viernes, 30 de septiembre de 2016

Más preguntas que respuestas, deja comunicado del Wilmer Ruperti sobre el pago de defensores de sobrinos de Cilia Flores

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Dando a entender que el proceso judicial que se le sigue a Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas por conspirar para traficar cocaína a los Estados Unidos es una amenaza a la "patria" y al gobierno de Nicolás Maduro, el empresario chavista Wilmer Ruperti, emitió un comunicado que deja más interrogantes que respuesta acerca de la verdadera razón que lo lleva a pagar los costosos honorarios de los defensores de los dos hombres acusados de delitos de narcotráfico.

He aquí el comunicado:

WILMER RUPERTI: “RESPONDER ANTE FACTORES QUE AMENAZAN NUESTRA PATRIA NO ES UN DELITO, ES UNA OBLIGACIÓN”


"Como empresario y ciudadano venezolano, tengo la obligación y la responsabilidad de coadyuvar al mantenimiento y continuidad de la constitucionalidad de mi país. He estado y estaré siempre dispuesto a responder ante cualquier circunstancia en la cual este valor pueda verse afectado y convertirse en un atentado contra la dignidad de mi Patria, defendiendo la integridad de sus ciudadanos, sus instituciones y del Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.

Estoy profundamente orgulloso de ser VENEZOLANO y respondo, mientras esté a mi alcance, ante toda amenaza que pretenda dejar en entredicho a mi nación. ¡Eso no es un delito!, es, por el contrario, una obligación.

Soy un hombre de principios inalienables y un defensor de los valores fundamentales, por ello, partir de la buena fe me hace pensar que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Todo ser humano tiene derecho a la defensa, es garantía de libertad.

Como ciudadano activo de este bello país, he decidido hacer frente a los costos derivados de la defensa que merecen estos ciudadanos y por tanto asumí el pago de servicio de sus Abogados; no con estoy comprando una decisión, las instituciones concluirán lo que tengan a bien, tan solo pongo a disponibilidad de mis compatriotas los medios de gestión necesarios para garantizarles derechos fundamentales y procurar que un juicio mediático y de intereses difusos no los perjudique, más aún cuando se refiere a tan delicado asunto".

¿ Es de origen legítimo el dinero que usa Wilmer Ruperti para pagar la defensa de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela?

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El fiscal general de Nueva York, Preet Bharara descubrió en el mes de abril de 2016 que era una sola persona la que pagaba la costosa defensa de los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, acusados por los Estados Unidos de conspirar para transportar 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos. El nombre del empresario chavista Wilmer Ruperti pasó al conocimiento del diligente funcionario y generó varias interrogantes. 

Preet Bharara fiscal de Nueva York
 foto cortesía de http://www.nydailynews.com/
Lo primero que hizo Bharara fue solicitar a la corte la realización de una audiencia curcio, para tratar en ella lo relacionado al conflicto de intereses que ocurre cuando un solo individuo paga los abogados de dos acusados. Bharara advirtió que los primos Flores debían entender las consecuencias de ese hecho. En aquella comunicación, el fiscal estaba blindado en caso, ya que de llevarse a cabo el juicio y de ser condenados los sobrinos presidenciales, los defensores podían acudir a una corte de apelaciones para denunciar que los derechos constitucionales de los defendidos habían sido violados por no advertirles sobre el conflicto.

Una fuente de la fiscalía nos comentó que vendrían nuevos pasos sobre el tema del pago de la defensa, luego de aquella audiencia realizada el 12 de mayo de 2016,  cuando los Flores respondieron al cuestionario del gobierno y donde ambos acusados confesaron al juez Paul Crotty que Sí conocían quién les pagaba la defensa.

jueves, 29 de septiembre de 2016

Empresario petrolero Wilmer Ruperti es quien paga la defensa de los sobrinos de Cilia Flores

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Tal como se venía especulando desde hace unos meses, es el empresario petrolero venezolano Wilmer Ruperti quien ha corrido con los costosos honorarios de la defensa de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. La información fue admitida por el mismo empresario  en una entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal.


La pasada semana Ruperti se hizo acreedor de un contrato de $138 millones de dólares entregado por Petróleos de Venezuela Pdvsa para remover una gran cantidad de coque de petróleo en terminales de Pdvsa, a través de su empresa Maroil Trading Inc.

El fiscal Preet Bharara conoció la información el pasado mes de abril, cuando se encontraba investigando el expediente de los sobrinos de la primera dama venezolana y en conversación con los abogados privados encontró que era el mismo benefactor el que pagaba las dos firmas de los acusados. Es por ello que planteó una audiencia Curcio para que los Flores entendieran las consecuencias que podría traer consigo el hecho que una sola persona pague por los dos escritorios jurídicos. Dicha audiencia tuvo lugar el 12 de mayo de 2016.

Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, familiares de la primera dama de Venezuela Cilia Flores, se han declarado inocentes de las acusaciones que hizo la fiscalía del distrito sur de Nueva York de supuesta conspiración para importar 5 o más kilos de cocaína a Estados Unidos.

Desde el pasado 10 de noviembre de 2015 se encuentran encarcelados en una prisión federal en Manhattan y su juicio está previsto para el 7 de noviembre de 2016.

La fiscalía es el ente encargado de investigar si los fondos utilizados por Wilmer Ruperti para el pago de la defensa de los sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores son de origen legítimo o, si por el contrario, son proveniente de una organización criminal, lavado de dinero o corrupción.

En una entrevista con The Wall Street Journal, Ruperti dijo que estaba pagando la defensa de los sobrinos del presidente  por razones patrióticas, como una manera de aliviar la carga del Sr. Maduro.

"Esto perturba la tranquilidad de la familia presidencial. Es necesario que el presidente esté tranquilo ", dijo Ruperti al periódico neoyorquino. "Estoy ayudando a preservar el gobierno constitucional."

Haciendo eco de la posición oficial del Gobierno de Venezuela, Ruperti dijo que los cargos impuestos por los EE.UU. contra sobrinos la pareja presidencial son parte de un plan para desestabilizar a Venezuela. En los últimos años, los EE.UU. ha acusado a más de media docena de altos funcionarios venezolanos por presunto tráfico de drogas.

"Es una gran conspiración para ayudar a la oposición", dijo Ruperti. "Hay un intento de etiquetar a Venezuela como un narcoestado" comentó el empresario chavista al WSJ en entrevista exclusiva.

Ruperti dijo que el nuevo contrato de PdVSA no tenía nada que ver con el pago de los gastos legales de los sobrinos  de  Maduro. "Diez empresas pujaron por el contrato", dijo. "Me ofrecieron el precio más bajo y le ahorro al país $ 10 millones."comentó. 

Fiscalía de Nueva York desmiente a defensores de sobrinos de Cilia Flores

Por Maibort Petit 
@maibortpetit


La Fiscalía de Nueva York desmintió una afirmación hecha por los defensores de los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas según la cual, el informante confidencial conocido como CW-1 (El Sentado) habría orquestado todo el evento que llevó al proceso criminal contra los dos acusados. 

De acuerdo a un documento presentado por el gobierno a la corte, la defensa -en una conferencia antes de la audiencia de prueba celebrada el 8 y 9 de septiembre- sugirió que el informante que se encontraba en Honduras conocido como CW-1 o "El Sentado", de alguna manera provocó que un falso kilo de cocaína se les entregara a los acusados en Venezuela. "No hay ningún registro sobre esa acusación" asegura el fiscal Preet Bharara.

La DEA no participó en el arresto de los acusados

El gobierno norteamericano reiteró una vez que los agentes de la DEA -en ningún momento- participaron en el arresto de Campos Flores y Flores de Freitas en Haití. La defensa ha insistido -sin presentar pruebas para ello- que fue la DEA y no los oficiales de la Oficina de Lucha contra el Tráfico de estupefacientes (BLTS por sus siglas en francés) los que ejecutaron el arresto de los dos sobrinos de la pareja presidencial venezolana.

El fiscal sostiene que los acusados fueron detenidos aproximadamente a las 11:16 de la mañana del 10 de noviembre de 2015 por la policía haitiana. "Tres oficiales de la BLTS se acercaron a los acusados que se encontraban en el restaurante del hotel Servhotel en Puerto Príncipe, y  se identificaron como "Policías" al momento de esposar a los acusados".

Los agentes de la BLTS que participaron en la operación de arresto, llevaban uniformes tácticos, incluyendo chalecos con la palabra "policía" escrito en letras grandes, añade el reporte.

La fiscalía aclaró que ningún agente de la ley de los Estados Unidos desempeñó ningún papel en la ejecución de las detenciones.

Una vez que los acusados ​​estaban bajo la custodia del gobierno de Haití, la DEA solicitó formalmente que los sujetos ​​fueran expulsados ​​del país y transferidos a la custodia de EE.UU.

Dice el informe del fiscal Bharara que aproximadamente a las 13:45 PM del 10 de noviembre de 2015,  las autoridades haitianas aprobaron la petición y firmaron los documentos que autorizaron la transferencia de los acusados. Poco después, la policía haitiana tomó a los acusados ​​a otro centro policial para el procesamiento final y, a continuación, a las 4 p.m. los llevaron al aeropuerto de Puerto Príncipe para su traslado a la DEA. 

Los oficiales haitianos, que trabajaron en esta parte de la operación, también llevaban uniformes que decían "policía" en letras grandes,  y se dirigieron en vehículos policiales plenamente identificados.

A pesar que los acusados ​​fueron detenidos sobre la base de las órdenes de Estados Unidos -emitidas como resultado de una investigación de la DEA- los agentes pertenecientes a la agencia norteamericana no tienen capacidad de hacer detenciones ni de actuar en Haití. 

Una vez entregados en custodia a la DEA, los acusados ​​fueron colocados en un Learjet y fueron trasladados al Distrito Sur de Nueva York para que fueran procesados. 

El avión salió de Puerto Príncipe aproximadamente 16:30 PM. Mientras el avión despegaba, los agentes de la DEA  le dieron a ambos acusados ​​agua embotellada, y más tarde en el vuelo, les ofrecieron ​​dulces y los observaron "beber continuamente." 

Inicialmente, los acusados ​​se sentaron en la parte posterior del avión, con el agente especial Sandalio González y el agente especial Kimojha BrooksDespués de que el avión se niveló, el agente Brooks sacó su ordenador portátil y comenzó a tomar información biográfica de los acusados. 

Alrededor de este tiempo, el agente González llevó a Campos Flores a la parte delantera del avión, donde el agente Robert Zachariasiewicz estaba sentado. El agente González dio  a Campos Flores una forma de la DEA en lengua española y le explicó sus derechos Miranda. 

Después de Campos Flores revisó la forma, González se acercó y le explicó todos los pormenores. A eso de las 17:15 PM Campos Flores firmó el documento de renuncia, reconociendo que había "leído... los derechos mencionados anteriormente y entendido cuáles eran sus derechos. "En la actualidad estoy dispuesto a responder libre y voluntariamente algunas preguntas sin un abogado presente."

Antes que Campos Flores renunciara a sus derechos, los agentes no le habían hecho preguntas sobre el caso, sobre el tráfico de drogas, o acerca de su actividad criminal. 

Los agentes entrevistaron a Campos Flores por aproximadamente dos horas. Durante la entrevista, Campos Flores fue "cooperativo" y "muy educado," a pesar de que parecía conmocionado y lloró en varios puntos de la conversación.

Debido a que el avión se acercaba a Nueva York, y a que Campo Flores indicó que quería dejar hablar a su primo Flores de Freitas, los agentes pusieron fin a la entrevista, lo trasladaron a la parte trasera del avión, y trajeron Flores de Freitas al frente. 


Una vez que Flores de Freitas estaba en la parte delantera del avión con los agentes González y Zachariasiewicz, le dieron  al co-acusado una forma de derechos Miranda en español.  Flores  revisó el formulario y, a eso de 19:37, lo había firmado, con lo que aceptó de manera voluntaria la renuncia a sus derechos. Antes que Flores de Freitas renunciara a sus derechos, los agentes no le hicieron preguntas sobre el caso, sobre el tráfico de drogas o sobre su actividad criminal. 


Los agentes entrevistaron a Flores de Freitas por unos 40 minutos y terminaron la conversación debido a que el Learjet comenzaba su aproximación final al aeropuerto de White Plains. El avión aterrizó a eso de 20:10.  Los agentes les permitieron a los acusados llamar a Venezuela. Posteriormente, fueron transportados al Centro Correccional Metropolitano. 

El informe dice que Campos Flores y Flores de Freitas no pudieron ser llevados a la corte al día siguiente, porque era Día de los Veteranos, un feriado judicial, y en su lugar se presentaron el jueves, 12 de noviembre de 2015.

La renuncia a los derechos Miranda 

El ningún momento, los acusados manifestaron dudas, confusión o falta de entendimiento  en relación al contenido de los derechos Miranda, cuyo contenido se les entregó en español, y además fueron explicado por el agente González.

El informe del fiscal sentencia que los acusados firmaron los derechos por sí mismos  y a sabiendas que estaban renunciando libremente a sus derechos. No hubo preguntas hasta que ambos renunciaron a sus derechos. Por la claridad de las pruebas presentadas por la fiscalía, la Corte debe rechazar las alegaciones hechas por la defensa, ya que las mismas están ampliamente claras y ajustada a lo establecido en la ley dice finalmente el documento.











martes, 27 de septiembre de 2016

Defensa exige a la corte que se eliminen las evidencias presentadas por el gobierno para acusar a sobrinos de Cilia Flores

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Los abogados defensores de los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas solicitaron al juez Paul Crotty que elimine las pruebas presentadas por el gobierno de los Estados Unidos para acusar a sus clientes, en especial, pidieron la supresión de los interrogatorios hechos por la DEA en el avión, las imágenes del kilo de cocaína manipulado por Campos Flores y todas las grabaciones hechas por los informantes confidenciales.



En un documento de 33 páginas, el equipo de 6 abogados de los sobrinos presidenciales asegura que el testimonio de los testigos del gobierno, interrogados en la audiencia de supresión de evidencias, dejó claro que la investigación del caso se llevó a cabo -casi en su totalidad- por los informantes "que mostraron un nivel sin precedentes de engaño y una conducta ilegal durante la operación."


Los abogados sostienen que las entrevistas posteriores a la detención en este caso "se realizaron de manera descuidada, después de un final precipitado y investigación fallida".

Agregaron que no hay registros de las entrevistas posteriores a la detención y que el único agente que hablaba español en el vuelo de Haití a Nueva York,  reconoció sus limitaciones de sus registros escritos a mano y de su memoria. 

La defensa asegura que la supresión de la evidencia es necesaria dadas las graves violaciones constitucionales que se presentan en esta investigación. "La Corte debe otorgar la supresión de mociones pedidas por los acusados ".

Insisten que la supresión de dichas evidencias es necesaria porque el gobierno no ha podido demostrar que las declaraciones realizadas a bordo del avión fueron hechas de manera voluntaria.

Señalan que el gobierno no ha demostrado satisfactoriamente que las declaraciones posteriores a la detención se hicieron"libre de intimidación, coacción o engaño".


-Debido a las declaraciones  hechas por los acusados -posteriores a la detención-  no eran el "producto de una elección libre y sin restricciones el debido proceso exige que se supriman dichas declaraciones.

Igualmente, los abogados de Campos Flores y Flores de Freitas insistieron que los demandados son hombres jóvenes, tenían 29 y 30 años de edad en el momento de su detención, que no tenían antecedentes penales y no tenían experiencia previa con el sistema legal de los Estados Unidos. 


- Después de haber sido engañado deliberadamente por los Estados Unidos para que fueran a Haití, los acusados ​​se encontraban lejos de sus casa y no estaban familiarizados con el sistema legal en el que se encontraban. Los acusados ​​no son operadores sofisticados o con experiencia, y las circunstancias de su detención  los hizo más propensos a sentirse aterrorizados y humillados por las autoridades.

La DEA participó en la detención


Los defensores de los Flores reiteran que a pesar que la policía de Haití sabía que los acusados no eran peligrosos, sin embargo, la detención -prevista con estrecha coordinación de la DEA, incluyeron a 8 o más funcionarios haitianos fuertemente armados, con máscaras y uniformes militares.  Como consecuencia de este espectáculo de fuerza totalmente innecesario, las circunstancias de las detenciones fueron incuestionablemente y -excesivamente -estresantes- y emocionalmente dolorosas para los demandados. 


Los abogados reiteraron que las autoridades de Haití actuaron con arreglo a una petición de, y en estrecha coordinación con la DEA. Igualmente sostienen que los agentes que los apresaron, estaban fuertemente armados y no tenían marcas en la parte delantera de sus uniformes que indicaban que eran de la policía. 

Señalaron además que no hay prueba que los policías les hubiesen dicho a los demandados la razón de su detención en español. 

En relación a este aspecto, el oficial de la policía de Haití que testificó en la audiencia de supresión de pruebas repitió en varias oportunidades que su superior, quien habla perfectamente español,. fue el encargado de informar a los dos acusados la causa del arresto y los procedimientos que se iban a seguir.

La defensa vuelve a repetir que los acusados temían que estaban siendo secuestrados y que morían de miedo cuando -durante su detención- fueron separados inmediatamente, llevados a  unas instalaciones policiales, donde permanecieron retenidos, durante horas, sin comida ni agua ni comunicación significativa con respecto a su situación. 

Más adelante subrayan que las circunstancias traumáticas de arresto y detención de los demandados los pusieron en un estado extremadamente emocional, lo que contribuyó significativamente al entorno altamente coercitivo que persistió a lo largo de su posterior interrogatorio, que lo obligó hacer una renuncia voluntaria de su derecho a no declarar en contra de sí mismos.

La foto del avión 

El memorando de la defensa dice que el gobierno introdujo una foto tomada ostensiblemente en el aeropuerto con algunos agentes que acompañan a los acusados ​​en frente de un avión.  A pesar de que los oficiales de la foto tienen marcas diciendo "policía" en el frente de sus uniformes y cascos, no se parecen a los agentes que detuvieron a los acusados. 


Los demandados fueron interrogados mientras estaban esposados en un pequeño avión privado. Durante el interrogatorio, los acusados ​​fueron aislados de la familia, los amigos y los abogados. Reseñan que el testimonio del agente estableció que los acusados ​​no fueron ni siquiera informados por qué estaban siendo transportados a los Estados Unidos hasta la interrogación ya había comenzado. 

A pesar de pedir la oportunidad de hacer una llamada telefónica a Venezuela tras su detención por las autoridades de Haití, no se permitió a los demandados ni ponerse en contacto con los funcionarios consulares ni ponerse en contacto con sus familias dice el informe. Sin embargo, en el testimonio de los agentes de la DEA en la audiencia de supresión se informó que se les ofreció hacer una llamada y que Campos Flores se comunicó con su familia en Caracas. 


La defensa sostiene que la DEA quería que los demandados estuvieran aisladas para evitar que alertaran a las autoridades de Venezuela, quienes podría entonces intentar interferir con la expulsión del gobierno de Haití y entregarlos en custodia a la DEA.

La DEA tenía todos los incentivos para evitar que los demandados tuvieran cualquier  contacto con sus familias o funcionarios consulares, acotan.

Este aislamiento hizo mucho más fácil para los agentes del gobierno tratar de obligar a la cooperación de los demandados, afirman los abogados. Más adelante sostienen que aunque los agentes de la DEA negaron que era su intención,  los 5  testimonios en este sentido, simplemente  no hace creíble dicha afirmación.


Señalan que los informantes no son creíbles, ya que CS1 usó cocaína  y servicio de prostitutas. 


Pidieron al tribunal declinar la invitación del gobierno para encontrar que los dispositivos de los informantes se desactivaron al azar cuando "CS-1 fue capaz de llegar a la opinión de que el acusado carecía de experiencia y las conversaciones clave que demuestran la falta de capacidad y experiencia se produjeron cuando el informante tenían sus dispositivos desactivados".

En la audiencia de supresión el testigo CS-1 (alias el Mexicano) dijo que él desactivaba el dispositivo cuando pensaba que la reunión había concluido. Ese mismo argumento lo sostuvo CS-3 en sus testimonio frente al  juez.


Los defensores pretenden que el juez Crotty elimine todas las grabaciones ya que las mismas están hecha en constatada mala fe de los informantes. 

Los abogados aseguran que en reunión previa a la audiencia, el gobierno ofreció una serie de justificaciones para explicar la destrucción de las pruebas de la primera reunión que ahora han demostrado ser falsa por parte del CW-1. 

El Gobierno también ofreció una serie de explicaciones sobre las actividades de CS-1 y CS-2 que han sido ahora fatalmente socavados por su perjurio y la actividad delictiva durante el curso de la investigación.

Por ejemplo, el Gobierno argumentó que ningún aparato de control podría llevar a efecto CW-1 antes de la primera reunión debido a la poca antelación y a la distancia.  En la audiencia, sin embargo, el agente Sandalio González admitió que: (1) CW-1 ya tenía suficientes equipos de grabación para registrar la reunión, ya que tenía un teléfono celular que había utilizado anteriormente para grabar una otras operaciones y (2) la única justificación real de la incapacidad de CW-1 de llevar un equipo adicional o un agente para controlar la reunión fue que era sábado.


El Gobierno también argumentó que la capacidad de CW-1 para grabar la reunión inicial se vio obstaculizada por el hecho de que no había habido tiempo suficiente para entrenarlo y que estaba en una silla de ruedas. No obstante, sostiene la defensa: "Las fuentes confidenciales profesionales empleadas por la DEA están generalmente formados para utilizar los dispositivos de grabación y por lo general, con el tiempo, les es cómodo utilizarlos para grabar reuniones con objetivos de investigación. 


"CW-1, por el contrario, no recibió tal formación, y tenía poca experiencia en ese punto con las reuniones grabadas de forma consensuada. El hecho de que estaba en silla de ruedas agravaba los riesgos asociados con la fabricación de tales grabaciones", asegura los abogados de los primos Flores. 


El memorando dice que el testimonio en la audiencia demostró que esta justificación  -usada por el gobierno- también era falsa. "El agente especial Corcoran declaró que la formación de un informante de utilizar un aparato de control de la DEA podría tomar menos de diez minutos y nunca había tomado más de una hora". 


En cuanto a CS-1 y CS-2, en su sesión inicial de información, el gobierno justifica las diferencias en las grabaciones y la reunión que no fue registrada con la sugerencia de que las grabaciones que faltan pueden ser el resultado de las "limitaciones de almacenamiento" y la idea de que "loa dispositivos no siempre funcionan según lo previsto por la DEA", acotan los defensores.


Señalan que durante la audiencia, sin embargo, no hubo evidencia de que las limitaciones de almacenamiento llevaron a cualquier punto de corte de  las grabaciones o que haya habido un mal funcionamiento, "la explicación real era simplemente que los informantes habían tomado decisiones deliberadas para no grabar la totalidad de sus interacciones con los demandados". Por las razones ya discutidas, las justificaciones de los informantes para hacerlo deben ser rechazadas.


Concluyen asegurando que el Tribunal de Justicia debe: 
(1) suprimir las declaraciones posteriores a la detención hechas por los acusados; 
(2) suprimir las grabaciones realizadas por los informantes confidenciales; y 
(3) eliminar las imágenes del supuesto ladrillo de "cocaína" y toda referencia a ella.

Gobierno de EEUU se opone rotundamente a supresión de evidencias solitada por defensa de sobrinos de Cilia Flores

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El gobierno de los Estados Unidos expresó -en un documento de 22 páginas- que se opone rotundamente a la supresión de evidencias solicitadas por el equipo de defensa de los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Antonio Campos Flores y Fraqui Francisco Flores de Freitas, al igual que se negó aceptar el argumento de los abogados, según el cual, los informantes de la DEA expoliaron las pruebas que supuestamente beneficiaban a los acusados.

En el memorando del gobierno se informa al juez Paul Crotty su negativa de que sean eliminadas las declaraciones posteriores al arresto  y  la Supresión de Pruebas sobre la base del Expolio. 

Señala el documento que durante la audiencia celebrada el 8 y 9 de septiembre, el gobierno llamó a nueve testigos y la defensa ninguno. Asimismo asegura que las declaraciones de los acusados ​​(dos de Campo y una Flores) no fueron recibidos como evidencia en la audiencia y, en cualquier caso, tienen poca, o ningún, peso en relación con el testimonio vivo de los testigos del gobierno. 

El registro de la audiencia no ofrece ninguna base para la Corte encuentre que el gobierno destruyó ninguna prueba, ni mucho menos que las pruebas de descargo fueron destruidas o que el gobierno actuó de mala fe, asegura el fiscal Preet Bharara en el informe.

La evidencia irrefutable en la audiencia también mostró que las declaraciones posteriores a la detención de los acusados ​​se hizo de forma voluntaria, después de las renuncias de los derechos Miranda  y no hubo retraso en la presentación de los acusados ​​ante un juez.  

Bharara agrega que los agentes de la DEA no llevaron a cabo de manera  deliberada  los interrogatorios "dos pasos", tal cual lo plantea la defensa.

Más información en breve....

lunes, 26 de septiembre de 2016

Caso de sobrinos de Cilia Flores pasa a una nueva etapa del proceso judicial en Nueva York

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El caso criminal que se le sigue a los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas pasó a una nueva etapa dentro del proceso judicial. Hasta este lunes, los abogados defensores y la fiscalía tienen plazo para la entrega de observaciones relacionadas con la audiencia de supresión de evidencias celebradas en 8 y 9 de septiembre de 2016. Dichas observaciones no se han hecho públicas a esta hora.
Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se lleva el caso de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana
acusados de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a EEUU.
A lo largo de la última semana, se han dejado correr varios rumores que aseguran que los dos acusados lograrían la libertad de inmediato y la deportación a Venezuela. Este rumor no se ajusta a la realidad. Si bien es cierto que luego de una audiencia de supresión de evidencias, el juez puede decidir -luego de evaluar las declaraciones de todos los testigos y los documentos presentados por la fiscalía- que no existen suficientes elementos para ir a juicio y proceder con una disposición, también es cierto que el tipo de pruebas presentadas por las fiscalía, aprobadas por el gran jurado han sido usadas en muchos casos de este tipo, y el tribunal ha permitido su uso.  

De acuerdo al experto en derecho criminal, Alex Alfano a partir de este momento puede darse: 1) una disposición que significa el conclusión del caso;2) la preparación para el juicio con las evidencias aceptadas por el tribunal y; 3) la decisión de los dos acusados de aceptar la culpabilidad de los delitos que se le imputan y proceder a un acuerdo que los beneficie, con una sentencia más leve de la que podrían eventualmente obtener  si persisten con la decisión de ir a juicio y que al final del mismo sean declarados culpables.


En el caso de los primos Flores, la fiscalía ha presentado audios, grabaciones de video, fotos y testimonios que -de acuerdo al gran jurado- constituyen elementos suficientes para generar la causa probable, que permitió que en el octubre de 2015 se aceptara, y se aprobara una acusación formal contra los dos familiares de la pareja presidencial venezolana, lo cual condujo a su detención en Haití, el 10 de noviembre de 2015.

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Vale recordar que el caso de Campos Flores y Flores de Freitas se inició con una acusación del Gran Jurado (Indictment). Para obtener una Acusación del Gran Jurado, el fiscal general de Nueva York, Preet Bharara presentó las evidencias que fueron revisadas por los miembros y determinaron que existía una causa probable para creer que los primos Flores habían cometido un crimen federal y fue por ello que emitió una acusación listando los cargos. 

De acuerdo a lo establecido en las Reglas Federales de Procedimiento Criminal, luego de las audiencias de mociones ( Supresión de evidencias) los acusados pueden decidir declararse culpables o ir a un juicio. 
Juez Paul Crotty es quien tiene en sus manos la decisión final sobre el caso Flores
Fto cortesía de www.newyorklawjournal.com
Los abogados de los Flores sometieron a consideración del juez Paul Crotty en el mes de julio, una lista de mociones para que las mismas fueran suprimidas, lo que significa que de ser aprobadas, la fiscalía no las podría usar durante el juicio. De acuerdo a la defensa, las pruebas habrían sido logradas de manera ilegal. No obstante, es el juez Crotty quien decidirá si los oficiales y agente encubiertos del gobierno violaron o no la ley, ante lo cual pueden eliminarse las evidencias en el juicio, o -por el contrario- simplemente dejarlas en el expediente para ser usada en el proceso.

Si no se llega a una disposición, el caso procederá al juicio, planteado según el cronograma para el 7 de noviembre de 2016. 

En en el caso de los Flores el cronograma se ha atrasado, motivado -entre otras razones- a los continuos cambios de los abogados de la defensa y las prórrogas solicitadas por los diferentes bufetes. 

El período de descubrimiento se extendió con el consentimiento de ambas partes y la aprobación por parte del Juez. Este período se extiende con el fin de darle a las partes oportunidad para revisar las pruebas, introducir mociones y discutir la posibilidad de una declaración de culpa.

Durante la semana anterior al juicio, el grupo de abogados de Campos Flores y Flores de Freitas recibirán de manos de la fiscalía lo que se conoce como “material 3500.” Este material usualmente consisten en declaraciones hechas por testigos del gobierno que brindarán testimonio durante el juicio. De igual manera, la defensa debe proporcionarle al gobierno cualquier declaración previa hecha por los testigos de la defensa.

¿Qué puede ocurrir posteriormente?

En los procedimientos normales (97 % de los casos criminales de narcotráfico en NY) se contempla por lo general un acuerdo de culpabilidad seguido de las negociaciones con la fiscalía y el llamado Regateo Declaratorio o (Plea Bargaining). 

Campos Flores y Flores de Freitas se declararon no culpables en diciembre de 2015 durante la primera audiencia. Ambos pueden mantenerse con la declaración de no culpabilidad y proceder con el juicio o por el contrario, pueden cambiar su posición y apegarse a un acuerdo de culpabilidad.

Las estadísticas muestran que la gran mayoría de los casos federales resultan en Declaraciones de Culpa. Si una persona decide declararse culpable, puede hacerlo con o sin un acuerdo declaratorio. Si una persona decide declararse culpable con un acuerdo, se redacta un documento llamado “Acuerdo Declaratorio” o “Acuerdo de Declaración de Culpa”, que representa el acuerdo entre la parte acusadora y la defensa acerca de los cargos que resultarán  en las declaraciones de culpa y cuáles cargos serán descartados o desestimados, así como muchos otros detalles acerca de las pautas de sentencia.

Posteriormente, ese acuerdo declaratorio debe ser revisado por el juez quien tiene la última palabra y es quien finalmente decide la sentencia. 




domingo, 25 de septiembre de 2016

En plena crisis, Wilmer Ruperti gana contrato millonario de Pdvsa por $138 millones

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un comunicado de Pdvsa, dado a conocer el pasado viernes por la agencia Reuter, deja saber que el empresario chavista Wilmer Ruperti, a través de su compañía Maroil Trading Inc ganó un contrato de $138 millones de dólares para hacer trabajos de eliminación de una gran cantidad de coque de petróleo en el terminal de sólidos de Jose, en el estado de Anzoátegui.



Dice la nota que el coque, un producto que resulta de mejorar el crudo pesado de la Faja del Orinoco, se ha acumulado rápidamente en el terminal, ubicado en la costa oriental venezolana, desde que un incendio en el 2009 obligó a detener sus exportaciones.

Las grandes montañas negras han provocado críticas de los ecologistas y comunidades cercanas.

Más adelante la nota destaca que Petróleos de Venezuela (PDVSA), considera que los reproches forman parte de una campaña de desprestigio de los adversarios del gobierno socialista. Maroil Trading Inc es manejada por el magnate Wilmer Ruperti.

El nombre de Ruperti salió a la luz pública luego de un paro generalizado del sector petrolero entre el 2002 y el 2003, cuando proporcionó servicios de envío de crudo, ayudando al fallecido Hugo Chávez a retomar el control de la industria.

Maroil, Ruperti, ni PDVSA pudieron ser contactados de inmediato para comentar al respecto asegura la nota publicada por la agencia Reuter.

PDVSA dijo que por cada 100 barriles de crudo extrapesado que se mejoran en la Faja, el mayor reservorio de crudo del mundo, se obtienen 2,5 toneladas de coque, cuyo precio internacional ronda los 35 dólares por tonelada. "Esta operación busca la construcción de un nuevo modelo productivo y plantea el impulso de las exportaciones de rubros no tradicionales para la diversificación de las fuentes de divisas", dijo la compañía en un comunicado.

Constantes rumores hechos públicos desde el mes de mayo de 2016, han señalado que Wilmer Ruperti es el misterioso empresario que paga los dos costosos escritorios jurídicos que pagan la defensa de los sobrinos de Cilia Flores. 


sábado, 24 de septiembre de 2016

Abraham Shiera: Socio necesario de Roberto Rincón para obtener fraudulentamente contratos de PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El empresario Abraham José Shiera Bastidas, al igual que su socio, Roberto Rincón fueron protagonistas este año de uno de los más grandes casos de corrupción que involucra la estatal de petróleo venezolana Pdvsa. 

Fue detenido en el mes de diciembre acusado por corrupción y violación de las leyes federales de EEUU. Actualmente disfruta de una medida de casa por cárcel en el estado de la Florida y será en enero 6 de 2017 que será sentenciado.  Al igual que su socio Rincón, Shiera decidió colaborar con la justicia norteamericana y ofrecer la información que posee sobre la corrupción que se encierra en Pdvsa.

- Abraham José Shiera Bastidas es un empresario venezolano-estadounidense acusado junto a Roberto Rincón, de lavado de dinero, conspiración y fraude cometidos en territorio de Estados Unidos.
- Abraham Shiera está casado con Alexandra Shiera.
- Shiera se habría asociado con Rincón para facilitarle a este, contratos y licitaciones logrados fraudulentamente y mediante el pago de sobornos con la estatal Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA.
- Fue detenido en Miami por orden de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida el pasado 16 de diciembre de 2015.
- Shiera Bastidas es presidente en Venezuela la de la empresa Vertix Instrumentos. En dicha compañía es propietario de 51 por ciento de las acciones.
- Vertix Instrumentos S.A., se encarga de proveer “soluciones para la medición y control de procesos industriales (…) Nuestro éxito radica en poder ofrecer los productos del mayor fabricante mundial de equipos de instrumentación y control y contar con ingenieros y técnicos venezolanos capacitados para proveer asesoría, soluciones y mantenimiento de los mismos” .
- Vertix Instrumentos tiene sede en Maracaibo, en la avenida 3Y con calle 70, Edificio Vertix, oficina N° 69-68, en el sector Avenida San Martin, diagonal a la Residencia del Gobernador.
- En la junta directiva de Vertix Instrumentos Abraham José Shiera Bastidas, Cédula de identidad V-7.629.333, ejerce la presidencia; Ricardo José Ricardo Bravo, C.I. V-6.303.144, ejerce como Director, sin identificación de cargos también integran el cuerpo directivo, Fernando Ardila Rueda, C.I. V-6.303.144 y Noel Antonio Maestre González, C.I. V- 11.906.754.
- En la actualidad, Vertix Instrumentos se encuentra inhabilitada para contratar con el estado venezolano, pero hasta 2014 su certificado fue el N° 0000102300733718.
- Los fiscales sustentan sus acusaciones contra Roberto Rincón y Abraham Shiera en lo previsto en la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior.
-El 22 de marzo de 2016 Abraham Shiera se declaró culpable de los cargos de conspiración para cometer ofensa o fraude a Estados Unidos y realizar prácticas corruptas foráneas. 
- Los otros cargos fueron desestimados, no porque se determinara la inocencia de Sheira, sino como producto de las negociaciones con la fiscalía. 
- Sheira aceptó entregar buena parte de su fortuna amasada y accedió a cooperar con a investigación suministrando detalles acerca de los detalles de la conspiración, a saber, nombres de las personas implicadas, cuentas bancarias. 
- Abraham Shiera pagará una condena menor a la estimada al inicio del proceso y se le permitirá mantener una parte del dinero.
- La acusación refiere que en 2010 Rincón y Shiera ayudados por un oficial abrieron en Panamá una cuenta bancaria para usarla en el pago de sobornos.
- El 15 de junio de 2010, Shiera envió a un funcionario de PDVSA un correo electrónico en el que explicaba el procedimiento para abrir una cuenta bancaria en Panamá.
- El 26 de mayo de 2010 PDVSA emitió una orden de compra por 2.648.148,20 dólares a una compañía de Shiera, Esta compañía al mismo tiempo transfirió 300 mil dólares a otra compañía de Shiera.
-El 23 de junio de 2010 Shiera transfirió 100 mil dólares a una cuenta bancaria de otro funcionario de PDVSA que le servía de conexión para la obtención de los contratos con la estatal petrolera venezolana.
- El 18 de octubre de 2010, PDVSA le transfirió 5.545.560,01 dólares a una empresa de Shiera. Este a su vez transfirió 25 mil dólares a un funcionario de PDVSA.  
- El 28 de junio de 2011, Shiera transfirió 15 mil dólares a una cuenta en Panamá a nombre de un funcionario de PDVSA.
- El 6 de junio de 2011 Shiera transfirió a una cuenta bancaria en Panamá a nombre de un funcionario de PDVSA.
-El 6 de diciembre de 2011 Shiera envía un correo electrónico en el que hace una reservación para un funcionario de PDVSA por 14.502,29 dólares.
- Varios correos emitidos por funcionarios de PDVSA dirigidos a Rincón y Shiera les indican los conceptos por los cuales deben emitir las facturas correspondientes a pagos que les hará la petrolera a las empresas de los venezolanos.
- El 3 de junio de 2014, Shiera transfirió a una cuenta de un funcionario de PDVSA en un banco en Panamá por 15 mil dólares.
- El 7 de enero de 2014, Shiera transfirió a una cuenta a nombre de un funcionario de PDVSA en un banco de Panamá por un monto de 15 mil dólares.
-22 de marzo de 2016, Abraham José Shiera se declara culpable de haber pagar sobornos a varios funcionarios de Petróleos de Venezuela, PDVSA, por 1.000 millones de dólares.

Cronología de cómo Roberto Rincón se hizo de contratos de PDVSA fraudulentamente

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El empresario venezolano Roberto Rincón ha dejado a su andar una estela de escándalos tanto en Venezuela, como en España, Ecuador y los Estados Unidos. De ser un hombre extremadamente modesto, pasó a tener un emporio económico basado en un esquema de corrupción y sobornos que involucró a muchos personajes políticos, altos ejecutivos y empleados de Pdvsa. 

Trás haber pasado 9 meses encarcelado, logró obtener la libertad bajo fianza el 3 de agosto de 2016 luego de pagar 5 millones de dólares. Su historia es digna de una novela. Luego de declararse culpable y de colaborar con la fiscalía, consiguió bajar su pena de 100 a menos de 10 años de cárcel. El próximo 6 de enero de 2017 deberá presentarse ante un juez de Texas para escuchar su sentencia definitiva, que muchos calculan en unos 7 años.

Roberto Rincón fue detenido en diciembre de 2015 acusado de pagar más de mil millones de dólares en sobornos para obtener contratos con PDVSA entre 2008 y 2014. 

He aquí la cronología de los hechos que lo llevaron a la cima, y luego a una cárcel federal en Houston.

- Roberto Enrique Rincón Fernández (14-8-1960) es un empresario zuliano dedicado al área petrolera, propietario de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial.
- Tradequip es una empresa zuliana establecida el 21 de septiembre de 1988, “como una empresa netamente familiar destinada a la compra, venta, distribución de equipos para la industria petrolera, marina, entre otras”.
Esta domiciliada en la avenida 17 Los Haticos No. 121-86, Edificio Tradequip, Maracaibo, Estado Zulia, en Venezuela, cuya actividad es ser “distribuidores exclusivos, representantes, importadores en las áreas de perforación, productos de seguridad industrial y personal, minero, metalúrgico, industrial, agropecuario, comercial, salvamento y rescate”.
Asimismo se encargan del “mantenimiento, reparación y certificación: Bombas de lodo, reciprocantes, centrífugas, malacates, servifrenos, elevadores, llaves hidráulicas y neumáticas, swivel, bloques, top drive, herramientas de torque, SCR, MCC, módulo AC y DC, tarjetas para SCR, motores, botes de fibra de vidrio, balsas autoinflables, herramientas de pesca, B.O.P, acumuladores koomey, equipos de pressure control, wire line equipment, martillos, recubrimiento de tungsteno”.
Igualmente presta servicios de “Alquiler o leasing: Pressure control, estabilizadores, herramientas de alto torque (ajuste de flange, turbinas, B.O.P. etc.), top drive, equipos especializados”.
- Tradequip aparece con el Registro Nacional de Contratistas 1074244070409118149, certificada para contratar con el estado venezolano.
- Como accionistas integrantes de la junta directiva de Tradequip aparecen Roberto Enrique Rincón Fernández, titular de la cédula de identidad venezolana N° V-7.609.868, como presidente; José Roberto Rincón Bravo, C.I. V-17.096.316, quien funge como vicepresidente; Alexandra Carolina Rincón Bravo, C.I. V-17.096.328, como segunda vicepresidenta.
-A raíz del paro  que tuvo lugar en la industria petrolera venezolana entre diciembre del año 2002 y febrero de 2003, Rincón y sus empresas se convirtieron en uno de los principales proveedores de Petróleos de Venezuela, PDVSA.
-Ovarb Industrial junto a KCT Cumaná y DERWICK Associates, es señalada de haber vendido con sobreprecio a la filial de PDVSA, Bariven, 17 unidades eléctricas “en un solo día, a un sobrecosto escandaloso de entre $350 y $404 millones”. A OVARB y DERWICK se les cataloga como empresas de maletín .
- Para el año 2004, Roberto Rincón se trasladó a Houston, Texas, donde comenzó a operar como proveedor de Bariven. En esta actividad se mantuvo hasta 2008. 
- En 2008, el presidente de Bariven, George Kabul, decidió la salida de las empresas de Rincón de la lista de vendedores de la filial de PDVSA.
-Con el objetivo de burlar la medida dictada por Kabul, Roberto Rincón se asocia con Abraham Shiera, así como con otros empresarios que poseían empresas registradas en el estado de Florida, para mantenerse con contratista. Una acción que le permitió hacerse de muy jugosos contratos. Para concretar el renganche, Rincón contó con la complicidad de funcionarios de Bariven en Caracas.
-Hasta el mes de agosto de 2014 estuvo residenciado en Houston, estados Unidos.
-Desde esa fecha se traslada a Madrid, España.
-El 19 de diciembre de 2015, encontrándose de nuevo en la cita ciudad estadounidense, Roberto Rincón fue detenido por las autoridades norteamericanas.
-Se le acusó de legitimación de capitales, conocido popularmente como lavado de dólares.
-Para el año 2014 se le vinculó al hoy diputado Hugo Carvajal, militar retirado que aparece reseñado en numerosos casos de narcotráfico y por sus relaciones con grupo terrorista de las FARC en Colombia. 
-En la fecha señalada se señaló a Rincón de facilitarle a Carvajal un avión propiedad de la empresa Global Air Services Corp, en la que el hijo del empresario, José Roberto Rincón, se desempeña como gerente. Carvajal uso la aeronave para trasladarse a Aruba donde el 23 de julio de 2014 fue detenido por una solicitud de extradición a los Estados Unidos. Tres días después de estos hechos, Hugo Carvajal quedó en libertad en razón de que los Países Bajos reconocieron que poseía inmunidad diplomática, la cual había sido negada dos días por un tribunal de Aruba.
-Para el año 2015, específicamente en el mes de mayo, Tradequip e Incenter, empresa de servicios de ingeniería bajo la dirección del empresario venezolano Tony Canaves, entablaron una demanda contra el Banco Novo de Portugal. La razón de la acción legal fue por presuntamente no cumplir con el pago de 81 millones de euros, que las dos citadas empresas hicieron en la entidad referida institución financiera en 2014.
- El 16 de diciembre de 2015, Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas, fueron arrestados en Houston y Miami, respectivamente, luego de haberse realizado una extensa investigación criminal en su contra.
- Rincón y Shiera son acusados por fiscales pertenecientes al Departamento de Justicia de los Distritos Sur de Texas y de la Florida. Se les señalan 18 delitos  relacionados con legitimación de capitales o lavado de dinero, conspiración para el lavado de dinero, fraude cometido en transferencia electrónica, violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior, un instrumento que castiga las operaciones de soborno cometidas desde Estados Unidos y dirigidas a funcionarios extranjeros.
- Los señalamientos de los fiscales refieren que Roberto Rincón se valió en empresas ubicadas en el sur de Texas, mientras de Abraham Shiera uso seis compañías en el sur de la Florida, con el objeto de asegurarse contratos con la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA.
- Las investigaciones señalan que Rincón y Shiera se asociaron para lograr los contratos por medio de sobornos pagados a empleados de PDVSA.
- Rincón y Shiera perpetraron entre 2009 y 2014, al parecer, los sobornos y acciones fraudulentas, a través de cinco empleados de Petróleos de Venezuela, cuya identidad no se da a conocer en la acusación, pero que están plenamente identificados. 
- Se indica que la actuación de los empleados de PDVSA implicados se circunscribe a las áreas de compras y licitaciones, donde tenían poder de decisión  en cuanto a la adjudicación de contratos.
- Las acusaciones de los fiscales se sustentan en correos electrónicos en los que se detallan las operaciones intercambiados entre Rincón y Shiera y los empleados de PDVSA.
- Rincón ocultó su relación con las compañías que finalmente obtenían las licitaciones, las cuales muchas veces eran las únicas que figuraban en los listados de postulantes.
- La astronómica suma de un billón de dólares sería la cantidad de dinero que Roberto Rincón y Abraham Shiera movieron entre los años 2009 y 2014. 750 millones de dólares habría sido el monto movilizado por Rincón.
- La fiscalía pudo localizar tres cuentas bancarias por más de 100 millones de dólares en Suiza en las cuales Roberto Rincón estaba relacionado. Se solicitó la expropiación de dominio.
- Del mismo modo, los fiscales determinaron que en estas operaciones habrían sido usadas 730 cuentas bancarias, de las cuales 108 tienen que ver con Rincón.
- El exmilitar buscado por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por estar implicado en tráfico de drogas, Hugo Carvajeal —ya citado con anterioridad— aparece mencionado en la acusación contra Rincón.
- Ni a Rincón ni Shiera se les otorgó el beneficio de libertad, que en el caso del primero es estimó en un principio en 10 millones de dólares, en virtud de que ambos empresarios poseen medios y poder que lea habría permitido emprender la huida y evitar el juicio.
La acusación
-Los fiscales sustentan sus acusaciones contra Roberto Rincón y Abraham Shiera en lo previsto en la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior.
- En la acusación los fiscales indican que entre los años 2009 y 2014, Roberto Rincón y Abraham Shiera conspiraron y se enriquecieron de manera ilícita a través de la obtención de contratos de energía lucrativos con PDVSA, valiéndose de medios corruptos y fraudulentos que incluyen el pago de sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana.
- Los funcionarios de PDVSA que recibían sobornos ayudaban a las empresas de Rincón y Shiera a ganar los contratos al suministrarles información privilegiada.
-Los funcionarios beneficiados con los sobornos ayudaron a Rincón y a Shiera a ocultar que controlaban más de una de las empresas incluidas en los listados de licitación con la petrolera.
- Los funcionarios de PDVSA apoyaban a Rincón y Shiera ante un comité interno de la empresa petrolera para lograr contratos de suministro.
- Una vez obtenidos los contratos, los funcionarios de PDVSA que recibían sobornos ayudaban a agilizar los pagos a las empresas de Rincón y Shiera.
- La acusación sostiene que aparte de los sobornos, los funcionarios de PDVSA recibían de Rincón Shiera objetos de valor, viajes, comidas y entretenimiento, con el objeto de que mantuvieran los contratos con las empresas de los venezolanos.
- Incluso, uno de los funcionarios de PDVSA recibió dinero el 12 de abril de 2010 a través de una transferencia bancaria de una de las empresas de Rincón, para pagar el saldo de un préstamo hipotecario de 164,570.23 dólares. 
- En la acusación se sostiene que Rincón y Shiera disfrazaban los sobornos bajo la figura de comisiones y pagos por falsas compras de equipos que nunca fueron entregados.
- Igualmente los funcionarios de PDVSA creaban la falsa apariencia de competencia entre varias empresas, cuando en realidad todas las que aparecían en los listados eran contraladas por Rincón y Shiera.
- La orden de prisión preventiva emitida contra Roberto Rincón establece que la investigación del Departamento de Justicia determinó el uso de 730 cuentas bancarias, 198 de ella manejadas relacionadas con Rincón, su familia y sus empresas.
-La acusación pide confiscar tres cuentas bancarias en Suiza que manejan fondos por 100 millones de dólares.
- La acusación refiere que en 2010 Rincón y Shiera ayudados por un oficial abrieron en Panamá una cuenta bancaria para usarla en el pago de sobornos.
- El 9 de abril de 2010, Roberto Rincón transfirió 100.000 dólares desde una cuenta bancaria en los Estados Unidos a nombre de una de sus empresas a uno de los funcionarios de PDVSA beneficiados con los sobornos.
- En 7 de mayo de 2010, Rincón transfirió 135.429 dólares a un funcionario de PDVSA.
- El 17 de junio de 2010 Rincón ayudó a un funcionario de PDVSA a abrir una cuenta bancaria en un banco de Texas.
- El 23 de septiembre de 2010 transfirió 100 mil dólares a otro funcionario de PDVSA que le servía de conexión.
- El 5 de agosto del 2011, PDVSA emitió una orden de compra por 7.729.756,78 a nombre de otra empresa de Rincón por concepto de compra de equipo. Al mismo tiempo a través de otra empresa de su propiedad, Rincón vendió el mismo equipo por 7.343.268,93 de dólares.
- El 23 marzo de 2012, un funcionario de PDVSA emite una factura de una compañía en la que está asociado a un familiar de Rincón, por servicios de ingeniería.
-El 27 de abril de 2012, Rincón transfirió 150 mil dólares a una cuenta bancaria a nombre de un funcionario de PDVSA que servía de conexión para la obtención de contratos de PDVSA.
- El 8 de mayo de 2012, Roberto Rincón transfirió 150 mil dólares a una cuenta bancaria perteneciente a otro funcionario de PDVSA.
- El 18 de diciembre de 2012, PDVSA le paga 331.246, 01 dólares a una de las compañías de Rincón, de los cuales él transfiere a su vez 314.682.72 a otra empresa de su propiedad.
- El 21 de diciembre de 2012, Rincón transfirió de una compañía de su propiedad a una cuenta bancaria de un funcionario de PDVSA que aparecía como copropietario de una empresa con un familiar, como pago por servirle a conseguir contratos de PDVSA.
-El 1 de marzo de 2013, Rincón transfirió 100.460,00 dólares a una cuenta bancaria en un banco de Panamá a nombre de un funcionario de PDVSA.
- Varios correos emitidos por funcionarios de PDVSA dirigidos a Rincón y Shiera les indican los conceptos por los cuales deben emitir las facturas correspondientes a pagos que les hará la petrolera a las empresas de los venezolanos. 
-15 de junio de 2016, Roberto Rincón se declaró culpable de dos cargos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos. Rincón reconoció haber participado en la práctica de pago de sobornos para obtener contratos con la petrolera estatal venezolana PDVSA.
-Salió el libertad bajo fianza luego de pagar $5 millones de dólares el 3 de agosto de 2016
-La sentencia contra Roberto de Rincón se conocerá el 6 de enero de 2017.




Fiscalía de Nueva York denuncia fuertes contradicciones en declaraciones de sobrinos de Cilia Flores

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La fiscalía de Nueva York advirtió a la corte que existen fuertes contradicciones en las declaraciones hechas por los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Antonio Campos Flores y  Franqui Francisco Flores de Freitas después de su arresto el 10 de noviembre de 2015; las entregadas por sus abogados a la corte federal el 2 de Julio de 2016, y las grabaciones que posee el gobierno sobre las reuniones celebradas en Honduras, Haití y Caracas.

En un documento entregado por el fiscal Preet Bharara en julio de 2016, se señala que el caso Flores es estrictamente una acusación por tráfico de drogas, que incluye dos demandados que fueron arrestados por fuerzas de seguridad foránea y entregados a la DEA una vez que fueron reseñados en la policía de Puerto Príncipe, y expulsados de territorio haitiano. Por esta razón –sostiene- que las afirmaciones hechas por un funcionario público venezolano, son inexactas porque parten de la falsa premisa que los demandados fueron “secuestrados” en Haití. Es inadmisible que esta falsa declaración se pretenda usar como estrategia de defensa, acota.

Bharara expresa en el documento que es improcedente la tesis del secuestro expuesta por la defensa, ya que está suficientemente sustentado, probado y verificado que fueron las fuerzas del orden de la Oficina de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefaciente de Haití ("BLTS") las que entraron en el restaurante del hotel donde se hizo la reunión de los acusados con un testigo confidencial de la DEA. Los agentes haitianos se identificaron plenamente y se llevaron a los acusados en custodia apegados a las leyes de ese país, reza el informe.
Entre las contradicciones planteadas resaltan las siguientes:

1) Situación financiera de los dos demandados: Antes de ser arrestados, los acusados informaron en varias oportunidades que poseían propiedades en Venezuela y Panamá, que habían hecho negocios donde ganaron miles de millones de dólares con el petróleo,  que poseían una flota de vehículos, un carro de lujo Ferrari, consumían productos costosos, vivían rodeados de lujo y estaban en capacidad de viajar a varios países en jets privados.

Contrariamente, cuando fueron interrogados por los agentes de la DEA durante el trayecto del vuelo Haití-Nueva York y luego de haber leído, entendido y firmado los derechos Miranda, los acusados informaron que entraron al negocio del narcotráfico porque querían dinero, porque no tenían a su nombre ni siquiera 10 mil dólares y porque esperaban ganar 20 millones de dólares con el envío, para luego dedicarse a otras actividades lícitas, e inclusive, mudarse a los EEUU. 

Asimismo señala que Franqui Francisco Flores de Freitas dijo no tener capacidad financiera para costear un abogado privado en Noviembre de 2015 en la corte de Nueva York, para luego pasar a ser representado por defensores privados. Lo mismo ocurrió en abril de 2016 con Campos Flores.

2) Es la primera vez que están involucrados en el negocio del narcotráfico: 

Durante los encuentros con los testigos confidenciales, Efraín Antonio Campos Flores dijo que la cocaína era de su propiedad y por ello él estaba costeando los costes del operativo de llevar la droga desde Caracas hasta Honduras, llegando a pagar inclusive $900 mil dólares en efectivo al testigo cooperante CW-1 en un encuentro que tuvo lugar en Honduras en octubre de 2015. 

Asimismo, Campos Flores informó que había hecho negocios ligados al narcotráfico con los franceses, que tenía contactos directos con los grupos de la Farc, que eran los que le proveían el producto y que personalmente manejaría los envíos de la droga desde Caracas.

No obstante, dice el informe, en las declaraciones consignadas a la corte el 2 de Julio de 2015, donde se solicitan la eliminación de las evidencias en las que el gobierno basa su acusación, los dos acusados aseguran que nunca se habían involucrado con el narcotráfico, que no conocían cómo era la apariencia de la cocaína, no sabían cómo funcionaba el negocio por dentro, ni cómo conseguir la droga, ni cómo transportarla. También dijeron que tenían medios para trasladar la droga desde el centro de origen hacia los Estados Unidos porque nunca antes habían trabajado en narcotráfico y no poseían la infraestructura para hacerlo, eran unos novatos sin experiencia. 

Preet Bharara califica de inverosímil lo expuesto en la declaración jurada de los acusados, en la cual acusan al gobierno de los Estados Unidos de haberles tendido una trampa para culparlos por razones de política internacional. 

Las contradicciones están clara y reflejan que hay dos versiones que buscan generar un clima de victimización a favor de los demandados.