sábado, 25 de marzo de 2017

Demanda contra los "Bolichicos" continuará siendo discutida en la corte de apelaciones de NY

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La posibilidad que la demanda contra los dos empresarios dueños de Derwick Associates Corp., interpuesta por el exembajador Otto Reich, regrese al tribunal neoyorquino quedó pendiente en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, tras haberse iniciado la primera audiencia tuvo lugar el 10 de marzo, y donde la parte demandante pidió al panel de jueces aceptar la querella que inicialmente fue desestimada porque no correspondía a la jurisdicción de la ciudad de Nueva York. La próxima se realizará en el mes de mayo de 2017.


El panel, conformado por los jueces de Circuito, Christopher F. Droney, Dennis Jacobs y Timothy Stanceu, escuchó los argumentos del nuevo abogado de Otto Reich, Jeffrey Ernest Grell, quien intentó convencerlos que los supuestos delitos cometidos por los demandados, Leopoldo Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López tenían suficiente vinculación con Nueva York.

La parte demandante explicó que los acusados tienen propiedades y conducen negocios en la ciudad de Nueva York desde hace varios años, lo que al parecer será considerado por los jueces.

La demanda afirma que Reich resultó perjudicado desde el punto de vista financiero y en su reputación, por los empresarios como resultado de versiones falsas difundidas por ellos, según las cuales, el ex embajador trabajaba para Derwick, una firma conocida por sus conducta dolosa y fraudulenta. Según alegaciones, dos clientes de Otto Reich Associates LLC (Banco Venezolano de Crédito y el y el banquero venezolano Eligio Cedeño) cancelaron los contratos de asesoría por las afirmaciones de los empresarios demandados, lo que trajo como resultado la pérdida de dos clientes de dicha empresa, y por ende una pérdida patrimonial importante.

Reich asegura en la demanda que Betancourt López y Trebbau hacen negocios fraudulentos  en Nueva York y que la empresa de ambos, Derwick Associates Corp,  paga sobornos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurarse contratos millonarios sin licitación.

Grell explicó que los demandados ​​intentaron sobornar a su cliente para que hiciera servicios de consultoría para Derwick. Cuando el ex diplomático rechazó la oferta, los acusados suministraron al representante de un banco -que era cliente de la firma de Reich- falsa información que conllevó a la pérdida del contrato de dicha empresa. 

En respuesta a la acción criminal, Reich y su compañía demandaron a Betancourt y Trebbau en 2013  bajo la provisión de la Ley contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas, o RICO por sus siglas en inglés. Dicha demanda fue desestimada luego que el tribunal neoyorquino concluyera que no tenía jurisdicción sobre los dos acusados.

De acuerdo al nuevo abogado de Reich, Jeffrey Ernest Grell el tribunal de distrito tomó una decisión equivocada sobre los cargos de los que son acusados los dueños de Derwick. Explicó que los demandados intentaron cometer soborno, lo cual es penado por la ley de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Asimismo, Grell dijo que las comunicaciones hechas supuestamente por los acusados, donde suministraron información falsa y difamatoria contra Reich, viola la ley RICO. 

Grell aseguró que los dos demandados cometieron el crimen en la ciudad de Nueva York y por tanto el tribunal sí tiene jurisdicción sobre el caso. 

Uno de los aspectos que llamó la atención del juez Christopher F. Droney fue el hecho del tiempo que transcurrió entre los intentos de soborno por parte de los empresarios y las llamadas hechas por ambos al banco, que era cliente de Reich. Destacó el magistrado que entre ambos hechos había transcurrido dos años.

Por su parte el juez Dennis Jacobs no consideró que los cargos en la demanda coincidían, ya que no tenían un propósito común, ni víctimas comunes. A pesar de la poca aceptación que mostraron los jueces a los argumentos de la parte demandante, admitieron que estaban dispuestos a escuchar los argumentos con los cuales Grell buscaba dejar claro la relación de los cargos contra los dueños de Derwick y que es Nueva York la jurisdicción para ser juzgados. 

Los acusados, Leopoldo Alejandro Betancourt López estuvo representado por los abogados Frank H. Wohl y Jonathan D. Lamberti del escritorio jurídico Lankler Siffert & Wohl LLP, mientras que Pedro Trebbau López fue asistido por  Joseph A. DeMaria de la firma Fox Rothschild LLP.

El  abogado de Betancourt López hizo un esfuerzo para desestimar los argumentos presentados por la parte acusadora, inclusive se atrevió a decir que Reich no tenía autoridad para acusar a su cliente en la corte. Dijo que el caso no tenía lugar en el tribunal porque no había nada que reclamar.

Por su parte el defensor de Trebbau López aseguró que el caso no debía ser considerado porque no hay nada que defender, ya que no hay delito alguno.

Joseph DeMaria, que representaba a Trebbau, dijo que los argumentos en contra de su cliente en la apelación eran tan escasos que no había "nada que defender". El tribunal de distrito dio derecho a la idea de que tenía jurisdicción sobre Trebbau, T poseer cualquier propiedad en Nueva York, dijo.

viernes, 24 de marzo de 2017

Sobrinos de Nicolás Maduro serán sentenciados el 26 de junio de 2017

Por Maibort Petit
@maiborpetit

La Corte del Distrito Sur de Nueva York anunció este viernes que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas serán sentenciados el 26 de junio de 2017, a la vez que negó todas las solicitudes hechas por la defensa de los dos sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela.

Campo Flores y Flores de Freitas fueron arrestados en Puerto Príncipe el 15 de noviembre de 2015, acusados de conspirar para importar 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los EEUU, usando para ello la rampa presidencial del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. La droga alta pureza era provenientes del grupo terrorista colombiano Farc.

Los sobrinos presidenciales fueron hallados culpables de dos delitos por un jurado de Nueva York el 18 de noviembre de 2016, luego de nueve días de juicio en el que testificaron agentes de la DEA, testigos cooperantes y funcionarios que participaron en la operación que tuvo lugar en tres países, Venezuela, Honduras y Haití.

El juez Paul Crotty negó la solicitud hecha por la defensa de Campo y Flores de realizar un nuevo juicio o de emitir una sentencia absolutoria.

Se conoció que la defensa de los sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro se prepara para llevar el caso a la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito 15 días después que la sentencia sea leída.

Los acusados enfrentan una condena que va de 15 años a cadena perpetua.

miércoles, 22 de marzo de 2017

Contratista de Pdvsa , acusado de corrupción, vinculado a un escándalo de 3 menores en el estado Vargas

El abogado de Castillomax Oil & Gas, es familiar de una juez de menores del Estado Vargas, quien habría violado la Lopna para complacer a Miguel Á. Castillo Lara en al entrega irregular de la custodia de sus hijos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La publicación de una parte de las evidencias que prueban los sobornos pagados por las empresas Castillomax Oil & Gas, Guevara Trading Company y NF a funcionarios de Pdvsa, en especial al ex gerente de la terminal José, Jesús Cornelio Osorio para lograr contratos con sobreprecio, inundó mi correo electrónico con información escandalosa sobre el empresario ligado al gobierno venezolano, Miguel Angel Castillo Lara.  Corroborando parte de la información recibida, se constató que Castillo Lara, usando sus contactos y recursos económicos, consiguió que una juez del estado Vargas decidiera a su favor para quitarle la patria potestad de sus tres hijos a su exesposa, a quien -incluso- había golpeado, por lo cual fue denunciado ante el tribunal. Ver documento original aquí.
De acuerdo a la documentación del tribunal, Castillo Lara es objeto de una investigación penal que tiene lugar en la Fiscalía 4ta del Ministerio Público del Estado Vargas, en la que se lo señala de cometer violencia de género, violencia psicológica y acoso en contra de su ex esposa y madre de tres hijos.

Una jueza complace a Castillo Lara en Vargas

Según documento del citado tribunal, en marzo de 2016, la jueza segunda de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, María Eugenia Bedoya González, dictaminó que la ex esposa de Castillo Lara ya no tendría la guarda y custodia de sus hijos de uno, tres y 7 años de edad.

De acuerdo a los abogados que defendieron a Arlene Rodríguez (ex esposa), la decisión de la jueza Bedoya González contravino el debido proceso, el derecho a la defensa y lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, LOPNA, que en su artículo 360 establece que los niños menos de 7 años no pueden ser separados de su madre.

En aquel momento, los especialistas aseguraron en un comunicado público que la jueza Bedoya González desatendió el mandato de la LOPNA en el proceso de divorcio de la susodicha Arlene Rodríguez y Miguel Ángel Castillo Lara.

Dice el comunicado que "Sin prueba alguna y alterando el orden jurídico, Bodoya González tomó la despreciable decisión de separar a los niños de su madre, al igual que cercenó el derecho a la defensa de Arlene Andreina Rodríguez González de su legítimo derecho a la defensa y el debido proceso como lo estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 49".

Igualmente, la Juez Provisorio del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, desestimó la orden que dicta el artículo 80 de la LOPNA de escuchar el testimonio de los niños antes tomar una decisión y, al mismo tiempo escuchar la opinión de un equipo de profesionales multidisciplinario sobre el caso en cuestión.

Más adelante, los abogados de Rodríguez señalaron que "No conforme con las irregularidades ya señaladas, la jueza Bedoya González incurrió en otros vicios, como la alteración de los lapsos procesales, la negativa a entregar el expediente, la alteración de las actas, actuar con parcialidad y discriminación al atender extremadamente rápido en las peticiones de la otra parte y negar todas las peticiones de la madre, dejando más que evidenciada la clara parcialidad con el accionante Miguel Ángel Castillo Lara".

Parte de los alegatos de Miguel Castillo en contra de Arlene Rodríguez y de los que la jueza María Eugenia Bedoya González, se hizo eco, fue la publicación de unas fotografías en su cuenta de la red social Facebook a las que atribuye un carácter inmoral cuando en las mismas no hay nada que suponga un mal ejemplo o carácter impropio.

Sin especificar cómo esa serie de fotos constituían una violación de la ley, la juez ordenó borrarlas de la cuenta Facebook al tiempo de atribuirles un carácter de prueba sin que se explicara para nada su naturaleza, ni cómo afectaba a los menores, ni porqué determinaban la sentencia adoptada, dicen los defensores.

"En tal sentido, la comunidad de padres y representantes de la institución educativa en la que estudiaba la mayor hija de la pareja salió en defensa de Arlene Rodríguez y negó que la niña fuera objeto de bullying por las fotos de su madre en las redes sociales como sostuvo Miguel Castillo y la jueza lo secundó", señala el comunicado.

Para ese momento, Rodríguez acusó formalmente a Miguel Ángel Castillo Lara de acoso y de valerse de su posición económica y vínculos con el poder para mantener en constante zozobra a la madre y abuelos maternos. Los padres de la mujer pidieron protección a las autoridades, tal como se puede leer en el documento de la corte. Ver aquí.

Igualmente, Miguel Castillo Lara amenazó en marzo de 2016 con sacar a los niños del país, al tiempo que Rodríguez intentó recusar a la juez Bedoya González por actuar fuera de la ley.

Nuevamente, Miguel Castillo Lara hizo uso de su poder e influencias políticas para que las decisiones del Tribunal Superior en la que cursaron ambas acciones legales, resultaran en su favor, aseguraron los abogados de Rodríguez.

El caso no ha concluído

La defensa de Rodríguez  denunció a la juez y llevó el caso a instancias superiores en los meses siguientes a la decisión contraria a derecho.

Los abogados, conscientes de las injusticias del caso, prepararon una fundamentación que reforzó la denuncia ante la dirección de corrupción de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) contra la juez Segundo de Sustanciación y Mediación del Tribunal de Protección del estado Vargas, Bedoya González por el caso de los 3 menores que separó de su madre.

La denuncia obedece a los presuntos nexos de familia que unen a la juez Bedoya González con el abogado Darling Alexander Hernández Guerrero, quien es el vínculo entre la juez y el contratista de Pdvsa, Miguel Angel Castillo Lara. Hernández Guerrero es, a la vez el representante legal de la empresa Castillo Max Oil & Gas. 

La denuncia presentada al DEM incluye otras irregularidades relacionadas con este sonado caso del tribunal de menores del estado Vargas.



martes, 21 de marzo de 2017

'El Chapo' Guzmán: juez señala que investigarán a extranjeros que estén en equipo de defensa del cártel

El juez Brian Cogan de la corte federal de Brooklyn estableció que ese riesgo es “significativo” debido al historial de Guzmán de contratar a especialistas para expandir su negocio de tráfico de drogas.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juez federal de Brooklyn, Brian Cogan advirtió este martes que los ciudadanos extranjeros que deseen ser parte del equipo de la defensa del narcotraficante Joaquín (El Chapo) Guzmán deben pasar un chequeo por parte de las autoridades norteamericanas, para evitar que sean miembros del cártel de Sinaloa y tengan acceso a pruebas confidenciales.

La solicitud hecha por la fiscalía en el mes de febrero advertía sobre la posibilidad que miembros del cártel de Sinaloa, a través de los abogados mexicanos, puedan acceder a información clasificada que incluye nombres de los testigos que el gobierno de los Estados Unidos usará en el juicio contra Guzmán. Los fiscales federales aseguraron en un documento que tenían temor porque la organización criminal del acusado estaba buscando llegar a los testigos para asesinarlos.

Por Ley la fiscalía debe entregar a la defensa una parte de las pruebas que usarán en el juicio, en la llamada etapa de descubrimiento. La fiscalía quiere que ese material sea protegido, en especial, las declaraciones de los testigos que alcanzan a unos 40 ciudadanos. "Esa información debe ser protegida y no puede ser difundida más allá de Guzmán y sus abogados".

De acuerdo a los federales, las precauciones son necesarias debido a la "capacidad previamente demostrada" de Guzmán para la intimidación de los testigos, la violencia y la obstrucción en la aplicación de la ley.

Una de las medidas solicitadas fue la aprobación previa de extranjeros que buscan unirse al equipo de defensa de Guzmán.

El juez Brian Cogan dijo que dado el presunto pasado de Guzmán, existía un riesgo significativo de que sin un "chequeo apropiado", abogados o investigadores extranjeros pudieran ser miembros o asociados del temible cartel de Guzmán Sinaloa.

El juez Cogan dio a los fiscales 14 días para informarle a quién será la persona encargada de hacer la investigación sobre los abogados extranjeros que se unirán al caso. 

En el fallo de este  martes, Cogan también dijo que tenía que haber una aprobación previa de los abogados fuera de los que integran el equipo de defensa que tenga intenciones de leer material protegido que será usado por la fiscalía para el juicio.

El juez Cogan quedó al pendiente de decidir sobre la solicitud de la defensa de sacar al acusado Guzmán de la sala de confinamiento solitario. Los abogados quieren que de El Chapo sea puesto junto a la población general del Centro Correccional Metropolitano. 

Según la defensa de Guzmán, el acusado sufre de alucinaciones. Advierten que su salud mental y física se ha deteriorado debido a las 23 horas de confinamiento a las que está siendo sometido. Aseguraron que Guzmán escucha música en su celda incluso cuando su radio está apagada.

El juez Cogan no tomó decisión al respecto. La próxima cita es en la primera semana de mayo y se espera que como en las otras dos ocasiones, haya un asombroso despliegue de seguridad para el traslado del capo desde el Centro Correccional Metropolitano hasta la corte de Brooklyn ubicados a unas dos millas de distancia. 

lunes, 20 de marzo de 2017

Arrestan al empresario Miguel Ángel Castillo Lara, ligado a esquema de corrupción de Pdvsa

Por Maibort Petit
@maibortpetit


 El empresario Miguel Ángel Castillo Lara, dueño de la empresa Castillomax Oil & Gas y ex propietario de Guevara Trading Company C.A, fue arrestado en Caracas el 9 de marzo de 2017. Fue presentado en el tribunal 25 de Caracas para la audiencia preliminar el 10 de marzo según consta en el expediente 19552-2017. Castillo Lara permanece detenido desde esa fecha en las instalaciones del Sebin del área metropolitana, a la espera de su traslado al Tribunal Sexto de Control del Estado Anzoátegui, donde será imputado por corrupción en contratos relacionados con la petrolera estatal Pdvsa. 


El empresario apresado aparece en un informe en poder de las autoridades federales norteamericanas por estar presuntamente vinculado a un enorme esquema internacional de corrupción en Petróleos de Venezuela. 

Castillo Lara junto a sus socios Hernán Ernesto Guevara Pastrán y Jaime Camargo habrían pagado sobornos a funcionarios de Pdvsa, entre quienes destaca Jesús Cornelio Osorio Virgüez, ex-gerente de la terminal de almacenamiento y descarga del complejo José Antonio Anzoátegui

En febrero de 2017, la fiscalía acusó a Osorio de corrupción e irregularidades en la compra de equipos para la carga de buques petroleros conocidos como monoboyas, facturados por un total de 76,2 millones de dólares. La ejecución del contrato estuvo a cargo de las compañías Castillo Max Oil & Gas, Guevara Trading Company C.A y NF Ingeniers.
Tal como lo reportamos en la primera parte de esta investigación de corrupción en Pdvsa, Castillo Lara, Hernán Ernesto Guevara Pastrán y Jaime Camargo pagaron a Osorio Virgüez y a otros funcionarios de Pdvsa, coimas para lograr contratos de la petrolera a través de la empresa Guevara Trading Company CA. Castillo Lara era miembro fundador de Guevara Trading, pero luego que se concretaron los contratos sacó su nombre de la empresa, con una supuesta venta de sus acciones.

Los sobornos incluyeron regalos que iban desde apartamentos en Margarita y Panamá, casas botes, viajes, efectivo e inclusive hasta prostitutas quienes sirvieron de promotoras de eventos durante el día y en la noche de damas de compañía.

Guevara Trading Company es la empresa usada en el esquema de corrupción para recibir las comisiones y para pagar los sobornos a los funcionarios de Pdvsa. Fue a través de esta empresa que se hizo la compra de un apartamento en la urbanización Costa Azul como obsequio a Jesús Osorio al igual que una casa bote en Puerto La Cruz y un apartamento vacacional en Panamá.
Por medio de Guevara Trading Company, Castillo Max Oil & Gas compraron dos apartamentos
en este edificio lujo de Margarita.

El apartamento está ubicado en el edificio Vicenzo 2, Piso 3 en  la Calle Guamache Urb Costa Azul, Margarita (este), Nueva Esparta.
Detalles de las relaciones de complicidad

Una vez que se estableció el acuerdo entre los funcionarios de Pdvsa que participaron en la asignación del contrato de las monoboyas, a saber: Miguel Ángel Castillo Lara, Hernán Ernesto Guevara Pastrán, Jesús Osorio y Jaime Camargo, se programó un viaje a los Emiratos Árabes para sellar la compra de los equipos con sobreprecio, y garantizar la enorme comisión que se repartieron los participantes del negocio a costa de las finanzas de la empresa petrolera. 

Viajaron en primera clase a Dubai y se hospedaron en hoteles 5 estrellas. Participaron en visitas a la empresa Bluewater y pasearon por los lugares icónicos del mundo árabe.   
Miguel Ángel Castillo Lara viajó junto a Jesús Osorio en Primera Clase en un vuelo de Lufthansa Caracas-Frankfurt para tomar una conexión hasta Dubai.


El costo del boleto en primera fue de aproximadamente unos $20 mil dólares, pagado a la agencia de viajes Members Tours por Castillo Max Oil & Gas. Se alojaron en el hotel Burj al arab.


Mujeres ligadas a Osorio

Los sobornos pagados por Castillomax incluían damas de compañía según destaca un documento en nuestro poder. 

La esposa del ex funcionario de Pdvsa es Daliana Silva. En el reporte aparecen otra de nombre Deisy Gamboa, que tiene relación comercial David Páez, quien recibe pagos de Castillo Max Oil & Gas. Dice que la empresa de Miguel Ángel Castillo Lara  hace pago regulares para el uso exclusivo del piso ejecutivo del Meliá Caracas.

Gamboa acompañó a Jesús Osorio al Congreso Mundial de Monoboyas en el 2013 en Chile y los gastos de pasajes aéreos, hotel y viáticos fueron pagados por Castillo Max Oil & Gas. Resalta el documento a otra mujer que también ha viajado a expensas de Castillo Max Oil & Gas, de nombre Osmary Hidalgo.

Los boletos de viaje de Hidalgo y su madre también fueron pagados por la empresa de Castillo Lara a la agencia de viaje Members Tours. Las mujeres aparecen repetidamente en fotografías de la empresa.

Otro pasajero

Al viaje para firmar el contrato de las monoboyas en Dubai fue otro sujeto de nombre Ramón Castillo y una mujer llamada Elvira A. que acompañaba a Jesús Osorio. Aquí en la foto puede verse a Ramón Castillo junto a Miguel A. Castillo y Jesús Osorio en la sede de Bluewater.
Otras relaciones
En el documento se puede leer además que Castillo Lara tiene relaciones de negocios con un individuo llamado Edgar Chivico, quien actualmente es convicto por abuso sexual de menores y se encuentra pagando condena en la cárcel de Coro, estado Falcón. Este hombre era dueño de una agencia de modelos llamada Academia Girl Model Venezuela, que operaba en Sabana Grande en conjunto con su esposa Meuris Marcano.
Edgar Chivico fue acusado de abuso sexual  de adolescente con penetración en agosto de 2012, según lo señala la demanda AP-01-S-2012-015897 del Tribunal Sexto de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en materia de violencia contra la mujer.
Aunque no se especifica cuándo se estableció la relación comercial de Edgar Chivico con Castillo Lara, dice que el empresario, a través de Meuris Marcano (esposa), paga la seguridad y estadía de Chivico en la prisión del estado Falcón. Marcano aparece en varias fotos corporativas de Castillo Max.


Castillo Lara y Chivico habrían realizado negocios ligados a la agencia de modelaje del hoy convicto. Algunas modelos prestaban servicios en el piso ejecutivo del Hotel Meliá Caracas, cuyo alquiler, como ya referimos, era pagado por Castillomax Oil & Gas. Cuando Chivico fue condenado, la agencia fue cerrada. Ver decisión completa aquí.
En esta foto aparece Castillo Lara con una mujer que le acompaña en sus supuestos viajes de negocios






lunes, 13 de marzo de 2017

Juicio del caso Diosdado Cabello contra WSJ se iniciará en abril de 2018

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El juicio entre el dirigente chavista, Diosdado Cabello contra el periódico norteamericano Wall Street Journal será con jurado y se iniciará 18 de abril del 2018, según lo establece un calendario procesal aprobado por la juez de la corte del Distrito Sur de Nueva York, Katherine B. Forrest.


La querella por difamación interpuesta por Cabello contra el WSJ en mayo de 2016, sufrió una serie de aplazamientos, motivados principalmente a las dos enmiendas hecha a la demanda original y luego, las mociones para que dicha queja sea desestimada por el juez, ya que según los abogados del periódico, la misma no lograr argumentar -de manera coherente- que la información publicada por WSJ es falsa y tendenciosa.


La demanda de Cabello Rondón contra The Wall Street Journal busca resarcir los daños y perjuicios que supuestamente ha sufrido en lo personal y lo económico el segundo hombre fuerte del régimen venezolano, por la publicación de un artículo en su contra donde se le relaciona con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. En la reclamación no aparece un monto de dinero específico, aunque se establece que la suma será superior a los $75 mil dólares.



Cabello interpuso la demanda el 5 de mayo de 2016 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde acusó a dos comunicadores del diario The Wall Street Journal (WSJ) de difundir declaraciones falsas y difamatorias en un reportaje publicado en mayo de 2015, donde se informó que estaba siendo investigado por los fiscales de Estados Unidos bajo la sospecha de estar vinculado al tráfico de cocaína y lavado de dinero a través de Venezuela.


La demanda de Cabello Rondón contra Dow Jones & Company, Inc. establece lo siguiente:



-Se trata de una acción por difamación que surge de la publicación en The Wall Street Journal de un artículo titulado: "Funcionarios venezolanos sospechosos de estar volviendo al país en el centro global de la cocaína," y subtitulado: "EE.UU. investiga al Nº 2 del gobierno, Diosdado Cabello, y a otros oficiales, bajo la sospecha de tráfico de drogas y lavado de dinero" firmado por José de Córdoba y Juan Forero.




Cabello alega que por información confiable, las alegaciones contenidas en el artículo son inexactas y distorsionadas, al transmitir información basada en fuentes no identificadas que supuestamente había dado a conocer los datos a los acusados. Por el contrario, el artículo se basan en las cuentas inexistentes o inexactas de supuestas investigaciones legales en curso.

Dice además que el artículo contiene acusaciones falsas y difamatorias en las que asegura que el demandante ha estado involucrado en actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas y lavado de dinero.

Ver más detalles de la demanda aqui.

Aprobado el calendario procesal

El nuevo comunicado de la corte asegura que las partes en conflicto acordaron un calendario procesal que incluye las fechas para los procedimientos adicionales  que deben presentarse ante el Juez para el el año 2018.


Dice que la Corte tiene pendiente la resolución de la moción de desestimación formulada por los abogados del WSJ. 

El calendario quedó fijado de la siguiente manera:

Descubrimiento de  los hechos para el 15 de noviembre de 2017. 

Descubrimiento (expertos) para el 15 de diciembre de 2017. 

Las mociones pendientes tendrán una fecha de entrega límites hasta el 29 de diciembre de 2017. 

Las respuestas debidas  a las mociones  el 29 de enero de 2018.

Las respuestas  de la debidas hasta el 15 de febrero de 2018. 

El juicio será ante un jurado y comenzará el 18 de abril de 2018.

sábado, 11 de marzo de 2017

Demanda contra los "Bolichicos" continuará siendo discutida en la corte de apelaciones de NY

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La posibilidad que la demanda contra los dos empresarios dueños de Derwick Associates Corp., interpuesta por el exembajador Otto Reich, regrese al tribunal neoyorquino quedó pendiente en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, tras haberse iniciado la primera audiencia este viernes 10 de marzo, y donde la parte demandante pidió al panel de jueces aceptar la querella que inicialmente fue desestimada porque no correspondía a la jurisdicción de la ciudad de Nueva York.

El panel, conformado por los jueces de Circuito, Christopher F. Droney, Dennis Jacobs y Timothy Stanceu, escuchó los argumentos del nuevo abogado de Otto Reich, Jeffrey Ernest Grell, quien intentó convencerlos que los supuestos delitos cometidos por los demandados, Leopoldo Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López tenían suficiente vinculación con Nueva York.

La parte demandante explicó que los acusados tienen propiedades y conducen negocios en la ciudad de Nueva York desde hace varios años, lo que al parecer será considerado por los jueces.

La demanda afirma que Reich resultó perjudicado desde el punto de vista financiero y en su reputación, por los empresarios como resultado de versiones falsas difundidas por ellos, según las cuales, el ex embajador trabajaba para Derwick, una firma conocida por sus conducta dolosa y fraudulenta. Según alegaciones, dos clientes de Otto Reich Associates LLC (Banco Venezolano de Crédito y el y el banquero venezolano Eligio Cedeño) cancelaron los contratos de asesoría por las afirmaciones de los empresarios demandados, lo que trajo como resultado la pérdida de dos clientes de dicha empresa, y por ende una pérdida patrimonial importante.

Reich asegura en la demanda que Betancourt López y Trebbau hacen negocios fraudulentos  en Nueva York y que la empresa de ambos, Derwick Associates Corp,  paga sobornos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurarse contratos millonarios sin licitación.

Grell explicó que los demandados ​​intentaron sobornar a su cliente para que hiciera servicios de consultoría para Derwick. Cuando el ex diplomático rechazó la oferta, los acusados suministraron al representante de un banco -que era cliente de la firma de Reich- falsa información que conllevó a la pérdida del contrato de dicha empresa. 

En respuesta a la acción criminal, Reich y su compañía demandaron a Betancourt y Trebbau en 2013  bajo la provisión de la Ley contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas, o RICO por sus siglas en inglés. Dicha demanda fue desestimada luego que el tribunal neoyorquino concluyera que no tenía jurisdicción sobre los dos acusados.

De acuerdo al nuevo abogado de Reich, Jeffrey Ernest Grell el tribunal de distrito tomó una decisión equivocada sobre los cargos de los que son acusados los dueños de Derwick. Explicó que los demandados intentaron cometer soborno, lo cual es penado por la ley de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Asimismo, Grell dijo que las comunicaciones hechas supuestamente por los acusados, donde suministraron información falsa y difamatoria contra Reich, viola la ley RICO. 

Grell aseguró que los dos demandados cometieron el crimen en la ciudad de Nueva York y por tanto el tribunal sí tiene jurisdicción sobre el caso. 

Uno de los aspectos que llamó la atención del juez Christopher F. Droney fue el hecho del tiempo que transcurrió entre los intentos de soborno por parte de los empresarios y las llamadas hechas por ambos al banco, que era cliente de Reich. Destacó el magistrado que entre ambos hechos había transcurrido dos años.

Por su parte el juez Dennis Jacobs no consideró que los cargos en la demanda coincidían, ya que no tenían un propósito común, ni víctimas comunes. A pesar de la poca aceptación que mostraron los jueces a los argumentos de la parte demandante, admitieron que estaban dispuestos a escuchar los argumentos con los cuales Grell buscaba dejar claro la relación de los cargos contra los dueños de Derwick y que es Nueva York la jurisdicción para ser juzgados. 

Los acusados, Leopoldo Alejandro Betancourt López estuvo representado por los abogados Frank H. Wohl y Jonathan D. Lamberti del escritorio jurídico Lankler Siffert & Wohl LLP, mientras que Pedro Trebbau López fue asistido por  Joseph A. DeMaria de la firma Fox Rothschild LLP.

El  abogado de Betancourt López hizo un esfuerzo para desestimar los argumentos presentados por la parte acusadora, inclusive se atrevió a decir que Reich no tenía autoridad para acusar a su cliente en la corte. Dijo que el caso no tenía lugar en el tribunal porque no había nada que reclamar.

Por su parte el defensor de Trebbau López aseguró que el caso no debía ser considerado porque no hay nada que defender, ya que no hay delito alguno.

Joseph DeMaria, que representaba a Trebbau, dijo que los argumentos en contra de su cliente en la apelación eran tan escasos que no había "nada que defender". El tribunal de distrito dio derecho a la idea de que tenía jurisdicción sobre Trebbau, T poseer cualquier propiedad en Nueva York, dijo.