miércoles, 2 de septiembre de 2015

Los deportados colombianos de Nicolás Maduro

El presidente Nicolás Maduro decidió deportar a cientos de colombianos humildes del territorio venezolano. Lo hizo por una razón personal,  que no es otra que proteger a sus cómplices, y  que quiso arropar con el argumento de un supuesto ataque de paramilitares y la trillada acusación del magnicidio. 

Nadie sabe a ciencia cierta cuántos son los que corrieron con la suerte de abandonar sus humildes pertenencias y huir del terror del régimen madurista, que utilizando las abominables técnicas nazis colocó letras en las casas de los aterrados desposeídos. 

Hay imágenes dantescas que nos recuerdan la tragedia de la II Guerra Mundial. Los esbirros del régimen de paso, dándoselas de poderosos con los pobladores de las zonas en conflicto, hasta se atrevieron a violar sexualmente a niñas y mujeres, tal como lo denunció la Procuraduría General de Colombia la procuradora Ilva Myriam Hoyos, quien visitó varios albergues en Cúcuta.  

La ONU -de hecho- ha contabilizado unas 10 mil personas que han sido echada del Venezuela desde el inicio del Estado de excepción. No obstante, lo que más llama la atención de toda esta situación es el desparpajo de los jerarcas del gobierno chavistas frente a la razón de fondo que movió a Maduro y su combo a tomar la decisión de cerrar la frontera y perseguir a los habitantes de las zonas cercanas a los linderos con Cúcuta.
Todos los bien informados aseguran que el arrebato de Maduro se debió única y exclusivamente a la extradición ordenada por el gobierno de Colombia de dos presuntos narcotraficantes vinculados al poderoso Cártel de los Soles, cuyas cabezas son militares del alto rango del gobierno chavista, entre los que destaca la del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Y es que los rumores detallados por la prensa apuntan que los colombianos Gersaín Viáfara Mina y Oscar Hernando  Giraldo Gómez son acusados en Estados Unidos de ser operadores ligados al cártel de drogas vinculado al gobierno venezolano.

De hecho, la prensa de Miami, el diario El Nuevo Herald va más allá y asegura que  entre las figuras del chavismo bajo investigación en los Estados Unidos se encuentran además de Diosdado Cabello, su hermano José David Cabello, el general Hugo Carvajal y el gobernador del Aragua, Tarek El Aissami.

Ese medio señala que el gobierno de Maduro presionó al de Juan Manuel Santos con las deportaciones masivas e inhumanas para obligar a Colombia a parar las extradiciones de Viáfara y de Giraldo, así como de otros narcotraficantes ligados al Cártel de los Soles.

El cuento de Maduro sobre los paramilitares nadie lo creyó, especialmente cuando se supo que el supuesto incidente de paramilitares no fue otra cosa que una pelea entre las bandas criminales integradas por militares venezolanos.

Y mientras Nicolás Maduro pasea por Asia en una búsqueda desesperada de préstamos de emergencia, los pobres colombianos viven horrores al ser despojados de sus viviendas, de sus familias y de sus pocas pertenencias, dejándolos en un total abandono y sin un futuro cercano.

Por su parte expertos colombianos han empezado a discutir sí las violaciones de los derechos humanos de los desplazados y las arbitrariedades cometidas por los militares venezolanos y por el gobierno podrían entrar en los requerimientos para ser calificado como delito de Lesa Humanidad. 

Estudiosos del vecino país  han afirmado que las conductas ocurridas en la frontera colombo-venezolana se pueden encuadrar como delitos de lesa humanidad, motivado a que es una violación sistemática de los derechos de la población civil por parte del gobierno de Venezuela con la única justificación de que se trata de colombianos. 

Si bien es cierto que el Estado tiene una soberanía y derecho para decidir quién entra o sale de su territorio,  las deportaciones de Maduro tiene un carácter arbitrario, son hechas vejando a la población civil, discriminándolas  y maltratándola.

Abogados han asegurado que el caso de los deportados sí se podría configurar la violación a los derechos humanos debido a que proceden por el solo hecho de ser colombianos, sin ni siquiera mirar el estado migratorio de las víctimas. 

Algunas voces colombianas ha identificado que se han deportado a personas que estaban legalmente en Venezuela, que llevaban más de 40 años viviendo en el país.  El régimen ha violado el derecho de la unidad familiar y a la propiedad privada.

No obstante,  hay pocas esperanzas que el gobierno de Colombia proceda a llevar el caso a la Corte, motivado -entre otras cosas- a los compromisos  que el presidente Juan Manuel Santos  ha adquirido con el régimen chavista que a lo largo de estos años de revolución. Sólo las voces independientes y algunas organizaciones no gubernamentales podrían empujar la demanda, que a estas alturas y con las complejidades de los organismos internacionales probablemente sería boicoteada como otras tantas iniciativas que se han intentado llevar a las instancias hemisféricas para buscar castigos a los abusos del régimen venezolano.










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