tomar posesión de todos los bienes que, por herencia sanguínea le pertenecen.

Pero la realidad supera la ficción por truculenta y porque detrás de ella se esconden intereses e intenciones, al parecer, non sanctas que van más allá del mero deseo de cumplir el sueño de paternidad y darle prolongación al apellido de aquel por el que se siente tanto amor.
En esta ocasión no es Fiallo quien toma la pluma sino el periodista Carlos Valverde, quien comienza escribir las retorcidas líneas de esta insólita historia.

Romances revelados, hijos ocultos, muertes y hasta resucitaciones, además, como nota de color, trasfondos de corrupción e intereses económicos que nunca pueden faltar en toda historia que se precie de insólita e impactante.

¿Quién es Evo Morales Ayma?

De Juan Evo Morales Ayma lo sabemos todo —o casi todo, pues antes ignorábamos sus historias de amor y quién sabe qué otras cosas nos tenga deparadas— el mandatario boliviano de 57 años de edad, nacido en la localidad de Orinoca perteneciente al departamento de Oruro. Un sindicalista cocalero, dirigente indígena aymara, líder del partido Movimiento al Socialismo, MAS, que en 2006 se convirtió en el sexagésimo quinto presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Un populista que al igual que el clan de jefes de estado de izquierda de América Latina, ha hecho de la manipulación del necesitado pueblo de la nación suramericana, su estrategia para mantenerse en el poder.

Pero, ¿quién es Gabriela Zapata Montaño? 

Su nombre completo es Geraldine Gabriela Zapata Montaño, nacida en La Paz, Bolivia el 18 de abril de 1986, es decir, que se encuentra a punto de cumplir 31 años y exhibe, a pesar de su corta edad, una “exitosa carrera” como empresaria, o por lo menos eso es lo que parece.
Según reseña de EjuTV en la red social Facebook ha expresado su simpatía con el proceso político que dirige Morales.
Ha ocupado puestos de alta gerencia en firmas internacionales habiendo sido su última posición la gerencia comercial de la empresa china CAMC, la cual desarrolla importantes proyectos en Bolivia.

Junto al empresario Sigfredo Antelo Suárez, Gabriela Zapata conformó la compañía Consilium SRL con un capital total de 800.000 bolivianos. La arquitectura y la ingeniería son el objeto de acción de esta empresa dedicada especialmente a la construcción en hormigón y consultorías, domiciliada en la localidad de Santa Cruz.

También, según información dada por ella misma en 2015, constituyó con un grupo de empresarios, la fundación For Life, dedicada según sus palabras, a desarrollar proyectos humanitarios, principalmente la ayuda a niños con cáncer.

EjuTV refiere que en 2014, Zapata dio a conocer a una publicación de Sociales-VIP, que con la empresa Consilium llevaba a cabo “trabajos con empresas especializadas en el desarrollo minero de logística y transporte para el Mutún, con dos puertos, el primero en Tamarinero y el segundo en Puerto Bush; que serán dotados de un sistema estratégico de aprovechamiento del hierro. En 2013, Gabriela ejerció la representación legal de la empresa internacional Telemenia, que entonces tenía uno de los proyectos más ambiciosos de energía renovable en el país”.

El bombazo

Hasta aquí todo no parecería más que un capítulo de novela folletinesca, un poco escandaloso, por la naturaleza de unos de sus protagonistas pero, total, corazón tiene todo el mundo y no existiría problemas alguno con que Evo Morales mantuviera una relación amorosa con Gabriela Zapata. Se trataría de un asunto de su vida privada y de poca incumbencia para la colectividad.

Pero, el 3 de febrero de 2016 el periodista boliviano, Carlos Valverde, reveló en su programa "Todo por hoy", que se difunde por Activa Tv en Santa Cruz, que el presidente Morales tenía un hijo con Gabriela Zapata y como prueba mostró un certificado de nacimiento de Ernesto Fidel Morales Zapata. El pequeño habría nacido el 30 de abril de 2007 en la ciudad de La Paz. Fue inscrito el 18 de junio del mismo año.

Hasta aquí tampoco habría problema alguno. Tener un hijo lejos está de ser un hecho reprochable, todo lo contrario la humanidad entera celebra esto como una bendición.

Lo malo venía después de este anuncio, cuando Valverde denunció tráfico de influencias, pues según el periodista, la mano de Evo Morales fue determinante para que Zapata se hiciera cargo de los negocios más grandes que se desarrollan en Bolivia a través de la empresa china CAMC donde fue nombrada gerente comercial por “recomendación” del mandatario.

Evo Morales negó esto así como que hubiera favorecido a la empresa china que, según Carlos Valverde, mantiene contratos con el estado por más de US$500 millones. En tal sentido, el presidente boliviano aseguró que su gobierno “rompió un contrato con la empresa por incumplimiento y ejecutó una boleta de garantía por al menos US$50 millones”. Esta contratación era para la construcción de un tren eléctrico.

Lo cierto es que este tubazo periodístico salió a la luz apenas 18 días antes de que se celebrara el referendo convocado para consultar la reforma constitucional que permitiría la cuarta reelección presidencial y, al parecer influyó de tal manera, que terminó convertido en la primera derrota electoral de Evo Morales. 

El 5 de febrero de 2016, el presidente Morales no tuvo más remedio que dar la cara ante el país para confirmar su relación sentimental con Zapata con quien tuvo un hijo que, como expresó, “lamentablemente falleció”.

Explicó en esa oportunidad que “a Gabriela la conocí el 2005, la verdad es que era mi pareja. El 2007 tuvimos un bebé y lamentablemente, por nuestra mala suerte, falleció. Tuvimos algunos problemas y a partir de ese momento nos distanciamos.  Ya pasaron como 10 años y no puedo entender que algunos usen eso con fines netamente políticos”.

Aseguró Morales en esa oportunidad: “Yo no sabía dónde andaba la señora (Zapata), esta mañana (el viernes) traté de averiguar qué era de su vida y me dijeron que se había casado, (es) su derecho; perdí todo (contacto)  a partir de 2007”. 

Pero esto no habría sido del todo cierto, pues las redes sociales dieron a conocer, a los pocos minutos, una fotografía de 2014  (otras reseñas hablan de 2015) en la que Morales aparece abrazado con Zapata en el carnaval de Oruro. 

La insólita justificación de Morales fue que se habría sacado la fotografía  con la mujer como lo hace con mucha gente, pero admitió que le vio “cara conocida”. 

Se dijo, incluso que Morales y Zapata habrían apadrinado en 2014 a la hija de Cristina Choque Espinoza, ex-viceministra de Igualdad de Oportunidades en el gobierno del MAS y exjefa de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia. Supuestamente Choque desmintió este rumor.

No obstante, Cristina Choque fue detenida el 29 de febrero de 2016, en virtud de que Gabriela Zapata usaba la oficina de la funcionaria pública para hacer sus negocios. 

Guerra sucia, según Morales

Recurriendo a la vieja táctica de acusar al mensajero, Evo Morales, enfiló contra Carlos Valverde y lo señaló de formar parte de una guerra sucia brutal y sin escrúpulos que la oposición a su gestión había desencadenado con la intención de afectar la campaña por el referendo sobre la reelección presidencial.

Ya la Agencia Boliviana de Información (ABI), había señalado poco antes que Valverde fue jefe de la inteligencia boliviana entre 1989 y 1993, antes de convertirse en periodista.

"No puedo entender que algunas personas usen eso con fines netamente políticos (…) Ahora quisiera ver organizaciones defensoras de la mujer, de la niñez si dicen algo. Claro, como se trata de Evo no va a haber ni el Defensor del Pueblo, ni va a ver la Asamblea Permanente de Derechos Humanos".

El mandatario boliviano dijo que había decidido no formalizar ninguna relación sentimental para no dar oportunidad a la oposición a llevar a cabo acciones cobardes para desacreditarlo por esa vía. Se justificó por no haber dado a conocer la existencia de su hijo con Zapata: "Lamento mucho tratar este tema, siento que es un tema de carácter personal, familiar, privado, pero con la característica que tengo, no tengo nada que mentir ante el pueblo boliviano".

El niño no murió… ¿o sí murió?

El teleculebrón habría comenzado con bríos, pues para el 26 de febrero, Gabriela Zapata fue aprehendida al habérsele acusado de legitimación de ganancias ilícitas y uso indebido de influencias.

En el capítulo del 27 de febrero figuró Pilar Guzmán, al parecer tía de Zapata, afirmando que el niño no estaba muerto. “La verdad es que ese niño no ha muerto, ese niño vive, yo lo tuve en mis brazos. Ahora tiene ocho o nueve años y vive en La Paz”.

Desde el gobierno de Evo Morales entonces emplazan a Gabriela Zapata a presentar el niño ante un juez para corroborar su existencia, lo cual nunca ocurre.

Morales reiteró que a él le informaron en 2007 que el bebé había enfermado y había muerto. Pero ante los señalamientos que para entonces se hacían acerca del menor, el presidente Morales pide verlo. “Le pido a la familia de Zapata que me lo traiga, tengo derecho de verlo y cuidarlo”.

El 17 de marzo de 2016, Gabriela afirmó categóricamente que el niño vivía pero se negó a dar su paradero por motivos de seguridad.

Para esa misma fecha Zapata envió una comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, denunciando que su vida corría peligro y conminándolo a hacerle seguimiento a su caso. Le refiere que se le impide el derecho a la legítima defensa a las acusaciones que desde el gobierno boliviano se hacen en su contra y las cuales calificó de absolutamente falsas.

En la misiva al funcionario de la ONU, Zapata refirió que mientras Evo Morales pidió a los tribunales manejar el caso como reservado para impedirle a ella dar a conocer la verdad, desde el ejecutivo boliviano emiten todo tipo de informaciones sobre el menor. “Esto ha llegado al colmo cuando han afirmado que el niño está muerto y que yo habría presentado un certificado de nacimiento falso, me han llamado mentirosa, extorsionadora, y para colmo el Fiscal públicamente me ha condenado”.

Agregó: “Acá se trata de la vida de mi hijo, de su nombre y su existencia que está siendo cuestionada, no quiero imaginar con qué fines”.

El mandatario entonces interpuso una demanda exigiendo le presenten al pequeño en un plazo cinco días. La respuesta de Pilar Guzmán fue que solamente lo haría ante medios internacionales en las próximas horas. Tampoco ocurrió.

Morales inició un proceso judicial contra Zapata a quien acusó por presunta violencia psicológica a su hijo, pero el 6 de mayo la jueza, Jacqueline Rada, declaró improbada la demanda debido a la “inexistencia física comprobada del niño”.

Entonces el presidente Morales presentó una nueva demanda contra su ex-mujer, sus abogados y Guzmán por presunta trata y tráfico de personas y otros delitos que se habrían cometido en el intento de demostrar la existencia del niño.

Pero para el 17 de marzo de 2016, Guzmán fue aprehendida por orden de la comisión de fiscales que investiga a Gabriela Zapata. Antes las autoridades, quien hasta ese momento había apoyado y defendido la versión de la exmujer de Evo Morales, dijo que había sido "presionada" para hacer las afirmaciones que había hecho. Precisó que Zapata utilizó fotografías obtenidas de internet para sostener su aseveración. “Ella me pidió que yo saliera a la prensa señalando de que la vi embarazada y que habría cargado al niño (…) Me dijo que tenía que declarar que yo había conocido al niño, que lo había alzado y (que Zapata) había estado embarazada”.

Se conoció para ese entonces que en realidad Pilar Guzmán no tiene nexo consanguíneo con Gabriela Zapata. 

Y es que, el día antes de emitir Zapata esta comunicación a la ONU, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, afirmó que el hijo de Morales y Zapata sencillamente no existía. Precisó que el certificado de nacimiento es falso, además de asegurar que Zapata nunca estuvo internada en el Hospital de la Mujer.

Zapata, incluso dijo que estuvo embarazada de Evo Morales en dos oportunidades, una en 2005, anterior al supuesto nacimiento de Ernesto Fidel quien, como se ha dicho hasta ahora, habría venido al mundo en 2007.

Luego se produjo una larga cadena de afirmaciones y negaciones, en la que el propio denunciante, el periodista Carlos Valverde, terminó sosteniendo que luego de haber realizado una serie de averiguaciones, el menor no existía. 

También el abogado, Eduardo León, detenido junto con Pilar Guzmán y Willians Sánchez, otro de los defensores de la exmujer de Morales, terminó sosteniendo que Gabriela Zapata no necesitaba de representación legal sino de un psicólogo o un siquiatra, al tiempo que sostuvo que Zapata y Walter Zuleta fueron amantes . Zuleta formó parte del equipo de abogados defensores de Zapata y con Sánchez habrían huido de Bolivia para evitar ser procesados. 
En esta tragicomedia que ha dado cualquier tipo de giros, Gabriela Zapata terminó retractándose el 11 de junio de 2016, cuando dijo que el hijo que tuvo con el presidente Evo Morales murió en octubre de 2009 a la edad de dos años y ocho meses.

Sin embargo en una entrevista que Gabriela Zapata concedió al Canal 13 de Chile que logró colarse en la cárcel de Miraflores donde la mujer permanece recluida, la supuesta madre de los hijos de Evo Morales dijo que tuvo que negar la existencia del niño para no perjudicar al mandatario. 

En esa conversación con la prensa chilena, acusó al ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, de haber fraguado toda esta situación y a quien, por cierto se le señala de haber mantenido una relación sentimental con Zapata, un hecho que el alto funcionario niega vehementemente.

“A mi hijo lo tenemos guardado con gente que me está ayudando, me gustaría que ustedes lo conocieran. Voy a ver si puedo hacer que lo conozcan y que lo puedan filmar sin mostrar su cara. Quiero que el mundo sepa que estoy diciendo la verdad, y su padre sabe que es así, y a mí se me está haciendo mucho daño con todo esto. Me tienen presa sin sentido, con puras acusaciones sin fundamento”, le aseguró Gabriela Zapata al Canal 13 de Chile. 

“Vea la forma de mantener contacto conmigo por favor para que hagamos eso, y ahora cuídese mucho porque después de salir de aquí y con lo que pasó, le pondrán vigilancia de inteligencia. Así lo han hecho con mi tía que viene a traerme la comida todos los días (…) Por favor cuente todo lo que me está pasando”.

Para certificar la veracidad del encuentro, Gabriela Zapata entregó al periodista una carta escrita de su puño y letra, en la que días antes pedía le autorizaran la entrada de artículos de aseo personal. “Tome, lleve esto, para probar que usted estuvo acá, porque seguramente lo van a negar y no van a dejar registro de su entrada. ¡Y cuídese mucho!”.

El 12 de junio se conoció que Zapata ofreció pagar entre 5 a 15 mil dólares a los padres de un niño de cinco años, para que lo presentaran como el hijo del mandatario boliviano y, a cambio, ella se comprometía a darles un terreno y pensiones hasta que el menor se graduara de bachiller. Esta tesis fue sostenida por el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero. 

En agosto de 2016, Gabriela Zapata fue sobreseída de cuatro delitos de los diez que el Ministerio Público le imputó inicialmente. Se excluyeron así los delitos de uso indebido de influencias en grado de complicidad, ejercicio indebido de la profesión, falsedad material y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado.

Detrás del escándalo

Pero detrás de todo este escándalo por la existencia del hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata se esconde, según relevó el periodista Valverde, un grave caso de tráfico de influencias, al haber sido determinante la supuesta intervención de Evo Morales para que la empresa china CAMC Engineering Co. Ltd. (CAMCE), contratará a la exmujer del mandatario y la colocará en el cargo de gerente comercial.

Esta compañía con presencia en Latinoamérica, inició sus operaciones por estos predios en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador, es decir, el conjunto de países que conforman el llamado "eje bolivariano" dominado por gobiernos de izquierda.

En Ecuador, la empresa está siendo investigada por la Contraloría por presuntas subcontrataciones no autorizadas y supuestos manejos económicos irregulares.

En Bolivia, la explosión ocurrió con la denuncia de Carlos Valverde, pero lo enrevesado del caso entre Gabriela Zapata y Evo Morales por la existencia o no de su supuesto hijo, ha dejado en el segundo plano lo relacionado con las irregularidades con la empresa china.

CAMCE se encarga en Bolivia de ejecutar trabajos en las áreas de la ingeniería industrial, agrícola, hidráulica, eléctrica y de transporte y los contratos que la compañía ha logrado tanto en la nación gobernada por Morales como en Ecuador, superan US$500 millones en los últimos seis años.

La empresa se ha negado a declarar en torno a las acusaciones surgidas en su contra, limitándose a decir que esperarán el resultado de las investigaciones. Ellos niegan tener responsabilidad en los presuntos casos de incumplimiento de obligaciones, tráfico de influencias y contratos irregulares de los que se le señala.

Y es que lo que comenzó con la denuncia de Valverde se convirtió en una triple investigación que adelantan, por un lado, una comisión especial de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, otra del Ministerio Público y una más de la Contraloría General.

El nexo laboral de CAMCE y Gabriela Zapata terminó a raíz de las denuncias, pero esto no fue suficiente para que se pudiera zafar de toda sospecha.
Comenzaron a surgir las denuncias sobre supuestas irregularidades en contratos de distintos rubros firmados por la empresa china y entes del gobierno de Morales.

Sin registros en el Ministerio del trabajo

Gabriela Zapata ocupó el cargo de gerente comercial de CAMC, pero se conoció que la empresa no pagó los impuestos correspondientes, ni la registró como empleada ante el Ministerio de Trabajo, tal como lo exige la ley boliviana.

La habrían contratado, según ha concluido la Fiscalía, sin que se le exigiera poseer el perfil que tan alto cargo exigía.

“El contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la firma estatal china y Gabriela Zapata señala que fue por 144.000 dólares, y la exnovia del Jefe de Estado percibió mensualmente un sueldo de 3.000 dólares”. 

En junio de 2016 Gabriela Zapata dijo ante un grupo de fiscales que investigan el caso, que había pagado 250 mil dólares por el fallo a favor de la empresa china CAMC y refirió que el exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, habría sido quien había recibido el dinero que evitaría la ejecución de la boleta de garantía por 91 millones de bolivianos en el proyecto Bulo Bulo-Montero.

El 14 de junio de ese año, la expresidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Virginia Crespo, negó categóricamente haber recibido los citados 250 mil dólares de manos de su esposo, a saber, el referido exministro Wilfredo Chávez.

La historia sin fin

A más de un año de su detención, el caso de Gabriela Zapata continúa dando de qué hablar y, como en su primer día, sigue sumando giros dramáticos.

Incluso, a estas alturas del partido, la fiscalía ha puesto en duda que Zapata haya ostentado alguna vez el cargo de gerente comercial de CAMC.

Para añadir más guindas a la torta, Zapata afirmó que mantuvo una relación sentimental con el exvicepresidente de la CAMC. También dijo que tiene otro hijo con un ciudadano chino. El menor supuestamente vive fuera de Bolivia.

En unas declaraciones al portal ATB relativamente recientes, Gabriela Zapata varió su posición con respecto al supuesto hijo con Evo Morales. Ahora Zapata dice que el niño nunca existió y que “todo salió de la mente de Walter Chávez y que la manipuló desde el 20 de diciembre de 2005 para afectar al presidente Morales”.

Hugo Moldiz, ex-ministro de Gobierno, reveló que según lo adelantado por la fiscalía, al parecer Gabriela Zapata nunca trabajó con CAMC. Supuestamente existen dos registros que refieren, uno, que la ex-mujer de Morales ingresó a la empresa china en 2014 y, el otro, que fue en 2015. 

“Moldiz conjetura que Zapata se acercó a la CAMC a finales de 2015 y se ofreció como mediadora para evitar que el Estado ejecute las boletas de garantía por el incumplimiento de la empresa china en la construcción del ferrocarril Montero-Bulo Bulo. ‘Eso se suma al certificado de nacido vivo falso, la participación de Cynthia Perou, que fue una dirigente, un eslabón importante entre Unidad Nacional, Zapata y el abogado Eduardo León’”.

Según Óscar Ortiz, senador de UD, el que Zapata no hubiera trabajado nunca como gerente comercial de CAMC no niega el tráfico de influencias, sino que hace ver que fue al parecer contratada para trabajar en asuntos poco lícitos, para conseguirle contratos. La empresa publicó una separata en la que Zapata figuraba como gerente de marketing.

Moldiz cree que Gabriela Zapata usaba el certificado de nacimiento de su hijo para convencer a empresarios de sus vínculos con el gobierno y de que podía conseguir contratos con el Estado a cambio de comisiones. 

Pero sea cual sea el final de esta historia en la que día a día surgen eventos que, por su carácter retorcido, opacan la turbidez de los anteriores, lo más probable es que siempre quede la duda sobre la existencia o no de Ernesto Fidel. De lo que sí no habrá vacilaciones es en que la opacidad es la característica principal de las acciones del gobierno que en Bolivia encabeza Evo Morales.




martes, 18 de abril de 2017

Fiscalía de Nueva York da por concluido caso de los Narcosobrinos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó a la corte que no hará entrega de más evidencias usadas en el caso de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, hallados culpables por un jurado de conspirar para transportar a los EEUU más de 5 kilos de cocaína desde Venezuela, en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 963.
El fiscal Joo Kim dijo en una carta dirigida al juez Paul Crotty que todas las solicitudes hechas por la defensa, en relación a los materiales usados en el expediente, fueron entregados antes del juicio y que no hay más documentación pendiente.

La defensa pidió la entrega de evidencias basadas en la regla Giglio & Brady, en especial los testimonios dados por el testigo confidencial de la DEA, CS1, José Santos Peña no sólo en la operación que condujo a la captura de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro, sino en otros casos donde Santos Peña haya testificado. La defensa también pretendía tener acceso directo a los archivos del Departamento de Estado para buscar otros elementos que les permitan que el caso de Campo y Flores sea admitido en el tribunal de Apelaciones.


Con los argumentos expuesto en su último documento, la fiscalía da por cerrado el caso que -oficialmente- concluirá con la lectura de la sentencia de Campo Flores y Flores de Freitas que se tiene prevista para el 26 de junio de 2017.

Un asunto de narcotráfico

Desde el inicio de este caso el gobierno de los Estados Unidos calificó el expediente de los sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro como un caso exclusivamente de narcotráfico, restándole la connotación política que la defensa quería darle. Basado en esa premisa, la fiscalía trabajó todo el procedimiento con elementos que le permitieron probar que Campo Flores y Flores de Freitas estaban incursos en delitos de tráfico de narcóticos mucho antes de ser capturados por la DEA y que usaban sus influencias políticas para llevar a cabo su industria criminal.

El uso de la rampa presidencial del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía los diferenciaba de otros narcotraficantes que tenían que esforzarse en buscar mecanismos idóneos y seguros para sus negocios de narcotráfico. De allí que la fiscalía haya destacado -en varias oportunidades- que los sobrinos se jactaban de tener "oro puro" cuando se referían a las facilidades de cargar aviones con drogas en el hangar presidencial.

Un largo proceso

Flores de Freitas y Campo Flores fueron arrestados en Haití el 10 de noviembre de 2015. Tras un proceso que  ha durado más de 18 meses, y que incluyó un juicio de 9 días, el caso entró a su etapa final en abril de 2017.

A lo largo del procedimiento criminal la fiscalía hizo énfasis en el hecho de que los acusados tenían un negocio de narcóticos en marcha antes de la aparición de la DEA, con lo cual le restaron fuerza al argumento de entrampamiento expuesto por la defensa.

En los últimos documentos del gobierno se amplió la información sobre la relación que sostenían los acusados con otros narcotraficantes, entre ellos el jefe del cártel de la Guajira, Hermágoras González Polanco. 

Tal como se dio a conocer en este blog,  el gobierno de los EEUU sostiene que en agosto de 2015, Campo Flores y Flores de Freitas trabajaron junto a unas personas apodadas “Mayweather Jr.”, “Elio” y “El Samurai” para liberar a González Polanco, detenido y sentenciado a 15 años y 6 meses de prisión en Venezuela por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Según lo expuesto por la fiscalía, los acusados habían acordado con gente cercana a González Polanco hacer las gestiones  para su liberación a cambio de un pago de aproximadamente uno o dos millones de dólares y de enviar aviones cargados de cocaína desde Venezuela.

El Gobierno estadounidense estableció que la conspiración acusada involucraba a un grupo central de co-conspiradores -incluyendo a Campo, Flores, Roberto de Jesús Soto García, Carlos González, Orlando Daza Cardona, un hombre al que se refirió en varias ocasiones como "Pepero", "Ppr" y "Pepe", con otros que se unieron al acuerdo a medida que los acusados ​​avanzaban en sus esfuerzos por capitalizar su poder político en Venezuela enviando grandes cargas de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía hacia los EEUU.

Los dos hombres serán condenados el 26 de junio por el juez Crotty. Los acusados no podrán beneficiarse del Memorando Holder que establece condenas mínimas obligatorias, ya que ambos fueron procesados como cabezas de una organización criminal.

La pena se calcula en unos 15 a 20 años de encarcelación más los costes de corte y penalidades que suelen superar el millón de dólares en algunos casos.

martes, 4 de abril de 2017

ConocoPhillips solicita a la corte una audiencia de argumentación oral en caso contra PDVH- Pdvsa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

ConocoPhillips solicitó ante la Corte de Distrito de Delaware una audiencia de argumentación oral para tratar los elementos expuesto por los abogados de PDV Holding Inc. en relación a la demanda interpuesta por la trasnacional por incumplimiento en el pago de obligaciones, y por los intentos de PDVSA de vender sus activos de Citgo a Rosneft como parte de un plan para defraudar a los acreedores.
De acuerdo a la demanda interpuesta por ConocoPhillips en el tribunal estadounidense, Pdvsa habría hecho una transferencia fraudulenta del 49.9 % de las acciones de Citgo Holding Inc. como garantía de un préstamo de $1,5 millones que Pdvsa obtuvo de Rosneft PJSC de Rusia, con lo cual Pdvsa estaría manipulando sus bienes en EEUU para no pagar las obligaciones que tiene con sus acreedores.
En octubre de 2016, ConocoPhillips demandó a PDVSA por usar el otro 50.1% de Citgo para respaldar un canje de deuda de $ 2.8 mil millones. La firma estadounidense dice que el acuerdo tiene la intención de monetizar Citgo evitando pagar reparaciones a los operadores extranjeros por las incautaciones de campos petroleros venezolanos.

De conformidad con la Regla Local 7.1.4 del Distrito de Delaware, ConocoPhillips Petrozuata BV, Phillips Petroleum Company Venezuela Limited, ConocoPhillips Gulf of Paria BV y ConocoPhillips Hamaca BV solicitaron a la corte que fije una audiencia para que se produzca una argumentación oral de la demanda por parte de PDV Holding, Inc. El juez no ha respondido aún a esta solicitud.

En las audiencias de argumentos orales las dos partes en conflicto se dirigen al juez para evaluar las razones legales que deben prevalecer en la querella. En este caso en particular, refiere al hecho que PDV Holding sostuvo ante la corte que no es deudor de ConocoPhillips y por tanto, no puede ser demandada ya que entre ese ente y la trasnacional norteamericana no existen ningún tipo de obligación.

El litigio entre las partes argumenta que Pdvsa creo PDV Holding para manipular los activos del Estado venezolano en los EEUU y así evitar cumplir con el mandato del Ciadi que obliga a pagar los reparos productos de la expropiaciones hechas por el gobierno de Hugo Chávez a los activos de la trasnacional.  

El caso

ConocoPhillips demandó a Pdvsa por 22 mil millones de dólares tras la nacionalización de su participación en la Faja Petrolífera del Orinoco, en el desarrollo del bloque Petrozuata, el cual produce aproximadamente 120 mil barriles diarios y posee un mejorador cuya inversión es 1.300 millones de dólares.

El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló,  el 9 de febrero de 2016, a favor de ConocoPhillips y ordenó el pago de las obligaciones. En mayo de 2016, Pdvsa pidió al Ciadi que reconsiderara la decisión a favor de la petrolera norteamericana y pidió una audiencia sobre el caso, argumentando que el tribunal había incurrido en una serie de irregularidades que supuestamente atentan contra los intereses de la República. 

El Estado venezolano expuso ante Ciadi que ConocoPhillips rechazó migrar al esquema soberano de empresas mixtas (60% de las acciones en manos de Venezuela y 40% a la empresa extranjera) establecido en las leyes venezolanas y que la trasnacional rechazó su acuerdo de participación en los bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco en los desarrollos de Petrozuata, La Hamaca y Corocoro (ahora llamados Petroanzoátegui, PetroPiar y PetroSucre) y decidió que proceder legalmente desde 2007.

En febrero de 2017, PDV Holding pidió al juez de Delaware que la demanda en su contra fuera desestimada "por no haber presentado una reclamación ajustada a derecho". Asegura que ConocoPhillips y las empresas asociadas, no establecieron en la demanda que PDV Holding es deudor de los demandantes.

Pdvsa creó PDV Holding como figura para traspasar las acciones de CITGO Holding a Rosneft Trading, SA lo cual constituye una transferencia fraudulenta según ConocoPhillips. La parte demandada asegura que con ese esquema, PDV Holding no tiene obligaciones con los acreedores de Pdvsa, y por tanto no tienen derecho a una sentencia de dinero contra PDVH, ya que no pueden establecer el "derecho al pago" requerido por la ley contra esa entidad. 

Asimismo, PDV Holding asegura que la supuesta base de la relación acreedor-deudor entre los demandantes y PDVH no es suficiente porque los demandantes no presentaron una demanda contra PDVH.

Por su parte, ConocoPhillips argumenta que no necesitan establecer una relación de acreedor-deudor con PDVH porque PDVH puede ser responsable como un "cedente no deudor". Este argumento es rechazado por PDVH para lo cual hace uso de lo establecido en la Ley de Transferencia Fraudulenta Uniforme de Delaware (DUFTA), por sus siglas en inglés. Según DUFTA se requiere que una transferencia fraudulenta involucre bienes del deudor.

PDVH alega que transfirió su propia propiedad a Rosneft y como PDVH no es deudor de ConocoPhillips y las otras empresas demandantes no pueden declarar una demanda de transferencia fraudulenta contra PDVH, por lo cual pide que dicha acción sea desestimada.

"PDVH no puede ser responsable como cedente no deudor" advierten en el documento los defensores de Pdvsa en el caso.

Por su parte, ConocoPhillips sostiene que PDVH puede ser responsable de la transacción de Rosneft como un "cedente no deudor", citando una decisión tomada en ese mismo tribunal en relación a una causa hecha por la trasnacional canadiense Crystallex contra PDVH, que se encuentra actualmente en apelación. 

PDVH asegura que "ConocoPhillips ignora que una orden judicial o la ejecución de la orden judicial resulta impracticable  en este caso", con lo cual advierte que "no existen posibilidades que los demandantes puedan lograr beneficios económicos con la querella basada en la supuesta transferencia fraudulenta de las acciones de Citgo a Rosneft".

Sostienen que los demandantes no pueden reclamar que PDVH  les deba alguna cantidad de dinero como resultado de su supuesta participación en el presunto fraude en las transferencias o -incluso- como resultado de una posible victoria en la demanda basada en o establecido en la ley DUFTA interpuesta por los Demandantes. 

-La demanda de ConocoPhillips para obtener una medida cautelar contra PDVH no da lugar a un "derecho al pago", real o naciente, como exige el estatuto, advierten.

Por su lado, ConocoPhillips desestima los argumentos expuestos por PDVH, en especial el relacionado con la imposibilidad de reclamar a través de la lo establecido en la ley DUFTA,  según la cual, los demandantes no son acreedores de PDVH. 

Expone que están equivocados porque la acción no depende  únicamente de la condición de "acreedor" de ConocoPhillips sino que hay jurisprudencia que prueba que PDVH  tiene responsabilidad como un "cedente no deudor" en relación con la transacción de Rosneft, como lo es el caso Crystallex. 

ConocoPhillips sostiene que PDVH es un "deudor" debido a la responsabilidad contingente de  la transferencia fraudulenta de lo que quedaba de patrimonio del único activo del Estado venezolano en EEUU (CITGO Holding) a Rosneft a cambio de ninguna consideración.

FSIA

Los abogados de ConocoPhillips, al igual que los de Crystallex, dicen que la acción legal también está basada en lo establecido en la ley Ley de inmunidades soberanas extranjeras (FSIA). La FSIA puede proteger la propiedad soberana de la fijación previa al juicio y puede limitar los recursos disponibles en última instancia, si los Demandantes prevalecen sobre el fondo. La mera perspectiva de responsabilidad por una transferencia fraudulenta no es un embargo o ejecución de ninguna propiedad. 

El 30 de noviembre de 2016, ConocoPhillips denunció que PDVSA, PPSA, PDVH y Rosneft habían completado la transacción de Citgo a Rosneft. Mediante esa transacción, PDVSA recaudó US $ 1.500 millones en efectivo de Rosneft y, a cambio, hizo que PDVH otorgara a Rosneft la prenda de la totalidad de su capital restante en CITGO Holding y obligó a PPSA a entregar el crudo de PDVSA a Rosneft. PDVSA luego transfirió los ingresos a Venezuela. 

El objetivo de que PDVH transfiriera a Rosneft el valor total de los activos que tiene el Estado venezolano en los Estados Unidos, tiene la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a los acreedores de la República Bolivariana de Venezuela.

Pdvsa reconoce transferencia

En un comunicado de prensa del 23 de diciembre de 2016, refiriéndose a la Conversión de Bonos 2016 (Denunciada por ConocoPhillips) y la referida a la Operación Rosneft, PDVSA explicó: "Así como PDVSA se apalancó en octubre de 2016 utilizando como garantía el 50.1% de Citgo para la operación de swap de bonos, en medio de los ataques contra la compañía y un descenso de la industria petrolera mundial, ha utilizado el 49,9% restante del capital en CITGO para obtener nuevos financiamientos. 

En ese mismo comunicado de prensa, PDVSA confirmó su dominio y control sobre sus filiales, incluyendo a PPSA y PDVH, e incluso sobre las filiales indirectas de CITGO, afirmando: "PDVSA mantiene plena propiedad y control sobre Citgo Petroleum Corporation, su subsidiaria en los Estados Unidos".

PDVH no habría podido comprometer  la totalidad de su capital restante en su único activo a cambio de nada. La única explicación es que estuviera actuando bajo las órdenes y en representación de PDVSA, la cual recibió US $ 1.500 millones de la Operación Rosneft para transferir el valor de las acciones de Citgo que pertenecían al Estado venezolano.

Lo que está pendiente

ConocoPhillips y las otras empresas demandantes, tienen acciones de arbitraje pendientes contra la República Bolivariana de Venezuela, Petróleos de Venezuela, SA y PDVSA Petróleo, S.A. ("PPSA"), filial de PDVSA. Las reclamaciones surgieron de la confiscación y nacionalización de las inversiones de los demandantes en proyectos de petróleo y gas por valor de miles de millones de dólares en Venezuela. 

Venezuela y PDVSA, junto con sus filiales en Delaware PDVH, CITGO Holding, Inc., Petroleum Corporation CITGO Petroleum, realizaron una serie de transacciones para liquidar y remover activos de Venezuela en los Estados Unidos con el fin de obstaculizar, retrasar o defraudar a los demandantes. A pesar de múltiples demandas pendientes que impugnan esas transacciones, los acusados ​​continúan realizando transferencias fraudulentas. 

PDVH sostiene que los tribunales de los Estados Unidos son impotentes para hacer algo al respecto.

domingo, 2 de abril de 2017

Empresario ligado al escándalo de corrupción de las monoboyas de Pdvsa propone delatar a otros implicados a cambio de obtener beneficios

Por Maibort Petit 
@maibortpetit

La defensa del empresario Miguel Ángel Castillo Lara, acusado de haber participado en el esquema de pago de sobornos a funcionarios de Pdvsa a cambio de recibir contratos con sobreprecio, y quien fue arrestado por las autoridades venezolanas el 9 de marzo de 2017, propuso que el acusado estaría en disposición de delatar a otros involucrados en la operación de corrupción de la petrolera a cambio de beneficios procesales.  

Tal como lo hemos estado informando, Castillo Lara fue presentado en el tribunal 25 de Caracas para la audiencia preliminar el 10 de marzo, según consta en el expediente 19552-2017. Al supuesto empresario se le acusa de haber participado en un millonario esquema de corrupción en contra de la estatal petrolera Pdvsa. Ver detalles aquí.

Castillo Lara junto a sus socios Hernán Ernesto Guevara Pastrán y Jaime Camargo habrían pagado sobornos a funcionarios de Pdvsa, entre quienes destaca Jesús Cornelio Osorio Virgüez, ex-gerente de la terminal de almacenamiento y descarga del complejo José Antonio Anzoátegui para lograr obtener contratos millonarios de manera ilícita. 

Otros datos en el expediente de corrupción

Castillo Lara y sus socios habrían tomado cuidado de todos los detalles de las operaciones para dejar no cabos sueltos. Inclusive, cuando recibieron los contratos millonarios de Pdvsa, el acusado acordó con su socio Ernesto Guevara Pastrán realizar una venta ficticia de las acciones de Guevara en Castillomax Oil & Gas y a su vez, sacar a Castillo Lara de la empresa Guevara Trading Corp, de tal manera de tener dos entidades supuestamente independientes para poder hacer los pagos de los sobornos a los funcionarios corruptos y evitar investigaciones futuras.
Las cuentas de Guevara Trading (GT) fueron usadas para recibir las coimas provenientes de la empresa NF, ya que fue ésta última la compañía (asociada al esquema de corrupción) la usada para obtener los contratos porque la misma es proveedora inscrita en Bariven. Las cuentas bancarias de GT fueron usadas para pagar los sobornos al exgerente de la Terminal Jose, Jesús Osorio y de otros funcionarios de Pdvsa que participaron en la operación.
A pesar de la movida disuasiva, Castillo Lara y sus socios usaron cheques de Guevara Trading para comprar una oficina ubicada en 8vo piso de la Torre Movilnet en Caracas, (oficina 8-5) donde opera Castillomax. 
Guevara Trading es una empresa de maletín, sin oficina ni empleados, no ha hecho declaraciones de impuestos al SENIAT ni mantiene presencia comercial real en ningún país. Fue creada únicamente para recibir las comisiones en dólares, que luego cambiaban en el mercado negro para pagar los gastos operativos de Castillomax Oil & Gas, y comprar las propiedades inmuebles y otros regalos que le daban a los funcionarios de Pdvsa.
Ernesto Guevara Pastrán era un extrabajador de Citigroup en Caracas quien fue despedido de su cargo antes de asociarse a Castillo Lara. A su salida de Citi, Guevara tenía los contactos de los grandes operadores de divisas que cambiaban los dólares a precios del mercado paralelo y luego usaban los blanqueaban a través de cuentas en Banesco y Provincial.
Los movimientos de grandes sumas de dinero de Guevara Trading en los Estados Unidos conllevó a la apertura de una investigación por parte de las agencias federales que produjo el cierre de las cuentas en las entidades financieras norteamericanas, entre ellas una en JP Morgan Chase y Banesco USA.
Cuando este evento se produjo, Castillo Lara abrió la empresa Marina Shipping en Panamá colocando al frente a un individuo de nombre Claudio Luponetti, hermano de un funcionario de Pdvsa en el estado Zulia que actualmente es residente legal panameño. Con la entidad abrieron una cuenta bancaria de negocios en en el banco Capital Bank con la cual operan hasta el presente.

Los sobornos pagados por Castillomax Oil & Gas, Guevara Trading y NF a Jesús Osorio iban desde apartamentos y casas botes, hasta relojes Rolex, Bvlgari, Tag heuer y Longines que eran comprados por cantidades de dinero exorbitantes en una joyería de confianza ubicada en el Centro Comercial La Vela de la isla de Margarita. Las compras se cancelaban con cheques de Guevara Trading.

Castillo Lara y sus socios regalaron a un sujeto llamado Alejandro Gantaume, quien fue empleado de Pdvsa, un reloj Tag Heuer Carrera valorado en $7560 dólares y un reloj Cartier a otro hombre llamado César Vázquez. Esto ocurrió durante el Congreso HOLA 2014 celebrado en el Hotel Venetur de Margarita. 

En esa oportunidad, Castillo Lara también obsequió un Rolex a Ana Castellano, un Bvlgari a Jesús Arena, un Longines a Rolando Medina. La factura de los regalos alcanzó los $80 mil dólares y fueron pagados con un cheque de Guevara Trading.

Existen documentos probatorios de la adquisición de tres vehículos Camry Toyota que fueron comprados en el estado de la Florida en 2016 a través de dos intermediarios: Yoselín Marianella Clarac Hernández y Mario Alexander Hernández. Uno de esos vehículos, color negro, fue obsequiado por Castillo Lara a Jesús Osorio.

Yoselín Clarac ha estado vinculada a Castillo Lara desde antes de 2006, cuando el empresario fue despedido de Pdvsa y empezó a construir su supuesto imperio empresarial ahora bajo el escrutinio público.

Al cierre de esta nota se conoció que el abogado de Castillo Lara, Darling Hernández fue denunciado ante el Ministerio Público por haber usado sus influencias con una juez de menores del estado Vargas para lograr que su cliente obtuviera de manera ilegal la custodia de tres hijos menores en violación de las leyes sobre la materia.

Leer más detalles  de este aspecto aquí.

jueves, 30 de marzo de 2017

Ratifican fecha de sentencia de empresarios procesados por corrupción en EEUU, Roberto Rincón y Abraham Shiera

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Texas ratificó mediante un memorando la fecha de la sentencia de los empresarios venezolanos, Roberto Enrique Rincón Hernández y Abraham José Shiera-Bastida para el 14 de julio de 2017 a las 10:00 AM.

En el documento, el juez del Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller dió a conocer un calendario procesal que incluye las fechas para los procesos previos a la condena de los empresarios, ligados al gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, hallados culpables de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y de participar en un esquema de negocios corrupto, que implicó el pago de sobornos para obtener contratos millonarios con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

En el calendario se señala que el reporte final de la investigación del caso Rincón-Shiera estará a disposición de los acusados el 2 de junio de 2017.

Los abogados de la defensa deberán objetar por escrito  los hechos utilizados y la aplicación de las directrices o hacer una declaración de que no hay objeción antes del 16 de junio de 2017

El oficial de libertad condicional deberá someter al juez los informes finales de la presentación con un addendum que aborde las ediciones contestadas antes del 30 de junio de 2017.

Todas las mociones, memorandos de sentencia y cartas de apoyo deberán ser presentadas a más tardar el lunes anterior a la sentencia para ser considerada.

La lectura de la sentencia se llevarán a cabo el 14 de julio de 2017 a las 10:00 a.m.