lunes, 17 de julio de 2017

Roberto Rincón y Abraham Shiera serán sentenciados en febrero de 2018

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una vez más la Corte del Distrito Sur de Texas aplazó para el 8 de febrero de 2018, la fecha de lectura de la sentencia de los empresarios  venezolanos, Roberto Rincón y Abraham Shiera, acusados de participar en un esquema de corrupción para conseguir contrato de Pdvsa, para lo cual pagaron más de mil millones de dólares en sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana.
La fecha de la sentencia ha sido cambiada en varias oportunidades motivado a una serie de mociones presentadas por la defensa y el gobierno. La sentencia estaba prevista para el 14 de julio de 2017. El juez Gray Miller dió a conocer la nueva fecha para el próximo año. 

Se conoció que la información entregada por la fiscalía de Suiza a los Estados Unidos incluye información relacionada con este caso que envuelve pagos de sobornos millonarios a funcionarios de Pdvsa y trabajadores de esa empresa.


Narcotráfico: Fabio Lobo, hijo de expresidente de Honduras, fue sentenciado a pagar a los EEUU $266.667

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Fabio Lobo Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, fue condenado por un tribunal en Nueva York a pagar $266.667 dólares al fisco norteamericano como consecuencia del delito de conspirar para traficar cocaína a los EEUU, por el cual se declaró culpable el 16 de mayo de 2016.
El 18 de marzo de 2015, Fabio Porfirio Lobo fue acusado de violar el Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 963. En la acusación en su contra, la justicia estadounidense incluyó alegaciones de confiscación del dinero proveniente de actividades de narcotráfico, en concordancia del Título 21 del Código de los Estados Unidos, las Secciones 853 y 970.

En los EEUU, la ley establece que cuando un acusado ha obtenido dinero o bienes de manera directa o indirecta como resultado del delito imputado, el gobierno decomisará cualquiera y todos los bienes provenientes de la actividad criminal.

Las  Reglas Federales de Procedimiento Penal no requieren un procedimiento auxiliar para ejecutar la medida en el que el decomiso de dinero en un juicio.

El tribunal neoyorquino ordenó que como resultado de la declaración de culpabilidad el demandado sería condenado a  una sentencia de dinero por la cantidad de $266,667 en lugar de la cifra que originalmente se dió a conocer que eran $ 326.667. Esta orden se dicta de conformidad con la Regla 32.2 (b) y (4) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal de los EEUU.

El memorando firmado por la juez Lorna G. Schofield dice que la orden de confiscación o sentencia de dinero es definitiva y se considerará parte de la condena del demandado, por lo cual se incorporará en el juicio de convicción.

Gobierno se opone a la reducción de sentencia de dinero

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Joon  H. Kim, conjuntamente con los sub-fiscales del caso Emil J. Bove III y Matthew J. Laroche se opusieron al dictamen dado a conocer por la Corte de 30 de junio de 2017 donde se ordenó retirar las objeciones hechas a la reducción del monto de droga en los que el acusado está involucrado. 

El fiscal observa que en el memorando de la corte no se discuten los efectos de la determinación de la condena que, de acuerdo a las evidencias presentadas por individuos que actuaban bajo la dirección de la DEA, Fabio Lobo Lobo estaría vinculado a un  envío de 2.500 kilogramos de cocaína. "El demandado entendió en el momento de su detención que el cargamento implicaba un total de tres toneladas de cocaína", dice en referencia a una grabación de fecha 17 de mayo de 2014.

Asimismo señalan que el acusado indicó en abril de 2015 que "su 10% del envío" consistía en "300" kilogramos, relativo al envío de "3.000 kilogramos de cocaína".








Miami y Nueva York se afianzan como centros para el lavado de dinero

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

La legitimación de capitales provenientes de actividades delictivas ha encontrado en estas ciudades estadounidenses un nicho para que las mafias y organizaciones criminales las prefieran para darle a su dinero sucio, visos de legalidad.


Ocupar los primeros lugares no siempre es bueno, sobre todo si, como en el caso de Miami y Nueva York, se ubican a la cabeza de las ciudades preferidas por las mafias y la industria criminal, para lavar el dinero proveniente de su actividad delictiva. 
En el caso de la ciudad ubicada al sur del estado de la Florida, los ranking la señalan como un destino preferente de los capitales mal habidos para legitimarlos través de operaciones en el sector inmobiliario y diversas actividades del sistema productivo de la zona.

El lavado o blanqueo de capitales comprende tres etapas, según explican los especialistas en la materia, a saber, la colocación, la estratificación y la integración al sistema financiero.

La colocación

Así tenemos que la referida primera etapa de colocación comprende el traslado o movilización del dinero desde su fuente base que es la actividad delictiva, al destino que servirá para la legitimación. Este movimiento se hace de manera camuflada, es decir mediante una operación aparentemente legal que lleva el dinero a instituciones financieras, establecimientos comerciales, casinos, casas de cambio o cualquier otro tipo de negocios.

Con la colocación, los criminales lo que buscan es deshacerse a la mayor brevedad del dinero en efectivo.

Para llevar a cabo esta actividad, sus protagonistas requieren del concurso y complicidad de las instituciones financieras o bancos, que les dé entrada al dinero sin activar los mecanismos de seguridad pertinentes que permitirían detectar la operación fraudulenta. El contrabando de divisas mediante instrumentos monetarios,  suele ser una de las formas predilectas de hacer colocaciones por parte de los agentes del crimen organizado.

Para la colocación, el intercambio de divisas también es una vía que sirve para cumplir con este cometido que es llevado a cabo en economías que transitan momentos de transición hacia la liberalización de los mercados.

Otra forma son los agentes de valores, quienes facilitan las operaciones de lavado mediante de grandes depósitos de dinero en efectivo que sirven para ocultar el origen de los fondos.

Y es que el dinero mal habido se oculta con suma facilidad entre grandes cantidades. Así mezclado el capital legítimo con el ilegítimo, puede burlar los controles y darle ingreso a instituciones financieras donde adquieren apariencia legal. Destinar el dinero ilegítimo a la constitución de empresas de maletín o de fachada es también una estrategia para colocar el dinero sucio.

Obviamente, la compra de activos nunca se descarta como vía para la legitimación de capitales, operaciones que con frecuencia se hacen con dinero en efectivo con el objetivo de hacer cambiar de apariencia al capital ilícito y darle una fachada con visos de legalidad y menos ostensible que el dinero contante y sonante.

La estratificación

La segunda etapa, la de estratificación, tiene como fin ocultar el dinero dentro de un entramado y complejo conjunto de operaciones segmentadas que generan confusión e impiden la visualización de la actividad irregular, haciendo más dificultoso su rastreo.

Una manera de hacer esto puede ser el cambio o transformación de instrumentos monetarios en varias sumas pequeñas. Aquí la operación consiste en tomar el dinero previamente colocado en el sistema financiero y transformarlo en cualquiera de los instrumentos monetarios de que dispone la banca como giros bancarios o postales.

Adquirir bienes materiales que luego son revendidos es también una forma de estratificación.

La integración

La tercera etapa del proceso de lavado de dinero es la integración, la cual persigue ofrecer una apariencia de legalidad y legitimidad a los fondos ilícitos a través de su reingreso en el sistema económico mediante la realización de operaciones, sean personales o comerciales, que se tienen como cotidianas en el mercado.

El dinero adquiere la apariencia de una ganancia normal de trabajo al ser reinsertado en la economía. Compra de bienes raíces, de objetos suntuosos o inversión en proyectos comerciales, entre otras actividades.

Aunque guarda similitud, no debe confundirse con la estratificación.

Durante esta etapa de integración el lavador de dinero tiene la oportunidad de obtener ganancias y hacer incrementar el capital proveniente del delito. 

Los métodos conocidos que suelen usarse para la integración son la venta de las propiedades, la constitución de empresas fachada, los préstamos falsos.

La banca extranjera es una vía muy utilizada para estas actividades y para ello la complicidad de los funcionarios de gobierno es vital.

Llevar a cabo importaciones justificadas mediante facturas falsas por parte de las empresas de importación y exportación que se alían con las mafias y logran integrar así las ganancias ilegales a la economía, es igualmente una vía para concretar la integración. 

El entramado

En los distintos mercados de Estados Unidos es posible palpar la tendencia especulativa imperante y que se dirige principalmente hacia las propiedades comerciales. 

Los grandes flujos de inversión que tienen lugar entre Estados Unidos y China es ejemplo de lo anterior.
Son operaciones perfectas para este tipo de actividad delictivas y que se llevan a cabo a través de empresas fachada, cuyos propietarios son muy difíciles de identificar, incluso para los investigadores del FBI.

Estados Unidos ha mantenido una política que prioriza y favorece la inversión extranjera en su territorio, siendo la compra de bienes raíces una de las principales maneras de que dicha inversión tenga lugar.

Pero del mismo modo en que el mercado inmobiliario es atractivo para los inversionistas legales, también lo es para los lavadores de dinero. Así, los bienes raíces son especialmente tentadores para los inversionistas sombríos. Además, este tipo de inversión contribuye al alza de los precios de las viviendas, por ejemplo, especialmente en aquellas ciudades con restricciones de oferta.

Para el economista inmobiliario, John Roussel, obligar a la divulgación de la identidad de los propietarios contribuiría enormemente a la reducción de los precios de los inmuebles.

En ciudades como Nueva York la renta media se ha incrementado en 20 por ciento en el último quinquenio, este problema se agudiza aún más y el déficit de vivienda empuja la inflación. 

Como dato curioso, por ejemplo, está el hecho de que las compra de bienes raíces por parte de extranjeros en lujosos barrios hace que se incremente el problema de la escasez de viviendas pero con el agravante de que los condominios que se muestran agotados, se encuentran vacíos, nadie vive en ellos. Se trata de inmuebles comprados como inversión y no para destinarlos para vivienda.

El problema se agrava cuando se comprueba que también la actividad terrorista busca destinar sus capitales al mercado de bienes raíces usando para ello empresas fachada. Algunas iniciativas legislativas, por tanto, están apuntando a tratar de regular esta situación obligando a las empresas compradoras a presentar información sobre la identidad de los beneficiarios de las operaciones al Departamento del Tesoro.

Sin embargo, los agentes de lavado de dinero y la corrupción pueden evadir todos estos mecanismos al hacer sus adquisiciones en dinero en efectivo.

Una alternativa para desestimular las inversiones en bienes raíces destinadas a legitimar capitales, pudiera ser la imposición de impuestos a las propiedades desocupadas.

Las compañías anónimas son, según lo ha denunciado el Grupo de Acción Financiera que agrupa a varios gobiernos en el combate del lavado de dinero, una figura que en Estados Unidos favorece esta actividad ilícita que también se ve incentivada por los fuertes derechos de privacidad que la ley otorga a las empresas en esa nación. 

La acción del estado debe dirigirse, por tanto, a mantener el prestigio de Estados Unidos como lugar idóneo para las inversiones y al mismo tiempo garantizar que dicha buena fama no se vea enturbiada por las facilidades que permiten que el dinero ilícito encuentre cabida para legitimarse. La transparencia, estiman los expertos, contribuirá a mantener el buen nombre de la nación estadounidense al mantener distantes a los capitales sombríos.

sábado, 15 de julio de 2017

Piden al gobierno de los EEUU incluir al expresidente de Citgo y al exgerente de Pdval en la lista OFAC

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Por medio de una misiva dirigida a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y a los Departamentos de Estado y del Tesoro, el Centro de Investigaciones contra el Crimen en las Américas solicitó formalmente que se incluyan los nombres del actual Ministro de Petróleos de Venezuela, Nelson Martínez y al exgerente de Pdval y supuesto empresario, José Manuel González Testino en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por estar vinculados a organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos.
De acuerdo a la solicitud, existen evidencias que permiten probar que el expresidente de Citgo y actual ministro de hidrocarburos, Nelson Martínez se ha enriquecido, gracias a sus posiciones como funcionario público del Estado venezolano.

En la petición a las autoridades norteamericanas se plantea el caso de PDVAL, una filial de la estatal petrolera Pdvsa, que supuestamente es controlada por Nelson Martínez y el exgerente de ese ente estatal, José Manuel González Testino. "Ambos lograron beneficiarse personalmente del dinero proveniente de las arcas del tesoro", dice el documento. 

En la comunicación citan un informe preparado por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en el cual se publicó una lista de 37 compañías que se estima se apropiaron ilegalmente de $11 mil millones de dólares. 

La lista de esas empresas se inicia con José Manuel González, ubicadas en la jurisdicción de los Estados Unidos, dice la petición y añade que hay otras corporaciones del mismo sujeto constituidas  en Suiza y Panamá, dice el documento. 

Las compañías vinculadas al supuesto esquema de corrupción poseen cuentas en la banca suiza, a saber: Goet & Co (Ginebra), Stang Industrial Products SA Cuenta # 126.143, RH Internacional Consulting Cuenta 126.110, Henry Pittier International, Cuenta #126-187, Colorado Manufacture and Equipment SA Cuenta #126-122, de acuerdo a la demanda dada a conocer por la ONG antes mencionada.

El solicitud se pide al FBI, investigar a los dos hombres ligados al gobierno de Nicolás Maduro través de las herramientas establecidas en la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de 1977. Argumentan que "debido a la deteriorada y dramática situación humanitaria que vive Venezuela estas compañías constituyen una red operada por el crimen organizado y su objetivo es ganar dinero ilícito a costa del hambre de millones de venezolanos".
En la solicitud explican que como organización están preocupados por el aumento de la crisis humanitaria, la impunidad y el crecimiento del crimen organizado en Venezuela, y que las organizaciones criminales tienen ramificaciones en el territorio estadounidense y se convierten en una amenaza a la seguridad de los EEUU.

"Esto es una amenaza para la seguridad de la región y del hemisferio", dice el documento.

"Los Estados Unidos, como líder moral y político de la región debe prestar atención, y activar los mecanismos expeditos del Departamento de Justicia para actuar de manera inmediata y ejecutar los mecanismos previstos en la ley para controlar el crimen organizado", explica en la solicitud. 

El Centro de Investigaciones contra el Crimen en las Américas pone a disposición de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), (encargada de la seguridad nacional, el crimen organizado y la corrupción) las investigaciones realizadas sobre estos dos sujetos que a juicio de los investigadores han violado las leyes norteamericanas.

En el documento se destaca que Venezuela es uno de los países más ricos en recursos naturales de la región, que posee las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo y donde la economía depende exclusivamente de la exportación de petróleo. Sin embargo, la corrupción y ineptitud del gobierno ha llevado al país a una implosión política y económica de consecuencias inimaginables.

Más adelante se señala que en la medida que la crisis venezolana avanza, las organizaciones corrupta conectadas con el régimen se convirtieron en poderosas organizaciones criminales.

Como ejemplo del avance de dichas organizaciones criminales, citan las sanciones impuestas por el Departamento de Justicia y del Tesoro contra el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, designándolo como narcotraficante en la lista Clinton.

Igualmente, mencionan que una Corte Federal de Nueva York condenó a Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de la primera dama de Venezuela, de ser culpables de conspiración para importar 800 kilos de cocaína a los EEUU.

Dice que Venezuela se convirtió en la base principal de las empresas relacionadas con lavado de dinero, corrupción, extorsión y crímenes graves con impunidad en Central y América Latina.

El sistema de justicia americana puede ayudar a identificar y bordear estas organizaciones que operan actividades ilegales desde el territorio estadounidense.

En el documento se señala que José Manuel González Testino es un ciudadano americano nacido el 19 de septiembre de 1969 en Cookville, Tennessee. "González Testino usa su pasaporte venezolano para hacer sus transacciones financieras y su pasaporte americano para hacer sus operaciones dentro de los EEUU. Es miembro de la directiva de la empresa Productora y Distribución Venezolana de Alimentos (PDVAL) responsable de deterioro de $2 billones de dólares en comida podrida en diferentes lugares de Venezuela, hecho que causó repugnancia en un país donde diariamente la mayor parte de la población pasa hambre".

PDVAL es una filial de la estatal petrolera Pdvsa, controlada por ejecutivos como Nelson Martínez, expresidente de Citgo y actual Ministro de Hidrocarburos, gente que se ha enriquecido con dinero proveniente del erario público venezolano, acota la petición. 

Como organización independiente de periodistas Venezuela y de América Latina  con devoción a la transparencia y claridad, imploramos que sean investigados esos sujetos y colocados en la lista Clinton  los actos en la categoría de SDN.

La denuncia está acompañadas con documentos de recibidos por parte de la oficina del FBI en Miami. 

PD:
Si algunas de las personas mencionadas en este post desea ejercer su derecho a réplica les ruego enviar toda la información y solicitud de entrevista al siguiente correo electrónico: 
venezuelapoliticablog@hushmail.com


viernes, 14 de julio de 2017

Piloto del Cártel de los Soles acordó colaborar con la justicia de los EEUU

Yazenky Antonio Lamas Rondón posee valiosa información sobre la organización criminal a la que pertenece, lo que le permitió calificar para ser colaborador del gobierno norteamericano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El capital de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, Yazenky Antonio Lamas Rondón, conocido como "El Piloto del Cártel de los Soles" acordó colaborar con las autoridades federales de los Estados Unidos. El proceso de cooperación se inició el pasado 26 de junio, a pocas horas que el exoficial llegó a la capital norteamericana proveniente de Bogotá, Colombia, confirmaron dos fuentes ligadas al caso que pidieron no ser identificadas.
De acuerdo a la regla procesal, Lamas Rondón debió haber sido presentado ante un juez de la jurisdicción en las primeras 72 horas de haber sido entregado a las autoridades estadounidense. Dicha presentación usualmente se hace en persona, aunque también puede hacerse por vídeo o teléfono cuando se producen excepciones autorizadas por un juez.  

Cuando ese paso no se cumple, y no existe una excepción, se crea un vacío procesal que puede darle herramientas a la defensa para usar dicha falta como una violación al estado de derecho del cliente.

De acuerdo a las fuentes consultadas, Lamas Rondón aceptó colaborar de manera voluntaria con los fiscales federales, y se comprometió a suministrar toda la información relacionada con el Cártel de los Soles y con las otras organizaciones criminales a las que está vinculado en la búsqueda de una reducción de su condena. 

Al pasar a ser colaborador del gobierno, Lamas Rondón debe testificar ante la corte y frente al gran jurado y los jurados federales cuando la fiscalía lo requiera para sustentar los casos contra narcotraficantes.

Lamas Rondón fue extraditado el 24 de junio de 2017 luego de haber permanecido 386 días arrestado en la cárcel de la Picota en Bogotá. Cuando llegó a suelo estadounidense el acusado autorizó a su abogado defensor para que coordinara con las autoridades norteamericanas un acuerdo de ofrecimiento de prueba, aseguraron nuestras dos fuentes.

Mecanismos usados para los acuerdos de cooperación

Para convertirse en colaborador del gobierno el acusado debe contar con el visto bueno de su defensor "para que se produzca el tema conceptual de un acuerdo de cooperación y los términos del mismo". Los fiscales deben ser autorizados por la defensa para hablar con el imputado y acordar las condiciones de la negociación.

Cuando los acusados empiezan su cooperación desde el mismo momento de la extradición deben cumplirse dos reglas, "Primero, el acusado debe que renunciar a sus derechos de manera voluntaria, sin que dicha decisión no esté basada en el engaño y segundo, las partes acuerdan mantener la cooperación secreta, con lo cual el caso se sella", explicó según nos explica el exfiscal y abogado criminal, Eduardo Palmer.

Cuando los acusados por cargos de narcotráfico desean cooperar con la fiscalía, el abogado defensor contacta al fiscal para organizar una reunión que suele hacerse en una de las salas de “ofrecimiento de pruebas” ubicadas  dentro de los tribunales donde el imputado llega esposado para reunirse con el fiscal, dos agentes de la DEA, un traductor y el abogado de la defensa.

En la primera cita el acusado debe firmar el llamado “acuerdo de ofrecimiento de prueba” que es el primer paso para llegar a un acuerdo de cooperación. En esa reunión se determina si la información que posee el acusado es verdadera y útil y si el gobierno quiere entrar en un acuerdo de cooperación" asegura el abogado neoyorquino, David Zapp.

La información revelada por Lamas Rondón posee un gran valor para las autoridades norteamericanas y permitirán concluir las investigaciones federales que se siguen contra varios funcionarios, civiles y militares, del gobierno de Nicolás Maduro.

La acusación de la fiscalía

De acuerdo a la acusación, Lamas Rondón pilotó aeronaves cargadas de cocaína que salían de Venezuela a Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala para ser recibidas por asociados que descargaban la droga, para ser llevada a los Estados Unidos, Europa y varios países africanos. 

Documentos legales aseguran que este exmilitar fue responsable de unos 100 vuelos y que logró reclutar varios pilotos que volaron otros 200 pertenecientes a los cárteles colombianos y venezolanos.

La acusación señala además que Yazenky Antonio Lamas Rondón es responsable de comprar y obtener códigos aeronáuticos  que le permitían hacer planes de vuelo que tenían apariencia legal para ser usados en los aviones que transportaban drogas. "Tal habilidad le permitió el exitoso envió de un centenar de vuelos repletos de drogas desde Apure en Venezuela y desde el Departamente de Santander en Colombia", dice el documento.

Lamas Rondón está relacionado con varios cárteles de la zona, y conoce el funcionamiento, la estructura y la organización del Cártel de los Soles. En menos de 10 años, "El Piloto", quien estaba a cargo de los vuelos privados de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, se convirtió en un hombre de confianza de la organización criminal conformada por militares venezolanos de alto rango. 

Lamas Rondón también habría sido el enlace seguro entre el Cártel de los Soles y otras organizaciones criminales como el Cártel del Atlántico, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel del Golfo.

"El Piloto" fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el 7 de junio de 2016 cuando intentaba tomar un vuelo hacia Caracas. De acuerdo a sus declaraciones a la policía neogranadina, había ido a Colombia a comprar perros de raza, ya que aseguró tener un negocio de mascotas de pedigree que ofrece servicios en varios países. Sin embargo, las autoridades colombianas dejaron saber que Lamas Rondón había estado en contacto con varias organizaciones criminales de la droga que operan en Colombia.

Las autoridades arrestaron a Lamas Rondón debido a una alerta roja de Interpol que atendía a una orden de captura dictada en su contra por la Corte del Distrito de Columbia.

Tras su detención, se supo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro había solicitado como favor personal al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos que aprobara la extradición de Lamas Rondón a Venezuela. Otra versión, dada a conocer por el periódico El Nuevo Herald de Miami, asegura que Maduro habría ejercido presiones desde Caracas y La Habana para convencer al gobierno colombiano de no proceder con la extradición del célebre piloto del Cártel de los Soles a los Estados Unidos.

El caso del capitán retirado de las Fuerzas Armadas venezolanas estaba bajo el número 1:15-cr-00157 y se mantendrá sellado gracias al acuerdo de cooperación acordado por Lamas Rondón y el gobierno norteamericano.

Según datos suministrados, el cártel de los Soles empezó  sus operaciones cuando los militares prestaron protección a los grandes capos colombianos para que la droga pasara por territorio venezolano con la seguridad que no iba a ser interceptada. Dicha colaboración incluía sólo el resguardo de las rutas al inicio, pero luego se amplió al uso de transportes de las Fuerzas Armadas Nacionales para mover grandes cargamentos de cocaína hacia los puertos, aeropuertos donde la carga era enviada hacia los Estados Unidos, Europa y otras rutas selectas.

Gracias a la eficiencia y el conocimiento del negocio, los militares venezolanos fueron adquiriendo rutas que les permitía aumentan sus ingresos, hasta llegar a convertirse en sí mismos en una organización criminal con tentáculos poderosos en Centroamérica, el Caribe y Europa occidental.

En los últimos años, el llamado Cártel de los Soles adquirió mayor poder y penetró las estructuras del Estado venezolano y vínculo a funcionarios del gobierno a la industria criminal más poderosa de Venezuela.

"El Piloto" Lamas Rondón abandonó su carrera militar en 2008 cuando se relacionó con cártel y su eficiencia le permitió hacerse de la confianza y mantener el control del principal centro del narcotráfico en Venezuela, ubicado en el estado Apure, cercano a la frontera con Colombia.

Seguiremos informando de este caso en los próximos días








miércoles, 12 de julio de 2017

Denuncian empresas y funcionarios que se enriquecieron gracias a enorme esquema de corrupción en Petropiar, Pdvsa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un grupo de trabajadores pertenecientes a la empresa mixta Petropiar de Petróleos de Venezuela solicitó al presidente Nicolás Maduro "sancionar a un grupo de funcionarios y empresas que participaron en un enorme esquema de corrupción en detrimento de las finanzas del Estado venezolano". Esta solicitud está fechada en mayo de 2017. 
En la comunicación en nuestro poder, el grupo de trabajadores afectos al gobierno pidieron que fueran investigadas y sancionadas las siguientes empresas: Conkor, Alba Power Limited, CONVECA, Petroleum Contractor LLC, Vinccler entre otras.

La denuncia formulada por los empleados de la petrolera también fue enviada al Ministerio Público, organismo que ésta semana emitió las primeras citaciones a cinco funcionarios de Petropiar en calidad de imputados, quienes habrían incurrido en irregularidades en los procesos de contrataciones de esa empresa. Los funcionarios imputados hasta el momento son los siguientes: el gerente general, Edwar José Pérez; el gerente de Procura, Humberto Francisco Sarti; el gerente de Parada de Planta, Carlos Humberto Pereira, y los supervisores de analistas de Compra y de Materiales de Parada de Planta, Carlos Armando Bello y Abraham Valentino Lezama.

El comunicado de la Fiscalía dice que las investigaciones de este caso se iniciaron en 2017, debido a la denuncia presentada por irregularidades en el otorgamiento de órdenes de compra con sobreprecios, de acuerdo con los estándares internacionales, en los bienes adquiridos por la empresa Petropiar.

Los trabajadores denuncian esquema de corrupción

En la denuncia hecha por los trabajadores de Petropiar aparecen otros nombres de funcionarios que supuestamente habrían participado en el enorme esquema de corrupción, a saber: Lorenzo Aguilera, Jhon Flores, José Salazar, Francisco Cabeza, Wilmer Calderón, Francisco Monroy, 
En la comunicación, dirigida a Nicolás Maduro, refieren una investigación realizada el 16 de mayo de 2017 en Petropiar Puerto La Cruz donde se descubrieron múltiples irregularidades cometidas por unos funcionarios de nombre: Lorenzo Aguilera y Edwar José Pérez en la sede de la empresa en Puerto la Cruz, estado Anzoátegui. En la denuncia se describen los mecanismos usados para el otorgamiento de contratos con sobreprecio a través del pago de coimas en dólares. Junto a Aguilera y Pérez habrían participado Jhon Flores, José Salazar, Francisco Cabeza, Wilmer Calderón, Francisco Monroy.

Se informa que ante la denuncia hecha al presidente Maduro, los involucrados comenzaron a guardar evidencias y a traspasar carros, casas y otros bienes a nombre de testaferros. Dice que los involucrados pagaron sobornos a fiscales del Ministerio Público para que no continuaran con las investigaciones.

La misiva informa que "Edward José Pérez recibía pagos por el orden del 15 por ciento para la entrega de los contratos, y que aquellos -supuestos- empresarios que no accedían a pagar las comisiones  se le retiraban los contratos". Denuncian que Pérez creó empresas con accionistas cercanos (familiares y amigos) para otorgarles jugosos contratos.

Igualmente en la denuncia se afirma que para bajar la ola de denuncias, Pérez creó un plan de beneficio a los trabajadores, "un viaje para los empleados con gastos pagos y hospedaje en los mejores hoteles de la isla de Margarita". Con este beneficio -acotan- también ganaron comisiones puesto que cotizaron paquetes completos con sobreprecio en conchupancia con las agencias contratadas. 

Igualmente, denunciaron que los funcionarios antes mencionados obtuvieron comisiones con la compra de cajas de whisky, cervezas para supuestamente celebrar las metas de producción logradas por la empresa en el año fiscal 2016".

En la carta también denuncian que las metas de producción de Petropiar fueron maquilladas, y que para ello utilizaron algunos empleados del bloque 8, para que le "restaran producción a San Tome para completar las cuotas a favor de Piar en sociedad con las siguientes personas: Orlando Heredia, Irena Arteaga y Marisela Francabandiera, tres empleados que habían sido denunciado por hechos graves de corrupción". Dice que la señora Francabandiera fue denunciada  cuando era gerente de Piar porque entregó contratos sin licitación, por los cuales recibió sobornos en conjunto con el funcionario Luis Gutiérrez. 

En el documento se señala que el imputado, Edwar José Pérez destituyó al supervisor de la Sala de Control, Javier González por haberse negado  a disfrazar la cuota de la empresa mixta ni completar la producción con agua de las macro-fosas y aguas de fondo de tanque. 

Piden investigar a José Salazar, Francisco Cabeza y Francisco Monroy por manejos ilícitos con la flota de carros alquilados usados por ejecutivos de Petropiar. Asegura la denuncia que los tres funcionarios compraron los carros que ellos mismos contratan para el alquiler y los colocaron a nombre de terceros, y luego se los asignaron a sus propios dueños para evitar el deterioro de las unidades. 

Asimismo denunciaron a Yoel Zambrano, quien de la noche a la mañana adquirió en varios locales  en lujosos centros comerciales del estado de la Florida y otras ciudades de los EEUU.

Aseguran que las empresas Conkor, Gilmar, Alba Power Limited, Petroleum Contractor LLC, Vinccler y Conveca mantienen el control de la producción de Morichal, pagan sobornos millonarios y violan todas las normas legales de licitación. 

La denuncia señala que hay otros involucrados en el esquema de corrupción que deben ser investigados, entre quienes nombran a las siguientes personas: Lenín García, Enner Meléndez, Gustavo Villegas, Carlos Torres, Juan Castillo, Ernesto Atencio, Evenin Boscán, Emeterio Marcano, Alexis Quijadas, José Gil y Héctor Ibarra. Según la denuncia todos estos individuos estarían vinculados con Aguilera.

En otra parte de la denuncia se sostiene que Yoel Zambrano, en asociación con Edward Pérez, logró obtener coimas de 15 por ciento por los contratos entregados, lo que significó sobornos por el orden de los 187 mil millones de bolívares. 

En la carta dirigida a Nicolás Maduro sostienen que enviaron a la Fiscalía General denuncias sobre las siguientes empresas: Latina de Pavimentos CA, Técnica Petrolera, Proyectos y Suministros Mata, Cooperativa Oriente cuyo nombre fue luego cambiado a Servicios Internacionales  R y J, C.A. Protinteca, Inasca, Tampa, Casmar, Sitif CA, Petrobus, Las Piedritas CA, Urbanu Ca y Xio ca. Aseguran que a estas empresas les fueron adjudicados varios contratos sin matrices técnicas y con unos enorme sobreprecio.  

Las empresas habían sido denunciadas ante la PCP de petropiar e incluían detalles de las irregularidades cometidas por Lorenzo Aguilera, Jeffry Marcano y  Ángel Millán. No obstante, las denuncias fueron archivadas por Pedro León, exgerente de la Faja Petrolífera del Orinoco actualmente prófugo de la justicia.





Manuel "coco" Sosa Morales tiene una empresa rentable en Miami

El actor relacionado con el régimen de Nicolás Maduro y el fallecido Hugo Chávez fue citado como imputado por la fiscalía

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El actor venezolano y supuesto "empresario", Manuel Vicente Sosa Morales constituyó una empresa en el estado de la Florida en 2012. Queen Supply LLC tiene como domicilio en ciudad Doral y está asociado con Hellmuud Alejandro David Castrillón.
Manuel Vicente Sosa Morales fue citado por la Fiscalía de Venezuela en calidad de imputado por ser uno de los cinco funcionarios de la empresa Petropiar por presunto delito de irregularidades en los procesos de contratación. Vale destacar que Petropiar es una empresa asociada a Pdvsa.
La expareja de la hija del fallecido presidente, Hugo Chávez y actual embajadora alterna de Venezuela antes la ONU, María Gabriela Chávez se le acusa de hechos de corrupción. La acusación también incluye a un director interno de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Orlando Chacín Castillo.

Sosa Morales sería el responsable directo de presuntas irregularidades en la compra de bienes por parte de la empresa mixta Petropiar S.A., indicó el Ministerio Público en un comunicado.

PDVSA mantiene una participación accionaria de 70% en Petropiar que opera un yacimiento de crudo extra pesado y un mejorador con capacidad de 210.000 barriles diarios, mientras que Chevron posee el 30% restante.
María Gabriela Chávez y Manuel Vicente Sosa Morales sostuvieron una relación muy publicitada en las redes sociales por la hija del fallecido Hugo Chávez
En el año 2012 en Venezuela se realizó la última campaña presidencial que ratificó a Chávez en la presidencia, en unas elecciones ampliamente cuestionadas por la oposición. Durante ese proceso, Manuel Sosa Morales actuó activamente en el proceso electoral pero además se convirtió en empresario internacional, registrando la empresa Queen Supply LLC en Miami. El registro de la corporación dice que se constituyó el 22 de marzo de 2012.
De actor a empresario del régimen

El célebre actor además de constituir una corporación en los Estados Unidos se convirtió en empresario criollo. Aparece como presidente de la empresa de Suministros Gramal.

De acuerdo a los registros de empresas autorizadas a contratar con el Estado venezolano, Sosa Morales está asociado a Alí Ramos, quien actúa como socio y vicepresidente de Suministros Gramal. Los dos hombres deberán comparecer ante el Ministerio Público el 13 de julio de 2017.

La fiscalía a cargo de Luis Ortega Díaz emitió una acusación contra Orlando Chacín Castillo, actual director interno de PDVSA, por estar presuntamente incurso en procesos irregulares para la adquisición de vehículos en el transcurso de su gestión como director ejecutivo de exploración de la división oriental de la petrolera.

Según se informó, una auditoría con agentes externos hecha por PDVSA se detectó que el ejecutivo habría adquirido automóviles a través de un comité de contrataciones designado sin realizar el proceso de licitación correspondiente.

La compra de los vehículos se concretó de manera irregular "por vía de emergencia, en moneda extranjera y con sobreprecio, a pesar de que la licitación había sido pactada en bolívares", dice el comunicado del Ministerio Público.

La empresa de el "coco" Sosa en Miami, ciudad Doral tiene dos direcciones:
1104 NW 112th Avenue en Miami, Florida 33172 y 1104 West Flager Street, Miami.


He aquí los registros de la empresa de Manuel Vicente Sosa Morales:





En 2016, el "Coco" Sosa creó la Fundación Mónica Spear, la ex-miss Venezuela y actriz asesinada por el hampa en Venezuela. La sede de la fundación se encuentra en Pembroke Pines y fue creada en agosto de 2016.