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sábado, 20 de abril de 2019

Abogados de CITGO no convencieron al Juez para desestimar demanda millonaria de ex ejecutiva despedida por negarse aprobar pagos fraudulentos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los representantes de CITGO Petroleum Corporation no lograron convencer al juez de la corte del Distrito Judicial 215Th del condado de Harris, Texas, para que desestimara una demanda en contra de la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos interpuesta por la exempleada de la refinadora, quien busca una compensación económica millonaria alegando que fue despedida luego de rechazar órdenes de sus superiores para cometer fraude.
La orden de la corte informa que fue denegada la petición hecha por los abogados de CITGO para desestimar el caso de Marisol Gómez, exvicepresidenta de Recursos Humanos de la refinadora venezolana bajo control de la administración del presidente interino, Juan Guaidó, por la decisión del gobierno de los Estados Unidos. 

La demandante alega que durante un período de sus servicios en CITGO, observó irregularidades cometidas por sus superiores, entre quienes menciona a el ex presidente de la filial, fallecido bajo la custodia del estado venezolano, Nelson Martínez en diciembre de 2018. 

Gómez habría reportado frecuentemente los malos manejos de Martínez, los cuales se concretaron con el visto bueno o sin oposición de varios funcionarios de CITGO — que actualmente forman parte de la nueva directiva de la filial estadounidense de la petrolera designada por el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó tras la decisión de los Estados Unidos de entregarle el control de la petrolera  y que para el período denunciado tenían cargos administrativo, entre ellos Rick Esser, Glenn Hilman y Gina Coon. 

Expone la demanda que por los llamados de alerta sobre las irregularidades, la asignación de Gómez en CITGO fue dada por terminada en marzo de 2017. Por su negativa aprobar las operaciones fraudulentas—argumenta— fue despedida sin que se le cancelaran los bonos de actuación, razón esta por la cual la exempleada acudió ante las instancias judiciales demandando a la corporación.

De acuerdo a las fuentes ligadas al caso, la admisión de esta demanda conlleva a posibles nuevas querellas legales y financieras contra CITGO, puesto que los muchos acreedores de la corporación seguirán tratando de arrebatar los activos de petrolera.

Si Marisol Gómez, logra demostrar que los ejecutivos de CITGO cometieron fraude y actos de corrupción en la empresa, podría obtener una compensación de varios millones de dólares.

En la demanda presentada por Gómez en febrero 2019, se alega que la mujer trabajó en la industria petrolera en Venezuela por 25 años y que luego fue transferida en 2014 a la sede de Houston de CITGO para ejercer como vicepresidente de Recursos Humanos.

En los documentos de la corte se alega que el exjefe de Gómez, Nelson Martínez, quien ejerció como presidente de CITGO, suscribió contratos fraudulentos con la empresa llamada GFC Consultores LLC.

En la demanda se destaca que la corporación de Florida, era propiedad del hijo de Nelson Martínez con uno de sus amigos que actúa como agente registrador. Dicha compañía habría sido supuestamente contratada para realizar servicios de relaciones públicas y recursos humanos para CITGO. Los documentos sostienen que la filial del Estado venezolano en Estado Unidos, presuntamente, pagó millones de dólares a GFC por gastos no vinculados a la corporación.

Los reportes dados por Gómez reseñan que existen facturas de pago de CITGO a GFC Consultores LLC por un orden de USD 6.1 millones, durante un período de tres años, incluidos USD 4.5 millones, pagados por PDV USA y USD 1.6 millones, pagados por CITGO entre octubre de 2014 y noviembre de 2017.

Según los documentos, los pagos incluyeron recibos de eventos, banquetes, obsequios, comidas y hasta reparaciones de las casas (residencias personales) de varios empleados que salían de las arcas de PDVSA y de CITGO.

Entre los argumentos expuestos en la demanda se destaca el hecho que Gómez, supuestamente se opuso a la ejecución de esos pagos que estaban previamente autorizados por Martínez, quien era el CEO de la corporación.

Las operaciones irregulares también habrían sido autorizadas por el expresidente de la filial, José Pereira, y por el exvicepresidente, Gustavo Cárdenas, quienes se encuentran arrestados en Caracas desde noviembre de 2017.

Por medio de esta demanda Gómez pretende obtener una compensación millonaria.



viernes, 19 de abril de 2019

Las estrategias y acciones de Crystallex para apropiarse de CITGO

A raíz de que fuera expropiada de sus bienes en Venezuela por el fallecido expresidente Hugo Chávez, la empresa minera canadiense Crystallex emprendió una batalla para cobrar el premio que le concediera el CIADI por las pérdidas sufridas. Desde entonces, una serie de eventos han tenido lugar, entre ellos la aparición en escena de Juan Guaidó, quien lucha por evitar que el país sea despojado su activo más valioso en el extranjero: CITGO.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
El futuro del principal activo de Venezuela en el exterior, a saber, CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela S.A., se debate en la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de los Estados Unidos en Filadelfia, donde los jueces Anthony Scirca, Joseph Greenway y Thomas Ambro, titulares del caso, deliberan acerca de la pertinencia o no de tomar en cuenta la grave crisis que atraviesa el país suramericano, a la hora de decidir sobre el reclamo que mantiene Crystallex International Corp. sobre los bienes de la empresa en territorio estadounidense como forma de pago de la acreencia de la nación derivada de la expropiación que sufriera a manos del gobierno del finado expresidente, Hugo Chávez.

Y es que mientras los ejecutivos de Crystallex reclaman que los bienes de CITGO sean subastados para cobrar el premio de USD 1.400 millones que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) determinó en 2016 que Venezuela debía cancelar a la transnacional como mecanismo de compensación por el arrebatamiento de sus bienes por parte de la administración chavista, ahora en manos de Nicolás Maduro, un nuevo actor ha entrado en escena con la intención de detener que la refinería pasé a manos de la transnacional: Juan Guaidó, el presidente encargado de la Venezuela, quien el 23 de enero de 2019 asumió la primera magistratura ante un cabildo abierto y fue reconocido como tal por la administración de Donald Trump y más de cincuenta países en el mundo.

Entre las primeras decisiones de gobierno, Guaidó designó el 13 de febrero una nueva junta directiva de CITGO integrada por Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta, Andrés Padilla y Rick Esser. “Con esta decisión no solo estamos protegiendo nuestros activos, también evitamos que continúe la destrucción y que perdamos la empresa”, manifestó el líder opositor[1].

Esta designación contó con el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos que les otorgó a Juan Guaidó y a su equipo el control de CITGO en territorio norteamericano. El Departamento del Tesoro extendió la licencia que permite a CITGO Petroleum Corp. mantener operaciones en el mercado, aun cuando sostiene una serie de sanciones en contra de la PDVSA en manos de Maduro. “Esta extensión autorizará por más tiempo las actuales operaciones de CITGO al tiempo que prohibirá que cualquier beneficio regrese al régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro”, dijo un portavoz del Tesoro en condición de anonimato[2].

Tal situación ha puesto ante una decisión difícil a los jueces, quienes ahora deben evaluar no solo los considerandos de Crystallex y los representantes del gobierno de Nicolás Maduro, sino también la posición de quienes aspiran restablecer la democracia en Venezuela y de la administración de Trump que los apoya. Y es precisamente esto último el principal argumento esgrimido por Guaidó y sus abogados, quienes advierten a la Corte de Apelaciones del tercer circuito de Filadelfia ante la cual PDVSA acudió para que se reconsidere el fallo de un juez en Delaware que concedió a Crystallex anexarse activos de PDV Holding para resarcir la deuda que con ella mantiene Venezuela, que advirtió que la política exterior de Trump estaría en peligro al impedir la habilidad de Guaidó para completar la transición de la república [de Venezuela] a la democracia, dicen los documentos legales[3].

Pero ante tal posición el juez Anthony Scirca advirtió durante la audiencia que “Podríamos estar en la misma situación que tenemos ahora dentro de un año”, una posición en línea con los argumentos de Crystallex, cuyo abogado, Miguel Estrada, refirió en un escrito que “Quien controla Venezuela hoy y lo que quieran o no quieran hacer en el futuro es irrelevante respecto si a Crystallex le corresponder recaudar su laudo”.

Para la representación legal de Crystallex, tanto PDVSA como el gobierno interino de Guaidó mantienen una posición similar que afecta los intereses de la minera despojada de la Las Cristinas por Hugo Chávez.

Crystallex batalla por excluir a Guaidó

Para la canadiense Crystallex es fundamental evitar que Juan Guaidó y su representación legal como presidente encargado de Venezuela se incorporen al litigio y, en tal sentido, ha enfilado sus baterías.

También quiere sacar del juego a los tenedores de los bonos PDVSA 2020, quienes procuran evitar la subasta de la petrolera para así no ver afectados sus intereses de cobro al vencimiento de los papeles.

Para unos la subasta significaría la destrucción del valor de los activos de CITGO y para otros la posibilidad de no recibir pago por su inversión[4].

La representación judicial de la administración de Juan Guaidó solicitó a la Corte de Apelaciones revocar el fallo que concedió a Crystallex hacerse de los activos de CITGO en los Estados Unidos.

Guaidó lucha por preservar los bienes venezolanos y quieren que el tribunal considere la situación política de Venezuela. “Tal subasta no sólo sería impropia. Sería peligrosa, socavaría la política exterior de los Estados Unidos al obstaculizar la capacidad del presidente interino Guaidó para completar la transición de la república a una democracia”, dijeron los abogados del bufete Arnold & Porter en un documento presentado en la corte el 3 de abril a la corte[5].

Para Juan Guaidó resulta fundamental evitar la venta de los bienes de la filial petrolera en Estados Unidos sobre los cuales el gobierno de Donald Trump le ha otorgado absoluto control.

Nicolás Maduro, enfrentado a Guaidó —a la sazón también presidente de la Asamblea Nacional— ha acusado al opositor querer robarse CITGO, pero un fallo de la Corte de Apelaciones emitido el 20 de marzo le concedió al parlamentario y mandatario interino, intervenir en el litigio a través de sus representantes legales.

La decisión del tribunal dio a pie a que los abogados de Juan Guaidó argumentaran su solicitud de que suspenda la subasta por la que Crystallex cobraría sus acreencias por USD 1.400 millones en decisión concedida por el CIADI. 

"Le concedemos a la República de Venezuela la moción de intervenir", dijo el juez Thomas Ambro, quien otorgó 120 días para que el gobierno interino venezolano presentara sus alegatos, al estimar que era un "tiempo suficiente para evaluar su posición en este y otros casos”[6].

La representación legal de Guaidó dijo el 15 de abril de 2019 durante la audiencia que “los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no toman en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano” y, además, sostuvieron que “la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos”[7].

Interesados en una tajada 

Sobre los bienes de CITGO acosan no solamente Crystallex, sino otros acreedores con los que Venezuela mantiene más de 150 mil millones de dólares en deudas.

Entre quienes formulan estos reclamos figura un muy poco conocido fondo de inversión estadounidense, a saber Tenor Capital Management, el cual aspira a obtener una tajada de USD 800 millones de CITGO, en virtud de que desde 2012 invirtió USD 76 millones en Crystallex International Corp para financiar la demanda contra Venezuela. Así lo dio a conocer una reseña de Reuters[8] que refiere que con su aporte, Tenor facilitó forzar la minera canadiense el cobro a Venezuela.

La inversión de Tenor entre 2012 y 2016 experimentó un crecimiento de 40 por ciento al año y se espera que supere los USD 2.000 millones en 2021. Para las empresas de financiamiento de litigios un objetivo fundamental es obtener retornos de tres a 10 veces su inversión inicial.

La minera estableció otorgar a Tenor Capital Management alrededor de un 70 por ciento de los pagos que obtuviera por parte de Venezuela. En noviembre de 2018, Crystallex llegó a un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro que le habría permitido haber recibido USD 500 millones, pero a las pocas semanas acusó al país de incumplir los términos del referido acuerdo.

Sobre Tenor Capital Management Company, L.P., el portal Bloomberg informa que se trata de “un administrador de inversiones de propiedad privada. La firma presta principalmente sus servicios a vehículos de inversión conjunta. También abastece a corporaciones y empresas. La firma gestiona carteras de renta fija y renta variable centradas en el cliente. También lanza y gestiona fondos de cobertura para sus clientes. La firma invierte en los mercados públicos de renta fija y renta variable en todo el mundo. Por lo general, utiliza un arbitraje convertible, un arbitraje de la estructura de capital, la volatilidad y el valor relativo del crédito, y operaciones de situaciones especiales para realizar sus inversiones. Para sus inversiones de capital, la empresa invierte en acciones de capitalización media con una capitalización de $ 500 millones a $ 5 mil millones. Emplea investigación externa e interna para hacer sus inversiones. Tenor Capital Management Company, L.P. fue fundada en julio de 2004 y tiene su sede en la ciudad de Nueva York”[9].

Sobre el misteriosos acuerdo entre Maduro y Crystallex

Como se dijo líneas arriba, entre la administración de Nicolás Maduro y Crystallex, privilegiando las acreencia de la canadiense por encima del resto de los acreedores, se firmó una negociación que no contó con la aprobación de la Asamblea Nacional, requisito indispensable de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para dar validez a los convenios suscritos por la nación.

El procurador de la república designado írritamente sin el consentimiento parlamentario, Reinaldo Muñoz Pedraza, suscribió el acuerdo en el que hubo alteraciones en el texto, los cuales significaron la afectación de los intereses de Venezuela.

La negociación secreta tuvo lugar el 10 de septiembre de 2018 y de esta manera se modificaron los términos de la transacción anterior firmada en 2017, lo que permitió a Crystallex obtener un pago de USD 425 millones, el cual sería el primero hasta completar el pago de la deuda.

Si Venezuela no cumplía con los pagos acordados, Crystallex podía reiniciar sus acciones legales.

No existe información oficial acerca de los pagos hechos por Venezuela a Crystallex, pero el precipitado acuerdo que evitaría la confiscación de CITGO contemplaría que PDV Holding Inc. es que el alter-ego de PDVSA, otorgando así a la empresa minera los derechos sobre la petrolera en territorio estadounidense.

El acuerdo contempla dos tipos de pagos, uno inicial de USD 425.000.000, mientras que el saldo restante de USD 814.632.217, sería dividido en 34 cuotas que habrían de comenzar a cancelar el 1° de febrero 2019, concluyendo las erogaciones el 28 de enero del 2021. La suma de la cuotas realizadas y las por hacer suman USD 1.314.271.214,43, lo cual representa USD 112.271.214,43 millones por encima de lo concedido por el CIADI.

El acuerdo también establece que Venezuela mantendría en garantía activos por el valor de 120 por ciento del monto a pagar en cuotas, conocido como lo “sustancialmente habitual”[10].

Por ahora se mantiene el suspenso acerca de cuál será el desenlace final de esta novela por entrega que tiene lugar desde que Hugo Chávez decidiera expropiar a Crystallex pero, sobre todo, la expectativa con relación al papel que Juan Guaidó jugará en este litigio.

Citas:

[1] El Nuevo Herald. “Guaidó aprieta las tuercas a Maduro con filial petrolera en EEUU”. 13 de febrero de 2019. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article226224465.html


[2] PanamPost. “EEUU otorga licencia a CITGO para seguir operando pero en manos de Guaidó”. 15 de marzo de 2019. https://es.panampost.com/sabrina-martin/2019/03/15/eeuu-otorga-licencia-a-citgo-para-seguir-operando-pero-en-manos-de-guaido/?cn-reloaded=1

[3] Documento de la Corte de Apelaciones del Distrito Tercero, PA. 

[4] Banca y Negocios. “Crystallex quiere excluir argumentos de abogados de Guaidó en caso contra Citgo”. 19 de marzo de 2019. http://www.bancaynegocios.com/crystallex-quiere-excluir-argumentos-de-abogados-de-guaido-en-caso-contra-citgo/

[5] Notiamerica. “Venezuela.- Abogados de Guaidó piden a una corte de EEUU que revoque un fallo para que Crystallex incaute parte de Citgo”. 6 de abril de 2019. https://www.notimerica.com/politica/noticia-venezuela-abogados-guaido-piden-corte-eeuu-revoque-fallo-crystallex-incaute-parte-citgo-20190406070741.html

[6] Reuters. “La corte de los Estados Unidos permite que el venezolano Guaido discuta en el caso Crystallex”. 21 de marzo de 2019. https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-crystallex/u-s-court-allows-venezuelas-guaido-to-argue-in-crystallex-case-idUSKCN1R22C4

[7] Venezuela Política. “CITGO sigue siendo el centro de disputa entre Crystallex y la república de Venezuela”. 16 de abril de 2019. http://maibortpetit.blogspot.com/2019/04/citgo-sigue-siendo-el-centro-de-disputa.html


[8] Reuters. “A FONDO-¿Quiere demandar a Venezuela? Varias firmas pueden ayudar... por un precio”. 21 de diciembre de 2018. https://lta.reuters.com/articulo/idLTAL1N1YQ0DA

[9] Bloomberg. Company Overview of Tenor Capital Management Company, L.P. https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=9301922

[10] Venezuela Política. “Conoce la misteriosa del acuerdo firmado entre Crystallex y el régimen de Nicolás Maduro”. 12 de abril de 2019. http://maibortpetit.blogspot.com/2019/04/conoce-la-misteriosa-del-acuerdo.html

jueves, 18 de abril de 2019

Exfuncionario chavista será sentenciado en Houston en octubre por cargos de corrupción y lavado de dinero

Por Maibort Petit

@maibortpetit

El juez federal Kenneth M. Hoyt ordenó reprogramar la sentencia de Luis Carlos de León-Pérez para el 7 de octubre de 2019. En julio de 2018, De León -Pérez se declaró culpable se haber participado en un plan para sobornar a los funcionarios de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), y por su papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucraba las coimas pagadas por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar de forma corrupta los contratos de energía y la prioridad de pago de las facturas pendientes.

Luis Carlos De León Pérez, es un ciudadano de doble nacionalidad, venezolano-estadounidense, que residía en España, aceptó su culpabilidad en la Corte Federal de Houston por un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y por conspiración para cometer lavado de dinero. 

La sentencia de De León Pérez que estaba programada inicialmente para el 24 de septiembre de 2018 se ha cambiado en varias oportunidades.

De León Pérez fue arrestado en España en octubre de 2017 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, en base a una acusación por 20 cargos contra él y sus socios Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas; César David Rincón Godoy; Alejandro Isturiz Chiesa; y Rafael Ernesto Reiter Muñoz.

De León, entre 2011 y 2013 conspiró con Villalobos, César Rincón, Isturiz y otros, todos funcionarios de PDVSA y sus subsidiarias o ex funcionarios de otras agencias gubernamentales venezolanas, para solicitar a los proveedores de PDVSA sobornos a cambio de brindarles asistencia para hacer y mantener sus negocios con PDVSA. Específicamente, De León admitió que solicitó y dirigió sobornos de Roberto Enrique Rincón Fernández y de Abraham José Shiera Bastidas a funcionarios de PDVSA para ayudar a las empresas de Roberto Rincón y Shiera, incluidas sus empresas con sede en los Estados Unidos, a recibir la prioridad de pago y contratos adicionales de PDVSA. 

En su declaración de culpabilidad, se señala que De León Pérez admitió que conspiró con Roberto Rincón y Shiera para lavar y ocultar las ganancias del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras, incluidas transferencias bancarias a cuentas en Suiza a nombre de personas o entidades distintas de De León y sus co-conspiradores.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, De León también admitió haber solicitado sobornos a otros propietarios de compañías de energía con sede en los Estados Unidos y otros lugares, y haber dirigido una parte de dichos sobornos a los funcionarios de PDVSA para ayudar a esas personas y sus empresas a ganar negocios con PDVSA y para obtener el pago de PDVSA en las facturas pendientes por delante de otros proveedores de PDVSA.

El juez ordenó que los reportes de la sentencia de De León Pérez sean entregados al acusado el 30 de agosto de 2019. Los abogados de la defensa tendrán hasta el 20 de septiembre para hacer objeciones. 

En el caso de De León Pérez están involucradas las siguientes personas: Roberto Enrique Rincón Fernández, Moisés Abraham Millan Escobar, Abraham José Shiera Bastidas, José Luis Ramos Castillo, Juan José Hernández Comerma, Christian Javier Maldonado Barillas, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, Charles Quintard Beech III, Karina Del Carmen Nuñez-Arias, Fernando Ardila-Rueda, César David Rincón Godoy, Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, Alejandro Isturiz-Chiesa, José Manuel González Testino y Juan Carlos Castillo, entre otros.

miércoles, 17 de abril de 2019

Candidato presidencial de Guatemala arrestado por cargos de narcotráfico en Miami

Estrada prometió al supuesto representante del cártel de Sinaloa que si le pagaban la campaña presidencial podrían designar a los ministros de la Defensa y de Interiores para proteger las actividades de narcotráfico en Guatemala. Será juzgado en Nueva York.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El gobierno de Estados Unidos acusó este miércoles al candidato presidencial de Guatemala, Mario Amilcar Estrada Orellana, de intentar solicitar financiamiento de su campaña electoral a los carteles de la droga a cambio del apoyo de su futuro "Gobierno" para los envíos de cocaína a los EE. UU.


La fiscalía del Distrito Sur dió a conocer la acusación contra el candidato presidencial guatemalteco Mario Amilcar Estrada Orellana y Juan Pablo González Mayorga bajo los cargos de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y por posesión y uso de ametralladoras.

Estrada y González fueron arrestados hoy en Miami, Florida, y serán presentados este jueves ante el juez, Jonathan Goodman en la corte federal de Miami.

El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo en un comunicado que tal como se alega en la acusación, Estrada y González conspiraron para solicitar dinero del Cartel de Sinaloa para financiar un plan corrupto para elegirse presidente de Guatemala. A cambio, los dos acusados supuestamente prometieron ayudar al cartel a usar los puertos y aeropuertos guatemaltecos para exportar toneladas de cocaína a los Estados Unidos. 

En la acusación federal se alega que Estrada y González intentaron concretar los asesinatos de sus rivales políticos. Berman dijo que "gracias a la DEA, Estrada no tiene posibilidades de ser elegido en Guatemala, pero él y González enfrentarán la justicia en los Estados Unidos “.



El agente especial de la DEA, Adolphus P. Wright, dijo: “La División de la agencia en Miami está muy satisfechos con los arrestos de Mario Estrada Orellana y Juan González Mayorga".

Wright dijo que el arresto de los dos acusados fue el resultado directo de la fuerte asociación y colaboración con las autoridades antinarcóticos guatemaltecas. Acotó que continuarán con los esfuerzos para evitar que el tráfico de drogas ilegales corrompa los sistemas políticos de nuestros vecinos de América Central y América del Sur, ya que también nos esforzamos por evitar que esa actividad dañe a los Estados Unidos”.

Los cargos


Desde alrededor de diciembre de 2018, la DEA investigó  a varias personas que intentaron solicitar fondos a los cárteles internacionales de la droga para apoyar la campaña presidencial de Estrada. Durante algunas de estas negociaciones, miembros de la operación conocida como la "Conspiración de Estrada", entre ellos el mismo Estrada y González, interactuaron con supuestos miembros y asociados del Cartel de Sinaloa, una poderosa organización internacional de narcotráfico con sede en México, que de hecho eran fuentes confidenciales que actuando bajo la dirección de la DEA.


Durante el curso de estas reuniones y otras comunicaciones, algunas de las cuales fueron grabadas en video y audio, Estrada y González solicitaron millones de dólares en ingresos por drogas del Cartel de Sinaloa para apoyar la Campaña Estrada. A cambio del apoyo financiero del Cartel de Sinaloa, Estrada y González  acordaron que si Estrada era elegido presidente de Guatemala, brindaría apoyo patrocinado por el Estado de Guatemala a las actividades de tráfico de drogas del Cartel de Sinaloa.

Entre otras cosas, los dos acusados acordaron proporcionar al Cartel de Sinaloa un acceso sin restricciones a los aeropuertos guatemaltecos y a los lugares de envío marítimo para que el cartel pudiera transportar toneladas de cocaína a través de Guatemala, a los Estados Unidos.



Estrada y González también ordenaron a los cooperantes de la DEA que contrataran sicarios para asesinar a sus rivales políticos para garantizar que Estrada fuera elegido presidente de Guatemala. En particular, los dos acusados identificaron objetivos específicos por sus nombres y acordaron proporcionar armas de fuego a los sicarios, incluidos los AK-47, para llevar a cabo los asesinato.
El acusado es candidato presidencial en Guatemala para las elecciones que se realizaran en junio de 2019.

Dice que los cooperantes de la DEA se reunieron con González el 6 de enero de 2019 en ciudad de Guatemala, donde este le explicó que era miembro del partido (1) en Guatemala y que Estrada era el candidato, y que para ser competitivo en las elecciones necesitaba que los carteles les financiaran las campañas. Le pregunto al CS1 si conocía a los grupos que estuvieran interesados y que si ganaba varias agencias del gobierno apoyarían las actividades de narcotráfico. Inclusive le dijo que el cartel que financiara podría nominar el ministro del interior que es el órgano del gobierno que se encarga de designar la policía y el de la Defensa que son los militares.

El agente encubierto de la DEA preguntó a Estrada y a González que si el cartel financiaba la campaña querían tener acceso al gobierno a lo que los acusados respondieron que si el cártel de Sinaloa lo hacía entonces podrían nombrar a los ministros del Interior y defensa que son los que controlan los aeropuertos y puertos de Guatemala, para lo cual tenían que entregar una lista de tres de los cuales Estrada escogería a uno.

El CS1 le dijo a Estrada y a González que el CS2 representaba a uno de los líderes del cártel de Sinaloa, Ismael "el Mayo" Zambada, y que este estaba interesado en financiar a la campaña a cambio del apoyo del gobierno de Guatemala a las actividades del cártel.

Estrada solicitó entre 10 a 12 millones de dólares, porque necesitaba enviar un monto de dinero considerable a los 22 distritos de Guatemala para poder ganar los votos en cada distrito. También planeaba pagar dos millones de dólares a un individuo para que hiciera la campaña on line.

El CS1 le dijo que el cártel de Sinaloa iba a enviar un cargamento de USD30 millones en cocaína para enviarla a Nueva York y que USD 15 millones provenientes de la ventas de la droga iban a ser entregados a Estrada en Guatemala.

El cooperante 2 de la DEA propuso enviar 6 aviones cargados de cocaína a Guatemala mensuales y que casa aeronave iba a cargar varias toneladas de cocaína, de los cuales le darían a Estrada el 10 por ciento de cada tonelada. En total, Estrada recibiría un pago por aproximadamente entre 40 y 50 toneladas de cocaína. Estrada habría acordado hacer la negociación, dice la demanda. 



El cooperante de la DEA también le dijo que la droga con la que iban a ser financiada su campaña  iba a ser enviada a Nueva York, y de la cual recibiría USD 5 millones de dólares en un futuro muy corto.

El 14 de febrero de 2019, González se reunió con el CS2 y un agente encubierto en una bodega en Florida. Allí acordaron contratar a un sicario para que matara a los rivales políticos de Estrada.  En una reunión posterior, el entonces candidato le dijo al cooperante de la DEA que no era necesario proceder con los asesinatos porque otra persona iba a matar al target.

El 4 de  marzo 2019 Estrada, González, CS1 y CS2 se reunieron en la ciudad de Guatemala. En ese encuentro, Estrada le dijo que necesitaba con urgencia que el cártel de Sinaloa le pagara los gastos de la campaña. Discutieron cómo llevar el dinero y Estrada propuso que fuera a través de un Yate UC con la ruta Miami-Cuba- Guatemala. CS1 le dijo que un yate llamaría la atención de las autoridades pero Estrada le aclaró que si tenía bandera americana y era manejada por ciudadanos estadounidenses. Igual el acusado dijo que que era más fácil comprar un yate que pagar el transporte que se había discutido.

En una reunión ocurrida el 5 de marzo, el CS1 propuso que había una persona que podía mover USD 500.000 por semana por una comisión del 12 por ciento, pero Estrada respondió que él ya había conseguido alguien que le llevara el dinero desde Miami e instruyó a CS1 para que le dijera a su fuente que enviara USD 2 millones que iban a transportar.

En otras reuniones Estrada aseguro tener los arreglos hechos para que le trajeran el dinero de Miami a Guatemala, y que sería él mismo el que se encargaría de manejar el dinero de su campaña y que además había escuchado que gente del cártel Jalisco Nueva Generación estaban interesados en financiar también su campaña.
 El 11 de abril de 2019, el CS1 contactó a González desde Manhattan, para informarle que tenía el dinero de la campaña y le preguntó si podía viajar a Miami para recoger el dinero.



Inserven, la empresa beneficiada por Luis Motta Domínguez con un largo historial de irregularidades

Incumplimientos con los trabajadores y con las empresas contratantes son la constante en de esta compañía que a pesar de sus antecedentes, continúa suscribiendo negociaciones con el estado venezolano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
Al parecer la experiencia vale poco —sobre todo la que revela incumplimientos— para la Corporación Eléctrica Nacional, a la hora de suscribir nuevos contratos o establecer relaciones con empresas señaladas de poseer un historial de irregularidades. Tal es el caso de Instalaciones y Servicios de Venezuela C.A. (Inserven), una compañía supuestamente vinculada al expresidente de Corpoelec, Luis Motta Domínguez, la cual exhibe un largo expediente de faltas que no fueron óbice para ser nuevamente contratada en 2018, según se desprende de un reporte en nuestro poder.
Fuentes de información señalan que Inserven fue altamente beneficiada por el exministro de energía eléctrica y expresidente de la corporación eléctrica, a quien la Asamblea Nacional le emitió un voto de censura por considerarlo responsable de la crisis eléctrica que padece Venezuela y su profundización. Dicho voto de censura fue emitido el 15 de febrero de 2017[1]. Algunas fuentes consultadas para la elaboración de esta nota informaron, bajo condición de anonimato, que la empresa está vinculada a Motta y a otros militares cercanos al exjefe de Corpoelec.

La propuesta de Inserven

El 13 de diciembre de 2018, el director de Instalaciones y servicios de Venezuela C.A. (Inserven), Roberto Pérez, remitió a la gerencia de generación de Corpoelec, una propuesta comercial para el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de generación TZ02, TZ03, TZ07 y TZ09:

La propuesta planteaba lo siguiente:

En primer lugar, por concepto de actividades asociadas a la rehabilitación de la unidad de generación TZ02 de la planta Termozulia se solicitaron Bs. 95.851.200,00.

Por concepto de servicios técnicos se solicitaron USD 391.111,00.
En segundo término, respecto a actividades asociadas a la rehabilitación de la unidad de generación TZ03 de la planta Termozulia se solicitaron Bs. 87.248.000,00.

Por concepto de servicios técnicos y repuestos se contemplaron USD 1.388.800,00.

En tercer lugar, se solicitaron Bs. 167.200.000,00 para actividades relacionadas al mantenimiento de la unidad de generación TZ07.

Por concepto de servicios técnicos y repuestos, se solicitaron USD 3.305.485,00.

En cuarto lugar, por actividades asociadas al mantenimiento de la unidad TZ08 de la Planta Termozulia se solicitaron Bs. 106.400.000,00.

Por concepto de servicio técnico y repuestos, se presupuestó la cantidad de USD 3.398.533,00.

En quinto lugar, por actividades relacionadas a la rehabilitación de la planta de agua y pozos de la planta Termozulia, se solicitaron Bs. 37.392.000,00.

Por concepto de servicios técnicos y repuestos se contemplaron USD 895.200,00.

Finalmente, la propuesta comercial estableció un total en moneda nacional de Bs. 494.091.200,00, mientras que el componente en moneda extranjera era de USD 9.379.018,00.

Estos precios no contemplaban el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La propuesta presentada por Inserven a Corpoelec contemplaba un plazo de ejecución de los trabajos de 90 días para la entrega de la unidad de generación TZ02; de 110 días para la unidad de generación TZ03; de 75 días para la unidad de generación TZ07; también de 75 días para la unidad de generación TZ08; mientras que para la planta de agua y pozos de la planta Termozulia, el plazo era de 775 días.
Al describir los trabajos a realizar, Inserven detalló que para la rehabilitación de la unidad de generación TZ02 de la planta Termozulia, según se describe en el siguiente cuadro:
Del mismo modo, en lo atinente a la rehabilitación de la unidad de generación TZ03 de la planta Termozulia se contempló llevar a cabo las siguientes actividades:
Para los trabajos de mantenimiento de las partes calientes de la unidad de generación TZ07, Inserven contemplaba realizar estos trabajos:
Entretanto, para el mantenimiento de las partes calientes de la unidad de generación TZ08 de la planta Termozulia, se preveían las siguientes tareas:

En lo que respecta a la planta de agua y los pozos de la planta Termozulia, se contemplaron estas actividades:

Las condiciones de pago

La propuesta comercial que Instalaciones y servicios de Venezuela C.A. planteó a la Corporación Eléctrica Nacional que el componente en moneda nacional se llevara a cabo, primero, cancelando un anticipo de 70 por ciento y el 30 por ciento restante al finalizar los trabajos.

En lo que respecta al componente en moneda extranjera, Corpoelec debía cancelar a Inserven un anticipo del 70 por ciento y el restante 30 por ciento a la entrega de los trabajos que tenían que ver con los servicios técnicos.

En materia de repuestos, se contempló un 50 por ciento de anticipo y un 50 por ciento previo al embarque e inspección por parte de Corpoelec en el país de origen.

Los plazos referidos en el aparte anterior, comenzarían a correr a partir del pago de los anticipos.

Igualmente los repuestos se entregarían en la planta Termozulia, debiendo correr todos los costos de nacionalización por parte de la Corporación Eléctrica Nacional.

La oferta comercial de Inserven tenía una validez de 90 días.

La empresa

En su página web, Instalaciones y servicios de Venezuela C.A. (Inserven) se define como una “empresa fundada en el año 1975, especializada en el área de generación eléctrica. Les ofrecemos a nuestros clientes servicios de la más alta calidad en forma eficiente y confiable. Poseemos una amplia trayectoria en instalaciones, mantenimientos, operación y suministro de repuestos a plantas de generación de electricidad. Para ello contamos con equipos y herramientas propias, así como con un grupo de técnicos especialistas con amplia experiencia y trayectoria en el sector”[2].

Agrega que en lo que respecta a pro llave en mano, Inserven los ejecuta en el sector eléctrico incluyendo ingeniería, procura y construcción; los trabajos de operación tienen que ver con la elaboración y ejecución de planes de mantenimiento a plantas eléctricas.

Sobre montajes electromecánicos, Inserven se dedica a la “ejecución de proyectos de montajes electromecánicos en general. Entre los que podemos mencionar: construcción de plantas eléctricas, sub-estaciones eléctricas, transformadores, sistemas de iluminación, acometidas eléctricas, entre otros”.

En materia de mantenimiento, la empresa es especialista en mantenimientos mayores y menores a turbogeneradores incluyendo el suministro de repuestos.

En lo atinente a esto último, Inserven suministra “repuestos para repuestos para turbinas, reparación y mantenimiento de generadores, estatores y rotores, tales como: alabes, toberas, partes calientes, partes de combustión, cojinetes, bobinas de alta tensión para estatores hasta 23 Kv., cuñas, piezas polares, rellenos, kits de aislamiento y materiales de montaje, entre otros”.

La empresa también se dedica a la adecuación de los sistemas de control con tecnología de punta, lo cual contempla la modernización y automatización de controles de Turbinas.

Por último, Inserven ofrece “servicios de asesoría durante la instalación de turbogeneradores, mantenimientos y arranques de plantas”.

Instalaciones y servicios de Venezuela C.A. (Inserven) se encuentra ubicada en la avenida Libertador, Edificio Exa, PH 14 y 23, El Rosal, municipio Chacao, Estado Miranda. Venezuela.

El Registro de Información Fiscal (RIF) es J-00105511-8.

Por una sentencia del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Falcón (Extensión Punto Fijo), de fecha 21 de Enero de 2010, conocemos que el representante legal de Inserven es (o era) Julio César Camejo Briceño, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V-9.985.606[3].

Otra sentencia emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia emitida el 9 de febrero de 2015, nos informa que Instalaciones y servicios de Venezuela C.A. (Inserven) está inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 28 de febrero de 1975, bajo el Nº 23, Tomo 8-A[4].

Historial de incumplimientos

El 24 de octubre de 2012, Argenis Chávez, en representación de Corpoelec, y Juan Roberto Pérez Hernández, por el consorcio Inserven-Distaca-CEP conformado por Consultores e Inversiones CEP C.A. de Venezuela, la sociedad mercantil colombiana Distaca S.A. E.S.P. e Instalaciones y Servicios Venezuela C.A. suscribieron un contrato para la ingeniería, procura y construcción (IPC) para la instalación y puesta en marcha de dos unidades de generación eléctrica con capacidad para 45 MW para Planta III, estado Lara. Los trabajos que inicialmente tuvieron un costo de Bs. 251.484.000 (Bs. 92.009.111 en moneda nacional y USD 39.380.000 del componente en moneda extranjera. La obra no se concluyó en 2014 como estaba previsto y se firmó un addendum o contrato complementario para extender la fecha de terminación de los trabajos[5].

En mayo de 2014, los trabajadores que se desempeñaban en las obras de cierre del Ciclo Combinado de Termozulia III, en la termoeléctrica Termozulia ubicada en La Cañada de Urdaneta, estado Zulia, paralizaron sus labores en protesta por las deudas que la Instalaciones y Servicios de Venezuela (Inserven), contratada por Corpoelec les mantenía en la ejecución del referido proyecto.

Los trabajadores —más de 150— denunciaron la falta de pago y el incumplimiento por parte de la contratista en lo atinente a los compromisos adquiridos con el personal, tales como sobretiempo, fines de semana y bonos por trabajos en las alturas y espacios confinados.

La paralización de los trabajadores afectó la ejecución del cierre del Ciclo Combinado de Termozulia III, conformada por dos turbinas que funcionan con combustible, cada una con una capacidad instalada de 150 megavatios (MW), para un total de 300 (MW)[6].
En 2016, el líder opositor Henrique Capriles denunció que el gobierno venezolano despilfarró USD 60.000 millones en plantas de generación eléctrica fallidas durante 17 años de gestión chavista. "¿Dónde está todo ese dinero que aparece en los registros como inversión del Estado?", se preguntó el exgobernador del estado Miranda y fundador de Primero Justicia.

Capriles hizo especial mención a la denuncia del sector sindical eléctrico que refirió que entre 2008 y 2015 el gobierno invirtió USD 32.800 millones en contratos que supuestamente generarían 16.354 megavatios, habiéndose incorporado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tan solo 3.044 megavatios. Indicó que Corpoelec y PDVSA contrataron obras de generación eléctrica financiadas con fondos internacionales como el Fondo Chino, la Corporación Andina de Fomento y al Banco Interamericano de Desarrollo y recursos propios.

Señaló que entre las empresas involucradas en la contratación de obras figuran la brasileña Odebrecht, Waller Marine, el Convenio Alba-Cuba y la cubana Alba Energía Solar, junto a numerosas otras empresas extranjeras, mientras que entre las contratistas venezolanas se encontraban G.T.M.E, Inserven, Mantesa, Pacific RIM, Pro Energy Services, Profit Corporation, Derwick Associates y Wellintong Turbines LLCSurandem[7].

Inserven fue subcontratista de GTMW y Vepica con Le Electricidad de Caracas en negociación suscrita el 1° de junio de 2008 para llevar a cabo trabajos en la Central ubicada en La Raisa, Valles del Tuy, estado Miranda, para la colocación de dos turbinas.

La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que emitió su informe final en enero de 2017 refirió que el precio del contrato fue de USD 199.54 millones.

El análisis técnico y económico llevado a cabo por el parlamento indicó respecto a la valoración de los activos contratados, que “El costo total del contrato (IPC y equipos mayores) a precios de 2005 es de USD 174 millones de acuerdo con el PDSEN 2005-2014 y el PMSPRSEN 2010-2030, el costo estimado de instalar 170 MW ISO en un sistema de generación USD 80,75 millones (USD 475/kWe, 2005). Se observa una diferencia entre el costo anunciado y el costo referencial del orden de USD 94 millones a precios de 2005 (116 por ciento) que debe ser justificado”[8].

Igualmente, Ineserven participó como subcontratista de Derwick Associates contratada por La Electricidad de Caracas el 29 de mayo de 2009 para trabajos en el Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, ubicado en el sector Picure, Tacoa, estado Varga, cuyo precio fue de USD 110,9 millones, la Asamblea Nacional determinó que una diferencia entre el costo anunciado y el costo referencial que debía ser justificado. En este proyecto se realizaron siete desembolsos, cuyo componente en dólares sobrepasaba el monto del contrato en 7 por ciento. Subrayaron los parlamentarios que el monto del contrato fue superado desde el tercer desembolso.
Inserven también fue subcontratista de Derwick Associates y Elencor en contrato suscrito el 2 de octubre de 2010 con La Electricidad de Caracas para la instalación de cuatro turbogeneradores en Charallave, estado Miranda.

La AN determinó que el costo total del contrato a precios de 2005 era de USD 222.3 millones. Se indica que de acuerdo con PDSEN 2005-2024 y el PMSPRSEN 2010-2030, el costo estimado a instalar 136 MW en un sistema de generación a ciclo abierto era de USD 64,60 millones (USD 475/kWe, precios de 2005), observándose por tanto una diferencia entre el costo anunciado y el costo referencial que debía ser justificado debidamente.

En contrato suscrito el 11 de agosto de 2008, Inserven participó como como contratista junto a GTME y Derwick Associates para realizar trabajos en la Planta Juan Bautista Arismendi, TermoIsla 2, ubicada en Guamache, Nueva Esparta. GTME subcontrató a Inserven en 2011 para instalar y poner en funcionamiento las turbinas y el balance BOP, adaptándolas gas como combustible principal.

El costo del proyecto era de USD 337 millones y la AN recomendó la revisión del mismo en razón de la diferencia entre los costos anunciados y los costos referenciales.

El 14 de noviembre de 2011, para trabajos en Planta II, Barquisimeto, estado Lara, se contrató a Energing Gas y Electricidad-Consorcio IDC conformado por Inserven, Distaca y CEP, para la instalación de turbinas a gas. Ante la AN el representante de Energing dijo en 2016 que el contrato no incluía el suministro de los equipos mayores.

El costo total del contrato sin equipos mayores era de USD 79.57 millones. Sobre el contrato inicial se suscribieron tres adenda o contratos complementarios.

La AN observó una diferencia de USD 41.6 millones entre el costo anunciado y el costo referencial que debía ser justificado debidamente.

Inserven participó en obras de Termobarrancas, estado Barinas, cuyo contrato fue de USD 95 millones de acuerdo a precios de 2005, pero la AN determinó una diferencia de USD 15 millones entre el costo anunciado y el costo referencial que debía ser justificado debidamente.


Citas usadas en esta nota



[1] El Estímulo. “Asamblea Nacional aprueba votar censura al ministro Motta Domínguez”. 15 de febrero de 2018. http://elestimulo.com/elinteres/asamblea-nacional-aprueba-voto-de-censura-al-ministro-motta-dominguez/

[3] V Lex Venezuela. Decisión nº PJ0032010000005 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 21 de Enero de 2010. https://vlexvenezuela.com/vid/demndante-demandadada-instalaciones-inserven-301207514

[5] Venezuela Política. “Las turbias negociaciones del hermano de Hugo Chávez al frente de Corpoelec (Parte II)”. 11 de julio de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/07/las-turbias-negociaciones-del-hermano.html


[6] La Verdad. “Trabajadores paralizan construcción de Termozulia III por falta de pago”. 21 de Mayo de 2014. http://www.laverdad.com/economia/52682-trabajadores-paralizan-construccion-de-termozulia-iii-por-falta-de-pago.html

[7] Economía sin secretos. “ABC: Venezuela despilfarró 53.000 millones de euros en plantas eléctricas fallidas”. http://www.economiasinsecretos.com/noticias/abc-venezuela-despilfarro-53000-millones-de-euros-en-plantas-electricas-fallidas/

[8] Transparencia. Asamblea Nacional. Comisión Mixta para el estudio de la crisis eléctrica en el país. Informe final. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf