miércoles, 13 de diciembre de 2017

Todo listo en el tribunal de Nueva York para la condena de los narcosobrinos

La condena de Campo Flores y Flores de Freitas marca un antes y después en la historia de Venezuela: Es la primera vez que familiares de la pareja presidencial son sentenciados en un tribunal internacional por delitos de narcotráfico.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Luego de haber pasado 13 meses desde que un jurado los halló de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a los EEUU, los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas serán sentenciados este jueves 14 de diciembre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Los acusados enfrentan una condena máxima de cadena perpetua y una mínima de 30 años de prisión.


Los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro fueron arrestados el 10 de noviembre de 2015 cuando asistieron a una reunión en Puerto Príncipe con informantes encubiertos de la DEA que participaron en la operación que se inició a mediados de ese mismo año y que conllevó a su detención y posterior traslado a Nueva York para su enjuiciamiento.

De acuerdo a los documentos oficiales Campo Flores y Flores de Freitas fueron líderes de una conspiración en la que participaron 5 o más personas, que tenía como objetivo transportar hacia territorio norteamericano droga provenientes del grupo terrorista Farc. 


El gobierno de los EEUU acusó a Campo Flores y Flores de Freitas de Conspirar para (i) importar cinco o más kilogramos de cocaína a los Estados Unidos desde un país extranjero; y (ii) distribuir cinco o más kilogramos de cocaína conociendo y con la intención de que sería importada a los Estados Unidos.

Desde que se inició el caso Flores se conocieron varios equipos de defensa, figurando entre ellos abogados de oficio adjudicados por el tribunal hasta costosos despachos jurídicos que levantaron grandes controversias al sospecharse que los honorarios de los mismos pudieran provenir de las arcas del tesoro nacional venezolano. 

La defensa de los sobrinos fue finalmente asumida por Randall Jackson, John T. Zack de la prestigiosa firma  Boies, Schiller & Flexner LLP; y de  Michael D. Mann y David M. Rody, del bufete Sidley Austin LLP, cuyas facturas fueron pagadas por el empresario de filiación chavista, Wilmer Ruperti, quien, casualmente, obtuvo un jugoso contrato petrolero para la fecha en que estos hechos ocurrieron.

Quien para ese entonces ocupaba la fiscalía de la Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, se encargó de blindar el caso con pruebas contundentes con base a la investigación que durante meses llevaron a cabo agentes de la DEA, quienes se valieron de testigos e informantes secretos que suministraron evidencias en contra de Campo Flores y Flores de Freitas.

Los juristas diseñaron una estrategia consistente en desprestigiar, tanto la investigación de la agencia antinarcóticos, el procedimiento de arresto —denunciado como secuestro por la defensa—, como a los testigos e informantes y las pruebas recabadas por estos. Sostuvieron durante todo el juicio que los sobrinos de la pareja presidencial venezolana fueron objeto de una trampa esgrimida por los agentes del gobierno y sus cooperantes.

Durante el juicio, que tuvo lugar del 7 al 18 de noviembre de 2016, un jurado integrado por doce personas, declaró culpables a Efraín Antonio  Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas de los cargos que se les imputaban.

Tras 3 prórrogas solicitadas por la defensa y una audiencia de argumentos, finalmente el juez de la causa leerá la sentencia de los dos sobrinos presidenciales.

Es muy probable que este caso no concluya con la lectura de la sentencia, pues se estima que los abogados defensores de los Flores acudan a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en el lapso de los 15 días luego de que se conozca la condena. Allí un panel de tres jueces estudiará si hubo o no fallas en la aplicación de la norma en el proceso judicial de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro.

Extraoficialmente se conoció que Campo Flores y Flores de Freitas podrían pagar su condena en una cárcel federal de máxima seguridad en el sur de la Florida. 

martes, 12 de diciembre de 2017

Venezolanos piden al juez del caso de los narcosobrinos aplicar todo el peso de la ley en la sentencia

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Más de 9 mil venezolanos residenciados en Venezuela y en diversos países, solicitaron formalmente al magistrado  de los Estados Unidos Paul Crotty que aplique todo el peso de la ley en la sentencia de los sobrinos de la pareja presidencial, convictos por conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína provenientes del grupo terrorista Farc.

La misiva pide que el juez Crotty considere todos los agravantes, a la vez que se informa que en Venezuela no hay un sistema de justicia transparente ni confiable.  

Efraín Antonio Campo Flores, de  y Francisco Flores de Freitas serán sentenciados el jueves 14 de diciembre, luego de un proceso judicial que duró más de 24 meses, debido a las múltiples prórrogas solicitadas por los diferentes abogados que asumieron la defensa de los dos acusados.

La carta estaba acompañada por firmas recolectadas a lo largo de una semana a través de la página web Change.org. Entre los comentarios dejados por los firmantes destacan la poca credibilidad que tiene las instituciones venezolanas, y el creciente número de casos que vinculan a funcionarios del régimen con el narcotráfico.


La misiva destaca el excelente funcionamiento del sistema judicial norteamericano y piden se imponga la condena con “toda la fuerza de la ley”, tal como pasó con el hijo del expresidente hondureño, Fabio Porfirio Lobo, sentenciado a 24 años de prisión por conspirar para importar y distribuir cocaína a los Estados Unidos.

Los firmantes expresan su preocupación por el caso Flores, y destacan que son muchos los ciudadanos que residen en Venezuela que son víctimas de la proliferación generalizada de grupos delictivos dirigidos por el más alto nivel del Estado.

Sostiene que esperan que el juez emita una sentencia firme que sirva para disuadir a otros, especialmente en posiciones de poder, de futuros delitos relacionados con drogas que perjudican a pueblos de América Latina.



sábado, 9 de diciembre de 2017

Rafael Ramírez pasa a la clandestinidad a la espera de su nueva "oportunidad"

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Las numerosas especulaciones que se tejieron a la luz del despido hecho por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el otrora poderoso zar de Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño concluyeron cuando el ahora exembajador de Venezuela ante la Misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dió a conocer la renuncia a su cargo, con lo cual puso de manifiesto la existencia de un quiebre de la unidad de las fuerzas del chavismo y la nueva estrategia que impondrá el sector madurista para quedarse en el poder. Así, Rafael Ramírez fue obligado a separarse de sus funciones y a salir de los Estados Unidos rápidamente ante la pérdida de su inmunidad  diplomática.
Desde el día jueves 30 de noviembre de 2017 se activó en la sede de la ONU una ola de rumores que llevó a que Ramírez se paseara por los pasillos del organismo, dejando claro ante la prensa que estaba activo en sus funciones. Estuvo acompañado por varios de sus servidores, que no soltaban prenda de lo que estaba pasando. 

Los periodistas manejaron diversas hipótesis y al final de la tarde se confirmó la petición del gobierno venezolano y la designación de un nuevo embajador, que asumiría sus funciones en breve. El designado, Samuel Moncada, es un polémico personaje que según fuentes de la Misión no goza del afecto de Ramírez ni de la segunda de abordo, María Gabriela Chávez.

El jueves se empezaron a escuchar los destinos que el diplomático tenía en mente para instalarse próximamente. Así surgió la noticia que en años anteriores, Ramírez había logrado un pasaporte del Principado de Mónaco, estado que no tiene tratado de extradición con los Estados Unidos.  Los cercanos a Ramírez comentaron que lo conocen muy bien, y que si bien es beneficioso el aspecto legal, vivir allá no es lo más atractivo para él en estos momentos. 

Hubo un diplomático que se atrevió a decir que Ramírez había hecho gestiones para irse a Qatar donde tiene grandes opciones en el sector privado. Otros, dijeron que podría llegar a acuerdo con las autoridades del gobierno federal norteamericano que están tras su pista por asuntos relacionados con corrupción y lavado de dinero. El diplomático se atrevió a comentar que esta posibilidad no era la que estaba contemplando Ramírez, que incluso estaba preocupado porque que uno de sus hijos tenía planeado estudiar en una universidad estadounidense.

Otros cercanos al ex funcionario aseguraron que se había ido a Cuba, donde mantiene una excelente relación con el dictador Raúl Castro y la cúpula política del régimen cubano.

Finalmente se dijo que el embajador podría mudarse a Italia donde su esposa e hijos tienen pasaporte italiano, aunque él no lo posee, por lo cual se vería obligado a usar su documento venezolano. No obstante, la misma fuente dijo que si bien esa podría ser una plaza factible en el futuro, tramitar el pasaporte italiano se lleva varios años. Vale destacar -además- que personas vinculadas a Ramírez están presos en Madrid, acusados de lavado de dinero y corrupción internacional y el caso sigue abierto en los tribunales españoles.

Seguridad para la familia

La prioridad de Ramírez es garantizar la seguridad y el bienestar de su familia. Sus hijos tenían intenciones de estudiar en los EEUU pero las complicaciones derivadas de las sanciones contra varios funcionarios del régimen de Caracas, aunado a la puesta en marcha de veto Migratorio de la administración del presidente Donald Trump (que prohíbe la entrada de funcionarios chavista, de sus familiares y entorno a territorio norteamericano), hizo que el ex embajador buscara otros destinos.

Una fuente cercana -que pidió mantenerse en el anonimato- asegura que Ramírez no quiere ser objeto de burlas públicas o de los llamados "escraches", "eso lo aterra" comentó.

El día viernes, una de las personas que más ha servido a Ramírez desde su llegada a Nueva York, y quien conoce todos sus movimientos informó que el exdiplomático iba a presentar su renuncia desde el exterior. Así dejó saber que el ex embajador decidió mantener su perfil bajo hasta lograr crear un plan que le asegurará la paz y el bienestar de su familia. Para lograr el tiempo que requería para planificar los meses a venir, se habría ido a Ecuador, donde supuestamente permanecerá por unos días hasta que decida su nuevo rumbo. 

La fuente nos suministró detalles del vuelo tomado por Ramírez y su esposa, y aseguró que había un acuerdo con el gobierno de Ecuador para que el exembajador estuviese tranquilo en ese país hasta que decidiera finalmente cuál sería el destino más seguro para su futuro inmediato.

Otra persona del entorno afirmó que Ramírez contemplaba entre sus posibilidades regresar a Caracas, aunque entendía que su presencia en el país era un riesgo, ya que podría ser arrestado en el marco de la avalancha  de arrestos que ha emprendido el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, quien ha logrado poner tras las rejas a más de 64 cabecillas de Pdvsa, que estarían incursas en delitos de corrupción de Pdvsa. 

El sábado se supo que la residencia del Embajador de Venezuela en Nueva York, ubicada en 16 east 81 Street, NY, (entre Madison y 5 th Avenida) ya estaba desalojada y lista para recibir a la nueva familia del diplomático designado Samuel Moncada. Todas las pertenencias del embajador saliente estaban fuera del inmueble.

La fuente explica que otras de las preocupaciones que estaban ocupando a Ramírez y -que eran entendidas por el canciller Arreaza- era el manejo de la inmunidad diplomática.

Limitaciones de la Inmunidad Diplomática

Para entender el tema de la inmunidad diplomática de funcionarios en ejercicio en las Misiones Permanentes de la ONU, hay que analizarlo desde varios ángulos, asegura quien fuera Ministro Consejero en la Misión de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Isaías Medina  y que renunció al cargo en julio de 2017.
Medina explica que -primeramente- debe evaluarse la legislación local, modificada en el 2014; segundo, el acuerdo entre el país anfitrión y el ente multilateral (ONU) y, tercero; la Convención de Viena sobre funcionarios consulares de 1961. 

Medina dice que a pesar que la sede de la ONU se encuentra en Nueva York, internamente no está sometida a las leyes americanas, sino que se rige por un acuerdo del país anfitrión. "Desde que Rockefeller donó el terreno, las Naciones Unidas se consideran jurisdicción internacional por estar representada por 193 estados miembros, entre ellos Venezuela -como uno de los 50 estados fundadores,- después de la Liga de las Naciones de la cual también fue parte Venezuela". 

"El acuerdo les otorga a los enviados de los estados soberanos privilegios equivalente con algunas idiosincracias particulares, a diferencia de la mayoría de las inmunidades acordadas con otras organizaciones internacionales", dice Medina.

"Los diplomáticos de la ONU disfrutan de total inmunidad bajo el artículo B15 del precitado convenio, aplicables dentro todo el territorio de los Estados Unidos. La inmunidad diplomática de la ONU acredita casi completa inmunidad jurisdiccional de los tribunales e inviolabilidad de registro o confiscación", afirmó. 

Medina explica -además- que los diplomáticos de las Naciones Unidas obtienen inmunidad sobre demandas judiciales, aunque están sujetos al cumplimiento de las leyes americanas, so pena que los Estados Unidos -como país anfitrión- apoye su persecución posterior a su partida de la ONU. Este aspecto es importante tomarlo en cuenta cuando se refiere a la discusión sobre la renuncia obligada de Rafael Ramírez como embajador y representante permanente de Venezuela  ante la ONU, acotó. 

Dice que los diplomáticos pueden perder su investidura de inmunidad  por tres razones: 
1) Por renuncia, la cual es aplicable al caso de Ramírez, 
2) Por declaración de persona Non Grata, lo cual podría ocurrirle a los que disfrutan de los privilegios sin atender a sus obligaciones o por violar la ley local, y 

3) por medio del retiro del cargo por parte del estado miembro que lo envió, una vez sea notificada ante el Secretario General de las Naciones Unidas y ante el Departamento de Estado, elemento este que deben haber sido utilizado para obligar a Ramírez a renunciar porque una vez que esto sucede, tiene 72 horas para abandonar el país, salvo que tenga una enfermedad que pueda demostrar. De lo contrario-aclara Medina- queda sujeto a rendir cuentas ante las leyes locales en caso  de tener un proceso judicial pendiente. 

En en caso de Rafael Ramírez -según entiendo- existen dos investigaciones por lavado de dinero, una en Texas y otra en el estado de Nueva York, casos que ahora tiene luz verde para emitir órdenes de emplazamiento, y en caso de sentencias firmes órdenes de captura. 

Medina opinó que si bien es cierto que "el ex embajador venezolano ante la ONU, ex Ministro de Energía y Petróleos, y uno de los cuatro jinetes de la Apocalípsis de Chávez aún no se encuentra en la lista de las sanciones de la OFAC y de la Unión Europea, sí se le aplicaron las sanciones de Canadá y pueden incluirlo en cualquier momento en las dos anteriores, lo cual lo obligaría a salir de Europa -de encontrarse allá- ya que si hubiese sentencia firme estaría totalmente sujeto a extradición inmediata. 

miércoles, 6 de diciembre de 2017

Exdirectivo del fútbol ecuatoriano, Luis Chiriboga, entre los más mencionados en el FifaGate

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El exdirigente del fútbol ecuatoriano ha salido a relucir prácticamente en cada declaración de los testigos que han subido al estrado de la Corte de Brooklyn, resultando que parte de los sobornos que recibió se destinó al pago de shows artísticos de reconocidas figuras de la farándula internacional. 

El experiodista de la televisora brasileña O Globo y expresidente de la empresa Traffic Group, José Hawilla, figura entre los últimos en hacer revelaciones en el contexto del juicio que en la Corte del Distrito Este de Nueva York se le sigue a los exdirectivos del fútbol mundial, Juan Napout (Paraguay), Manuel Burga (Perú) y José Marín (Brasil).

Ante la jueza de la causa Pamela Chen y el jurado que en la Corte de Brooklyn se encargará de determinar si los acusados son culpables, Havilla confirmó la realización de pagos irregulares en beneficio de expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, (FEF), Luis Chiriboga Acosa, resultando este entre los que más veces ha sido referenciado por los testigos en el juicio.

Chiriboga también salió a la luz cuando la emisora radial La Redonda de Quito, Ecuador, dio a conocer las transcripciones de la declaración que formuló el hijo del extitular de la Ecuafútbol, Luis Chiriboga Merino, quien aparte de aceptar que incurrió en actividades de legitimación de capitales para su progenitor, también narró que este usaba dinero de los sobornos para financiar eventos artísticos.
En específico Chiriboga Merino dijo que parte de ese dinero sirvió para cancelar el pago de artistas como el grupo de rock argentino Enanitos Verdes, el DJ David Guetta, José Luis Rodríguez y Juan Luis Guerra.

"Mi padre hizo shows musicales en Ecuador durante 30 años. Hubo veces en las que tenía que pagarles a los artistas por sus espectáculos. Eran eventos musicales organizados con los Enanitos Verdes, David Guetta, José Luis 'el Puma' Rodríguez y Juan Luis Guerra".

Sobornos para todo

José Hawilla aseguró ante la jueza y los miembros del jurado que era sumamente difícil que en el seno de los organismos regentes del futbol prosperara cualquier asunto sino había de por medio un soborno. "Era muy difícil hacer algo sin pagar sobornos".

El expresidente de Traffic relató que durante décadas pagó coimas a insaciables exjerarcas del fútbol de las Américas. Esta compañía tenía derechos de televisación de la Copa América y la Copa Libertadores, para lo cual debió desembolsillar permanentemente sobornos a varios dirigentes.

Hawilla se declaró culpable el 12 de diciembre de 2014 y ahora presta su colaboración a la justicia estadounidense para lo cual, incluso, llegó a realizar grabaciones clandestinas de manera de poder recoger evidencias de otros acusados en este mega escándalo.
Debido a problemas de salud, este testigo de la fiscalía debía subir al estrado asistido por un tanque de oxígeno.

Ante los presentes explicó que su empresa —que forma parte de las tres que están siendo acusadas— había firmado un contrato con la Conmebol por los derechos de las Copas América 2007, 2011 y 2015. Las otras compañías procesadas son Full Play y Torneos y Competencias.

Señaló a Nicolás Leoz, presidente de la Conmebol, como uno de los beneficiados con los pagos irregulares, así como a los exjefes del fútbol argentino y brasileño, el difunto Julio Grondona y Ricardo Teixeira, este último acusado en Estados Unidos pero en libertad en Brasil.

Indicó que el primer pago irregular que pagó ocurrió el 23 de enero de 1991 y esta coima estuvo dirigida al paraguayo Nicolás Leoz, por un monto entre los 400 mil y 600 mil dólares, una acción que lamentó ante el jurado pues los dirigentes se acostumbraron a pedir dinero en cada ocasión en que debían renovarse los contratos televisivos.

Entretanto, precisó que los pagos destinados a Teixeira se hicieron primero a través de cambistas, habiendo comenzado  con pagos de un millón de dólares anuales que se fueron incrementando “a 1,2 millones, luego a 1,5 millones, después a 2 millones, después a 2,5 millones y luego a 3 millones" de dólares.

Las coimas destinadas a Grondona se llevaban a cabo a través de la agencia de viajes Alhec Tours.

José Hawilla indicó que lo que se perseguía era que Argentina y Brasil pusieran a jugar a sus principales jugadores en la Copa.

El expresidente de Traffic advirtió que en el año 2010 su contrato se canceló durante el Mundial de Sudáfrica, debido a "un golpe de Estado" que en el seno de la Conmebol dio Luis Chiriboba a través del denominado Grupo de los seis.

Sin que él se diera cuenta —explicó— la Conmebol firmó un nuevo contrato con Full Play regentada por los argentinos Hugo y Mariano Jinkis, quienes adquirieron los derechos de transmisión televisiva de las Copas América 2015, 2019, 2023 y la Copa América Centenario 2016.

Golpe de estado en la Conmebol

Según dijo, Leoz le manifestó que se había visto "obligado a firmar ese contrato" debido a que el Grupo de los Seis, a saber Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Paraguay, lo amenazaron —junto a Grondona y a Teixeira— con defenestrarlo de la presidencia de la Conmebol. "Era un golpe de Estado para sacar a esos tres y asumir ellos seis".

Dijo que de manera agresiva, Luis Chiriboba lo amenazó y le advirtió que ahora el control de la Conmebol estaba en sus manos.
"Ahora mandamos nosotros en la Conmebol. Traffic está fuera (…) Ustedes siempre acordaron [el pago de sobornos] con los tres [Leoz, Teixeira y Grondona] y nosotros siempre quedamos fuera no solo de los acuerdos financieros sino de las decisiones".

Hawilla le reprochó que “no puedes romper un contrato válido”, pero la respuesta de Chiriboga fue contundente, según narró: “Puedo y lo acabo de hacer”.

José Hawilla demandó en Florida a la Conmebol en 2011 por la ruptura del contrato y loas partes llegaron a un acuerdo que consistió en que la empresa Datisa dividiría en partes iguales los beneficios de las Copas América de 2015 a 2023 —incluida la edición Centenario de 2016— entre Traffic, Full Play y Torneos.

Las empresas Full Play y Torneos y Competencias exigieron a cambio, que Hawilla pagara 10 millones de dólares para cancelar los sobornos a los miembros de la Conmebol.

El testigo refirió que el pago de sobornos era un asunto que le desagradaba. “No estoy tratando de eximirme de esta culpa. Yo cometí un error aceptando aunque fuera a último minuto. Me arrepiento mucho de eso, debería haber parado ahí (...) pero lo dejé para después".

INH: Una mina de corrupción que pasa inadvertido a los ojos del Ministerio Público

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La corrupción parece ser una característica inmanente a la administración pública venezolana, toda vez que se mantiene campante sin que los órganos jurisdiccionales, entre ellos el Ministerio Público, logren inmutarse ante ella, a no sea en aquellos casos movidos por la venganza política y la guerra de intereses. 
El súbito ataque por combatir la corrupción imperante en el país, manifestado selectivamente en el Ministerio Público, debería extenderse a todos los despachos e instituciones de la administración pública que hasta la fecha parecen invisibilizados a los ojos de la justicia. Un ejemplo de ello es el Instituto Nacional de Hipódromos, INH, organismo administrador de las actividades hípicas en Venezuela en el que se mueven grandes cantidades de dinero sin el más mínimo control, oportunidad que aprovecha la rapiña para hacer de las suyas, según denuncias llegadas a esta página, superando con creces los métodos y hechos irregulares ocurridos durante la acusada cuarta república, a lo largo de las casi dos décadas que el chavismo lleva ostentando el poder.

El Poliedro de Caracas y la Maternidad Concepción Palacios se cuentan entre las obras que se materializaron durante le época democrática con dineros provenientes de la jugada hípica, cumpliendo así con el objetivo de beneficencia pública que las actividades oficiales de envite y azar tienen en todo país. Se preguntan nuestras fuentes que pidieron mantenerse en el anonimato por razones de seguridad, ¿Cuántos hospitales y sitios de interés público se han construido con los dividendos que generan las carreras de caballos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro?

Desde que el 25 de octubre de 1999, el fallecido expresidente de la república, Hugo Chávez Frías,  por vía de Ley Habilitante emitió el Decreto con Fuerza de Ley que suprime y liquida el Instituto Nacional de Hipódromos y regula las actividades hípicas[1], la crisis del sector, lejos de haberse solucionado, se ha profundizado.

La prensa venezolana ha advertido que desde que se promulgó el Decreto N° 422, en el INH solamente se ha instaurado la pillería mafiosa a través de mecanismos que van desde la asociación para delinquir, juegos ilícitos, malversación de fondos, peculado doloso, peculado de uso, piratería e irregularidades de toda naturaleza.

En el portal Poderopedia se da cuenta que desde “el 25 de octubre de 1999, el presidente Hugo Chávez Frías creó la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, que tendría a tres representantes nombrados por los ministerios de Producción y Comercio y Finanzas; y otro por el Fondo de Inversiones de Venezuela. En 15 años, la junta liquidadora tuvo al menos nueve presidentes sin concretarse el objetivo de su creación. En noviembre de 2011, el Ministerio de Turismo asumió las riendas del ente liquidador que en ese entonces estaba en poder del Ministerio para el Despacho de la Presidencia. Luego, en agosto de 2013 pasó a ser manejada por el Ministerio de Deporte”[2].
Hasta ahora todas estas “juntas liquidadoras” instaladas desde entonces durante las administraciones de Chávez y Maduro, solamente han dado como resultado el cierre de los hipódromos de Valencia y Maracaibo (Santa Rita), quedando solamente “La Rinconada” en Caracas, sin que en él se vean los efectos de las reestructuraciones implementadas y sin que la Superintendencia Nacional de la Actividad Hípica (SINAHIP), haya tomado cartas en el asunto.

Así tenemos, un Instituto encargado del hipismo en Venezuela sin contraloría ni cuentas claras y en el que ha ido mermando la actividad, afectando la reconocida internacionalmente cría de purasangres venezolana, hoy disminuida y significativamente en manos de un grupo de nuevos millonarios, enriquecidos a la sombra de negocios públicos de muy dudosa probidad. Y es que desde 1998, gente que mantenía una vida modesta ha pasado a ser propietaria de haras y de cuadras de caballos, cuyo mantenimiento por ejemplar tiene un alto costo mensual.

¿En manos de quién está el INH?

Nuestras fuentes indican que desde que el INH fue entregado en concesión  a la empresa privada IP Tote, propiedad de José Ángel Silva, el descontrol y la inauditabilidad se han decretado en la que durante años fue una institución de carácter público en Venezuela. Nos refieren que la jugada hípica semanal, cuyos montos son un misterio total, es manejada con opacidad y discrecionalidad por los dueños de “IP Tote, C. A.” desde Barquisimeto, estado Lara, donde curiosamente no existe actividad hípica.

DE esta empresa, la página Pymes Venezuela dice que su Razón Social es IP Tote Venezuela, C.A., con sede en la Urbanización El Rosal, avenida Francisco de Miranda, Edificio Centro Seguros Sudamerica, Pent House PH-C, en el Municipio Chacao del Estado Mirada, que cuenta con 15 trabajadores y sus teléfonos son 0212-953.41.13 y 0416-635-46-54. 

Allí también se lee que “el objeto principal de la compañía será la operación, administración y explotación de juegos y la apuesta hípica dentro y fuera de los hipódromos, así como la distribución, venta, control y administración de todo tipo de juegos de envite y azar permitidos por la Ley, en especial la creación, organización y asesoramiento de estructuras para el funcionamiento de empresas dedicadas a estos fines. En general, la compañía podrá realizar cualquier otro acto de lícito comercio que contribuya a la consecución de su objeto social”[3].

Se conoció que los propietarios de IP Tote, a razón de 60 y 40 por ciento accionario respectivamente, son Raúl Artigas Ramírez (Datos Integrados DINSA S.A.) y José Ángel Silva, quienes de acuerdo a informaciones confidenciales, habrían comprado el hipódromo privado “Rancho Alegre” de Ciudad Bolívar, el cual permanecía inactivo y repentinamente reinició carreras mientras los de Valencia y Maracaibo continúan cerrados y el de Caracas se mantiene en terapia intensiva.

José Ángel Silva habría comprado el 50 por ciento de las acciones al propietario original de “Rancho Alegre”, a saber, el médico venezolano Mateo Meo Pollino, quien administra la manutención de unos 600 purasangres y mantiene especial relación con la hípica de República Dominicana. Lo que no pudo saberse fue el monto de la negociación, ni si cómo ni dónde fue pagado. Es decir, se desconoce si la compra se efectuó en bolívares como lo dictan las leyes venezolanas, o en dólares mediante transferencia bancaria en el exterior, una práctica ilegal de saqueo de la economía y legitimación de capitales a nivel internacional que ha terminado institucionalizándose en el país. Todo esto ha ocurrido sin que se haya dado un pronunciamiento de la Superintendencia de la Actividad Hípica.

Datos Integrados Dinsa, S.A. es, de acuerdo a la citada página Pymes Venezuela, una empresa domiciliada en Barquisimeto, específicamente en la Zona Industrial I, Carrera 5 entre Calle 28 y 30, Edificio No. 71, a una cuadra del Banco Provincial, en el Estado Lara. El Registro de la Información Fiscal es J-310072787, cuenta con 10 trabajadores y sus teléfonos son 0251-710731 /7107312 y 0414 – 5300448.

El objeto de Dinsa, S.A. es “la creación, diseño, fabricación, promoción y comercialización al mayor de productos de loterías y de otros juegos lícitos, ya fueren estos impresos, mecánicos, electrónicos o computarizados, así como la asesoría, la representación y la administración de empresas nacionales o extranjeras especializadas en las instalaciones y operaciones de sistemas de juegos de loterías”[4].

Privatización enmascarada

Se trata, a criterio de nuestra fuente, de una privatización enmascarada que ha dejado en manos de las citadas Dinsa, S.A. e IP Tote, C.A., el manejo de la jugada hípica en el país, no solamente la legal, sino también ilegal, que son administradas desde Barquisimeto.

Es que desde las tribunas de La Rinconada los “remates de caballos” son cosa cotidiana a cargo de un conjunto de mujeres que se mueven por las mismas bajo el control de las mafias que actúan bajo la mirada cómplice de la Junta Administradora. Los montos de la apuesta ilegal son un absoluto misterio, pero se asegura que se trata de millones que van y vienen sin control alguno. Los “remates de caballos” que no son otra cosa que jugadas ilegales están en manos de mafias que cuentan con respaldo de las autoridades hípicas y un entramado gigantesco a nivel nacional que incluye la protección a los mafiosos por parte de policías corruptos de los cuerpos de seguridad municipales, regionales y nacionales, así como la Policía Nacional Bolivariana, la policía científica (CICPC), el SEBIN, la DGCIM, la Guardia Nacional y en general,  oficiales de la FANB, burócratas del Estado y sus redes de testaferros.

La empresa IP Tote, C.A. mantiene vínculos de conchupancia con burócratas corrompidos y codiciosos, así como con agente de la nueva boliburguesía financista del PSUV, como es el caso de José Ángel Silva, y Raúl Artigas Ramírez, aseguran las fuentes.

En nota publicada en la prensa venezolana el 16 de noviembre de 2015, se refiere que también el presidente de la Asociación de Propietarios de La Rinconada (Asoprorin), Hugo Albarrán, se hizo eco del criterio de que el INH habría sido privatizado al expresar  —en lo que no puede catalogarse como un “comentario ingenuo”—su agradecimiento a la “empresa mixta” por las labores de remozamiento del hipódromo capitalino.

“Ahora, ¿qué es una ‘Empresa mixta’? En teoría una asociación entre el capital público con el privado. No es cogestión, no es comuna, no es autogestión. Es una semiprivatización, donde el Estado, según trascendió, conservaría el 51% y los empresarios, 49%. La empresa privada manejaría las jugadas, centros hípicos y circuito interno. Al gobierno, le quedaría el hueso de ese lomito: el personal, los pasivos, el mantenimiento y los premios directos e indirectos de los gremios. A los ojos de muchos venezolanos, no es mala la inserción de la empresa privada en el hipismo, y en otras áreas de sectores productivos. Toda vez que desde 1999 existe un decreto para la supresión del INH, y dar cabida a otro órgano, nuevo, renovado, saneado de vicios administrativos o jurídicos. Todo lo anterior es entendible si no viniese de la mano del actual gobierno, cuyo sello particular ha sido ponderar al Estado por encima del libre mercado o prácticas neoliberales. No hubo licitación pública, como ordenan los procedimientos administrativos. No hubo debates. No hubo gaceta oficial. No hubo ruedas de prensa, ni información a los medios. No se conocieron otras ofertas o grupos interesados en el 49%. No se sabe cómo es la comunión o repartición de funciones entre ambas organizaciones. Todo fue a dedo, y con mucho celo y sigilo, como si fuese un trato entre particulares y no una institución del Estado venezolano, cuyos destinos públicos son de todos. Son la nueva camada de hípicos, que sueltan sin chistar 10 y 15 mil millones de los viejos por un caballo, compran haras, son testaferros y se fotografían como magnates. José Ángel Silva y Alejandro Ceballos fueron de esto muy beneficiados”[5], se lee en en el portal NC.

La expresión del presidente de Asoprorin vendría a colación porque cuando Antonio “El Potro” Álvarez, se desempeñó como ministro del Deporte habría negociado con Alejandro Ceballos, —presidente del Grupo 7C, cuya bandera es Alfamaq, dedicada especialmente a la construcción— la privatización del 50 por ciento de los hipódromos venezolanos. A este grupo se le entregó la remodelación de las tribunas del Hipódromo La Rinconada para la celebración de la Serie Hípica del Caribe.

Según el blog de Ceballos[6], el grupo incursionó en los últimos años en la hípica estadounidense, especialmente en el área de la Florida donde posee el Stud “Grupo 7C Racing Stable”, dedicado a la compra de caballos con pedigrí “destacados para hacer campaña en los Estados Unidos y posteriormente ser llevados a Venezuela a para cumplir función reproductora en el haras ‘Urama’[7], plantel de cría ubicado en el estado Yaracuy” y que igualmente pertenece a la familia Ceballos.

La negociación no se habría dado y nuestra fuente comenta que tal vez esto haya obedecido a trabas de tipo legal que habrían hecho desistir al gobierno de tal objetivo, pero que de todas maneras, las empresas de Ceballos habrían logrado obtener grandes sumas de dinero por el referido contrato de remodelación otorgado sin licitación alguna.

El Diario Meridiano, sin embargo, en nota sin fecha, da cuenta de unas declaraciones de Alejandro Ceballos en las que desmiente que el Grupo 7C se encuentre interesado la compra del hipódromo de Santa Rita ni en licitar el proceso de privatización del INH.

“Nosotros no hemos comprado hipódromos, ni tenemos participación en la jugada, porque ese no es nuestro negocio. Nuestro negocio es la construcción, somos hípicos de toda la vida, yo tengo más de 36 años como propietario, pero ni siquiera soy jugador, jamás he estado interesado en negocios relacionados con apuestas, no porque tenga algo de malo, de hecho no lo critico, pero simplemente ese no es nuestro ramo, para nosotros los caballos son una pasión”[8], le dijo enfáticamente Ceballos a Meridiano.

Pero el periodista Casto Ocando sostiene lo contrario y en su cuenta personal en la red social Twitter, emitió un comentario que fue recogido en una nota de Noticias Candela el 19 de agosto de 2016, en la que dice que Ceballos, aparte de haber comprado tres caballos por 1,2 millones de dólares en una subasta en Saratoga, Nueva York, “cuenta con el Stud Grupo 7C en el Hipódromo La Rinconada; con un centro de apuesta en Lechería, ‘y al menos dos empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas: Proyectos y Construcciones 1128, C.A. e Inversiones Alfamaq… Según el RNC, la primera de las compañías, Proyectos y Construcciones, creada en 2008, desde ese año hasta diciembre de 2010, ejecutó 14 obras para el gobierno, de las cuales 13 fueron otorgadas por el Ministerio de la Vivienda’”[9].

Otra nota de Noticias Candela también desmiente que el Grupo 7C no se dedique a las apuestas, pues refiere que la familia Ceballos es propietaria del Casino Marbella, inaugurado en Panamá en 2013[10].

A Alejandro Ceballos también se le señala de haber cobrado en dólares los trabajos realizados por su empresa Afamaq para la Misión Vivienda, cuya calidad habría dejado mucho que desear. Igualmente estaría relacionado a los denominados Bolichicos, al ser Alejandro Betancourt López , de Derwick Associates, uno de sus operadores, según lo refiere una nota de “Las armas del Coronel”, aparecida el 10 de febrero de 2016 y que reseña que ambos “participaron en la operación de depósito de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el Gazprom Bank en Líbano, de acuerdo con una denuncia presentada ante el Ministerio Público por el dirigente sindical Manuel Díaz, en abril de 2011. La cuenta era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, por su pariente Jorge Rojas Montero y el operador financiero Alejandro Ceballos (…) Los compradores a futuro transfirieron por instrucciones del ex ministro, Rodolfo Sanz, los fondos a la cuenta bancaria establecida previa orden enviada por un fax (facsímil emitido desde la oficina de Betancourt) … Es así como se apertura en Líbano la cuenta (… ), que era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, un pariente de éste, Jorge Rojas Montero, y un operador financiero, Alejandro Ceballos”[11].

Entretanto todos estos movimientos se dan tras bastidores, en La Rinconada, a ojos populi imperan los conflictos laborales con caballericeros, traqueadores, entrenadores y jinetes, que son un asunto cotidiano. Igualmente, ya es común que los propietarios de caballos no reciban los pagos de las premiaciones. Entretanto, los pagos pendientes de los hipódromos de Santa Rita y Valencia, parecen ser un asunto que quedó en el olvido para las autoridades del INH.

Además, el sistema de “vendepagas” del INH está penetrado por mafias delictivas entre los cuales figuran desde empresarios corruptos propietarios de locales y concesionarios, hasta los “banqueros” que operan con redes de “mujeres rematadoras de caballos” de las que hablamos líneas arriba.

Estas “vendepagas” tienen su ámbito legal bajo concesión del INH, pero la mayoría opera ilegalmente al vender apuestas en taquillas distintas a las oficiales, algo que ocurre con la tolerancia del INH, la SUNAHIP y el SENIAT, cuyos funcionarios recibirían sus comisiones y coimas semanalmente; la otra vía es el remate de caballos el cual se realiza de mesa en mesa, sin control ni recibo alguno.

Se trata de una actividad que cuenta con la protección de policías y militares que igualmente ven engordados sus bolsillos con estas actividades fraudulentas.

Se suma Francisco Convit a los negocios

Otro advenedizo en el mundo hípico sería Francisco Convit Guruceaga, nieto del célebre científico venezolano Jacinto Convit y quien figura entre los accionistas de la empresa Derwick Associates, la misma que en varias oportunidades ha sido señalada de obtener contratos en el sector energético sin contar con la debida experiencia, así como por la poca transparencia que exhibe en las contrataciones suscritas con el estado. 


La esposa de Covit, Patricia Ferrando, pertenece a la selección nacional de equitación, mientras él junto a los hermanos Carlos Luis y José Antonio Uzcátegui y otros dos socios  en mayo de 2015, compraron un potro de carreras de nombre Glory or Nothing, por dos millones de dólares en una subasta realizada en Saratoga, Nueva York[12]. Los cinco, refiere el Portal Poderopedia, son dueños del consorcio El Capi Racing, con sede en Florida, Estados Unidos, el cual está dedicado a la carrera de caballos. A través de esta empresa compraron por 400 mil dólares por otra potranca de la misma raza[13].

Nuestra fuente señala que Francisco Convit junto a Antonio “El Potro” Álvarez, luego del fracaso del primer intento por privatizar el INH y los hipódromos del país, comenzaron a otra vez a insistir en esta iniciativa hace aproximadamente un año y unos pocos meses.

En este ocasión la jugada intentaron hacerla a través de la misma empresa privada a la que se le otorgó la concesión a dedo en contra los intereses de la república, dirigida por José Ángel Silva pero en una nueva sociedad con Francisco Convit, El Potro Alvares y las autoridades del INH.

Este grupo presentó su propuesta —refiere nuestra fuente— ante la Vicepresidencia Ejecutiva de la República y sobre el asunto se habrían realizado varias reuniones en tiempos en que Aristóbulo Istúriz ocupaba en despacho de Carmelitas. El asunto volvió a fracasar cuando se hizo público y estalló un gran escándalo que motivó que, nuevamente se le negara al Potro Álvarez este negocio en el que lleva varios años insistiendo.

Los tentáculos de Diosdado Cabello

Durante su gestión como ministro del Deporte, Antonio “Potro” Álvarez, designó a Fernando Valentino Monsantos como Director General del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), luego de haber removido a quien hasta ese entonces ostentaba el cargo, Roberto Idrobo, una información que reseña el Líder en Deportes el 6 de mayo de 2014[14], decisión que fue publicada en la Gaceta Oficial N°40.404[15]. Valentino, en paralelo, asumió las riendas de la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas, Sunahip. Venía de desempeñarse en la Gerencia de Tributos Internos de la Región Central del Seniat.  

De esta manera Diosdado Cabello lograba hacerse del control del INH, toda vez que tanto Álvarez, como Valentino, forma parte del equipo colaboradores del hoy constituyente. Hay que recordar que Antonio “Potro” Álvarez también director de deportes del Seniat que encabeza José David Cabello Rondón.

La relación de Valentino con los Cabello es de larga data, un vínculo que se inició cuando este se desempeñaba en el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) “Simón Bolívar”, desde la gestión de José Gregorio Vielma Mora, quien entregó la presidencia a José David Cabello, ascendido a esta posición por el difunto presidente Hugo Chávez.

Cabello Rondón luego pasó a la jefatura del Seniat y para allá se llevó a Fernando Valentino Monsantos, a quien ubicó en las oficinas de Mata de Coco como intendente de Tributos Internos. Su enriquecimiento ha sido rutilante, como el de toda la plana de aliados de los Cabello en el Seniat.

Ahora, Valentino pasó a ser experto en “caballos” con su incursión en la hípica nacional que se mantenido apenas respirando en los gobiernos de Chávez y Maduro. El grado de expoliación del INH es gigantesco y buena parte de la actividad hípica, como la cría de purasangres, ha pasado a manos de los advenedizos del oficialismo, sólo hay que echar un vistazo a la lista de nuevos “propietarios hípicos” multimillonarios.

Valentino nombró como administrador a uno de sus incondicionales, Damián González, con quien habría maniobrado en el intento por lograr la privatización del organismo y para lo cual fueron adelantando terreno bajo la figura de las concesiones otorgadas a dedo, añade la fuente.

Los manejos financieros

De las finanzas se encarga en Venezuela, Vicente Rubino Arriaga, quien de acuerdo a información suministrada por nuestra fuente, estuvo prófugo de la justicia por el caso del Banco del Sol[16]. Rubino en la actualidad es directivo y principal vocero de Asoprorin y está relacionado al Banco Nacional de Crédito, BNC.

Nuestra fuente refiere que Rubino Arriaga es el encargado de movilizar el dinero del negocio hípico de quienes de forma irregular administran el INH y la actividad deportiva.

Agrega el informante, que tanto a Convit, Silva, El Potro Álvarez y a los directores del Instituto Nacional de Hipódromos, será posible encontrarlos el próximo 9 de diciembre en el Hipódromo de Gulftream Park, Florida, Estados Unidos, donde se disputará la serie del Caribe.

Para finalizar, el informante asegura que tanto los Uzcátegui, como Fernando Valentino y Damián González, son propietarios de oficinas de apuestas mil millonarias y tienen exclusividad en concesión de la página tuoficinahipica.com en la que se hacen apuestas, incluso, de carreras que tienen lugar fuera de Venezuela, sin ningún control.

¿Enfilarán también sus baterías el Ministerio Público para investigar estos asuntos con la misma pasión con la que actúa en el caso de PDVSA?

martes, 5 de diciembre de 2017

Narcosobrinos: Defensa de Flores de Freitas pide sentencia de 10 años de prisión

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La defensa de Franqui Francisco Flores de Freitas sometió a consideración del Juez Paul Crotty un memorando donde solicita que el convicto por narcotráfico se le imponga una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión, motivado a que la naturaleza del crimen y la historia personal del acusado no lo hacen merecedor de una condena superior a una década en prisión.
La solicitud de los abogados de Flores de Freitas difiere de la presentada por los defensores de Efraín Antonio Campo Flores, la cual no establece pena mínima sino que solicita que el acusado no merece cadena perpetua ni una larga condena, tal cual lo ha solicitado la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que es la parte acusadora en este caso.

El memorando de los abogados está acompañado por varias cartas de familiares y amigos pidiendo indulgencia al juez Crotty, entre las que se destacan las enviadas por: Jessika Contreras (ex-novia), su hijo de 9 años, Yaxelli Tahina Flores de Freitas (hermana), Amelia Flores y Hermes Flores (tías), Numidia Rocío Flores y Arturo Nusbel Madera Flores(primos), Laura Betancourt, Gladys M. López, Gilberto R. López, Gary L. Solórzano L., Henri Sandoval (amigos) y Taina M. Carranza Carrillo. Como en el caso de Efraín Antonio Campo Flores no hay cartas solicitud de benevolencia de la primera dama Cilia Flores ni de su esposo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La defensa de Flores de Freitas condensó en 14 páginas el historial del acusado, donde sostiene que en su caso individual obliga al Tribunal a imponer una sentencia no mayor al término mínimo obligatorio de diez años requerido bajo  el título 21 del Código de los Estados Unidos. 

Dice la defensa que cualquier cantidad adicional de encarcelamiento sería "mayor de lo necesario" para cumplir los propósitos de la sentencia en este caso.

Su participación en la conspiración

Flores de Freitas fue  hallado culpable por un jurado de conspirar para importar, fabricar y distribuir cinco o más kilos de cocaína que tenían como destino final a los Estados Unidos.

La defensa señala que la naturaleza y las circunstancias del crimen en cuestión deben ser tomadas por el juez, ya que la operación del caso fue "seca", es decir, "donde el Gobierno no recuperó drogas; donde no hay alegación de que los demandados participaron en ningún acto violento relacionado con la ofensa; y donde el Gobierno no tiene pruebas de que hayan distribuido con éxito  a entregar ni un solo gramo de drogas a nadie en ningún lugar, mucho menos a los Estados Unidos, lo cual justifica una condena mucho más baja que la  solicitada por el Gobierno de "no menos de 30 años".

El historial personal del acusado

La defensa también describió en el memorando la historia personal y las características de Flores de Freitas que -según los abogados-  justifican una condena mucho más corta, no mayor que el mínimo obligatorio. 

En los detalles aportados por la defensa destaca que Flores de Freitas  vivió trágicas circunstancias durante su infancia, y a pesar de ellas se convirtió en un padre dedicado, responsable y afectuoso para su hijo de nueve años. 

Asimismo destaca que Flores de Freitas ha hecho muchas contribuciones positivas a su comunidad, para lo cual la defensa entregó a la corte una serie de cartas de familiares y amigos del acusado donde se destaca su buena conducta y sus logros. Los defensores dicen además que Flores ha sido un recluso modelo en el Centro de Correcciones Metropolitano, y que en su tiempo de reclusión no ha incurrido en infracciones disciplinarias y que por el contrario se ha ganado el reconocimiento de sus guardias de la prisión.

__A pesar de las circunstancias desalentadoras que ha enfrentado y sigue enfrentando, Flores de Freitas ha perseverado, ha aprendido de sus acciones anteriores y está decidido a sacar lo mejor de una situación difícil. En consecuencia, la historia personal y las características del demandado también dejan en claro que el plazo mínimo obligatorio de diez años sería suficiente, y no mayor de lo necesario, para lograr los objetivos de la sentencia, acota la defensa.

No a la cadena perpetua

Los abogados de Flores de Freitas se oponen rotundamente a la posibilidad que a su cliente se le sentencie a cadena perpetua, tal como lo pidió la fiscalía. Dicen en el memorando que una sentencia severa, incluyendo inclusive la sentencia mínima pedida por el gobierno de 30 años o más, "sería extremadamente desproporcionada al crimen y manifiestamente injusta a la luz de las circunstancias personales de Flores de Freitas".

Se rechaza el hecho que en la audiencia del 3 de octubre de 2017, el Tribunal haya determinado el predominio de la evidencia de la ofensa que involucraba más de 450 kilogramos de cocaína, tras lo cual se aplicó un nivel de delito base de 38. 

Igualmente, critican que se haya aplicado una mejora de dos niveles para la posesión de un arma en relación con la conspiración y dos niveles para el uso de una aeronave en relación con la conspiración, y una mejora de dos niveles para el papel  de Flores de Freitas como líder, organizador, gerente o supervisor de la conspiración. Todos estos elementos actúan como agravantes y suben los años de la condena que quedó determinada por el juez en un nivel de ofensa de 44, que conlleva una sentencia condenatoria de cadena perpetua.

Los abogados sostienen que el gobierno busca explícitamente una "condena sustancial de no menos de 30 años", lo cual es inapropiada en estas circunstancias, y equivaldría a casi vida para Flores de Freitas, o al menos gran parte de su vida adulta, dado que ahora tiene 32 años. 

Esto empeora -argumenta la defensa-  en la medida en que Flores de Freitas cumplirá su sentencia probablemente a miles de kilómetros de distancia de su familia y su hijo de nueve años, por lo que cualquier cosa que se acerque a las visitas familiares regulares es imposible.

El carácter excesivamente severo y punitivo de la sentencia solicitada por el Gobierno es aún más evidente a la luz de los siguientes hechos particulares establecidos por las pruebas presentadas en este caso, cada una de las cuales, a nuestro juicio, es indiscutible por el Gobierno. 

1) El gobierno no recuperó drogas en este caso; de hecho, no hay pruebas de que los Demandados realmente poseyeran los 800 kilogramos de cocaína que supuestamente iban a transportar a Honduras.

2) Los demandados no participaron en actos de violencia en relación con el delito imputado. 

3) El Gobierno no tiene pruebas de que los acusados alguna vez hayan distribuido un solo gramo de cocaína a cualquier persona, en cualquier lugar, y mucho menos en los Estados Unidos.

Seguidamente sostienen que los hechos de este caso son atípicos a los procesados en la Corte del Distrito sur de Nueva York, ya que en la mayoría de los casos de droga hay evidencia, en forma de testimonios de cooperadores, confiscaciones, grabaciones, admisiones, etc., que establece que los acusados ​​distribuyeron drogas en el pasado. 

__De hecho, en la mayoría de los casos de conspiración de drogas hay pruebas de un curso continuo de conducta, es decir, de tráfico de narcóticos real repetido durante un período de tiempo que a menudo se extiende durante muchos meses o años. Incluso en otros casos de "picadura", generalmente hay pruebas de que los objetivos se habían involucrado previamente en el tráfico de drogas. Sin embargo, aquí, no hay tal prueba, acotan los abogados.

La defensa dice que el gobierno demostró que Campo Flores y Flores de Freitas intentaron hacer un trato previo con algunos mexicanos en agosto o septiembre de 2015; pero de acuerdo con la propia evidencia, el supuesto trato nunca se concretó. "Este solo hecho hace que el caso presente sea un caso atípico extremo". 

Los defensores piden a la corte que tome en cuenta a la hora de decidir la sentencia apropiada para los acusados que el hecho fue una operación encubierta orquestada por DEA.

Los abogados advierten al juez las implicaciones de varios tribunales estadounidenses que han señalado que en la imposición de sentencias relacionadas con operaciones ilegales, por su propia naturaleza, pueden constituir violaciones del Debido Proceso de los acusados.

Más adelante aclaran que más allá de las posibles violaciones constitucionales, la corte debe considerar que los informantes de la DEA -en este caso- orquestaron un acuerdo de falsificación de drogas por 800 kilogramos de cocaína, y ahora el gobierno busca imponer una sentencia extremadamente alta contra los acusados que es impulsado abrumadoramente por la cantidad establecida para ese trato falso de drogas. 

Dice que Campo Flores y Flores de Freitas impugnan enérgicamente que hayan llegado a un acuerdo para transportar 800 kilos de cocaína, lo cual no fue registrado por los informantes (ni recogieron ninguna otra evidencia excepto una sola fotografía fija de la reunión inicial de los acusados con El Sentado, donde el trato se discutió por primera vez). 

__No duda de que la evidencia no logra establecer siquiera por preponderancia que fueron los Demandados, y no los informantes, quienes fijaron el monto del supuesto trato de drogas.

La defensa alega que la injusticia de estas circunstancias se magnifica por el hecho de que los informantes que hicieron la orquestación en este caso fueron dos de las personas más corruptas imaginables, lo cual debe ser tomado en cuenta por el tribunal.

La defensa argumenta que los informantes que participaron en la operación mintieron por años a la DEA y a la Oficina del Fiscal de los EE. UU. y durante mucho tiempo estuvieron involucrados en tratos reales de drogas, mientras recibían pagos generosos por  suministrar información al gobierno norteamericano.

__ La conducta de los informantes del Gobierno fue tan escandalosa e impropia en este caso que el Gobierno se vio obligado a llamar incluso a uno de los informantes ("CS-2") como testigo durante el juicio, y a su vez se sintió obligado a notificar al otro informante ("CS-1"), su testigo estrella ante el jurado, que su contrato de cooperación estaba siendo destruido y que no recibiría ninguna carta de 5K1.1. 

Rechaza la multa monetaria

Flores de Freitas sostiene en el memorando que no debe recibir ninguna multa monetaria o aumento de la sentencia por haber ejercido su derecho a ir juicio, tal como se establece en la Sexta Enmienda.

Una negociación de culpabilidad que no funcionó

La defensa de Flores de Freitas dijo que su cliente no tuvo otra opción que ir a juicio porque cuando los demandados solicitaron al Gobierno su mejor declaración de culpabilidad, los fiscales respondieron con una carta que calculó el nivel de infracción de las Pautas de los acusados en un nivel 54, once niveles por encima de la cadena perpetua obligatoria en la cuadrícula de sentencias de las Pautas.

__ Enfrentado con un cálculo tan escandaloso de las Directrices por parte del Gobierno, Campo Flores y Flores de Freitas no tenían otra opción realista que ir a juicio. En consecuencia, en la determinación de la sentencia de la Corte, Flores no debería sufrir ninguna sanción por no aceptar la responsabilidad al declararse culpable, de conformidad con los EE.UU. U.S.G. § 3E1.1.

Historia personal del acusado: Pobreza y traumas

En el documento se expresa al juez Crotty una historia personal del acusado, caracterizada por una infancia traumática y otras experiencias de vida difíciles. 

_ La madre de Flores de Freitas murió cuando él tenía ocho años y luego sufrió duros abusos físicos y emocionales por parte de su padre alcohólico, quien a menudo arrojó a Flores y a su hermana fuera de su casa. A pesar de estos desafíos, Flores perseveró y trabajó para superar este trauma infantil. Obtuvo un empleo a una edad muy temprana para ayudar a mantener a su familia, se mantuvo alejado de problemas con la excepción de los últimos meses antes de su arresto en este caso, y se convirtió en el padre que su progenitor nunca fue. Incluso durante su encarcelamiento en Nueva York ha trabajado para aprender y mejorarse, y ha sido un recluso modelo. Él no ha renunciado a llevar una vida productiva, y todavía está mirando hacia el futuro.

Más adelante señala que la pérdida de su madre afectó profundamente a Flores de Freitas durante su juventud y lo largo de su vida.

Después de la muerte de su madre, Flores y su hermana carecían de un hogar estable y amoroso. Vivían intermitentemente con su padre, su abuela materna y su tío. El bienestar mental, físico y económico de los hermanos dependía de los caprichos de su padre, quien sometió a Flores y a su hermana a abusos graves. 

__ Su padre -dice el memorando- tenía un temperamento violento que hacía que castigara a Flores echándolo a patadas de la casa junto a su hermana, dejándolos a merced y amabilidad de sus parientes, hasta que decidió llevarlos a casa de nuevo. Como resultado, Flores y su hermana tuvieron una infancia muy inestable y carecían de un hogar seguro y confiable, y debido al alcoholismo de su padre lo llevó a golpear y abusar verbalmente de ambos. 

Dice que los niños generalmente recurrían a su abuela materna cuando su padre los echaba. No fue hasta los 12 años, cuando Flores vivió temporalmente con su tío durante tres meses, y fue la primera vez que vio lo que era ser parte de una familia nuclear amorosa. 

El memorando dice que Flores enfrentó dificultades financieras significativas, ya que la abuela materna de  Flores era pobre y tuvo problemas para comprar comida razón por la cual Flores y su hermana, y pasaban hambre. 

Las difíciles condiciones de su infancia y juventud hicieron que a Flores de Freitas le resultara difícil continuar su educación, por lo que abandonó la escuela antes de terminar la escuela secundaria. 

Los abogados señalan que cuando Flores tenía 18 años, su padre lo golpeó y lo echó de la casa por última vez después de comprar un auto nuevo. Sin otro lugar a donde ir, el acusado durmió en el automóvil hasta que un amigo le dio un lugar temporal para vivir., y luego un amigo de la familia se enteró de lo sucedido, ofreció venderle una casa a Flores, la cual compró y a donde se mudó con su novia de entonces.

El abogado asegura que a pesar de su infancia dolorosa e inestable, la naturaleza gentil y responsable de Flores de Freitas brilló a lo largo de su vida, trabajó, dio parte de sus ganancias a su abuela para ayudar a mantener a la familia. 

Cartas de la familia

En su carta a la corte para pedir indulgencia, la hermana de Flores de Freitas,  Yaxelli Tahina Flores de Freitas, explica que el acusado comenzó a trabajar a los 12 años, sirviendo como asistente en un camión, para ayudar a su padre a cubrir sus gastos de manutención. 

A los 17 años, comenzó a trabajar como mensajero de una tienda de teléfonos celulares en Caracas. Ocupó muchos otros trabajos en el camino y luego Flores estableció un taller de reparación de equipos celulares, que trabaja siete días a la semana.

En la tienda de teléfonos celulares, tenía a tres trabajadores bajo su supervisión y pagaba el alquiler de la tienda y mantenía "satisfechos a los clientes con un servicio rápido y confiable". 

Desde 2012 hasta el momento de su arresto, Flores de Freitas trabajó como vendedor de autos y era dueño de un compañía de distribución de alimentos con su amigo y compañero de cuarto. El trabajo duro y persistente de Flores muestra su determinación de mantener a su familia.

Flores de Freitas no era cercano a Cilia Flores

El abogado de Flores de Freitas asegura que aunque la
la tía del acusado Cilia Flores, la hermana de su padre, era abogada de derechos civiles y una figura política prominente en Venezuela, ni Flores ni su hermana eran cercanos a Cilia Flores y nunca recibieron asistencia financiera o beneficios de ella. 

La ex novia de Flores es su amiga

La exnovia de Flores, Jessika M. Contreras vivió con él desde 2003 hasta que su relación terminó, de manera amistosa, en 2010.  Ambos tienen un hijo de 9 años. En su carta a la Corte, la mujer afirma que Flores fue una pareja amorosa y solidaria, que la ayudó a pagar su educación superior. 

En la carta la mujer dice que Flores ha exhibido el tipo de comportamiento parental ideal del que carecía su padre. El "objetivo principal de su vida es formar una gran familia, casarse y envejecer rodeado de las personas que más ama".

En agosto de 2015, por ejemplo, Flores y su hijo viajaron a los Estados Unidos con una visa de turista y visitaron los Estudios Universal en Orlando. Como explica la madre de su hijo. El nunca se ha separado de su hijo, a pesar de que él y yo nos separamos como pareja. Él siempre ha estado allí para nuestro hijo, brindándole todo el apoyo, amor, afecto, valores y educación que pudo ".

Según todas las cartas de los familiares y amigos que piden indulgencia a la corte, Flores ha sido un padre ejemplar para su hijo. Antes del arresto fue responsable financieramente y era un padre cálido y amoroso. 


El hijo de Flores de Freitas expresa que su padre le ha enseñado los valores del respeto, la paciencia y la responsabilidad.  Siempre compartió con él los fines de semana, lo recogía en la escuela todas las tardes, alentó a su hijo a enfrentar situaciones difíciles y brindó a su hijo la atención y el amor que cada niño debería recibir de su padre. 

Entre otras cartas, están la de la abuela de Flores que asegura que el acusado la ayudó a pagar el costo de las medicinas de su madre para controlar la artritis, y las de su hermano que sufre de epilepsia. Asimismo, dice que Flores solía llevar regalos de navidad a los niños pobres de Caracas.

La defensa resalta que Flores no tiene una conducta violenta ni récords criminales en su país ni a nivel internacional, por lo cual sería injusto que el acusado reciba una condena severa ya que es un hombre cariñoso, respetuoso que le gusta ayudar a sus semejantes.

Asegura el abogado que una sentencia larga va a fracturar la relación de Flores de Freitas con su hijo, y particularmente por el hecho que será difícil que el convicto pueda ver a su hijo y su familia durante los años de prisión porque ellos viven en Venezuela, con muchas limitaciones económicas para viajar a los Estados Unidos.

La defensa asegura que Flores de Freitas se ha comprometido a rehabilitarse y convertirse en un miembro productivo de la sociedad y continuar siendo un padre responsable, amoroso que es actualmente. 

Afirman que Flores de Freitas se mantiene en contacto con su hijo tanto como puede. "A menudo dibuja elaborados (y bastante buenos) dibujos a lápiz y tinta para su hijo como una medida de cuánto lo ama y lo extraña". 

Igualmente señalan que Flores asiste muy a menudo a la iglesia y actualmente está estudiando inglés. 

Reiteran que Flores de Freitas ha sido un preso modelo, y su servicio ejemplar es aún más impresionante dados a los varios desafíos que ha enfrentado durante su tiempo en detención preventiva, que incluyen: 

1) Su confinamiento -sin justificación- en la Unidad de Vivienda Especial ("SHU") varias semanas antes del juicio, durante el cual se le negó el acceso a las necesidades básicas higiénicas como jabón y pasta de dientes; y 

2) El hecho de que se denegó el acceso al cuidado dental, lo que causó que se desprendiera un molar en el lado derecho de la mandíbula. 

En el memorando los abogados destacan que "La historia de bondad y compasión de Flores de Freitas deja en claro quién será en el futuro, y que esta experiencia lo ha convertido en un mejor tomador de decisiones, capaz de ejercer su buen juicio en tiempos de necesidad. Hay un futuro positivo por delante para Flores de Freitas".

Concluyen señalando que esta es la primera ofensa del demandado y que no involucró violencia y que él ha entendido la seriedad de su delito, y que Flores de Freitas ha manifestado que es capaz de rehabilitarse.