sábado, 28 de noviembre de 2015

Abogados de #narcosobrinos niegan haber recibido dinero del Estado venezolano

Por Maibort Petit

La firma dijo que no han hecho ningún cargo por costes legales de representación en Corte de Nueva York al gobierno de Nicolás Maduro ni a Citgo.

Cómo ya se ha informado, uno de los escritorios jurídicos más costosos de los Estados Unidos, la firma Squire Patton Boggs fue aceptado por la Corte Federal de Distrito Sur en Nueva York para representar la defensa al sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores en el caso por tráfico de cocaína que cursa en el tribunal norteamericano.

Los abogados representantes de la firma, John J, Reilly y Rebekah J. Poston son los encargados de defender a Efraín Antonio Campos Flores en un proceso judicial en los EEUU según se  hizo público en la audiencia del 12 de noviembre de 2015.

Ante la solicitud de investigación del origen de los fondos que recibe la defensa de los acusados de narcotráfico hecha por el abogado venezolano, Luis Alejandro Aguilar la firma Squire Patton Boggs envió una carta a los jueces del caso, Paul A Crotty y Daniel Patrick Moynihan de la Corte de Distrito de Nueva York asegurando que hasta la fecha ese escritorio no ha cobrado ningún cargo por concepto de servicios de representación legal al gobierno de Venezuela, ni a ninguna de las corporaciones, incluyendo corporaciones o subsidiarias del Estado venezolano (Citgo), por defender al acusado de narcotráfico.

La carta fechada 23 de noviembre dice claramente que  Squire Patton Boggs no hara ningún cargo por su trabajo de representación de Efraín Antonio Campos Flores durante el juicio que se seguirá en Nueva York.

Vale destacar que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello aseguró en un programa de televisión conducido por Vladimir Villegas en Globovisión, el día 16 de noviembre de 2015,  que la firma de abogados Squire Patton Boggs no cobraría por representar a  Efraín Antonio Campos Flores, porque la intención del poderoso despacho de abogados es probar la supuesta inocencia del acusado y contrademandar al gobierno federal de Estados Unidos, y de cuyas utilidades se cobraría todos los honorarios y costes de juicio que se generarían durante el juicio.




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