domingo, 20 de mayo de 2018

Demandan por daños y perjuicios a los "Bolichicos" en una corte de Nueva York

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una nueva demanda, esta vez por daños y perjuicios, fue interpuesta en Nueva York contra los dueños de la empresa Derwick Associates Francisco D'Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Francisco Antonio Convit-Guruceaga y Pedro José Trebbau-López, todos de nacionalidad venezolana y conocidos en la prensa como los "Bolichicos". Asimismo, la querella incluye a dos norteamericanos, Glenn R. Simpson y Peter Fritsch.

La demanda fue presentada el 10 de mayo de 2018 en la Corte del Distrito Este de Nueva York de conformidad con la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales', conocida como "RICO".  Este tribunal tiene jurisdicción en la totalidad de los condados de Long Island y Staten Island.

El demandante es el activista de derechos humanos, Thor Halvorssen quien acusa a los contratistas venezolanos de haber  incurrido en una conspiración para tomar represalias en su contra  por informar sobre una serie de delitos de corrupción y lavado de dinero cometidos por los propietarios de Derwick ante las autoridades federales. 

Según el documento legal, el objetivo de la conspiración fue desprestigiar a Halvorssen para que no pudiera ejercer como presidente de Human Rights Foundation. Dice que los acusados habrían creado una campaña contra el demandante, contando para ello con los servicios de la empresa Fusion GPS, que ha estado en el ojo del huracán por haber dado a conocer datos falsos sobre los supuestos vínculos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump con el Kremlin, pagados por el Partido Demócrata y la campaña de su ex candidata presidencial Hillary Clinton.

Según el documento legal, Halvorssen tiene una trayectoria como activista de derechos humanos y como defensor de la transparencia en el gobierno y contra la corrupción, es especial en su natal Venezuela. Debido a su posición, ha denunciado los negocios ilícitos de Derwick Associates, una empresa contratista supuestamente dedicada a la construcción de plantas de energía eléctrica. 

Dice la demanda que Derwick es propiedad de Francisco D'Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Francisco Antonio Convit-Guruceaga y Pedro José Trebbau-López y que dichos individuos tomaron represalias contra Harvorssen luego que éste denunciara que los venezolanos habían  supuestamente cometido numerosos crímenes federales junto con Derwick.

Destaca la querella que los demandados contrataron a los directores de Fusion GPS, Glenn Simpson y Peter Fritsch para producir un  expediente falso y una campaña mediática (que incluyó las redes sociales) para describir a Halvorssen como un pedófilo, adicto a la heroína y malversador del dinero de la Fundación Human Rights  con sede en Nueva York.  Defenderse de tales acusaciones le habría costado a Halvorssen millones de dólares que ahora demanda por daños a los demandados bajo la Ley RICO.

La acusación argumenta que el tribunal neoyorquino tiene jurisdicción general sobre Simpson y Fritsch como ciudadanos de los EE. UU. y que la conspiración demandada se inició y se llevó a cabo en el distrito este de Nueva York. Asimismo, alega que la corte también tiene jurisdicción específica sobre los venezolanos en base a que todos poseen contactos significativos con los EE. UU.
En la demanda contra la contratista eléctrica venezolana, Halvorssen asegura que posee una grabación donde Francisco D’Agostino-Casado asegura que es accionista de Derwick.

En lo que respecta a GPS Fusion, el demandante sostiene que D’Agostino contrató a esta empresa perteneciente a Glenn R. Simpson y Peter Fristch, para que desarrollaran una campaña de desprestigio en perjuicio de Thor Halvorseen en razón de que este había dado a conocer informaciones relacionadas a los hechos de corrupción supuestamente cometidos por los directivos de Derwick.
Pero la campaña de desprestigio supuestamente orquestada por Derwick y puesta en marcha por GPS Fusion, no solamente estaría dirigida afectar al presidente de Human Rights Foundation, sino también al comunicador Alek Boyd  , ampliamente conocido por sus denuncias de casos de corrupción. 

En el libelo judicial, Thor Halvorseen exige ser una indemnización de, al menos, USD 15 millones. También demanda que contra Francisco D’Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Francisco Antonio Convit-Guruceaga y Pedro José Trebbau-López se emita orden judicial dirigida a evitar que continúen violando la Ley Rico. Y es que Halvorssen considera que estar involucrado Boyd, quien está radicado en el Reino Unido, los acusados incurren en la violación de la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas) al estar en presencia de una confabulación entre empresas internacionales con una compañía estadounidense orquestando así un esquema criminal.

Expone Thor Halvorseen que los dirigentes políticos venezolanos, Diosdado Cabello y Henry Ramos Allup —quien es cuñado de Francisco D’Agostino— habrían sido informados por los demandados para que estos también le atacaran desde Venezuela a través de los medios de comunicación. 

La intención de los acusados habría sido evitar que Halvorseen continuara denunciando las supuestas prácticas y esquemas de corrupción en que son señalados los primeros.

Halvorseen aseguró el gobierno de Venezuela supuestamente pagó 2 mil millones de dólares los propietarios de Derwick por unas plantas eléctricas que solamente resultaron ser chatarra obtenida en varios países. Los equipos se habrían comprado entonces, no solamente con sobreprecio, sino siendo estos inservibles.

El caso de los llamados “bolichicos” involucró la suscripción de doce contratos con empresas públicas venezolanas —PDVSA, Sidor, Corpoelec— sin que la empresa contratada, Derwick, tuviera experiencia alguna en el ramo eléctrico. La milmillonaria inversión en nada contribuyó, por tanto, a mejorar la grave crisis eléctrica que padece Venezuela y cuya atención, en aquel momento,  llevó al gobierno a decretar la emergencia y, con ello, permitió la contratación por vía de adjudicación directa sin que se recurriera a procesos de licitación como exige la ley. Hallvorseen dijo que tal inexperiencia quedó en evidencia cuando Derwick recurrió a la subcontratación de la empresa ProEnergy.

Todos estos elementos son utilizados por Halvorseen en la demanda en la que señala que los sujetos objeto de su acusación se valieron de sus influencias y conexiones políticas para la obtención de los contratos para los que no estaban calificados, los cuales les permitieron hacerse de la noche a la mañana de una gran fortuna. 
Según Halvorseen, los empresarios venezolanos supuestamente estructuraron su riqueza a través de ventas con sobreprecio al estado venezolano y lograron hacerse de los referidos contratos mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno responsables de las empresas estatales.

Otras demandas contra los acusados

En 2013,  el exembajador Otto Reich acusó a tres de los empresarios demandados en esta nueva querella por Harvorssen, a saber, Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau y Francisco D'Agostino, por haber pagado coimas a funcionarios venezolanos. A cambio, dice la demanda, obtuvieron al menos una decena de contratos en el sector eléctrico valorados en unos USD 1.000 millones. Luego de una larga batalla legal, en 2017, tanto un juez de primera instancia en el Distrito Sur de Manhattan, como la Corte del Segundo Circuito de Nueva York, desestimaron la demanda alegando que el tribunal carecía de jurisdicción para tomar el caso. Ver detalles aquí y en este otro enlace.

Esta nueva querella, cuenta un equipo de abogados expertos en la conocida Ley RICO. Fuentes de la corte neoyorquina informaron a esta reportera que el caso es asesorado por quien fuera el autor de la  mencionada legislación y quien actuara como asesor del Comité de Operaciones Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, G. Robert Blakey.

sábado, 19 de mayo de 2018

"El Chapo" Guzmán se enfrenta a una 'tortura psicológica', según su defensor

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La defensa del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán dijo que debido a las condiciones de 'tortura psicológica' en las que se encuentra su cliente, no está seguro que el narcotraficante esté en condiciones para ser juzgado en septiembre de 2018.
El abogado, Eduardo Balarezo ha denunciado  en varias oportunidades ante la Corte del Distrito Este de la ciudad de Nueva York, que el régimen de aislamiento al que está sometido su cliente en el Centro Correccional de Manhattan ha deteriorado su salud.

Balarezo denunció que Guzmán no recibe visitas de sus familiares, sólo de sus abogados y asistentes legales. 

El tribunal ha negado en varias oportunidades la solicitud de la defensa de cambiar las condiciones de encarcelamiento del narcotraficante alegando que capo tiene una amplia conducta criminal y que se ha escapado varias veces de cárceles de máxima seguridad en México.

La próxima audiencia del caso Guzmán tendrá lugar el 26 de junio de 2018, según el calendario anunciado por el juez Brian Cogan. Esta cita estaba prevista inicialmente para el 30 de mayo. 

Balarezo denunció que Guzmán está aislado en su celda por 23 horas al día y sólo tiene una hora para hacer ejercicios, y que algunas ocasiones la seguridad no le permite salir. 

La defensa sostiene que la rigurosidad de las condiciones de detención pueden ser contraproducentes para el acusado quien será sometido a una segunda evaluación sicológica en los próximos días. 

Evidencias 

El 17 de abril de 2018, los fiscales federales informaron al juez la dificultades que han tenido para obtener todas las evidencias que deben entregarse al tribunal antes del juicio del célebre narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, motivado a que muchas de las pruebas vienen del extranjero. 

Cogan fijó como fecha límite para la consignación de los documentos el 19 de mayo de 2018. La defensa pidió al tribunal limitar la cantidad de nuevas pruebas que los fiscales podrían presentar en el caso antes del juicio, diciendo que no las entregaron con la prontitud deseada.

"Según ellos, han estado investigando al Sr. Guzmán desde los años 80", dijo Balarezo, quien advirtió que era ya el tiempo de poner todo lo que tienen sobre la mesa. 

Cogan también informó que tenía previsto convocar entre 800 a 1,000 personas para seleccionar los potenciales jurados para el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán. El proceso durará al menos tres meses y se prevé que el mismo sea complejo y extremadamente polémico.

En relación con el jurado, el juez advirtió que el proceso de selección será cuidadoso, que se realizará en las próximas tres semanas y que los potenciales jurados llegarían a la corte a fines de julio y principios de agosto para recibir los respectivos cuestionarios. 

El juicio se iniciará en el mes de septiembre de 2018.

El juez explicó que el elevado número de personas a integrar el jurado se debe a la necesidad de seleccionar las personas idóneas para atender un caso de la magnitud del de Joaquín Guzmán Loera.

Desvían millones de fondo de Bandes para lavarlos en Nicaragua

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un esquema de corrupción que incluye desvío de fondos del estado venezolano, desacato de órdenes impartidas, usufructo irregular de bienes y personal de una institución pública, otorgamiento indebido de créditos habría tenido lugar en las oficinas del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela en Nicaragua bajo la gestión del actual director externo de Petróleos de Venezuela, Simón Zerpa Delgado, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2017.  



Una investigación iniciada sobre la base de documentos y testimonios logrados a través de fuentes ligadas a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) puso al descubierto el mecanismo utilizado por un grupo de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro para hacerse de dinero proveniente del erario público venezolano e invertirlo en un negocio privado que beneficiaría a los involucrados una vez concluyan sus funciones gubernamentales. Las evidencias muestran la participación de quien fuera presidente de Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela y actual ministro popular para la economía y finanzas,  Zerpa Delgado, en conjunto con la gerente de Bandes, María Auxiliadora Díaz Gómez. He aquí la historia.

Manejos irregulares en Bandes

El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela se fundó por iniciativa del gobierno venezolano, para entonces presidido por Hugo Chávez Frías, en 2001 mediante el Decreto N° 1.274 con Rango y Fuerza de Ley de Transformación del que hasta ese entonces había sido el Fondo de Inversiones de Venezuela, FIV. De acuerdo a lo que reza su página web[1], su núcleo de trabajo es “brindar asistencia financiera y técnica para la expansión de la infraestructura social y productiva del país, a fin de contribuir con el desarrollo equilibrado de las distintas regiones. Estos esfuerzos, que requieren grandes despliegues financieros y sostenimiento a largo plazo, encontrarán en Bandes un equipo técnico altamente capacitado para un desenvolvimiento eficiente”. Agrega que “Como eje transformador del modelo rentista venezolano, Bandes tiene el papel de apoyar sectores productivos con potencial para exportaciones, convirtiéndose en el respaldo necesario para los actores que quieren y pueden contribuir a la diversificación de los ingresos de la Nación”.

Para 2008, el Ejecutivo Nacional emitió un nuevo decreto, el N° 6.214, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes)[2], en razón de desvincularlo de las obligaciones que se le habían adjudicado, las cuales no eran “compatibles con su naturaleza de Banco de Desarrollo”, establece la exposición de motivos.

Allí, el artículo 2 estipula que el “Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) es un banco de desarrollo que tiene por objeto promover el desarrollo económico-social y financiar actividades, a través del apoyo técnico y financiero a las inversiones sociales y productivas nacionales e internacionales de acuerdo con las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.

Asimismo, en el artículo 10 se indica que el Bandes “podrá movilizar depósitos en divisas sin la obligación de convertirlos en moneda nacional y no estará sometido a restricciones en lo que respecta a términos, limitaciones y modalidades de sus operaciones y posiciones en divisas”.

El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela contempla, y así es posible verificarlo en el citado sitio web en internet, trabajar en el afianzamiento de sus lazos de “fraternidad, cooperación y financiamiento internacional” y, en tal sentido, prevé la “creación de alianzas que generen una política permanente de financiamiento solidario para el impulso, encadenamiento económico y productivo de nuestra América, así como la construcción de un mundo pluripolar con principios humanos e integradores”.

En atención a esto, ha establecido Bandes Uruguay, mantiene alianza con Prodem Bolivia y el Banco de Desarrollo de América Latina, al tiempo que posee oficinas de representación en Ecuador, China y Nicaragua[3].

De acuerdo a documentos en nuestro poder, existen una serie de irregularidades ocurridas en las oficinas del Bandes en Managua  que se habrían cometido durante la gestión de Simón Zerpa Delgado. De hecho, una fuente de PDVSA La Campiña —que pidió mantenerse en el anonimato— sostiene que "los hechos de corrupción fueron cometidos por el mencionado funcionario tras su decisión de incorporar a la institución a María Auxiliadora Díaz Gómez, aun cuando esta no contaba con la preparación ni la experiencia para ocupar los cargos en que se le ha designado". Agrega que "Zerpa y Díaz Gómez se conocieron cuando el primero cumplía funciones en la Cancillería y, desde entonces, le acompaña en las distintas posiciones que le ha tocado desempeñar en la administración pública".
Testimonios logrados para esta historia señalan que Zerpa y Díaz mantienen, o mantuvieron, una relación sentimental que se inició cuando ella aún se encontraba comprometida con Jesús Alberto Montilla Lugo, hijo del exdiputado y exgobernador del estado Falcón, Jesús Montilla Aponte y Stella Lugo —también exgobernadora de esa entidad— noviazgo que supuestamente se rompió al conocerse la infidelidad.

La fuente consultada asegura que Simón Zerpa Delgado nombró a Díaz, quien es politólogo de profesión, como Gerente de Financiamiento Internacional del Bandes, violando la normativa vigente para los requerimientos de los candidatos a ocupar ese cargo.

El testimonio señala que en marzo de 2016,  Zerpa Delgado habría decidido enviar a María Auxiliadora Díaz a la Oficina de Representación del Bandes en Nicaragua. Quería el presidente de la institución financiera —según refiere uno de nuestros informantes— alejarla del foco de atención de su esposa y de quienes hasta el momento en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela en Caracas criticaban y censuraban la gestión de la mujer en la institución financiera.

El plan B

Oficialmente, Díaz Gómez tenía una misión que cumplir en Nicaragua respecto al Bandes: el cierre de la oficina, pues así lo había recomendado el personal especializado del banco en Caracas. Hasta ese entonces, desde su inauguración[4], la institución había funcionado en el piso 5 del Centro Financiero Invercasa, frente al Colegio La Salle, en Managua, afirma las fuentes.
Asimismo, señala que "adicional a la función oficial, el traslado de Díaz Gómez a Managua habría estado motivado por el interés de Simón Zerpa y María Auxiliadora Díaz Gómez —como tantos otros funcionarios del oficialismo venezolano— de buscar nuevos territorios donde resguardar sus fortunas ante la debacle que ha experimentado el proyecto revolucionario venezolano en los últimos tiempos".

En razón de esto, desde su llegada a Managua, la atención de la gerente país del Bandes Nicaragua estaba fija en la materialización del citado plan B y —sostienen las fuentes— se dedicó a hacer negocios, supuestamente con los fondos de financiamiento de la institución bancaria.

Entonces decide cambiar la orden emanada en Venezuela y el cierre de la oficina se convierte en la de reducción de gastos y, en este sentido, muda el Bandes a la sede de Bancorp ubicado en el Centro Financiero BANCORP, S.A.[5] el cual opera desde el 6 de abril del 2015 y es propiedad de la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), entidad especializada en fideicomisos[6]. Bancorp es una entidad que es manejada por operadores vinculados a la familia presidencial nicaragüense. La entidad que “administra los fondos del acuerdo petrolero con Venezuela, despuntó este pasado mes de noviembre como prestamista del Estado”[7], asegura una nota del diario la Prensa.

En el punto de cuenta N° 79.1-17 de fecha 24 de febrero de 2017—en nuestro poder— la Gerencia Ejecutiva de Cooperación y Financiamiento Internacional, a cargo de Reiner Merentes, solicita a la presidencia del Bandes la aprobación de la mudanza de la ORBN toda vez que, a la fecha de la petición, los gastos relativos a alquiler, condominio, electricidad e impuesto suman USD 61,889.62, equivalentes al 47 por ciento de las erogaciones de los gastos operativos del año 2016, sin que esto incluya otros gastos indirectos por aproximadamente USD 13.611.06 que representa un 10 por ciento de los gastos operativos la ORBN.
Justifican la mudanza a tres oficinas cedidas en comodato en las instalaciones de Albanisa, específicamente en la sede de Bancorp en Lomas de Monserrat en el segundo piso del Edificio Centro Financiero Bancorp, en el hecho de que permitiría un ahorro de USD 68.078,01.

Esta petición de Merentes obedeció a la solicitud que María Auxiliadora Díaz, Gerente País de la ORBN, le presentó en el memorando N°33 el mismo día 24 de febrero de 2017.

En el memorando N° 32, curiosamente de fecha posterior (3 de marzo de 2017) pese a que la numeración precede al anterior, María Auxiliadora Díaz, le informa a Reiner Merentes que le remite el borrador con las correcciones al contrato de comodato de acuerdo a las recomendaciones formuladas por la Consultoría Jurídica de Bandes Casa Matriz.

La alianza Bandes-Bancorp

La mudanza de la Oficina de Representación del Bandes en Nicaragua a la sede de Bancorp hizo levantar las sospechas en Caracas de que se quería retomar un proyecto de alianza entre las dos instituciones que manejaron Simón Zerpa y Francisco López (vicepresidente de Albanisa para entonces) en noviembre de 2015, pero que fue rechazado por la junta directiva del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela por ser lesiva a los intereses venezolanos.
En nuestras manos está una presentación del proyecto de alianza Bandes-Bancorp que para aquella fecha, Zerpa y López, reunidos en Managua, analizaron planteando la posibilidad de instalar una ventanilla de la Oficina de Representación del Bandes en su institución y a objeto de verificar la viabilidad del asunto quedaron en consultar a la Superintendencia de Bancos y Otras  Instituciones Financieras, (SIBOIF), de Nicaragua, si existía alguna limitación legal que impidiera establecer ventanilla o asociación (participación accionaria) con bancos Internacionales.

Vista esta situación, Bandes se dedica a analizar la propuesta de instalación de ventanilla en Bancorp de la Oficina de Representación del Bandes, a fin de alinear visiones y lograr objetivos operativos, legales y financieros estratégicos para el Estado Venezolano.

Las dos instituciones acuerdan, entretanto, de modo de delimitar y facilitar el manejo y comprensión del proyecto, abordar el análisis bajo la figura de alianza estratégica, entendiendo por esta, acuerdos de  cooperación entre Bandes y Bancorp que se unen para lograr y desarrollar ventajas de carácter competitivas que no alcanzarían por sí mismas en un periodo o plazo determinado.

En la citada presentación se definen los posibles objetivos de la alianza estratégica, siendo el objetivo de permanencia del Bandes conseguir la supervivencia de la institución en su expansión internacional. “Se trata de un objetivo dirigido a impedir la pérdida de eficacia recursos financieros, tiempo y esfuerzo. Se basa en capitalizar en lo técnico-financiero su permanencia en Nicaragua brindado apoyo financiero que le originen sostenibilidad, rentabilidad, compartir riesgos, recompensas. (La expectativa debería ser el cambio de su perfil de oficina de representación a una figura que le permita los objetivos antes mencionados)”.
Por su parte, el objetivo de expansión de Bancorp sería “alcanzar una ventaja competitiva a través de la alianza. La finalidad consistiría en el aumento de la eficacia para: lograr experiencia en el ámbito bancario que pretende desarrollar; establecer corresponsalías y obtener líneas de crédito internacionales; hacer frente a sus competidores; compartir riesgos e inversiones; obtener recursos técnicos y habilidades para el desarrollo de sus debilidades estratégicas; lograr aprendizaje organizacional/reducción de incertidumbre”.
El proyecto preveía que Bandes hiciera un aporte de capital a Bancorp el cual provendría de la deuda de Nicaraocoop R.L con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, la cual para el 30 de noviembre de 2015 se situaba en USD 9.165.968,75.
Según la propuesta, esta operación habría garantizado, por un lado, el cobro de la deuda y, por el otro, la inversión de estos recursos en Nicaragua (en Bancorp) y, por ende, el posicionamiento de Bandes en la nación centroamericana, que pasaría de ser una Oficina de Representación a constituirse en un accionista de un banco.

La estrategia de Bandes era capitalizar en lo técnico-financiero su permanencia en Nicaragua de manera de adquirir sostenibilidad, rentabilidad, compartir riesgos y recompensas.

También disponemos de la “Propuesta de Alianza Estratégica y Recuperación de Cartera Bandes-Bancorp”, la cual proponía la “como solución para los proyectos operados por NICARAOCOOP R.L, el pago por subrogación, siendo la Cooperativa CARUNA, R.L., el órgano encargado de realizar los desembolsos que se constituirían en capital accionario en BANCORP: Pago por subrogación: Este procedimiento consiste en que una tercera persona (CARUNA, R.L.), realice el pago en nombre de NICARAOCOOP R.L.”
Más adelante indican que para “materializar la recuperación de la deuda de NICARAOCOOP R. L., previa la evaluación y aprobación del Fondo para la Cooperación Internacional (FCI) se requiere que: 1. El gobierno de Nicaragua, reconozca la deuda de NICARAOCOOP, con base a los acuerdos suscritos en el Acta Final de la I Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela – Nicaragua, antes mencionados. 2. El gobierno nicaragüense ejecute el pago de la deuda, a través de su ente financiero CARUNA R.L., o la institución que ellos definan. 3. Con el monto recuperado y previa aprobación de la Junta Directiva de BANCORP, destinar una fracción cercana al 50% a realizar una inversión de capital para compra de acciones en dicha institución y dirigir el monto restante a créditos reembolsables de la ORBN, revisando que las tasas de interés le permitan a la Oficina ser sostenible”.
El proyecto estimaba que para llevar a cabo lo planteado en los puntos 1 y 2 eran suficientes unos 30 días hábiles, mientras que para materializar el punto número tres los estatutos del Banco Corporativo Sociedad Anónima establecen un lapso de un año para el proceso de oferta y adquisición de acciones, tiempo que podía reducirse con el concurso de la junta directiva.

Además, una serie de oficios fechados el 13 de octubre de 2017 y numerados secuencialmente 121, 122, 123, 124 y 125 —también en nuestras manos— en los que se ordena al centro Financiero Lafise Bancentro realizar las transferencias interbancarias de los fondos del ORBN depositados en esa entidad a Bancorp, da cuenta de que en la práctica, la alianza estaba en desarrollo.

Las alarmas se encienden en Venezuela

La mudanza de Bandes a la sede de Bancorp despertó en Caracas las sospechas de que el descartado proyecto de alianza entre las dos instituciones estaba siendo retomado, aun cuando se había advertido que el único beneficiado con esto era el gobierno de Nicaragua.

Yelitza Josefina Guillen Ceballos, auditora en jefe de Bandes, decidió trasladarse a mediados del año 2017 a Managua para constatar in situ lo que estaba aconteciendo, según puede apreciarse en un informe en nuestro poder.
La directora del departamento de auditoría interna del Bandes procedió a auditar la oficina de representación del banco en Nicaragua y del análisis de las cuentas afloraron diversas anomalías en el manejo de los fondos, así como discrepancias en las cifras de la entidad en Managua con respecto a los registros de la entidad en Caracas.

El bloqueo impuesto a Venezuela por los Estados Unidos se convirtió, entonces, en la excusa perfecta para justificar la discordancia.

Las sanciones del gobierno estadounidense sirvieron a los responsables de la Oficina de Representación del Bandes en Nicaragua para explicar la razón de la no repatriación a Venezuela del capital e intereses de los fondos del Alba y el Fondo para la Cooperación Internacional, FCI —unos 10 millones de dólares— entre los que se cuentan el capital, intereses y garantías de los proyectos de la cooperativa Nicaraocoop, los cuales fueron migrados del banco Lafise Bancentro a Bancorp.

Los resultados de la auditoría

Con fecha 14 de noviembre de 2017 la auditora interna encargada del Bandes, Yelitza Josefina Guillén Ceballos, remitió a la Gerente País de la Oficina de Representación Bandes Nicaragua, María Auxiliadora Díaz, el memorando N° Al/CA/214/2017 cuyo asunto era la Remisión Informe Definitivo de Auditoría N° Al/CA/032/2017 con el que se evaluaron las operaciones realizadas llevadas a cabo por la Oficina de Representación de Bandes Nicaragua (ORBN) y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas trazados, así como el cumplimiento de las normas y el control interno durante el período julio 2016 a mayo 2017.

Se solicitó que una vez conocido el citado informe, la ORBN debía presentar las acciones a adoptar y el cronograma de ejecución de las mismas, a fin de atender las sugerencias formuladas a través del que debería ser el "Plan de Acciones Correctivas” en un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la recepción del memorando.

Se explicaron los procedimientos aplicados durante la auditoría y se indicó que la revisión se efectuó de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en Venezuela en materia de control fiscal.

En este sentido, se practicaron pruebas de cumplimiento y demás pruebas de auditoría a los datos disponibles en la ORBN con el objetivo de evaluar la razonabilidad, exactitud y sinceridad de la información financiera.

Se verificaron selectivamente los gastos incurridos por la ORBN, constatando el adecuado registro presupuestario y contable en Bandes.

Se constataron selectivamente los aportes de recursos realizados por Bandes a la ORBN y su adecuada aplicación.

Se verificaron las gestiones de cobranzas realizadas a la cartera de proyectos al momento de la visita, así como los informes de seguimientos efectuados a los mismos por la ORBN, a fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Se constató la existencia y estado de conservación de los bienes de uso asignados a la ORBN, así como las pólizas de seguros contratadas.

Se realizaron visitas de inspección a los proyectos "Financiamiento a Pequeños Productores Agropecuarios" (reembolsable) y "Una Casa Mejor" (no reembolsable).

En informe de auditoría indica que la cartera de créditos administrada y reportada por la ORBN al 31 de mayo de 2017, la conformaban tres proyectos reembolsables otorgados con recursos del Fondo para la Cooperación Internacional, por un total de USD 6.805.320,15 y seis proyectos no reembolsables, otorgados con recursos del FCI y Fondo Alba, por un total de USD 35.368.000,00.
En el informe de auditoría también refirió la constitución de la nómina de la ORBN, conformada por tres funcionarios expatriados (venezolanos) y seis funcionarios nicaragüenses, a saber:
Luego de analizar la información financiera relativa a caja chica, cuentas bancarias, cauciones, garantías de crédito y gestión de cobranzas, gastos de nómina, bienes de uso, el plan operativo anual y los indicadores de gestión, la información presupuestaria, el plan de negocios, los manuales de normas y procedimientos y de haber realizado visitas de inspección a los proyectos financiados, los auditores emitieron sus conclusiones y recomendaciones.

En ese sentido, la auditoría estableció que en la Oficina de Representación de Bandes Nicaragua la información financiera suministrada es razonable, exacta y sincera.

Sin embargo, advierte que la ORBN no concretó el plan de negocios a los fines de que la gestión de la ORBN se lleve a cabo de acuerdo al plan de negocios del Bandes y así asegurar que los recursos financieros asignados sean destinados a proyectos alineados en las políticas de financiamiento y cooperación internacional.

Se determinó que el resultado de la gestión alcanzó un nivel bajo de cumplimiento en las metas establecidas, en detrimento de la eficiencia, eficacia, economía, calidad de las operaciones realizadas en la ORBN.

En materia de control interno se estableció la ausencia de mecanismos de cobranza judicial y extrajudicial expeditos con relación a la cartera de crédito vencida, así como la carencia de acciones oportunas en el desvío de los objetivos de cobranza; gastos de nómina no contemplados en la estructura organizativa de la ORBN en razón de la contratación de dos funcionarios con el mismo cargo de Especialista Administrativo; manuales de normas y procedimientos no actualizados con respecto a la operatividad, estructura organizativa y funcional vigente.

La auditoría detectó debilidades en materia del registro exacto y oportuno de las operaciones de la oficina por parte de las unidades de Bandes en Venezuela.

En este sentido, las cuentas bancarias para el pago de pasivos laborales no están registrada en los Estados Financieros de Bandes.
Las cuentas bancarias correspondientes al FCI presentan diferencias entre los saldos registrados en los libros de la contabilidad del Fondo y los registros contables conciliados por la ORBN.

Los financiamientos otorgados con vencimientos de la primera cuota de más de noventa días aparecen clasificados contablemente como créditos vigentes.

Existen amortizaciones de crédito no registradas contablemente.
Hay partidas presupuestarias que presentan diferencias entre los saldos según libros de la ORBN y el presupuesto consolidado de Bandes.

Los procedimientos aplicados por la Coordinación de Bienes de Uso de Bandes no garantizan el registro exacto y oportuno de los bienes asignados a la ORBN, así como su debida cobertura contra daños o pérdidas.

Existe personal, sujetos de caución, no incorporado en la póliza de fidelidad de Bandes.

En pocas palabras, la ORBN no estaba cumpliendo con su cometido, sobre todo si se toma en cuenta que esta dependencia del Bandes no recibe depósitos del público y su fuente de ingreso depende de la recuperación de su cartera de créditos.

Los auditores recomendaron coordinar las acciones necesarias con las áreas administrativas y contables de Bandes que intervienen en los procesos administrativos, financieros, presupuestarios y contables de las operaciones generadas por la ORBN, con el objetivo de promover los registros, conciliaciones y ajustes pertinentes que garanticen la veracidad y exactitud de la información relacionada con: póliza de fidelidad del personal sujetos de caución; cuentas bancarias; cobranza judicial y extrajudicial; registros presupuestarios; registros de la cartera de crédito; bienes de uso y cobertura contra daños o pérdidas; nómina de personal.

Elaborar un Plan de Negocios de la Oficina de Representación Bandes Nicaragua, con base al Plan Estratégico del Banco, que asegure que los recursos financieros asignados se destinen a proyectos que estén alineados a la política de financiamiento y cooperación internacional y que atienda a las expectativas económicas y sociales de esa nación.

Actualizar los manuales de normas y procedimientos y demás instrumentos de control interno que regulen la operatividad de la ORBN; a los fines de optimizar la gestión de la misma.

Las pérdidas

Esta situación generada hipotéticamente —de acuerdo a la versión esgrimida por María Auxiliadora Díaz— por las sanciones norteamericanas a Venezuela, ha conllevado a que la Oficina de Representación Bandes Nicaragua presente pérdidas, por cuanto, de acuerdo a los indagaciones que hemos llevado a cabo, la repatriación de capitales y los intereses generados sobre los fondos Alba y el Fondo de Cooperación Internacional, así como el capital intereses y garantías de los proyectos de la cooperativa Nicaraocoop, constituyen las ganancias que obtiene el Bandes de sus oficinas en el exterior.

En concreto, el retorno de las inversiones se erige como el beneficio del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela.

Al concentrarse ahora la custodia de los valores del ORBN en Bancorp sin que puedan ser repatriados a Venezuela, los ingresos del Bandes en la nación centroamericana solamente están beneficiando al gobierno nicaragüense.

Más aún, al constatarse que una serie de proyectos que fueron ampliamente promocionados por los gobierno sandinista y venezolano, como La Fábrica de Sacos de Rafia y el financiamiento de tractores con el programa VenIran, nunca se concretaron en Nicaragua.

Es de hacer notar que el Gerente País que precedió a María Auxiliadora Díaz, Miguel Gómez Amoreti, fue despedido por presiones del gobierno de Daniel Ortega en razón a que en todo momento se opuso a la condonación de la deuda nica con Venezuela. Es posible constatar en memorandos —los números 29 y 30, por ejemplo, de fecha 30 de enero de 2015— en nuestro poder, cómo Amoreti da cuenta de las transferencias de los recursos recuperados de los financiamientos otorgados a la República de Nicaragua del Fondo para la Cooperación Internacional, FCI.

Tampoco Marcial Sánchez, quien también ocupó la gerencia país del ORBN comprometió los intereses venezolanos con alianzas y, mucho menos, la condonación de las acreencias.

Pero a todo lo que no accedieron ni Amoreti ni Sánchez, sí lo hizo María Auxiliadora Díaz, quien procedió a efectuar la mudanza, a transfer los fondos a Bancorp y comenzó los trámites y negociaciones para proceder a perdonar la deuda nicaragüense con la entidad.

El “Happy”

María Auxiliadora Díaz no perdió de vista la ejecución de su plan B, el cual comenzó a materializarse el 28 de abril de 2017, cuando ante la Notario Público Perla Marina Tablada Peralta, se presentaron el acta constitutiva y estatutos de la empresa Happy Restaurant y Bar Sociedad Anónima, quien la inscribió debidamente bajo el Número Único MG00-22-005597, Asiento Primero (1); e inscrita como comerciante bajo el Número Único MG00-22-005597 Asiento Segundo (2) ambos del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua.

Esto se evidencia en un documento que poseemos, el cual fue presentado el 7 de junio de 2017 ante la Notario Público, Johanna Chavarría M. —la misma que figura en la nómina de la ORBN como abogada— por Huankar Martín Espinoza Sánchez en su carácter de presidente de Happy Restaurant y Bar para conferir un poder especial a Luís Ariel Rayo —quien también figura como especialista contable en la nómina de ORBN— para gestionar ante todas las instancias nicaragüenses los asuntos administrativos relativos a la apertura y puesta en funcionamiento de la empresa.

El Happy está ubicado en el segundo piso, módulo 209, de Plaza Centroamérica de Nicaragua, un lujoso centro comercial recién inaugurado en una de las vías más concurridas de Managua, a saber, la carretera a Masaya.

Igualmente nos llegaron todas las facturas de compra de insumos, equipos y accesorios, así como recibos y contratos que se llevaron a cabo para la puesta en funcionamiento.

Ahora bien, mientras María Auxiliadora Díaz concretaba la alianza, la mudanza y la condonación de la deuda nica, como hemos dicho anteriormente, en Bancorp aprobaban un préstamo por 120 mil dólares en favor Espinoza Sánchez, quien también es conocido en la farándula del país centroamericano como Yiuskar Galo[8], un modelo que ostenta el título de “Míster Pacífico Nicaragua”.

María Auxiliadora Díaz y Huankar Martín Espinoza Sánchez —o Yiuskar Galo—  se conocieron en el gimnasio Try Fitness[9] a donde ambos asisten a entrenar regularmente.

Entre las preguntas que surgen entre el colectivo nicaragüense es cómo un banco recién constituido otorgó un préstamo de tal magnitud a un modelo que carece de garantías y solvencia. La respuesta viene de los mismos informantes: Simón Zerpa habría de hacer valer sus influencias. Era necesario concretar el plan B a toda costa, así esto significara pérdidas operativas y gastos por el orden de los 30 millones de dólares para el Bandes.

El restaurante abrió sus puertas al público el 26 de agosto de 2017[10], un evento reseñado por la prensa nicaragüense[11] [12] donde quedó claramente establecido que María Auxiliadora Díaz es socia propietaria del lugar. “Ubicado en la segunda planta del edificio Plaza Centroamérica, Happy Restaurant y Bar tiene mucho que ofrecer a sus clientes. ‘Una vista espectacular del sur de la ciudad en un ambiente ameno, entretenido y con una variedad de platillos únicos harán que quienes nos visiten no se quieran ir’, expresó María Auxiliadora Díaz, una de las socias propietarias del nuevo local inaugurado el domingo reciente”, se lee en la reseña de El Nuevo Diario, de Managua.

La apertura de esta empresa involucra —de acuerdo a la información a que hemos tenido acceso— desde el uso de prestanombres o testaferros, la utilización irregular de fondos del estado venezolano y la existencia de un claro conflicto de intereses al determinarse que en Happy Restaurant y Bar trabaja personal de la Oficina de Representación Bandes Nicaragua que se supone mantiene un contrato de exclusividad con la entidad bancaria venezolana, como ya hemos visto, la abogada y notario, Johana Chavarria Mendoza, el contador Luis Ariel Rayo, quien presta sus servicios contables al ORBN.

Marcial Albeiro Sánchez Valbuena, quien aparece en la nómina de ORBN como Asistente Administrativo —cargo objetado por la auditoría interna del Bandes al haberse contratado dos funcionarios para las mismas labores— también se presenta en el video realizado por el Canal 6 “Nicaragüenses por la gracia de Dios” para reseñar la inauguración del restaurant, como socio de María Auxiliadora Díaz en el restaurant. El nombre de Sánchez Valbuena es posible constatarlo en muchas de las facturas, recibos y documentos que llegaron en nuestras manos relacionados con el Happy Restaurant y Bar.
En esta historia en la que se mezclan hechos de corrupción, cotilleo farandulero y pasión, se dice que María Auxiliadora Díaz se habría involucrado sentimentalmente con su “socio” Yiuskar Galo, lo cual habría desatado la ira de Simón Zerpa, quien la ha llamado a Caracas a una reunión pero sin que esta haya accedido a este requerimiento. Una cita que no se ha concretado a diferencia de otros encuentros que Díaz y Zerpa habrían mantenido en varias oportunidades en PDVSA La Campiña, como nos lo han hecho saber nuestros informantes en la petrolera.

Bien sea por esta situación o por el descontento que la presencia de María Auxiliadora Díaz ha despertado en el Bandes, Simón Zerpa ha decidido comisionar a Gladys María Melo Solórzano —su suegra— quien ya se encargó en Quito[13] del cierre de Oficina de Representación de Bandes Ecuador, para que asuma ahora la clausura de ORBN.

También hemos conocido que María Auxiliadora Díaz, a raíz de los sucesos y protestas en Nicaragua, supuestamente se encontraría tramitando la visa estadounidense, pues su intención sería radicarse en Miami.

La gravedad que las protestas y situación política ha adquirido en Nicaragua, estarían llevando a Díaz Gómez a procurar su salida del país centroamericano y evitar así que se le relacione con el gobierno venezolano y se establezcan sus manejos en Managua. Se nos ha dado a conocer que la mujer estaría estudiando la posibilidad de solicitar asilo político en Estados Unidos ofreciendo a cambio información privilegiada sobre el Bandes e, incluso, sobre el propio Simón Zerpa.

Los protagonistas de esta trama

Comencemos por este último, Simón Zerpa, quien fue designado presidente del Banco de Desarrollo Económica y Social de Venezuela por resolución del ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, aparecida en la Gaceta Oficial N°40.352[14] de fecha 11 de febrero de 2014.

Zerpa Delgado —licenciado en Relaciones Internacionales con posgrado en Derecho Constitucional Internacional— es hijo de Iván Zerpa Guerrero, exsecretario de la Asamblea Nacional durante la gestión de Cilia Flores —de quien es uno de sus más cercanos colaboradores— en el parlamento y actual embajador de Venezuela en China.

A pesar de ya no formar parte de la institución, aún aparece como activo del Bandes en su cuenta individual del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS[15]. Ejerce el sufragio en el Colegio Francia de la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre del estado Miranda. Fue seleccionado como Miembro de Mesa para el cargo de noveno miembro de reserva de la mesa 3 del citado centro de votación para las elecciones del 20 de mayo de 2018.

De acuerdo al portal Poderopedia[16], Simón Alejandro Zerpa Delgado (28-8-1983) es director externo de Petróleos de Venezuela, PDVSA, según el Decreto N° 3.398 de la Presidencia de la República publicado en la Gaceta 41.389[17] del 3 de mayo de 2018. Igualmente, estuvo encargado de la vicepresidencia de Finanzas de la petrolera estatal (removido en febrero de 2018[18]); fue gobernador alterno ante el Banco Interamericano de Desarrollo por Venezuela; preside el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) desde el 30 de octubre de 2014; también se ha desempeñado como viceministro de Inversión para el Desarrollo del Ministerio para la Economía, Finanzas y Banca Pública. Ha representado a Venezuela en el  Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag); fue secretario Ejecutivo del Fonden, comisionado para el Fondo Conjunto Chino Venezolano, director general (encargado) de Delegaciones e Instrucciones Presidenciales de la Vicepresidencia y funcionario de la Cancillería de la República.

El 26 de julio de 2017 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos[19] [20]. Entre los cargos hay penalizaciones de carácter económico e individual. El 30 de marzo de 2018 también fue sancionado por el gobierno de Panamá al considerársele de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva[21].

Entretanto, María Auxiliadora Díaz Gómez, nacida el 19 de diciembre de 1983, portadora de la Cédula de Identidad N° V-15.999.285 y del pasaporte diplomático N° 045906242, es trabajadora activa del Bandes al que ingresó el 16 de octubre de 2015, de acuerdo a lo que reza su cuenta personal en el IVSS[22]. Su fecha de afiliación fue el 16 de octubre de 2015 y la contingencia será el 19 de diciembre de 2038. Su último salario a la fecha fue de Bs. 90.610.72, tiene 653 semanas cotizadas y en total ha cotizado Bs. 2.882.077,44.

Sufraga en el Centro de Educación Inicial “Lucas Adames”, ubicado en la parroquia San Antonio del Municipio Miranda del estado Falcón. Fue seleccionada como Miembro de Mesa para el cargo de décimo sexto miembro reserva de la mesa 4 del citado centro de votación.

Fue secretaria del Jesús Montilla Aponte cuando este se desempeñaba como diputado a la Asamblea Nacional y gracias a su relación con el hijo de este —como ya apuntamos— ingresó al Poder Legislativo Nacional como “Asistente Parlamentaria”, cargo del que salió cuando fue nombrada Directora del Saime en el estado Falcón por recomendación de su, para entonces, suegra, la exgobernadora Stela Lugo. Díaz Gómez fue destituida cuando la relación amorosa que esta mantenía con el hijo de los Montilla Lugo, concluyó.

Por su parte, Marcial Albeiro Sánchez Valbuena es oriundo del estado Táchira donde nació el 30 de marzo de 1983 y es titular de la cédula de identidad N° V-16.280.819. Su cuenta individual en el  en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales señala como fecha de ingreso al sistema el 1° de noviembre de 2014, con estatus activo en la empresa Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela con el número patronal D19890860. Ha cotizado 638 semanas y el total de sus salarios cotizados es de Bs. 2.770.472,92[23].

Según el Registro Electoral Permanente sufraga en la Escuela Técnica Robinsoniana de Ciencias y Artes “Juan Antonio Román Valecillos”, de la parroquia Pedro María Morantes de San Cristóbal, estado Táchira.

DISCLAIMER

Venezuela Política intentó obtener para este reportaje las opiniones de los funcionarios y empresas mencionadas. Correos y mensajes enviados a Simón Zerpa Delgado no fueron devueltos al cierre de esta edición. Intentamos contactarlo a través de su red social Twitter pero no logramos respuesta para una entrevista. Correos enviados a Bandes bandesve@bandes.gob.ve para conocer la versión de esa entidad sobre hechos mencionados en esta nota no fueron respondidos y llamadas al teléfono de contacto 58-212-5058010 tampoco recibieron respuesta. Venezuela Política no pudo enviar cuestionarios María Auxiliadora Díaz Gómez porque el correo electrónico que aparece en el directorio no los aceptó ya que se encuentra desactivado para recibir correos externos  Un cuestionario enviados a Huankar Martín Espinoza Sánchez, presidente del Happy Restaurant y Bar Sociedad Anónima, y a Marcial Sánchez Valbuena -socia del negocio- no habían sido devueltos al cierre de esta edición.


Si alguna de las personas, empresas e instituciones mencionadas en este reportaje quiere ofrecer sus versiones sobre los hechos aquí narrados, puede comunicarse con nuestro portal a través del correo blogvenezuelapolitica@tutanota.com. Igualmente invitamos a toda persona que posea información que pueda ayudar a esclarecer los hechos narrados en este reportaje, a enviarnos sus aportes al mismo correo.

NOTAS Y ENLACES:

[1] Bandes. http://www.bandes.gob.ve/acerca.html

[2] El Universal. Decreto 6.214. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) http://cdn.eluniversal.com/2008/08/04/leyh13.pdf

[3] Bandes. http://www.bandes.gob.ve/bandes-participacion-internacional.html

[4] La Prensa. “Oficina del Bandes abre en Managua”. 1° de abril de 2007. https://www.laprensa.com.ni/2007/04/01/politica/1296503-oficina-del-bandes-abre-en-managua

[5] Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras. Oficina de Representación Bandes, S.A. http://www.superintendencia.gob.ni/instituciones/oficina-de-representacion-bandes-sa

[6] La Jornada. “Nació el Banco Corporativo Bancorp”. 10 de junio de 2015. https://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2015/junio/10/1.php

[7] La Prensa. “Bancorp, el nuevo prestamista del Estado”. 12 de diciembre de 2016. https://www.laprensa.com.ni/2016/12/12/nacionales/2148868-bancorp-el-nuevo-prestamista-del-estado

[8] Imggram. Galo Yiuskar. https://imggram.com/profile/galoyiuskar/6995153125 https://pbs.twimg.com/media/CaK3C2oUEAAwxde.jpg

[9] Try Fitness. https://tryfitness.online.com.ni/

[10] El Nuevo Diario. “El lugar más “happy” de Managua ya está abierto”. 30 de agosto de 2017. https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/empresas/438406-lugar-mas-happy-managua-ya-esta-abierto/

[11] Canal 6, Nicaraguense por la gracia de Dios. https://drive.google.com/file/d/1z3nqwMIGu0xwW7bMKvP9lZco2LLP3Rfj/view

[12] ReadMetro. “Abrió sus puertas el lugar más Happy de Managua”. 30 de agosto de 2017. https://media.readmetro.com/pdf/2017/08/30/20170830_metronicaragua.pdf

[13] Superintendencia de Bancos de Ecuador. http://oidprd.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/2017/resoluciones_SB/resol_SB-DTL-2017-606.pdf

[14] Finanzas Digital, Gaceta Oficial N° 40.352. http://www.finanzasdigital.com/wp-content/uploads/2014/02/Gaceta40352-presidente-bandes.pdf

[15] IVSS. Zerpa Deldao, Simón Alejandro. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[16] Poderopedia. Simón Zerpa Delgado. http://www.poderopedia.org/ve/personas/Simon_Zerpa_Delgado

[17] Aporrea. Gaceta Oficial N° 41.389. https://www.aporrea.org/media/2018/05/41389.pdf

[18] RunRun.es. “Remueven al sancionado Simón Zerpa de PDVSA”. 15 de febrero de 2018. http://runrun.es/nacional/339290/remueven-al-sancionado-simon-zerpa-de-pdvsa.html

[19] US. Department of the Treasure. Venezuela-related Designations. 26 de Julio de 2017. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170726.aspx

[20] El Nacional. “Las sanciones de EE UU en contra de 13 funcionarios venezolanos”. 26 de julio de 2017. http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/las-sanciones-contra-funcionarios-venezolanos_195239

[21] El Nacional. “Los 55 funcionarios sancionados por Panamá por ‘blanqueo de capitales’”. 30 de marzo de 2018. http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/los-funcionarios-sancionados-por-panama-por-blanqueo-capitales_228903

[22] IVSS. Díaz Gómez, María Auxiliadora. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[23] IVSS. Sánchez Valbuena, Marcial Albeiro. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

miércoles, 16 de mayo de 2018

¿Privatización en marcha? Puerto La Guaira pasó a manos de una empresa portuguesa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La corporación encargada de la administración de los puertos venezolanos ha asumido como política la entrega a privados de los servicios más rentables de la actividad que tiene lugar en las terminales marítimas del país.
Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS), S.A. firmó el 16 de enero de 2017 cuando al frente de ese ente se encontraba Efraín Velasco Lugo, con la empresa portuguesa Teixeira Duarte Engenharia Construçoes representada a su vez por Pedro María Calainho Teixeira Duarte, una Alianza Estratégica para la Operación y Gestión Portuaria del Terminal Especializado de Contenedores del Puerto La Guaira, con lo cual se le entrega a la segunda la explotación comercial del citado terminal por veinte años contados a partir de la suscripción del contrato. Así lo comprueba un conjunto de documentos llegados a nuestras manos, en los que es posible verificar los términos de la negociación.
De esta manera queda establecido que para Bolipuertos conceder áreas estratégicas de los terminales marítimos del país a empresas privadas es una política que estuvo vigente no únicamente durante la gestión del coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, quien entregó las actividades más rentables del puerto de Puerto Cabello a la empresa Pollux Logistic, C.A., sino también en administraciones anteriores, a saber, la del citado Velasco Lugo. Ver nota completa aquí.

Hay que apuntar que el 26 de agosto de 2011 Bolipuertos contrató al Consorcio TD-Mota-Proyecto Puerto de La Guaira, del cual forma parte el Grupo Teixeira Duarte, para llevar a cabo la "Ampliación y Modernización del Puerto de La Guaira-Procura y Construcción del Muelle Oeste encomendado mediante el contrato N° PLC-CCI-2011-001". El objetivo de dicho proyecto era la atención de los buques con el mayor tamaño que existe en el mercado (Post-Panamax), de manera de minimizar los costos que conlleva el transbordo o transferencia de carga internacional que actualmente se realiza en puertos de otros países por el manejo de los contenedores que vienen en dichas embarcaciones.

El 16 de mayo de 2016 Consorcio TD-Mota-Proyecto Puerto de La Guaira cedió a Teixeira Duarte Engenharia Construçoes todos los derechos de la obra, lo cual fue aceptado por Bolipuertos.
El contrato contempla un Plan General de Publicidad para la promoción del proyecto, el diseño y desarrollo de un Plan de Inversión y Negocios 2016-2036 para la explotación comercial de los servicios portuarios a ser prestados en la terminal de acuerdo a estrategias de mercadeo y promoción adecuadas al mercado portuario internacional con un amplio porcentaje de ganancia y asumiendo Bolipuertos buena parte de los costos, tanto en infraestructura como en personal. No obstante esto, Bolipuertos amplió los alcances de la alianza y otorgó más tarde más áreas del puerto guaireño a la empresa portuguesa.

La Alianza estratégica comprende el establecimiento de la terminal, es decir un “intercambiador intermodal dotado de una capacidad determinada de almacenamiento en tierra en aras de regular los diferentes ritmos de llegadas de los medios de transporte terrestre y marítimo, ubicada en el estado Vargas, constituido por un área de extensión de terreno de veintidós Hectáreas (22,00 Ha.) que incluye el muelle, patio de almacenamiento de contenedores, edificio administrativo y portería, área de taller y área de estacionamiento de gandolas, así como sus bienhechurías, bienes muebles y equipos de operación portuaria, es decir, al que se refiere la obra ‘Ampliación y Modernización del Puerto de La Guaira-Procura y Construcción del Muelle Oeste encomendado mediante el contrato N.° PLC-CCI-2011-001’, este es el muelle oeste del Puerto de la Guaira”.

Entre otros aspectos, se contempla la instauración de un consejo decisor, el cual es un cuerpo colegiado responsable de supervisar la ejecución y administración de la alianza estratégica, el cual está integrado por cinco representantes: un miembro del ministerio de adscripción de Bolipuertos, dos miembros de Bolivariana de Puertos y dos miembros de la empresa. El ente lo presidirá uno de los representantes de Bolipuertos.

Este órgano tomará decisiones por mayoría calificada, lo que significa la participación en las decisiones de cuatro de los cinco integrantes del Consejo Decisor.

Objetivo de la alianza estratégica

La cláusula tercera define el objetivo principal de la Alianza Estratégica, el cual es la optimización del desarrollo y crecimiento de la actividad de la terminal de contenedores, de manera de convertirlo en un puerto de transferencia de la cuenca del Caribe y Latinoamérica que compita con otros terminales en materia de transbordo internacional.

Para ello, las partes (Bolipuertos y Teixeira Duarte) se valdrán de sus potencialidades e intereses comunes para unir esfuerzos, capacidades, experiencias y conocimientos que apunten a la consecución de las actividades de mantenimiento, gestión y activación de los bienes que conforman la infraestructura portuaria de dicha terminal. Le corresponderá a la empresa en razón de su experiencia y trayectoria, la prestación de servicios calificados en materia portuaria y promover eficientemente la comercialización internacional con las distintas líneas navieras y las principales compañías de transporte marítimo del mundo, promocionando las ventajas de ubicación geográfica y de integración de Venezuela en América del Sur y el Caribe.

Teixeira Duarte proporcionará sus conocimientos de operación portuaria, transferencia tecnológica para mejorar el aprovechamiento comercial con los distintos clientes potenciales e impulsar la competitividad a nivel internacional de la operatividad portuaria de la terminal aportando un valor agregado, dirigido a garantizar seguridad, confiabilidad y calidad. Para ello, Bolipuertos pondrá a disposición la infraestructura, recursos materiales, talento humano y equipamiento de la terminal.

Se prevé el mantenimiento de equipos, maquinarias y stock de repuestos necesarios para la operación eficiente y eficaz del sistema del terminal especializado de contenedores del Puerto de la Guaira, así como la transferencia al personal venezolano de habilidades, conocimientos, tecnologías, métodos y manejo de instalaciones portuarias de la terminal.

La alianza estratégica no otorga a la empresa derechos ni ningún tipo de asociación que le permita participar en negociaciones y acuerdos que Bolipuertos celebre o pueda celebrar con otras personas naturales y jurídicas.

Alcance y vigencia

La cláusula cuarta hace referencia que la comercialización, conservación, operación, administración, construcción y aprovechamiento de la terminal de contenedores que ejecutará la empresa, deberá activarse en un plazo no mayor de tres meses a partir de que la empresa obtenga la autorización para operar. En tal sentido, la empresa deberá realizar las inversiones necesarias para la adecuación de la maquinaria, equipo y adquisición de consumibles, todo esto vinculado al Plan de Negocios de Inversión y al Contrato de Gestión que forman parte de la alianza.

Como ya se indicó, la alianza estratégica tendrá una vigencia de veinte años, de acuerdo a lo que estipula la cláusula quinta.

Los términos de la alianza, al igual que el Plan de Negocios e Inversión, podrán revisarse cada cinco años o cuando así se estime conveniente. Se verificará el cumplimiento de las metas alcanzadas, establecidas en el Contrato de Gestión.

De común acuerdo, las partes podrán renovar por períodos consecutivos iguales o inferiores cuando lo consideren procedente, previa notificación por escrito que harán las mismas, por lo menos con treinta días calendarios de anticipación a la fecha de terminación estipulada de la alianza.

Las ventajas para Bolipuertos

De acuerdo al contrato,  Bolipuertos se verá beneficiada con la alianza estratégica en razón de lo establecido en la cláusula sexta en el sentido de que obtendría posicionamiento internacional al constituirse como un puerto de transferencia para la Cuenca del Mar Caribe y Latinoamérica.

También porque respaldará sus procesos operativos y logísticos al contar con manuales de normas y procedimientos avalados y certificados de acuerdo a los parámetros internacionales.

Bolipuertos contará para las operaciones portuarias objeto de la alianza con un fondo de USD 40 millones aportado por la empresa como contraprestación por la autorización para construir, operar, mantener y administrar un muelle, embarcadero o atracadero de interés social o particular.

Bolipuertos tendrá garantizada la transferencia tecnológica, de conocimientos y habilidades a la terminal.

Bolipuertos será competitivo en el mercado portuario internacional al contar con la empresa para el desarrollo de la operatividad de la Terminal Especializada de Contenedores.

Capacitación del personal de Bolipuertos por parte de la empresa respecto al manejo de equipos y sistemas relacionados con los procesos propios de las operaciones de la terminal.
Bolipuertos al término de la alianza quedará en posesión de los equipos y sistemas utilizados.

Bolipuertos reducirá la deuda que se determine con Teixeira Duarte por la ejecución del contrato de "Ampliación y Modernización del Puerto La Guaira-Procura y Construcción del Muelle Oeste encomendado mediante el contrato N° PLC-CCI-2011-001", en condiciones más favorables que las establecidas en el contrato original.

Bolipuertos obtendrá una participación sobre las utilidades netas generadas de la operatividad de un 55 por ciento.

Ventajas para la empresa

Entretanto, las ventajas para la empresa quedan establecidas en la cláusula séptima que indica que el personal de Teixeira Duarte tendrá la oportunidad de participar junto a los trabajadores de Bolipuertos bajo el principio de cooperación, en el control y manejo de los sistemas y procesos que comprenden el puerto.

La empresa obtendrá una participación sobre las utilidades netas generadas de la operatividad correspondiente al 45 por ciento.

La empresa contará con bienes, equipos e infraestructura portuaria de última generación perteneciente a Bolipuertos, lo que permitirá reducir significativamente los tiempos de carga y descarga de acuerdo con los parámetros internacionales.

Obligaciones de Bolipuertos

Por su parte, las obligaciones de Bolivariana de Puertos están establecidas en la cláusula octava, la cual manda a verificar que el personal de la empresa esté debidamente entrenado y certificado para lograr el manejo conjunto y control de las operaciones, maquinarias, equipos y demás accesorios de la terminal.

Bolipuertos supervisará que el personal de la empresa coopere con su personal de manera de que haya complementariedad en cuanto a las habilidades y asesorías respecto al manejo y control de las maquinarias, equipos y sistemas.

Bolipuertos desarrollará la operatividad y productividad de acuerdo a los estándares internacionales de forma progresiva.

Bolipuertos dejará constancia que la infraestructura, equipos y maquinarias que compone la terminal están en condiciones óptimas para su funcionamiento al inicio de las operaciones.

Serán responsabilidad de Bolipuertos las omisiones que le sean imputables y causen perjuicio a la empresa, siempre que estas conductas violen la alianza estratégica o de las leyes que la regulan. Le corresponderá indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por la empresa.

Le corresponderá a Bolipuertos velar por la oportuna y suficientes garantías exigibles a la empresa durante la vigencia de la alianza.
Bolipuertos debe garantizar a la empresa el uso exclusivo de las dependencias, infraestructura, equipos y maquinarias de la terminal y resguardará cualquier derecho válido y legítimo de terceros, siempre que este haya sido declarado así por una autoridad competente, correspondiendo a la empresa respetar dichas condiciones.

Obligaciones de la Teixeira Duarte

En la cláusula novena se estipulan las obligaciones de la empresa, entre las cuales destacan  el deber de levantar un acta de recepción para dejar constancia de las condiciones de las instalaciones, infraestructura, maquinarias y equipos de la terminal y también establecer el estado actual de los mismos.

La empresa tomará las distintas pólizas y pagará las primas de cobertura respectivas de estas cuyo beneficiario es Bolipuertos y que están destinadas a que resguarden la operatividad de la terminal. Contemplan seguro patrimonial, seguro para resguardar las operaciones de muelle, seguro para resguardo de los buques durante las operaciones, seguro contra robo, hurto, daños a tercero, fianza consideradas por las partes para la comercialización de la terminal.

La empresa adquirirá el equipamiento, repuestos y mantenimiento de maquinaria, equipos e infraestructura, así como la actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos, para el desarrollo eficiente de las operaciones de la terminal y presentará las garantías y certificaciones correspondientes.

Teixeira Duarte garantizará la transferencia tecnológica, conocimientos y habilidades a Bolipuertos.

La empresa solicitará la aprobación de Bolipuertos para la ejecución de obras y adecuaciones de la infraestructura en la terminal con fines de desarrollo y/o mejoras de los servicios.

La empresa capacitará a los trabajadores de Bolipuertos que ejerzan funciones en la terminal y apoyará el entrenamiento y contratación de personal calificado, garantizando la transferencia de conocimiento dentro y fuera del territorio nacional.

Teixeira Duarte apoyará y asesorará en los procesos, estrategias, elaboración de manuales de normas, procedimientos en las operaciones y en la conformación de la estructura de la logística marítima portuaria nacional e internacional que se aplicará en la terminal.

La empresa activará el funcionamiento de la terminal en un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de que sea debidamente autorizada para operar y realizará loa inversiones necesarias de consumibles, implementando un plan inmediato de explotación comercial, incluyendo el trasbordo de contenedores, desde buques de gran calado a buques de menor calado.

Atenderá y suministrará servicios a todos los buques que arriben a la terminal y los servicios de almacenaje a las distintas cargas.

Conjuntamente con Bolipuertos mantendrá la infraestructura existente, conforme a los más altos estándares de la industria logística portuaria internacional.

Mantendrá vigente todos los certificados, registros y solvencias obligatorias de acuerdo a las leyes nacionales que rigen las materias laborales, administrativas, marítimas, portuarias, mercantiles, sociales, adquisiciones, prestación de servicios y cualquier otra que sea requerida para la ejecución de la alianza.

Implementará estrategias que mejoren los servicios, actividades y operaciones de la terminal.

Cumplirá con los niveles de productividad fijados en el plan de negocio e inversiones para la explotación comercial de la terminal.
La empresa pondrá a disposición de la alianza personal entrenado, calificado y certificado para lograr el manejo y control de las maquinarias y equipos y demás accesorios la terminal. Asimismo, contribuirá con la adquisición de equipamiento, repuestos y mantenimiento de las máquinas y equipos, obteniendo las garantías entendibles y certificaciones respectivas.

La empresa conservará y mantendrá en óptimo estado todos los bienes, equipos e infraestructura portuaria la terminal y realizará las inversiones necesarias para su adecuación a una eficiente operación compatible con el Plan de Negocios aprobado.

Teixeira Duarte junto a Bolipuertos elaborará e implementará de inmediato el Plan de Explotación Comercial del Terminal Especializado de Contenedores del Puerto de La Guaira dirigido a alcanzar el máximo volumen de negocio posible.

La empresa responderá ante Bolipuertos por cualquier deuda, reclamación, litigio, obligación, pago, acción judicial y/o fallo de cualquier naturaleza que surja y tengan relación directa con la ejecución del objeto de la alianza estratégica, siempre que le sea imputable o a su personal en sus funciones, por los daños o pérdidas a Bolipuertos.

Teixeira Duarte gestionará la adquisición de repuestos y consumibles, necesarios para garantizar el funcionamiento óptimo de la terminal y, en caso de necesidad de realizar cualquier obra de ampliación y/o modernización de la infraestructura del Puerto de La Guaira, podrá presentar oferta de servicios a Bolipuertos y este considerará esa oferta sólo en caso de que sea la más conveniente para el estado venezolano.

Actividades conjuntas e inversiones

Luego de definir en la cláusula décima las actividades conjuntas entre Bolipuertos y la empresa, entre las que destaca la gestión de la terminal para transformarla en uno de los principales terminales portuarios del Caribe y Latinoamérica, operaciones financieras, decisiones técnicas sobre prestación de servicios, mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, entre otras, el contrato prevé en la cláusula décima primera lo relativo a la participación inicial y las inversiones.

En este sentido. Queda establecido que la empresa aportará de acuerdo al plan de negocios a veinte años, USD 40 millones como contraprestación por la autorización para “construir, operar, mantener y administrar un muelle, embarcadero o atracadero de interés local o particular, en los términos que establezca el Reglamento de la Ley General de Puertos una vez cumplidos los requisitos de Ley, tal contraprestación se realizará mediante la compensación respecto de la deuda que por mayor monto tiene Bolipuertos con la empresa”.

La alianza estratégica indica en la cláusula décima segunda que bajo un esquema participativo que corresponde al 55 por ciento de las utilidades netas para Bolipuertos y al 45 por ciento para la empresa de conformidad con el Plan de negocios 2016-2036.

Los beneficios resultantes de las operaciones portuarias ejecutadas se realizará luego del cierre del ejercicio fiscal reza la cláusula décima tercera.

Respecto a la comercialización, la cláusula décima quinta estipula que las partes llevarán a cabo negociaciones, acuerdos o contratos dirigidos al desarrollo de los servicios operaciones portuarias, que promuevan actividades de logística internacional, y que permita coadyuvar en la actividad portuaria nacional. Se advierte que la todas las decisiones serán acordadas entre ambos, pero la decisión definitiva corresponderá a Bolipuertos. Si las decisiones condicionan al Plan de negocios de la terminal, deberán sometidas al consejo decisor.

Las relaciones laborales

La cláusula décimo octava rige lo atinente a las relaciones laborales durante la vigencia de la alianza estratégica.

Se acuerda que la empresa actuará como un patrono para su personal, independiente y diferente de Bolipuertos y queda en libertad de ejecutar los términos que considere convenientes, lo relativo a la selección, contratación y administración del mismo, previendo que el mismo sea competente y altamente calificado.

Para contratar personal, la empresa le consultará a Bolipuertos cuando estime conveniente recomendaciones, así como al consejo decisor.

Teixeira Duarte contratará bajo su cuenta y riesgo siendo entonces la única responsable de su dirección, pago de sueldos y salarios, utilidades, bonos, primas, viáticos, seguro social obligatorio, paro forzoso, otras primas de seguro, alimentación indemnizaciones, fidecomiso y en general, prestaciones de naturaleza laboral, que señalen las leyes que rigen actualmente la materia laboral o que sean incorporadas durante la vigencia de la alianza.

Pagos por objetivos terminados anticipadamente

En la cláusula vigésima segunda se establece que Bolipuertos pagará por causa no imputable a la empresa en caso de terminación de la alianza estratégica: a) El monto del objetivo efectivamente ejecutado calculado de acuerdo con el Plan de Inversión y Negocios 2016-2036. B) El monto de los repuestos, maquinarias, equipos, licencias y seguros que hubiere adquirido la empresa para ser incorporados a la alianza, el cual se determinará de acuerdo con los montos efectivamente cancelados para el momento de su adquisición.

Resolución de la alianza

Lo relativo a la resolución de la alianza estratégica se prevé en la cláusula vigésima tercera que indica que de mutuo acuerdo las partes el convenio se resolverá cuando haya incumplimiento de las obligaciones por causas no imputables ni a Bolipuertos ni a la empresa.

Una vez suscrita la Resolución de Mutuo Acuerdo del acuerdo, Bolipuertos emitirá el finiquito correspondiente.

La alianza estratégica —cláusula vigésima cuarta— podrá terminarse, bien sea por incumplimiento de la empresa o porque se hayan cumplido todos los objetivos previstos en la misma, o por cualquier otra causa.

Las partes acuerdan que, de haber inversión realizada por la empresa en cuanto a equipos y sistemas, estos pasarán a formar parte del patrimonio de Bolipuertos, solo después de expirada la presente alianza y como beneficio de la misma, a los fines de coadyuvar al desarrollo nacional, sin perjuicio del derecho de Teixeira Duarte al pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar.
Otros aspectos protocolares comunes en este tipo de acuerdos están previstos en el contrato.

Addendum

El 13 de septiembre de 2017, Bolipuertos, para la fecha representada por Luis Augusto Jiménez, firmó con la empresa Teixeira Duarte Engenharia Construçoes un Addendum —fórmula prevista en la cláusula décima quinta de la alianza estratégica para llevar a cabo las modificaciones de mutuo acuerdo del contrato— para ampliar el alcance de la alianza estratégica “incluyendo la comercialización, conservación, operación, administración, construcción y aprovechamiento de los Muelles 1 al 9 ubicados en el Sector Norte del Puerto de La Guaira” (Cláusula primera).

Con la firma de este addendum se incorpora al el llamado “muelle norte”, el cual queda definido como la “Infraestructura Portuaria”, integrada por el conjunto de obras que configuran el núcleo básico del Puerto de La Guaira, ubicado en el estado Vargas: tales como: Los muelles 1 al 9, edificaciones, mobiliarios y equipos que se encuentran en el espacio terrestre del muelle; que a su vez comprenden: Los edificios de administración y mantenimiento, patios y sistemas de silos, así como los bienes que se encuentran en el espacio acuático del prenombrado muelle; a saber radas, fondeaderos, muelles, canales de acceso, dársenas y espigones, y las extensiones de tierra sobre las cuales se encuentran edificadas dichas obras y su zona de influencia; así como cualquier otra edificación, infraestructura o lote de terreno que se encuentran dentro de la zona portuaria de los referidos muelles (1 al 9) o de su zona de influencia” (Cláusula segunda).

De este modo, se establece que todos los derechos y obligaciones, establecidos en la alianza estratégica con referencia a la terminal se extienden y son aplicables al muelle norte (cláusula tercera).

Se acuerda que los plazos previstos en la alianza estratégica se aplican ahora al muelle norte y comenzarán a computarse una vez que se otorgue a favor de la empresa o de su filial, la extensión de la autorización para “construir, operar, mantener y administrar un muelle, embarcadero o atracadero de interés local o particular, en los términos que establezca la Ley General de Puertos y su Reglamento y cesarán si la referida autorización fuere revocada” Cláusula quinta).

Las disposiciones contractuales de la alianza son aplicables en toda su extensión al Addendum el cual, de ninguna manera, puede considerarse que altera, modifica o suprime parte alguna en materias no contempladas en el mismo (Cláusula sexta).

Acuerdos complementarios

Esta alianza estratégica va acompañada con unos acuerdos complementarios, dos de ellos también en nuestro poder, los cuales, el denominado con la letra “E”, tiene por objetivo (cláusula primera) “regular los términos y condiciones de la asignación de personal de Bolipuertos a Teixeira Duarte, durante la fase inicial de las operaciones, especialmente en cuanto al régimen laboral de los trabajadores asignados; todo de conformidad con lo previsto en la cláusula décima primera del Contrato de Gestión”.

La empresa declara la conveniencia de incorporar a las actividades de la terminal y muelle norte a  algunos de los trabajadores actualmente al servicio de Bolipuertos y esta última se compromete a suministrar personal capacitado y entrenado para dar inicio a las operaciones portuarias de las terminales referidas.

Bolipuertos suministrará a la empresa por tiempo que fuere necesario los trabajadores debidamente calificados y entrenados y estimará el costo del servicio a los fines de que Teixeira Duarte pague a Bolipuertos el servicio de suministro de personal.

El ingreso del personal a las actividades de la terminal y el muelle norte estará condicionado a la compatibilidad con sus aptitudes, condiciones físicas, conocimientos, destrezas y experticias con las tareas que se propone desempeñar.

Bolipuertos preservará íntegra e ininterrumpidamente su condición de patrono frente a dichos trabajadores.

Las condiciones de la prestación del servicio serán fijadas por la empresa en el marco de las limitaciones previstas en el ordenamiento jurídico laboral venezolano.
Por su parte, el acuerdo complementario “F” busca “regular los términos y condiciones de la disposición de personal de Bolipuertos a Teixeira Duarte, de conformidad con lo previsto en la cláusula décima primera del Contrato de Gestión, especialmente en cuanto al régimen laboral de los trabajadores dispuestos”. El resto de los términos son similares a los establecidos en el acuerdo complementario “E”.

Lo que dice la ley

La Ley de Puertos en su artículo 56 establece la materia relativa a las tasas portuarias e indica que “Los entes administradores de los puertos públicos de uso público, tendrán como ingresos por concepto de tasas, sin perjuicio de otros que pudieran crearse, los derechos correspondientes a los siguientes conceptos”: derecho de arribo, derecho de muelle, derecho de embarque y desembarque, derecho de uso de superficie, derecho de depósito, derecho de almacenamiento.

Por su parte, el artículo 59 estipula que “En los puertos públicos de uso público otorgados en concesión a particulares, el concesionario está obligado a efectuar la percepción de las tasas previstas en esta Ley, en los términos que establezcan las Leyes de Puertos estadales. Las cantidades así percibidas se tendrán como ingresos propios de la concesión y serán administradas en la forma como se establezca en el correspondiente contrato.

“Los concesionarios de puertos privados de uso privado, sólo estarán obligados al pago del precio de la concesión, establecido en el respectivo contrato. Cuando en los puertos privados de uso privado se presten servicios a terceros usuarios, deberán percibir y enterar a la orden del ente estadal respectivo, las tasas previstas en este Capítulo”.

El 28 de agosto de 2017, una resolución conjunta de los ministerios de transporte y de economía finanzas en la que se establecieron y regularon las tarifas de los servicios portuarios proporcionados a personas naturales o jurídicas en los puertos públicos de uso público de carácter comercial administrados por el Poder Ejecutivo Nacional.

Refiere que las tarifas portuarias serán aplicadas en los puertos públicos de uso público de carácter comercial administrados por el gobierno nacional a través de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), S.A., sobre los siguientes servicios portuarios: servicios en muelle (SM), servicios en la terminal especializada de contenedores (STEC), servicios en almacenes, patios y silos (SAPS), servicios de suministros (SS), otros servicios (OS).

Como puede verse esta modificación formulada siete meses después de firmada la alianza estratégica, atendió a la necesidad de incorporar la terminal especializada de contenedores a las regulaciones legislativas.

El artículo 3 de la resolución estipula que las tarifas portuarias establecidas en la misma “determinarán los ingresos derivados de la operación de los puertos públicos de uso público de carácter comercial administrados por el Poder Ejecutivo Nacional, se clasifican en: 1. Tarifas Ordinarias: Incluyen un tipo de evento o actividad específica. 2. Tarifas Integrales: Comprenden varios eventos u actividades”.