domingo, 25 de junio de 2017

Congresistas de EEUU piden investigar socio salvadoreño de Tareck El Aissami, José Luis Merino

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un grupo de congresistas republicanos y demócratas solicitaron al Departamento del Tesoro investigar  las actividades de político salvadoreño, José Luis Merino, uno de los máximos dirigentes en el FMLN. En la misiva advierten las razones por las cuales Merino puede representar una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. 
Merino ha sido señalado en otras averiguaciones federales como socio del actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, sancionado por el Departamento del Tesoro por sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo internacional.

En la misiva, los congresistas republicanos y demócratas  informan al Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin sobre los esfuerzos que realizan los Estados Unidos para combatir el crimen y la violencia en Centroamérica, para lo cual el país ha invertido más de $1.4 billones de dólares en la región en los últimos dos años. Sin embargo -dicen los parlamentarios- la asistencia financiera externa no es suficiente, "el secretario del Tesoro tiene las herramientos únicas para negar el acceso de criminales al sistema financiero norteamericano".

En la carta -firmada el 19 de junio de 2017- los parlamentarios piden a Mnuchin ampliar averiguaciones sobre el empresario y político salvadoreño José Luis Merino.

Los diputados norteamericanos advierten que diferentes fuentes indican que la estructura financiera controlada por José Luis Merino, quien además es vice Ministro de Exteriores de El Salvador, ha logrado blanquear cientos de millones de dólares provenientes del grupo terrorista colombiano las Farc, así como de elementos corruptos del gobierno de Venezuela y otros grupos criminales que buscan lavar dinero socio.

Señalan que Merino juega un rol protagónico en múltiples organizaciones criminales que operan a lo largo y ancho de América Latina, constituyendo una amenaza significativa para los EEUU. "Creemos esta investigación está en el interés de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos y puede ayudar a las fuerzas del orden  a identificar  y  apagar las actividades ilegales realizadas en el sistema financiero estadounidense".

Los 14 congresistas pidieron al secretario del Tesoro que aplique su autoridad de acuerdo a lo previsto en la "Ley de Designación de Capos Internacionales para investigar los vínculos de actividades bancarias del ciudadano salvadoreño José Luis Merino, conocido también por su nombre de guerra o alias de guerra como Comandante Ramiro Vásquez”.

Merino es uno de los miembros más antiguos del FMLN, asesor del conglomerado ALBA Petróleos, exdiputado del Parlamento Centroamericano y ahora viceministro para la Inversión y el Financiamiento para el Desarrollo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Los parlamentarios estadounidenses denunciaron que Merino tiene “relaciones de varios años con redes de crimen organizado transnacionales, que son objetivo de investigación en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero”.

En la carta, los parlamentarios advirtieron que las operaciones que dirige Merino han resultado en una “riqueza inexplicable”, cómo ha trasladado apoyo a las FARC (guerrilla de Colombia, en proceso de pacificación) y a personas acusadas de corrupción en Venezuela, mientras mueve el dinero a “puerto seguro”.

Otras investigaciones 

Varias investigaciones federales han acumulado evidencias que señalan que José Luis Merino habría supuestamente utilizado una red de bancos en Centroamérica y el Caribe para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico, el contrabando ilegal de oro, diamantes y cortan, y de actividades terroristas.  

De acuerdo a datos de los investigadores, Merino ha usado un conglomerado financiero, cuyo capital creció desde el 2006 hasta la actualidad, de una manera inexplicable y que ha llegado a establecer asociaciones con entidades bancarias norteamericanas, para lavar dinero provenientes de la industria criminal.  Gracias a su cargo en el gobierno de El Salvador, Merino tiene el privilegio de viajar con pasaporte diplomático. 

José Luis Merino ha sido identificado además como uno de los socios más poderosos del vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami quien fue incluido en febrero de 2017 en la lista de la OFAC por sus vinculaciones con el narcotráfico internacional y  el terrorismo islámico, junto a otro de sus testaferros, Samark  José López Bello. A los dos venezolanos les fueron congelados sus bienes en los Estados Unidos, incluyendo lujosos apartamentos y mansiones ubicadas en el estado de la Florida.

José Luis Merino habría permitido que Tareck El Aissami usara la poderosa estructura financiera conformada por uno de los conglomerados bancarios más poderosos de Centroamérica para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico, contrabando de oro, combustibles y otros fondos de origen ilegal, según reseña un informe de inteligencia elaborado por agentes federales estadounidenses al que tuvo un acceso parcial.

Se asegura que Merino es asesor de las FARC y está encargado de manejar una parte de las finanzas de ese grupo terrorista. Desde el 2006, Merino está ligado a Alba Petróleo lo que le ha permitido obtener incontables beneficios económicos y una amplia influencia en la región.

La carta fue firmada por diputados de Subcomité de Asuntos Hemisférico del Comité de Asuntos Exteriores: Albio Sires, Jeff Duncan, Eliot Engel, Mario Díaz -Balart, Joaquin Castro, Ileana Ros-Lehtinen, Gregory W. Meeks, Carlos Curbelo, Adriano Espaillat, Christopher, Norma J. Torres, Ted. S. Yuho, Robin L. Kelly y Michael T. McCaul.










martes, 20 de junio de 2017

Juez Paul Crotty fija sentencia de narcosobrinos para el 12 de septiembre de 2017

Flores de Freitas será condenado el 12 de septiembre y su primo Campo Flores el 13 de diciembre de 2017. Las condenas podrían ser diferentes.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Con la firma del juez Paul Crotty quedó fijada -por ahora- la sentencia de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas para el 12 y 13 de septiembre de 2017 en horas de la tarde, respectivamente. El pasado viernes, las partes aseguraron estar de acuerdo con la fecha propuesta por la defensa que sugirió que la lectura de la condena de los dos hombres hallados culpables de cargos de narcotráfico fuera el 11 de septiembre de 2017, fecha en la que se conmemora el aniversario del atentado terrorista a las torres gemelas y que los neoyorquinos consideran como un día de duelo. 

La defensa tiene 90 días extras para revisar los expedientes de manera detallada, y evaluar las objeciones de la fiscalía de Nueva York. 

La sentencia de los sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro estaba prevista para ser leída el 26 y 27 de junio de 2017, respectivamente. El calendario procesal final de este caso se dará a conocer en los próximos días.

Los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas pidieron a la corte una prórroga el 17 de junio de 2017, argumentando que necesitan resumir y litigar los puntos planteados en los informes ya que los mismos son muy extensos y complejos. 

Los expertos consideran que los sobrinos presidenciales podrían ser condenados a unos 15 ó 20 años de cárcel, aunque podrían ser menos debido a que ambos no tienen récords criminales.  Los dos hombres fueron juzgados como cabezas de la organización criminal a la que pertenecen.

El gobierno de los EEUU solicitó en la acusación original cadena perpetua para los dos sujetos acusados de violar las leyes antinarcóticos de los EEUU. 

La defensa ha adelantado que tiene previsto apelar a la condena que se les dicte a Campo Flores y Flores de Freitas en los 15 días posteriores a la lectura.


lunes, 19 de junio de 2017

Tribunal de EEUU cambia fecha de sentencia de empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los empresarios venezolanos, Roberto Enrique Rincón-Fernández y Abraham José Shiera-Bastidas, acusados de delitos de corrupción y blanqueo de capitales, serán sentenciados el 30 de agosto de 2017. Una vez más, el juez Gray H. Miller dio a conocer un cambio de fecha para la lectura de la condena que estaba prevista para realizarse el 14 de julio de este año.
En un memorando, el juez Miller informa que la investigación de caso Rincón-Shiera se alargó hasta el 28 de julio de 2017. En el nuevo calendario procesal, la defensa tendrá hasta el 11 de agosto para escribir las objeciones o declaraciones finales, mientras que la oficina de la libertad condicional podrá enviar el informe final el 23 de agosto de 2017.

El juez señaló -además- que todas las objeciones  de las partes deben ser presentadas en día lunes antes de la fecha de sentencia que fue fijada, como ya advertimos, 30 de agosto a las10:00 a.m.
El gobierno de los Estados Unidos acusó a los empresarios Rincón y Shiera de ser los cabecillas de un enorme esquema de corrupción y de haber pagado 1.000 millones de dólares a directivos de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA entre 2009 y 2014. Ambos se declararon culpables de violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EEUU, destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.

Embargo de cuentas

Rincón y Shiera suministraron información al gobierno norteamericano en el marco del acuerdo de cooperación para bajar sus sentencias, que en el caso de Rincón superaba los 93 años de prisión. Gracias a los datos entregados a la fiscalía por los dos sujetos, el gobierno logró ubicar y embargar unas 730 cuentas bancarias, la mayoría en en bancos de Suiza y Panamá, en la que aparecen involucrados funcionarios de Pdvsa y otros supuestos empresarios que hacen vida económica en los EEUU y que están vinculado al enorme esquema de corrupción.

Datos bancarios


El 1 de junio de 2017 se conoció que las autoridades de Suiza harán entrega de datos bancarios al Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) en el marco de las pesquisas sobre el pago de soborno de altos funcionarios de Pdvsa, por parte de empresarios venezolanos y norteamericanos a cambio de la obtención de jugosos contratos.

De acuerdo al informe de las autoridades helvéticas, al menos “ocho cuentas se han visto afectadas por la transferencia de datos bancarios a EEUU y una de ellas fue bloqueada”.

Suiza congeló más de cien millones de dólares y en octubre de 2016 anunció la transferencia de 51 millones al gobierno de EEUU, dice un reporte de la fiscalía, a la vez que advierte que el resto del dinero depositado en cuentas bancarias suizas “permanece congelado”.

Junto a Roberto Enrique Rincón y a Abraham José Shiera Bastidas fueron procesados por este caso los siguientes individuos:
  • Moises Abraham Millan Escobar
  • José Luis Ramos Castillo
  • Christian Javier Maldonado Barillas
  • Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz
  • Juan José Hernández-Comerma
  • Charles Quintard Beech III. 

En enero de 2017, Juan José Hernández y Charles Beech, ambos empresarios del sector energético, se declararon culpables de sobornar a altos cargos de Pdvsa y también suministraron información al gobierno estadounidense.

De acuerdo a la acusación, las empresas de de Shiera y Rincón fueran colocadas en los paneles de licitación de Pdvsa, lo que permitió obtener contratos lucrativos de energía con Petróleos de Venezuela, que por lo general cotizaban con un abultado sobreprecio causando un daño patrimonial a Pdvsa que aún no ha sido calculado.

Rincón y Shiera enfrentan cargos de violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, fraude y declaraciones falsas y por lavado de dinero.




viernes, 9 de junio de 2017

Wilmer Ruperti, el empresario chavista que financió “El vuelo del Turpial”

*La denuncia que presentamos a continuación está soportada por documentos, chats, emails, fotografías y otros datos que el denunciante presentó en un expediente que será enviado a las autoridades federales norteamericanas para su consideración.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un grupo de profesionales del mundo del celuloide, contratados por la productora R92 Films LLC para producir el largometraje "El vuelo del turpial", pone sobre el tapete una supuesta estafa colectiva y un esquema de lavado de dinero, que vinculan -inclusive- con el narcotráfico. En el pleito aparecen involucrados los empresarios chavistas Wilmer Ruperti y Edgard Meinhardt, junto a la actriz venezolana Ruddy Rodríguez. Mientras los acusados niegan los cargos, los denunciantes amenazan con llevar el caso a los tribunales federales norteamericanos. He aquí parte de la historia.
El inicio de las denuncias

Desde mediados de 2016 se empezó a escuchar en varios medios de comunicación social de Venezuela una denuncia sobre una supuesta estafa que habría llevado a cabo la empresa de producción cinematográfica Productora R92 Films LLC, propiedad del empresario Edgard Meinhardt, la actriz venezolana Ruddy Rodríguez y su manager Haik Gazarian quien se desempeña como director de cine. Estos personajes habrían contratado a un equipo de trabajo de fama internacional para producir "El vuelo del turpial", una superproducción que buscaba “poner a Venezuela en un sitial cinematográfico que se merece” según advirtió la actriz. 

Una parte del equipo contratado para crear el rodaje ha asegurado por diversas vías que fue objeto de una gran estafa, ya que trabajaron y no les pagaron lo prometido. Uno de los denunciantes va más allá, y asegura que luego de haber investigado lo ocurrido, ha llegado a la conclusión que el megaproyecto habría servido para lavar dinero proveniente del narcotráfico y la corrupción. La afamada actriz niega todas las acusaciones y se desentiende del asunto asegurando que no tiene deuda con nadie y que la paralización del proyecto se debió a la falta de presupuesto. Aquí puede ver los primeros números que presentó Haik Gazarian.

Un lanzamiento por todo lo alto

La producción fue presentada de manera rimbombante por la actriz y sus socios quienes contrataron un equipo de renombrados profesionales que permitiría conseguir los fondos necesario para desarrollar el proyecto de alcance mundial. 
El guión del largometraje fue escrito por la actriz colombiana Valentina Rendón, esposa del director de cine y accionista de R92 Films LLC, Haik Gazarian. En la propuesta decía que los actores eran los siguientes: Edgar Ramírez, Wagner Mouro, Eugenio Derbez, Alfonso Herrera, Ruddy Rodríguez, Valentina Rendón.
Como productores aparecen en la presentación original: Delfina Catalá y Haik Gazarian  y  como productores ejecutivos: Ruddy Rodríguez y Edgar Ramírez.

Para desarrollar el concepto de la película contrataron a Edgar Jiménez P, quien ahora lleva la voz cantante de las acusaciones por estafa contra Rodríguez y sus asociados.  Los primeros dardos los lanzó a través de una carta publicada en su cuenta de la red social Facebook, donde se dedicó a contar los pormenores de su experiencia en la película que nunca llegó a concretarse y que afectó a numerosas personas que participaron en la preproducción aportando desde talento, tiempo y capital, sin que hasta la fecha ni Rodríguez, Meinhardt, ni Gazarian les hayan dado una respuesta satisfactoria a sus demanda de pago y resarcimiento.

Quien fuera el director artístico del largometraje, acusa a la productora R92 Films de haber armado “una gran burbuja” para llevar a cabo su estafa valiéndose de las ideas con que Jiménez fue construyendo la trama de la película (ideas, personajes, imágenes, escenas, paisajes y ambientación) para convencer a otros talentos y profesionales  que se sumaron al proyecto. 
Refiere que para cumplir su cometido, Ruddy Rodríguez y sus socios utilizaron el  nombre y el prestigio de Sony Pictures y Universal Studios a objeto de captar la atención de inversionistas y hasta gobiernos. Con la referencia a los mencionados estudios cinematográficos hacían creer que la distribución de “El vuelo del turpial” estaba garantizada mundialmente e insistían que sería proyectada en China, Rusia y América Latina, “pero extrañamente nunca en EEUU”. Ver detalles aquí.

Jiménez trabajó durante tres años para ilustrar el guión del film, primero desde Caracas, luego en Los Ángeles y después en República Dominicana, llegándose a reunir un equipo de profesionales conformado por 95 personas que a sólo tres meses de haber iniciado la pre-producción comenzaron a ver fallas en sus pagos, pese a que se incurría en un gran despilfarro en la contratación de empresas costosisimas, suntuosos viajes en jet privado, caras residencias para los directivos y sus familias, entre otros. Una película que aún sin iniciar acumulaba para el momento de redactar Jiménez su carta grandes deudas por varios millones de dólares.
“Nos llevaron a Los Ángeles (LA) a más de 40 personas para dos reuniones y presentar el equipo donde no hicimos nada, y lo que realmente hicieron fue armar un equipo de talentos para una fachada y conseguir el dinero para comenzar a contratar cosas entre ellos los estudios de cine de Pinewood, viajamos a LA un mes y a República Dominicana más de 90 personas, para que en dos meses se perdieran 35 millones de dólares y pidieran más a los inversionistas”.

Cabe destacar que Edgard Meinhardt es el mismo productor de la película “Bolívar, The Liberator” de ingrata recordación en los años 90, la cual tampoco nunca llegó a concretarse pero que también fue denunciada como una gran estafa que, al parecer, lo llevó a figurar en la lista de los cien venezolanos con cuentas de más de 100 millones de dólares en el HSBC de Suiza.
Jiménez se explaya en la narración de una serie de irregularidades, gastos injustificados y excesivos, mientras se producían impagos tanto al personal como a las empresas contratadas, tal es el caso de Estudios Pinewood de República Dominicana que ante la falta de cancelación de la deuda que con ellos se mantenía, terminaron prohibiendo la entrada al personal sin que siquiera pudieran retirar sus equipos y pertenencias personales de las oficinas. En los citados estudios se recrearon escenarios naturales de Canaima bajo el alegato de que habiendo niños en la producción era mejor no correr riesgos en los escenarios naturales. Una excusa si se quiere tonta, toda vez que tecnologías como el croma habrían permitido resolver ese problema. 

No es menos curioso que habiendo contratado equipos de filmación con excesivo tiempo de antelación al rodaje, no se haya filmado ni un solo milímetro de la película. Tampoco hubo elenco, el vestuario se confeccionó sobre maniquíes, no hubo ensayos. Los tres años de trabajo de Jiménez y el resto de las personas se limitaron a la conformación del equipo y la costosa preproducción.
Para el mes de diciembre de 2015 se tomó una decisión que a ojos de Edgar Jiménez era insólita: se otorgó un asueto navideño para supuestamente reanudar labores a mediados de enero de 2016, lo cual nunca sucedió. Luego les dijeron que en razón a una serie de auditorías llevadas a cabo por los inversionistas, el proyecto debía detenerse hasta agosto de 2016 y en razón de ello cancelaron los contratos. Curiosamente, la paralización del proyecto coincidió con las elecciones parlamentarias venezolanas en las que resultó ganadora la oposición.

Hablamos con el principal denunciante

En una entrevista telefónica, Edgar Jiménez P. aseguró que todo el proceso que vivió desde el inicio del proyecto hasta el presente, lo han convencido que el proyecto fue hecho para lavar dinero y cometer una estafa de talla internacional.

Jímenez nos contó que el empresario chavista Wilmer Ruperti entró a la trama cinematográfica desde el comienzo “en calidad de financista del proyecto, debido a su relación sentimental con la actriz y productora ejecutiva del largometraje, Ruddy Rodríguez. Esa relación data desde 2014”.

Según Jiménez, al momento de iniciarse el proyecto contaban con un presupuesto de 20 millones de dólares que fueron dilapidados en lujos y gastos innecesarios. Cuenta que el presupuesto se agotó en la etapa de Preproducción, es decir, sin haberse iniciado el trabajo de Filmación.
Dice que Ruperti accedió a dar la inyección de otros 20 millones de dólares que se oficializaron en marzo del 2015, en una fastuosa celebración de cumpleaños de Ruddy Rodríguez que tuvo lugar en Los Ángeles “en una casa que alquiló Ruperti para Ruddy, y donde se intentó arrancar con la realización del largometraje”. 

Explica Jiménez que el dinero fue colocado en los sistemas financieros que Edgard Meinhardt ha usado por años lavar dinero. Para ese momento,  se rehizo el guión pero de pronto "inventaron nuevos detalles que hicieron el proyecto inviable por lo costoso del mismo". Así se propuso que se usaran escenarios en República Dominicana, Venezuela y con un equipo de cineastas y personal de la industria del cine de primer nivel de Estados Unidos, México y Venezuela. 
Asegura que se gastó dinero innecesariamente en muñecos robóticos, en el alquiler de tres estudios y oficinas en República Dominicana (cada uno costaba a la semana más $160 Mil), alquiler de aviones, fletes a Shanghái en China, Canaima en Venezuela, Los Ángeles, etc. Finalmente, de manera inexplicable enviaron a todo el equipo de producción de vacaciones, privilegio que no ofrece ninguna productora, con la promesa de regresar en enero del 2016, cosa que tampoco ocurrió. Lo peor del asunto es no pagaron al personal, aludiendo que “se habían quedado sin dinero porque los nuevos inversionistas no entraron”.
Los datos

Uno de los aspectos que llamó más la atención de Jiménez fue la decisión de Wilmer Ruperti de alquilar una casa en Los Ángeles y mover el equipo de la producción a California sin necesidad alguna. "Era para engatusarnos a todos”. Entre derroches de todo tipo, se gastó la totalidad del presupuesto de ese año. 

Rodríguez y sus socios pidieron  al empresario chavista una nueva re-inyección de capital para finales de 2015. En aquel momento, Ruperti habría ofrecido  invertir otros 24 millones de dólares que según sus cálculos recibiría en diciembre de ese año, pero por alguna razón nunca los entregó”.

Cuenta el denunciante que cuando se agotó el presupuesto, Ruperti habría presionado para que se realizara una auditoria, que de hecho se hizo y arrojó resultados negativos. “El empresario se encontró entonces en una encrucijada, ya que si bien no quería poner más dinero para una producción que daba pérdidas, también tenía presiones por su relación sentimental con Rodríguez”, dice Jiménez.

Entre otros aspectos que llamaron la atención de Jiménez fueron los repetidos comentarios del asistente de la actriz, Kenny Castillo Rodríguez “Muchas veces dijo tener (ellos “R92 Films”) una relación muy estrecha con los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores”. 

Afirma además que la afamada actriz venezolana sostiene frecuente comunicación con Flores, y que a ambas mujeres gozan de una buena amistad.

Otros demandantes salen a la palestra

Otra de las personas que ha denunciado a Rodríguez y sus asociados es Eliza Coromoto Zambrano, quien se dedica al negocio de servicios de catering y quien a través de Instagram y Facebook narró parte del calvario por el cual atraviesa luego de casi un año de no recibir el pago por su trabajo. “Si alguien tiene contacto con esta señora Ruddy Rodríguez, por favor díganle que me pague lo que me debe, no estoy cobrando nada que no sea mío, estafó y engañó a la gente de Canaima y dejó a todo el mundo en espera… Pura cara bonita” . 

La bancarrota para muchos

Fueron muchos los correos enviados desde las vacaciones navideñas colectivas de diciembre de 2015 hasta mediados de 2016. Nadie recibió los pagos ni tampoco explicación de lo que estaba ocurriendo, dice Jiménez. 

El 6 de junio de 2016, el denunciante tuvo un accidente en República Dominicana. La productora no tenía seguro médico, por lo que tuvo que ser atendido en un hospital público donde no había insumos. 

-"Mis amigos lograron reunir donaciones por el orden de los $4 mil dólares para comprar las medicinas y otras cosas que se requerían para mi operación. Aprovechando la convocatoria de mis amistades, Ruddy Rodríguez solo donó $500 dólares y desapareció, desembarazándose de cargar con los gastos de traslado a una clínica privada. De haber tenido el seguro médico al día, como era la responsabilidad de R92 Films para con todos sus contratados, esto no hubiese ocurrido.", lamentó.

Hasta hoy Jiménez permanece en República Dominicana, toda vez que tuvo que buscar trabajo alternativo para mantenerse. El destacado realizador ha terminado viviendo en un ancianato regentado por una monjas de la Sociedad Benéfica Española que lo han estado ayudando gracias a que Jiménez posee el pasaporte europeo.

Sobornos a militares acusados por la DEA

En la misiva publicada en Facebook, Edgar Jiménez hace un señalamiento crucial, al precisar que la productora R92 recibió y dio sobornos por parte de militares venezolanos que han  sido señalados por la DEA y el Congreso de los Estados Unidos de estar incursos en narcotráfico y lavado de dinero. Sin mencionar a los efectivos, asegura que muchos detalles de este tipo lo llevan a deducir que la razón de todo el despilfarro que observó durante el desarrollo del proyecto fallido fue la legitimación de capitales ilícitos. 

En la carta dice: “Donde todo se pone peor es en las relaciones con el gobierno venezolano y la cantidad de sobornos y favores que R92 dio y recibió de parte de importantes cabezas del estamento militar y gobierno de Venezuela. Algunos de estos militares están señalados por la DEA y por el Congreso de Estados Unidos por estar implicados en narcotráfico y lavado de dinero, lo que hace pensar a mas de uno que todo tenga más sentido en cuanto a suponer que el gran derroche y despilfarro no tuviese otro objetivo que el lavado de dinero". 

Dice además que la decisión de  la productora R92 de "no pagar y estafar a todo el equipo, de inflar un proyecto de tal envergadura, duplicar gastos habría permitido lavar el 60% del capital, lo cual es ya ganancia para quien pretende legitimar capitales, incluso más con los fabulosos incentivos fiscales que el gobierno de República Dominicana da a través de la reciente ley de cine”.

Con la quiebra de la producción, los estudios cerraron todo acceso a los mismos y los equipos de trabajo del denunciante se quedaron confiscados junto con el resto de R92 Films.

En la conversación telefónica, Jiménez admitió que Ruperti "ha tratado de negociar con el estudio para que reabrierán la producción sin éxito". Asegura haber visto al empresario chavista "en repetidas ocasiones caminando en los estudios con Ruddy Rodríguez atendiendo reuniones con los abogados".

Una reacción tardía

Cabe destacar que los trabajadores de “El vuelo del turpial” tardaron mucho tiempo en hacer pública sus denuncias, primero, por creer en un proyecto que se dibujaba como una gran producción del cine venezolano que resaltaba el mundo indígena de los pemones en Canaima, y segundo, por respeto a la figura y trayectoria de Ruddy Rodríguez, quien junto a sus socios les formuló múltiples promesas de pago que nunca llegó a cumplir, dijo Jiménez. 

Los trabajadores recibieron correo tras correo en los que, una y otra vez, les anunciaban supuestas fechas de pago que nunca llegaron a concretarse. Luego todos los socios desaparecieron del mapa y no respondieron nunca más los reclamos de pago.

Las mentiras de Gazarian

Otro aspecto criticado por Jiménez es la conducta del director de Cine, Haik Gazarian. "Con el objeto de ganar simpatías y atraer capitales se presentaba como socio-propietario de la empresa Flying Cam (líder en manejo de cámaras de cine a través de drones) y como ganador de un Oscar de la Academia por desempeño técnico". Para comprobar las aseveraciones públicas de Gazarian, Jiménez dirigió unas comunicaciones a Emanuel Previnaire, fundador y CEO de Flying-Cam Group para consultar si esta compañía se responsabilizaría por la deuda de más de 850 mil dólares que Gazarian mantiene con él. 

En la carta se lee: “Me comunico formalmente con Ud. porque estamos buscando al Sr. Haik Gazarian, por robo, fraude y delincuencia por lavado de dinero y narcotráfico, todas estas acciones relacionadas con el desastre de la producción cinematográfica ‛El Vuelo del Turpial’, en la que él y su socia Ruddy Rodríguez han engañado a cientos de personas y empresas de 5 países diferentes, China, Estados Unidos, España, Alemania, Venezuela, México y la República Dominicana”. 

La respuesta de Previnaire fue negar tajantemente tal sociedad. “El Sr. Haik Gazarian no es y nunca fue dueño de FLYING-CAM, él no es y nunca fue accionista o miembro del consejo. No tiene ningún premio de la Academia”.

La punta del iceberg

Comenta Jiménez que si bien al principio era todo un misterio los nombres de los inversionistas, muchos tenían información que el gobierno venezolano habría puesto un monto el dinero inicial para el proyecto, así como otros empresarios de nacionalidad dominicana, estadounidense y venezolana. 

El denunciante fue la primera persona contratada por la productora y desde el principio supo que otra parte del capital inicial fue puesto por Ruperti.

Luego de evaluar los hechos y las circunstancias y de haber hecho una investigación preliminar, Jiménez cree que en definitiva detrás de todo este proyecto se oculta un conglomerado de manejos turbios que tienen por objeto la legitimación de capitales de oscura procedencia, corrupción o malversación. 

La figuración de Edgard Meinhardt dentro del proyecto de “El vuelo del turpial” hace suponer un manejo especulativo de los fondos obtenidos para la realización, toda vez que en 1993 se determinó que los aportes que obtuvo para la filmación de “Bolívar: The Liberator”, los usó para hacer operaciones irregulares en la Comisión Nacional de Valores, por lo que algunos creen que la producción del film se habría quedado sin dinero a raíz de manejos especulativos llevados a cabo en casas de bolsa. Sin embargo de esto no hay pruebas y no son más que especulaciones que no han podido comprobarse.

Ruddy chavista 

No en pocas ocasiones a la actriz se la ha vinculado al chavismo, de hecho, una de sus tiendas de cosméticos mantenía hasta el año pasado, un espacio en el reservado Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (Ipsfa), un privilegio con el que pocos pueden contar en Venezuela, a no ser que mantenga afinidades con el oficialismo y la cúpula militar.

De Ruddy Rodríguez, incluso, se llegó a decir en 2010 que mantenía una relación sentimental con Hugo Chávez. Pero la actriz se ha encargado de negar de manera reiterada esta versión. De hecho, Rodríguez ha dicho que vió al fallecido mandatario en tres oportunidades, luego de esperar meses para una cita y cumpliendo con los protocolos que exigen este tipo de personalidades.

La relación Ruperti-Rodríguez

Edgar Jiménez da como un hecho la relación sentimental entre la actriz y el empresario, asegurando que los vio juntos a lo largo del trabajo de preproducción del cortometraje. Rodríguez niega rotundamente que sostenga una romance con Ruperti y en entrevistas televisadas ha dicho -inclusive- que está en la búsqueda de un amor. 

Otros aseguran que la relación sí existe

Una fotografía publicada en la cuenta en la red social Instagram de Ruddy Rodríguez en la que aparece con Ruperti, llevó al periodista de farándula, Fabrico Yarica, del semanario Las verdades de Miguel, a insinuar que entre el contratista de Petróleos de Venezuela y propietario del Canal I y Rodríguez, podría haber una relación sentimental.

Cuando la realización de “El vuelo del turpial” se paralizó se supo la identidad del inversionista de la producción, cuando el abogado de Ruddy Rodríguez reveló a los trabajadores que un reconocido empresario vinculado al oficialismo era quien financiaba con el Gobierno venezolano era el que financiaba el proyecto.

El abogado y exfiscal, Abelardo Izaguirre, fue más allá y aparte de dar por sentada la relación amorosa entre Ruperti y Rodríguez, refiere que el monto gastado el producción de “El vuelo del Turpial” hasta el momento en que se paralizó, coincide con la cantidad pagada por el empresario para la defensa de los narcosobrinos: 25 millones de dólares .

“La peliculita esta que costó yo no se cuánto y que era donde lavaban el dinero acá, alquilaron el Hollywood, fueron a la Base Aérea, tenemos todo eso grabado, se montaron en los Sukhoi, salen los generales con la actriz, la película que era de dinosaurios, se llamaba El vuelo del turpial”.

La denuncia hecha por Jiménez pretende llegar a otros niveles, -inclusive- sostiene que los hechos  y algunas evidencias demuestran que una producción planteada en los términos en que se inició, El Vuelo del Turpial, luce como una operación es para lavar dinero que debe ser investigada por las autoridades de los Estados Unidos y de los otros países involucrados.

El denunciante dice que si bien su caso es el más grave, motivado a que tuvo un accidente que le impide movilizarse, lo que lo ha obligado a denunciar la estafa y las vinculaciones de R92 Films y sus directivos con el lavado de dinero, no puede dejarse de lado que  hay cientos de personas y empresas en su misma situación, como son los acreedores desde China, Alemania, México, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia y Venezuela  que no han recibido respuesta  a sus solicitudes de pago de los acuerdos contraídos por su participación en la super producción.

Extorsión para que se retracte

Jiménez además de estar limitado físicamente asegura que es objeto de extorsión por parte de personas ligadas al Servicio Bolivariano de Inteligencia Sebin, que lo quieren obligar a retractarse de las denuncias para poder negociar el pago de las deudas. 

Jiménez asegura que no lo hará y que seguirá llevando el caso a otras instancias hasta que logre el objetivo que los estafadores cumplan sus obligaciones acordadas en documentos legales firmados y autenticados.

Ruddy Rodríguez niega la estafa

Intentamos comunicarnos con la actriz por su correo electrónico y hasta el cierre de esta nota no logramos recibir respuesta a un cuestionario que le enviamos. 

No obstante, Rodríguez se refirió a la denuncia de la estafa durante una entrevista ofrecida en el programa Sábado en la Noche por Globovisión en marzo de 2017. En la conversación, negó que hubiese una supuesta "estafa" con productores de la película "El Vuelo del Turpial" y aseguró que se ha generado una "campaña de desprestigio" en su contra, y que legalmente, no tiene ninguna deuda pendiente. Ver la entrevista aquí.

“Ruddy Rodríguez no le debe nada a nadie (...) eso está en mano de los abogados, yo no puedo hablar por recomendaciones de los abogados (…) Yo sé que están molestos, yo estoy molesta, pero póngase en el lugar, cómo te sentirías si te tergiversan totalmente. Quieren dar algo que no es", aseveró la actriz. 

Aseguró que el proyecto está detenido pero que es tan "luchadora" que logrará completar el rodaje. "Ahorita estamos parados, pero yo que soy tan luchadora y tan guerrera, que yo hago la película porque la hago, además, la idea siempre ha sido agarrar el talento humano venezolano, exportarlo y poner a Venezuela en un sitial cinematográfico donde se merece, y lo vamos a hacer", enfatizó.

Mientras las demandas transcurren entre varios escritorios jurídicos de los países involucrados, el bufete Peñaloza y Asociados de Venezuela envió un documento al denunciante para que lo firmara. Jiménez se negó hacerlo. Lejos de dejar las cosas en el olvido, ahora busca llevar la denuncias a los fiscales federales estadounidenses para que revisen las evidencias y evalúen si las leyes federales estadounidenses se violaron en este caso. 

Aunque nunca llegó a rodarse un solo minuto de El vuelo del Turpial, aún queda por ver cuál será el desenlace de esta truculenta trama en la que figura como protagonista quien durante muchos años se presentó como la “Niña Bonita” de la televisión venezolana.

PD: 
Antes de la publicación de esta nota buscamos la opinión de las partes involucradas. Así, enviamos cuestionarios al empresario Wilmer Ruperti a la dirección electrónica que promociona en su cuenta Twitter ubicada en España, a las direcciones de email personales de la actriz, Ruddy Rodríguez, Haik Gazarian y a Edgard Meinhardt. También consultados a otros afectados, algunos de los cuales dijeron sentir temor de hacer públicas sus denuncias motivado a que han sido amenazados y actualmente viven en Venezuela. Hasta este momento no recibimos respuesta a ninguno de los cuestionarios enviados para complementar esta nota.

Si algunos de los involucrados desea que su opinión se anexe a la nota o quiere ejercer su derecho a réplica, les ruego enviar sus comentarios a la dirección de correo electrónico vinculada a este blog y los mismos se publicarán de inmediato.

Maibort Petit 

jueves, 8 de junio de 2017

Atención: Venezuela y China firman 4 acuerdos energéticos

La Asamblea Nacional desconoce estos acuerdos que comprometen el futuro de la empresa petrolera venezolana

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El vicepresidente de Planificación, Desarrollo y director Externo de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), Ricardo Menéndez, informó que Venezuela y la República Popular China, firmaron cuatro acuerdos estratégicos en el campo de los Hidrocarburos.
El primero se refiere al acuerdo de asociación para la constitución de la empresa conjunta Petrochina / PDVSA Guandong Petrochemical Company Limited; El segundo, los artículos de incorporación de dicha empresa; el tercero, un contrato para el suministro de crudo. Asimismo se firmó  un contrato para la venta de productos de refinería.

Entre los acuerdos alcanzados,  se plantea el desarrollo de la refinería de Nanhai, ubicada en la provincia de Guandong, que tiene como objetivo refinar 400 mil barriles por día de una mezcla de crudo pesado Merey16 y / o Dcom16 de origen venezolano, de Petrourica y Petrosinovensa de la Faja Petrolífera del Orinoco y otras fuentes; con la primera opción de ser transportado por mar por la empresa mixta chino-venezolana CV Shipping PTE, Ltd.

Por medio de una llamada telefónica en el programa Encendidos, emitido por Venezolana de Televisión (VTV), Menéndez explicó que el acuerdo entre PDVSA y la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) "sella la ubicación del petróleo venezolano que se refinará en China, que requiere la adecuación de la arquitectura para que el producto sea procesado, desde el punto de vista de los procesos de refinación a nivel nacional e internacional ".

"Esa es la arquitectura de la geopolítica que, los oligarcas y los que no tienen la patria venezolana como su horizonte de desarrollo, nunca entenderán, esto significa usar los recursos de nuestro país para su desarrollo soberano", explicó.

Menéndez también informó que ambas naciones instalaron la Secretaría de la Comisión Mixta de Alto Nivel, antes de la Comisión Conjunta que se llevará a cabo. También destacó que durante la visita al país asiático, las cuestiones estructurales se revisaron desde el punto de vista de la economía y el desarrollo de Venezuela.

En este sentido señaló que una Comisión de Alto Nivel abordará temas relacionados con la producción de hierro, acero, aluminio y todo lo relacionado con el ámbito minero nacional, vinculado al desarrollo de la Agenda Económica Bolivariana. "Esta agenda se ha visto, en el caso de China, con mucha anticipación, sobre todo por la profunda fe que tienen sobre el futuro de nuestro país", dijo.

Por otra parte, se celebraron reuniones para discutir la cuestión financiera con el Banco de Desarrollo de China, que incluye 700 proyectos en diferentes áreas, incluyendo el sector petrolero.

"Trabajaremos además las líneas de producción y la ubicación de la capacidad excedente de China en nuestro país", dijo.
Fuente
http://www.gulfoilandgas.com/

viernes, 26 de mayo de 2017

Corte de Apelaciones de Nueva York falla a favor de los Bolichicos

Por Maibort Petit
@maibortpetit


La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York falló este viernes a favor de Leopoldo Alejandro Betancourt López y Pedro José Trebbau López, conocidos en la prensa venezolana como los "Bolichicos" en el recurso intentado por el exembajador Otto Reich y  Otto Reich Associates, LLC. 
De acuerdo a la decisión el 26 de mayo de 2017 por el panel de jueces conformado por: Dennis Jacobs, Christopher F. Droney y Timothy C. Stanceu la petición del embajador Otto Reich no procede y por tanto se reafirma lo decretado por el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York según el cual la demanda no procede porque el tribunal de Nueva York carece de jurisdicción para atender el caso. 

El recurso de apelación fue interpuesto por Reich contra contra Betancourt y Trebbau ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. 

Los demandados han salido ilesos de todos los casos judiciales que han enfrentado en los Estados Unidos hasta el momento. Ninguno de los acusadores han logrado el objetivo de llevarlos a juicio. La última acción legal en su contra, interpuesta por Reich fue desestimada por el juez Paul Oetken el 4 de enero de 2016, alegando que los acusados no eran residentes de la ciudad de Nueva York, y por ende, el hecho escapaba de la jurisdicción de ese tribunal. Este viernes, el tribunal de apelaciones neoyorquino reafirma la decisión del juez Oetken.

La demanda de Reich no fue admitida 

La acción legal de Reich fue entablada bajo la provisión de la ley contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas, o RICO por sus siglas en inglés. A pesar de aplicarse principalmente en casos penales, la legislación permite demandas civiles en el caso que el demandante pueda demostrar que fue perjudicado por la conspiración criminal. 

Reich contrató abogados expertos en la Ley RICO para someter la queja en el tribunal de apelaciones correspondiente, según consta en los récords judiciales.

Betancourt y Trebbau fueron acusados de haber encabezado un esquema de corrupción que les permitió obtener 12 contratos durante el gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez a favor de sus empresas estadounidenses, Derwick Associates USA LLC y Derwick Associates Corporation, para construir plantas de energía. 

Según la demanda desestimada, durante el 2009 y 2010, les fueron adjudicados los contratos valorados aproximadamente en $1 billón de dólares estadounidenses.

Dichos contratos fueron asignados de la siguiente manera: 

Petróleos de Venezuela S.A.:

                30 de abril de 2010 – Las Morochas;

             21 de noviembre de 2012 – El Furrial;

             21 de noviembre de 2010 – El Morichal; y

             23 de noviembre de 2010 – Barinas I.


Por parte de Corpoelec, Corporación Eléctrica de Venezuela: 

                    2 de octubre de 2009 – Picure;

               23 de noviembre de 2009 – La Raisa I;

               30 de noviembre de 2009 – La Raisa II;

               11 de marzo de 2010 – Guarenas I; y

               4 de octubre de 2010 – Guarenas II.


y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)

       2009 – Sidor Planta A y Planta B

De acuerdo a la acusación que no será considerada por la corte de Nueva York, el esquema de corrupción de Derwick se basó en el pago de sobornos multimillonarios a funcionarios públicos en Venezuela, encargados de la adjudicación de contratos de construcción en el sector energético. Una vez que los contratos fueron garantizados a Derwick y que el dinero fue transferido a cuentas bancarias en Nueva York, los empresarios se apoderaron de millonarios recursos que luego depositaron en bancos americanos e internacionales. A su vez, Derwick, sub-contrató a empresas estadounidenses, incluyendo General Electric, Pratt & Whitney y ProEnergy Services LLC, para llevar  a cabo los proyectos de construcción de las plantas que actualmente no funcionan, lo que generado un colapso del sistema eléctrico venezolano.  
Según la demanda de Otto Reich, esos contratos no fueron objeto de un proceso de licitación pública. 

El gobierno de Hugo Chávez nunca hizo público los costos finales de las asignaciones.

Reich y su empresa de consultoría Otto Reich & Associates LLC, con sede en Washington, alegaron que los demandados violaron normas de un estatuto especial contra el fraude, la corrupción y el lavado de dinero establecido en la mencionada ley RICO. 

La demanda afirmaba que Reich resultó perjudicado desde el punto de vista financiero y en su reputación, por los empresarios como resultado de versiones falsas difundidas por ellos, según las cuales, el ex embajador trabajaba para Derwick, una firma conocida por sus conducta dolosa y fraudulenta. Según alegaciones, dos clientes de Otto Reich Associates LLC (Banco Venezolano de Crédito y el banquero venezolano Eligio Cedeño) cancelaron los contratos de asesoría por las afirmaciones de los empresarios demandados. 

La primera acción legal de Reich buscaba una compensación por daños superior a los $9 millones.

Los empresarios acusados niegan los cargos y hoy consiguieron un fallo a su favor.


miércoles, 24 de mayo de 2017

Empleados de Castillomax Oil & Gas aseguran que la empresa viola sus derechos

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Servicio Público


Los empleados de la firma Castillomax Oil & Gas denunciaron que sus derechos y, los de su familiares, están siendo violados por la empresa, desde que su presidente, Miguel A. Castillo Lara fue arrestado por estar incurso graves delitos de corrupción relacionados con la empresa estatal Pdvsa. ((Ver detalles aquí )

Los trabajadores dirigieron un comunicado a esta cronista para informar que "desde el encarcelamiento del presidente de esa firma, la empresa quedó bajo la responsabilidad de Ana Castellano y fue la misma fue cerrada desde el 3 de abril de 2017, alegando que la compañía no tiene recursos para pagar la nómina de los trabajadores porque las cuentas de dicha empresa fueron congeladas por las autoridades judiciales motivado a los hechos de corrupción en que incurrieron los dueños".


Informan que "de manera irresponsable, la empresa los despidió sin haberles cancelados los sueldos pendientes y que hasta el presente no han cobrado lo correspondiente a los pagos de despido, sueldos caídos y otras prestaciones".


Consideran que la acción tomada por la empresa es ilegal y que el grupo de trabajadores se encuentran en una grave crisis económica, y que inclusive, los ha llevado a una situación de extrema necesidad, en la cual, ni siquiera tienen recursos para comprar alimentos para sus las familias, incluyendo,  niños y ancianos.


Manifiestan estar desesperados porque la empresa no cumple con sus obligaciones contractuales ni con los deberes establecidas por las leyes laborales venezolanas.

Piden la intervención del Ministerio Público y de las autoridades competentes en la materia.

martes, 23 de mayo de 2017

Corrupción acaba con PDVSA: La Faja del Orinoco es un nido de manejos irregulares

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La corrupción en la petrolera estatal venezolana PDVSA ha llegado a niveles alarmantes, a tales extremos que el mismo Nicolás Maduro reconoció  la existencia de una red de corrupción en la compañía aunque no tomó ninguna medida para acabar con el flagelo que ha socavado las bases financiera de la principal empresa del país y de los entes asociados a ella. 

Tras una evaluación hecha por el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la presidencia de la República sobre la situación en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías, se supo que existen numerosas irregularidades que comprometen la salud financiera y productiva de ese ente.

Las únicas acciones que se conocen fueron los auto de detención de algunos funcionarios y contratistas ligados a la faja petrolífera. El mayor responsable del esquema de corrupción, gerente ejecutivo, Pedro León Rodríguez, tiene una orden de aprehensión en contra desde mediados del mes de febrero, pero hasta la fecha se encuentra "desaparecido". 

Un informe realizado en 2015 por el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República y que fue remitido para la consideración del Ministro del Poder Popular para el Petróleo y la Minería, Asdrúbal Chávez, contiene una serie de irregularidades que describen el estado en que se encontraba la Faja Petrolífera para aquel momento.

Los inspectores trabajaron la división Junín de la Faja Petrolífera ubicada en Anzoátegui y Guárico. La inspección abarcó 6 empresas mixtas que operan en la División Junín: Petrocedeño (60 % Pdvsa, 9,6% Statoil Noruega, 30,4% Total Oil Francia). Petrojunín (60 % Pdvsa, 40% ENI Italia), Petrourica (60% Pdvsa, 40% CNPC China), PetroMiranda (60% Pdvsa, 32% Rosneft, 8% Gasprom), Indovenezolana (60%Pdvsa, 40 % ONGC), PetroMacareo (60 % Pdvsa, 40% Petrovietnan), Petroanzoátegui y Distrito Junín Sur (100% Pdvsa).
Asimismo se hizo una inspección en las prestadoras de servicio: Pdvsa Servicios Petroleros, Pdvsa Servicios logísticos Orinoco, y la División Junín, donde convergen las gerencias de todas las empresas, al igual que el Terminal de almacenamiento y Embarque de Crudo José Antonio Anzoátegui y los mejoradores de Petrocedeño y Petroanzoátegui.

El informe entregado al gobierno en 2015, dice que el área de la faja de 15.136,22 Km2, y tienen una reserva de 98 mil millones de barriles. Para 2014 se perforaron 252 pozos productores con una generación de 71,9 millones de barriles diarios.

Las irregularidades

Según el informe la inspección arrojó una serie de irregularidades, entre las cuales se destacan las siguientes:


1) Hay datos erróneos en las simulaciones realizadas en el proyecto de certificación de reservas  llamadas "Magna Reservas", entregado a Patromacareo, donde se contemplaban que los pozos productores tenían un potencial de producción entre 700 y 1.000 barriles de petróleo diarios. Sin embargo, los 3 pozos que fueron alineados a producción por Petromacareo desde su inicio a su cierre, produjeron volúmenes entre 150 y 250 BPD. Del mismo modo, en Petrourica se esperaba una producción por pozo de 1.000 BPD, siendo que a la fecha del informe sólo se produce un promedio real de 250 BPD.


2) Se constató una demora en la firma de la decisión final de inversión por parte de los socios de las empresas mixtas, constituidas en el año 2010, las cuales debían tomar su decisión de invertir en el país en el año 2014. Este retraso ha ocasionado que la industria no cuente con los recursos económicos necesarios para construir la infraestructura necesaria para llevar a cabo la producción temprana y permanente.


3) Igualmente se evidencia una desarticulación entre PDVSA y los ministerios encargados de revisar y aprobar la factibilidad de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Territorial de la Faja, pues no existe un cruce de data de los proyectos que cada despacho del Ejecutivo Nacional ha proyectado desarrollar en faja, una situación que ha generado que la petrolera contraiga gran cantidad de contratos de servicios de honorarios profesionales para elaborar las ingenierías conceptuales, básicas y de detalles.

El estado de desinformación es tal que los cuadros gerenciales de los proyectos aprobados por el gobierno en el contexto del Plan de Desarrollo, manifestaron desconocer cuáles son los proyectos formulados, cuáles cuentan con presupuesto y cuántos están contratados. 

4. Los inspectores constataron retrasos significativos en el cumplimiento de los objetivos generales y estratégicos que para PDVSA se establecen en la Ley de la Patria. La razón de esto es que los proyectos mayores que tienen que ver con la construcción de refinerías, mejoradores, oleoductos, termoeléctricas, terminales de embarque, condominios  industriales, entre otros, apenas se encuentran en fase de ingeniería conceptual o básica y, por tanto, no cuentan con los recursos económicos para la contratación de la ingeniería de detalle, procura y construcción.

5. También refieren los inspectores que existen retrasos en la totalidad de los contratos de Ingeniería, Procura y Construcción de los proyectos contemplados en el Plan de la Patria, que para le fecha del informe no se habían iniciado. 


6. Por otra parte, confirmó la existencia de deficiencias en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones de los procesos de contrataciones. 


7. Hay un retardo en los trámites de modificaciones a los contratos en ejecución en razón de que los administradores no se encuentran en las áreas donde se llevan a cabo las obras o servicios, lo cual entorpece los procesos y lleva en muchos casos a la paralización de los proyectos retrasando su culminación.

8. En el caso de BARIVEN los procesos de procura observan extensos tiempos por causa de excesivos trámites burocráticos, por lo que no se hace la oportuna adquisición de equipos, químicos, repuestos, materiales e insumos que requiere la ejecución de los proyectos que se ejecutan en las distintas empresas, afectando significativamente las operaciones de la empresa.  

Allí también los gerentes y trabajadores denunciaron gran cantidad de procesos de contratación declarados desiertos por la poca participación, así como especulación en las ofertas económicas presentadas por las empresas participantes y retraso en la ejecución por parte de las contratistas a cargo de obras o prestación de servicios y suministradoras de bienes, las cuales reiteradamente alegan retrasos en la cancelación de los pagos y las valuaciones.

9. En el Complejo de Jose los inspectores verificaron una disminución en la capacidad de mejoramiento de crudo. La división respectiva cuenta con una capacidad de diseño de 1.000 MBD de Crudo Diluido (DC0), operacional: 909 MB DCO, de procesamiento actual: 700 MBD DCO, por lo cual se comercializan 300 MBD de DC0. Este producto tiene un valor inferior al crudo mejorado y contiene 30 por ciento de Nafta, cuyo  precio oscila entre 25-30 USD por encima del precio del crudo en el mercado internacional, lo que representa significativas pérdidas para el Estado venezolano.

10. Existe un deterioro generalizado de la estructura física de los mejoradores a causa de deficiencias en el mantenimiento. Así que, aparte de equipos inoperativos y vulneración de las medidas de seguridad de los trabajadores, paralización de diversas áreas de producción, entre otros, la calidad del crudo ha desmejorado al no cumplir con las especificaciones en cuanto al contenido de sales y agua.

11. Debido al colapso que presentan los Centros de Tratamiento de Fluidos, la  inadecuada disposición de aguas residuales, a los materiales y desechos peligrosos, a las fallas en el acarreo, almacenamiento y despacho de subproducto de petróleo y el mal estado de los trenes de azufre en el mejorador de Petrocedeño, existe un alto grado de contaminación ambiental a nivel de producción y mejoramiento. Tal situación viola lo establecido en el 5° Objetivo Histórico del plan de la Patria. 

12. En razón del bajo rendimiento de las empresas contratadas se han paralizado gran cantidad de servicios y obras, así como por la falta de entrega de procura de Bariven, S.A.

13. Los inspectores denuncian una deficiente planificación en la Parada Mayor de Planta de la Empresa Mixta Petrocedeño en octubre 2014, siendo que esta se inició con el 50 por ciento de la procura requerida, además de haberse ejecutado solo un 47 por ciento de las actividades programadas. Los costos definitivos de la parada se estiman en USD 26.000.000, de acuerdo a lo informado por la gerencia, generando un gasto adicional de USD 598.000.000.

14. Durante 15 días estuvo paralizado el Mejorador de Petrocedeño, luego de la Parada de Mantenimiento Mayor. Esto ocurrió entre el 28-04-2015 y el 13-05-2015. Las pérdidas económicas son del orden de USD.16.800.000.

15. Retraso también se reporta en la ejecución del proyecto de Incremento de la Capacidad de Almacenamiento y Embarque (INCAER0), que comprende la construcción de 5 tanques multipropósito de 350 MBls cada uno y cuyo fin es almacenar NAFTA y DCO para cubrir el déficit de almacenamiento (1,6 MMBIs). 

16. Debido a que cuatro tanques de almacenamiento están fuera de servicio se registra una disminución de 33,33 por ciento y 34,82 por ciento de la capacidad de almacenamiento y despacho de crudo respectivamente. Esto afecta el despacho de crudo.

17. No hay un equipo de ingeniería en la industria petrolera que asuma la elaboración de las Ingenierías Conceptuales Básicas y de Detalle e inspección de los proyectos. Esto a pesar de que PDVSA cuenta con una filial llamada Ingeniería y Construcción.

18. Retraso en la ejecución de los contratos de mantenimiento TAECJAA enmarcados en el Convenio Integral de Cooperación (CIC) Cuba-Venezuela.

19. El manejo que se hace del sello PDVSA es inadecuado, toda vez que los inspectores pudieron constatar, por ejemplo, que el día 15-04-2015, dicho sello se encontraba en el camarote del capitán  del Buque “Río Caroní” durante el abordaje del personal de Protección y Control de Pérdidas de PDVSA (PCP) y GNB. Vale destacar que este sello sirve para avalar y certificar los volúmenes de despacho que se embarcan.

20. Igualmente se verificó el incumplimiento de los planes de desarrollo social integral en las zonas y comunidades adyacentes a las áreas de producción, en razón del manejo inadecuado de los recursos para tal fin.

Por ejemplo, a la fecha del informe no se había iniciado la construcción de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda en las comunidades adyacentes a las empresas.

21. Los inspectores manifiestan que los gastos de servicios y alquiler son excesivamente elevados. Se refieren a comidas, refrigerios, hospedajes, transporte del personal obrero y administrativo, taxis, etc. Estos son gastos que se reflejan en los costos de producción por barril de crudo.

22. Se verificó un altísimo porcentaje de tiempo improductivo de los taladros en las distintas empresas, registrándose un 39 por ciento cuando internacionalmente el estándar es de 10 por ciento. Este tiempo improductivo se debe a retrasos logísticos, falta de mantenimiento, paralizaciones y deficiencias que afectan la continuidad de las operaciones, una situación que se traduce en cuantiosas pérdidas. 

23. La construcción de la Base Petroindustrial Socialista (BPI) Palital se encontraba paralizada a la fecha del informe. Se trata de una obra que comprende 830 Ha. Y con una inversión de 500.000.000. USD. Para tal fin se ingresaron 132 trabajadores a la nómina que por la paralización se encuentran subutilizados. Aparte de esto, se registran pérdidas por cuanto mientras las obras están paralizadas igualmente se sigue pagando por el alquiler de las instalaciones provisionales alquiladas (tráiler, comedores, baños entre otros).

En esas instalaciones funciona la empresa Industrial China-Venezolana de Taladros (ICVT), filial de PDVSA industrial y encargada del ensamblaje de taladros, la cual no ha sido desarrollada en su totalidad por limitaciones presupuestarias y falta de inversiones. Entretanto, PDVSA continúa comprando taladros en el exterior y contratando los servicios de empresas privadas (transnacionales) para sus reparaciones y mantenimiento. 

24. Los inspectores reseñan la constitución de la Empresa de Capital Mixto "Servicios Logísticos Petroleros Orinoco, S.A.", en fecha 06 de noviembre de 2014, por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), representada por Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, y la empresa Constructora Urbano Fermín, C.A. (CUFERCA) representada por Carlos Eduardo Urbano Fermín, vicepresidente. A esta empresa privada se le han asignado diferentes contratos entre los que destacan: servicio de acarreo de coque en la empresa Petroanzoategui donde aún cursan demandas de los trabajadores ante la Inspectoría del Trabajo por incumplimiento de los derechos fundamentales, además de números contratos de alquiler de equipos de izamiento, maquinarias pesada, equipos de carga, camiones tipo vacum en varias empresas mixtas de la faja.

Los inspectores, sin embargo,  verificaron que gran cantidad de equipos contemplados dentro de los referidos contratos, están inoperativos.

En la localidad se vincula la cita empresa con el alcalde del Municipio Guanta, Jonathan Marín, cuyo despacho ha ejecutado gran cantidad de obras con la empresa.

25. Del mismo modo, los inspectores refieren la continua asignación de Órdenes de Servicios a la empresa CUFERCA, sin que para ellos se sigan los procedimientos de selección de contratistas establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas y en las Normativa Interna de PDVSA.

26. Se verificó que funcionarios forman parte de las Juntas Directivas de varias empresas mixtas. Por ejemplo, Gustavo Malavé forma parte de la directiva de 31 empresas como miembro principal y 9 como suplente; mientras que Francisco Jiménez integra como principal a 7 y como suplente a 19; Erwin Hernández (P:11, S:3), Pedro León (P:7, S:4), Manuel Medina (P:3, S:6) y Julio Guevara , (P:7, S:5). 

27. Por la inoperatividad de los equipo para apilar y reclamar derivados, en el Complejo Mejorador José Antonio Anzoátegui hay una gran acumulación de Coque (10.000.000 TM) y de azufre (100.000 TM). Esto afecta a los trabajadores y a las comunidades adyacentes. Además, el Estado deja de percibir divisas por la venta de los mismos.

28. Los trabajos de Restauración Integral de las áreas de manejo de sólidos de los mejoradores de Petroanzoategui, Petrocedeño, Petropiar están sin ejecutar, pese a haberse iniciado en 2012, a través de un contrato suscrito con la empresa ENERGY COAL. La explicación dada por el Director Ejecutivo de Producción Faja, Pedro León, fue que la empresa contratada no tenía experiencia en el área petrolera y por ello subcontrató dos empresas para realizar la ingeniería y trabajos de restauración los cuales no se llevaron a cabo.

29. En la empresa se registra falta de repuestos, materiales, así como deterioro de la infraestructura y los equipos. Tal situación genera un alto malestar en los trabajadores.

30. Existen irregularidades en el convenio de Suministro de Coque por Viviendas establecido entre PDVSA-CVP y la empresa Energy Coal SPA, con la que contrata la Dirección ejecutiva de Producción Faja, la Ingeniería Procura y Construcción del Desarrollo Habitacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela Colinas de San Francisco de Yare. Se preveía la construcción de 1.540 apartamentos en 37 edificios.

Se estimaba un precio por metro cuadrado (m2) de construcción de mil dólares  que incluían urbanismo, pero no las partidas presupuestarias correspondientes al Suministro de Materiales, Equipos y Construcción de Obra para dicho urbanismo.

Se pagaron 64.738.841,80 dólares por el suministro de 74 estructuras metálicas para edificios y los Servicios Profesionales para elaboración de la Ingeniería del Urbanismo, por los cuales se pagaron $6.311.350,00, un monto demasiado elevado. 

La empresa Energy Coal SPA tampoco tenía la capacidad técnica ni la experiencia necesaria para encargarse del urbanismo y por ello hace subcontrataciones con SEARLEAF LIMITED COMPANY y esta as u vez subcontrata a la empresa Inversiones ALFAMAQ.

Ninguna de las empresas inició la construcción de los edificios y para la fecha 10-03-2104 se cierra el contrato entre PDVSA-Energy Coal Spa, se lleva a cabo la disminución de SD$ 61.488.158,20 con una variación de 48,71%. 

Para el 30-05-2014, PDVSA firma contrato con SEARLEAF LIMITED COMPANY para la construcción de los edificios, aun cuando, en el 2012 había subcontratado a una empresa venezolana por no tener experiencia técnica en la materia.

La obra se culminó el 15-11-2015 a un costo de USD 67.636.974,02 pues fue reformulado el presupuesto. Sin embargo en este nuevo contrato no se contempló el alcance del Urbanismo del complejo Habitacional planta de tratamiento, sistemas de aguas servidas, drenajes, acueducto, gas, electrificación, CANTV y vialidad.

Aun cuando PDVSA cuenta con los materiales y equipos para realizar la gasificación, se contrata el suministro de los mismos, lo que incrementa los costos del proyecto. La Empresa SEARLEAF LIMITED COMPANY subcontrató la ejecución del proyecto con la empresa Inversiones ALFAMAQ.

Lo peor del caso es que los edificios no cuentan con los servicios básicos y por ello Corpomiranda no ha entregado los apartamentos por no estar habitables.

31. Los inspectores dan cuenta del almacenamiento de 1.400 conteiner de comida vencida propiedad de PDVSA Bariven desde el año 2010 por orden de Luis Pulido, presidente de PDVAL para la fecha.

32. Inseguridad y casos de extorsión, sobre todo en la División Junín donde hay cobro de vacunas por parte de mafias organizadas para permitir el desarrollo de labores rutinarias en la actividad productiva.

33. Existe un uso y manejo indebido de recursos, maquinaria y equipos del Convenio China-Venezuela, con fines de lucro. Se evidenció en la División Junín la vinculación de empleados de la industria petrolera en el cobro de dinero a cambio de trabajos de deforestación, limpieza y preparación de lagunas en fincas privadas utilizando la maquinaria asignada a PDVSA.

34. No se aprovecha el gas natural producido durante el proceso de explotación de petróleo, pues varias empresas mixtas ventean o queman el gas al ambiente, contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero. Esto a pesar de que la Termoeléctrica de San Diego de Cabrutica (Anzoátegui) tiene capacidad de 300 MW y solamente genera 100 MW por déficit en el suministro de gas. 

35. No se ha iniciado la construcción de los módulos de avanzada del campamento residencial José Antonio Anzoátegui.

36. Incumplimiento de instrucciones giradas sobre la faja Petrolífera del Orinoco por Hugo Chávez Frías.

Recomendaciones de los inspectores 

1. Que la presidencia de PDVSA presente al Presidente de la República un informe que detalle las razones del incumplimiento de las obras, las acciones a tomar y la nueva fecha de toma de las decisiones de Inversión de cada una de las empresas mixtas que debieron ejecutarse en 2014.

2.  Que se designe una Comisión Interministerial que coordine, realice seguimiento y control del cumplimiento del Plan Siembra Petrolera y el Objetivo Histórico N° 3 del Pian de la Patria, que sus miembros no posean otras responsabilidades políticas ni administrativas, integrada por los Ministerios del Poder Popular para: Energía Eléctrica. Ecosocialismo y Agua, Vivienda y Habitad, Defensa, Transporte Terrestre, Agricultura y Tierras, Petróleo y Minería; Alimentación, Salud, Educación, Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Pueblos Indígenas. Transporte Acuático y Aéreo.

3. Designación por parte de la presidencia de PDVSA de una comisión especial para que evalué y elabore un informe de los procedimientos efectuados por la empresa y sus filiales en los procesos de contratación y administración de contratos.

4. Se solicita una inspección urgente por parte del Despacho de la Presidencia de la República a la Filial de PDVSA Bariven, con el objeto de revisar y evaluar sus procedimientos.

5. Revisión por parte de la presidencia de PDVSA y de las empresas mixtas de los Mejoradores ubicados en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui, a objeto de que se tomen las acciones necesarias para ejecutar la restauración y mantenimiento integral de los mismos y así aumentar la capacidad de mejoramiento en función de su diseño y de eliminar la venta de crudo DCO que genera pérdidas significativas para el Estado, así como la agilización de la aprobación de los recursos para garantizar el soporte logístico requerido para el mantenimiento y funcionamiento de los equipos.

6. La presidencia de PDVSA debe exigir a todas sus gerencias, filiales y empresas mixtas con capacidad de contratación, que eviten que las especificaciones técnicas que establezcan en los contratos no sufran altos porcentajes de variaciones de obras y servicios, y que se dé estricto cumplimiento a todas las recomendaciones y solicitudes formuladas.

7. PDVSA debe cumplir con las recomendaciones formuladas por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Agua, a fin de minimizar las afectaciones al medio ambiente.

8. La presidencia de PDVSA tome acciones para acelerar la culminación del proyecto INCAERO.

9. En virtud de la criticidad que reviste el mantenimiento de la infraestructura del TAECJAA, se sugiere evaluar urgentemente una estrategia de contratación de los trabajos contemplados en el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela.

10. PDVSA y las Empresas Mixtas deben garantizar a través de planes, proyectos y convenios educativos, la formación y capacitación del personal técnico de las empresas a todos los niveles. 

11. PDVSA, las empresas mixtas y sus filiales deben establecer estrategias para reducir los gastos superfluos.

12. La presidencia de PDVSA debe elaborar una resolución para instruir a todas sus gerencias, filiales y empresas mixtas para cancelar de manera inmediata el alquiler de maquinarias, equipos pesados e infraestructura que puedan ser cubiertas con activos propios, y cancelar progresivamente el alquiler de los que no posea.

13. PDVSA y las Empresas Mixtas debe garantizar la adecuada procura y distribución de los equipos, vehículos e insumos requeridos en las operaciones de perforación para minimizar el alto porcentaje de tiempos improductivos en los taladros (39%).

16. El Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería debe revisar la alianza firmada para la conformación de la empresa de capital mixto PDVSA Servicios Logísticos Orinoco, debido a que la empresa con quien se realizó la alianza comercial  ha incumplido con los alcances establecidos en las Órdenes de Servicios y contratos.

17. PDVSA y las Empresas Mixtas deben limitar la práctica recurrente de emitir Órdenes de Servicio y se cumpla con lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.

18. El Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería conjuntamente con PDVSA debe revisar la conformación de las Juntas Directivas de las Empresas Mixtas que operan en la FPOHCHF para garantizar que las mismas estén constituidas por personal con capacidad técnica y gerencial que permita apalancar el éxito de las operaciones de las empresas.

19. La presidencia de PDVSA debe ordenar urgentemente una auditoría del Sistema de Democratización del Empleo SISDEM para verificar las denuncias de los trabajadores y se garantice la mejora de las condiciones de seguridad en el trabajo.

20. El Presidente de la República debe solicitar a la Contraloría General de la República una auditoría de la empresa Petroanzoategui.

21. El Presidente de la República debe ordenar inmediatamente una auditoría por parte de la Contraloría General de la República del Convenio de Suministro de Coque por Vivienda, debido a las serias irregularidades detectadas durante la inspección.

22. PDVSA debe tomar medidas para retirar de los patios del Terminal de Embarque los 1.400 contenedores de alimentos vencidos garantizando que se cumplan con todas las medidas sanitarias, ambientales y de seguridad que el caso amerite.

23. El Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería conjuntamente con PDVSA deben tomar acciones para garantizar el correcto y transparente manejo de los bienes del Estado.

24. PDVSA y las Empresas Mixtas debe garantizar la ejecución de los proyectos previstos en el Plan de Desarrollo relacionados con la seguridad de la infraestructura petrolera.