domingo, 19 de febrero de 2017

La corrupción de Odebrecht que el gobierno de Ecuador pretende dejar en el olvido

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos demostró que la acción corrupta de Odebrecht dejó una marca en Ecuador equivalente a 33,5 millones de dólares repartidos en sobornos a funcionarios gubernamentales a cambio de la aprobación de contratos entre 2006 y 2016. Pero pese a las evidencias, la administración de Rafael Correa se empeña en obviar tales hechos premiando a la constructora con el retorno al país y la adjudicación de más contratos que dejaron en el olvido acusaciones de corrupción y demandas por más de 250 millones de dólares por sólo 20 millones de dólares que la multinacional brasileña pagó como compensación por pérdidas y que nadie sabe dónde están.
A su paso por las 27 naciones en las que tiene presencia, la constructora brasileña Odebrecht ha dejado huella por las obras que ha construido, y más recientemente por los escándalos que ha generado. Ecuador está en la lista de doce países señalados en un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos que destapó lo que se considera una "conspiración para violar" las leyes contra sobornos, específicamente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA por sus siglas en inglés.

El informe del organismo de gobierno norteamericano establece que “durante o entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto a sus cómplices, consciente y deliberadamente conspiró y acordó con otros, proveer corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otros objetos de valor a y para el beneficio de funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para asegurar una indebida ventaja e influenciar a esos funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros a fin de obtener y retener negocios en varios países alrededor del mundo”.

Tanto Odebrecht como su empresa relacionada Braskem, se declararon culpables el pasado 21 de diciembre de 2016 ante la justicia de Estados Unidos y acordaron cancelar 3.500 millones de dólares en multas tanto a las autoridades norteamericanas como a las de Brasil y Suiza—que colaboraron en la investigación— por el pago de sobornos a funcionarios públicos gubernamentales y políticos de Brasil, Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. 

En el caso específico de Ecuador, Rafael Correa reaccionó airadamente en defensa de su gestión y de quienes estarían involucrados. Pero no solamente la gestión de Correa se encuentra cuestionada por su relación taimada con la constructora brasileña. Otras seis administraciones también lo están: las encabezadas por León Febres-Cordero, Sixto Durán-Ballén, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Alfredo Palacio. De los últimos diez gobiernos solo quedan exentos los de Rodrigo Borja, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez.

Las operaciones y contrataciones de Odebrecht en Ecuador suman $2.957.037.892,33, y los sobornos otorgados totalizan 33,5 millones de dólares, según el reporte del Departamento de Justicia. Estas coimas formaban parte de un sistema con carácter orgánico y corporativo y eran canceladas a través de una “caja B” con registro documental contable, todo perfectamente organizado y canalizado por la División de Operaciones Estructuradas, una dependencia creada en 2006 por la empresa, que a la luz de las averiguaciones, no vino a ser más que un vulgar departamento de sobornos. Pero el esquema corrupto existía desde antes —años 80— con el nombre de “Sector de relaciones estratégicas”. El reporte de la entidad gubernamental norteamericana indica que los 33,5 millones de dólares pagados en coimas entre 2007 y 2016, le generaron beneficios a la constructora por 116 millones de dólares.

Y aunque no hay nombres propios que se hayan dado a conocer, sí existe un conjunto de sobrenombres y seudónimos adjudicados de acuerdo a las características físicas, personalidad o perfil profesional de los 18 personajes —por ahora— involucrados. El diario Expreso, de Ecuador, refiere que en sus averiguaciones —aún en curso—hechas sobre más de cien páginas escritas a mano, figura el financiamiento de una campaña electoral sin que hasta el momento se haya podido determinar de quién. Por los momentos, solo se conoce que en las operaciones fraudulentas figuran personajes como “Secreto 1”, “Secreto 2”, “Grosso”, “Matraca”, “Banco”, “Nipón”, “Luzes”, “Chanceller”, entre otros.

Un secreto largamente guardado

Se supone que los registros debían ser regularmente destruidos para no dejar rastros de los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios corruptos de diferentes países. Eso fue lo que creyeron los directivos del consorcio brasileño.
Pero no fue así.
Una mujer, para entonces de 20 años, quien trabajó desde 1987 como secretaria del referido departamento de sobornos de Odebrecht, fue despedida en 1992 y, desde entonces, olvidada. Su nombre es Concepción Andrade y reapareció en los escenarios brasileños al momento de estallar el escándalo. Andrade desempolvó las amarillentas hojas mecanografiadas que se llevó a su casa al momento de su despido y que contenían los registros que había levantado sobre pagos irregulares y los entregó a la justicia y a la Comisión del Congreso que investiga el caso Lava Jato.

La mujer conversó con el diario Expreso y afirmó que “los que constan en el listado recibían sobornos de Odebrecht” que en el expediente que maneja la justicia de Brasil aparece registrado como “Relación de socios”. Dijo además que los pagos “eran del 2 al 5% del valor de la obra” y no pueden ni deben confundirse con donaciones legales.

Los documentos que analiza el diario revelan el procedimiento seguido por la unidad de sobornos de Odebrecht para pagar las coimas a sus “socios” ecuatorianos. Recurrían a dos mecanismos. El primero de ellos, a través de vales de caja en los que se reflejaban transferencias a Guayaquil y Miami descritos como “gastos de representación”. 

La segunda vía quedó registrada en hojas separadas rellenas a mano, con descripciones como: “Equador, 800.000. Manutenção”.

Las declaraciones de Concepción Andrade refieren que “la compañía en Ecuador recibía el depósito y lo pagaba en efectivo a los implicados. Ellos exigían el pago en dólares y definían la hora y el lugar para cobrarlo”.

Los contratos en Ecuador

Como referimos al principio, siete de los diez últimos gobiernos ecuatorianos firmaron contratos con Odebrecht, por un total de $2.957.037.892,33, que estarían discriminados de la siguiente manera: La administración de León Febres Cordero, en 1987, lo hizo por $176.600.000; la de Sixto Durán, entre 1992 y 1996, firmó en dos ocasiones por $160.900.000 y por $80.586.701; Fabián Alarcón, en 1997, contrató por $126.700.000; Jamil Mahuad, en 1998, firmó contratos por $143.014.888; Gustavo Novoa, entre 2000 y 2002, ejecutó obras con la contratista brasileña y firmó en dos ocasiones, una por $286.851.129 y por $97.651674.87; Alfredo Palacio, en 2006, suscribió tres contratos por $102.674.986,69, por $157.058.512,77, y por $25.000.000; mientras que el actual gobierno de Rafael Correa, entre 2007 y 2016, ha firmado contratos con Odebrecht por $1.600.000.000.

Odebrecht opera en Ecuador desde el 21 de agosto de 1987 cuando se encargó de la construcción del Trasvase Santa Elena, en la provincia de Guayas, un contrato suscrito con el gobierno de León Febres Cordero por $176.600.000.

Además, la empresa brasileña ha sido responsable de la construcción de importantes obras de infraestructura como la central hidroeléctrica San Francisco, la central hidroeléctrica Manduriacu, la preparación del área donde ha de construirse la Refinería del Pacífico, la Ruta Viva en la capital de la república, el trasvase Daule-Vinces, el acueducto La Esperanza, el poliducto Pascuales-Cuenca y la primera y segunda etapa del Metro de Quito.

Odebrecht también ganó el contrato para la ampliación del puerto de aguas profundas de Manta, pero esta obra fue cancelada por el gobierno de Correa en razón de decidirse el redimensionamiento del proyecto.

Como ya se dijo, el informe del Departamento de Justicia de EEUU da cuenta de que los sobornos registrados en Ecuador tuvieron lugar entre el año 2007 y 2016, tiempo durante el cual el único mandatario que ha ejercido el poder en la nación suramericana es Rafael Correa.

La reacción del gobierno de Correa

Ante los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos la respuesta del gobierno de Rafael Correa no se hizo esperar y a través de un comunicado emitido por la Secretaría Nacional de Comunicación se dirigió a la ciudadanía para negar los hechos denunciados.

Ese documento refirió que el 23 de septiembre de 2008 el presidente Correa emitió el decreto ejecutivo 1348 por medio del cual expulsó del país a la constructora Odebrecht luego de haberse detectado una serie de “deficiencias técnicas en la central hidroeléctrica San Francisco —proyecto contratado en el año 2000 en el gobierno de Gustavo Noboa e inaugurado en el 2007 (…)[y] ordenó el arraigo de sus más altos funcionarios en Ecuador y, rescindió todos sus contratos: Toachi Pilatón, Multipropósito Baba y Carrizal Chone. Además, la constructora debió ceder su participación en el Consorcio Tena, como contratista del nuevo aeropuerto de Tena”.

Agrega el comunicado que la Odebrecht volvió a operar en Ecuador en 2010, luego de que “aceptara todas las condiciones exigidas por el Gobierno Nacional. Debió reparar integralmente la central San Francisco por un monto estimado en 55,7 millones de dólares, así como pagar 20 millones de dólares por los costos ocasionados por la paralización de la central”.

Sostiene que los contratos ganados a partir de esa fecha se hicieron a través de concursos abiertos que le permitieron a la constructora brasileña adjudicarse el trasvase Daule-Vinces, por 299,36 millones de dólares; la central hidroeléctrica de Manduriacu, por 199,9 millones de dólares; la preparación de terreno para la Refinería del Pacífico por 303 millones de dólares; el acueducto La Esperanza por 296,01 millones de dólares; y el poliducto Pascuales-Cuenca, por 547 millones de dólares. Es decir, 1.329,46 millones de dólares, un monto nada despreciable para una compañía tenida por incumplida al extremo de expulsarla del país.

La administración de Correa subrayó como hecho curioso que habiendo estado presente Odebrecht en Ecuador desde los años 80, el informe del Departamento de Justicia sólo analiza el período 2007-2016 y obvia al resto de los gobiernos, por lo que calificó de sesgada y tendenciosa la investigación.
Igualmente, en el comunicado el gobierno cuestionó el hecho de que se acuse a funcionarios ecuatorianos en 2007 y 2008 cuando precisamente Odebrecht fue expulsada del país. 

El gobierno de Correa advirtió que “tampoco aceptaremos, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que para atenuarlos, literalmente ‘negocia’ su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas de por medio. Esperamos que este no sea el caso, pero no nos sorprendería tampoco que el Departamento de Justicia subordine su administración, una vez más, a los intereses de la política exterior de Washington”.

Voces en contra y contraataques 

Varias han sido las voces que se han levantado para criticar la actitud de Rafael Correa frente a la constructora Odebrecht y la denuncia que la señala de haber pagado 33,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales.

Una de estas voces es la de Andrés Pérez Benalcázar, compañero de fórmula —aspira a la vicepresidencia— de Guillermo Lasso quien competirá con Correa en las elecciones presidenciales pautadas para este 2017.
Sostiene Pérez que de no haber una aclaratoria por parte del gobierno, viajará a EEUU en busca de información sobre el caso. Durante una entrevista televisiva a Ecuavisa, manifestó que lo que la administración de Correa “debería hacer es simplemente acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos y pedir que la lista (de presuntos involucrados) se publique”.

De persistir el silencio gubernamental Andrés Pérez refirió en la citada entrevista que "acudiré ante el juez de la corte de Nueva York para presentarme como tercero interesado y para exigirle, a través de la normativa vigente en los Estados Unidos, que se revele esa lista porque el Ecuador exige conocer quiénes son los autores de este nuevo atraco al Estado ecuatoriano".

Otro que anunció viaje a Estados Unidos es el alcalde Quito, Mauricio Rodas, quien en su cuenta en la red social Twitter dijo: “Viajaré inmediatamente a Washington, para manifestar el interés de @MunicipioQuito y los quiteños para q Dpto.Justicia revele información”.

Y es que el gobierno de Rafael Correa al eximirse de culpas en el caso, subrayó con sumo énfasis en su comunicado oficial que “el único contrato que tiene Odebrecht vigente en Ecuador es con el municipio de Quito, mediante el Consorcio Acciona-Odebrecht, para la construcción de la fase 2 del Metro de Quito, por un monto de 1.538 millones de dólares, suma que, por sí sola, prácticamente equivale a todos los contratos mantenidos con el Gobierno Nacional”.

El 6 de enero del presente año 2017, la Fiscalía General del Ecuador allanó la residencia del asesor principal de Mauricio Rodas, Mauro Terán Vásconez y procedió a detenerlo. 

La aprehensión de Terán, según una nota de prensa de la Secretaría de Comunicación, obedece a que “este ‘asesor’, sin sueldo ni cargo aparente, no registra entre 2010 y 2016 ninguna actividad económica reportada a la autoridad tributaria, ni declara impuesto a la renta a pesar de haber tenido ingresos entre 2014 y 2016 por más de cinco millones y medio de dólares”.

El comunicado de prensa señala que los ingresos más fuertes de Mauro Terán los percibió en 2015, fecha que “coincide con el año en el que se adjudicó y firmó el contrato para la segunda fase de construcción del Metro de Quito cerrado con el consorcio Acciona-Odebrecht”. 

Los ingresos de Mauro Terán reportados por la banca estadounidense son, según el reporte gubernamental: en 2010, 52.882 dólares; en 2011, 317.697 dólares;  en 2012, 269.401 dólares; en 2013, 319.770 dólares; en 2014, 2.624.729 dólares; en 2015, 2.352.876 dólares; en 2016, 497.760 dólares.

Y mientras el alcalde Quito, Mauricio Rodas, defiende la integridad de Terán a quien describe como un gran colaborador que no es empleado municipal y cataloga de “maliciosa” e “inaceptable” la estrategia del gobierno nacional de pretender vincular una investigación tributaria y particular con el contrato del Metro de Quito por un mero objetivo electoral, el presidente Rafael Correa sugirió en declaraciones a El Expreso que "en vez de viajar a Washington a hablar con quien quiera, debería explicar o decirle a su amigo por qué tiene 6 millones de dólares depositados entre 2014 y 2015, cuando llega la nueva administración municipal y coincidente con los contratos del Metro de Quito”.

Correa ahora defiende a Odebrecht

Por contradictorio que parezca, la misma administración de gobierno que en 2008 decidió expulsar a Odebrecht por incumplimiento, ahora la defiende a capa y espada.

El diario La República da cuenta de afirmaciones de Correa defendiendo el contrato de la constructora brasileña para la obra de la represa central hidroeléctrica Manduriacu, en las que advierte que los contratos complementarios con Odebrecht “no son sobreprecios”, al tiempo que refiere que dichos contratos han sido auditados al cien por ciento. 

Correa inauguró en marzo de 2015 la central hidroeléctrica Manduriacu y para esa misma fecha la Comisión Nacional Anticorrupción denunció que el contrato original de la obra, estipulado en 124.881.250 dólares en un principio, sufrió un incremento a 227.389.966,63 dólares, acusando un sobreprecio de 82%.

Asimismo, la Secretaría de Comunicación en otro parte de prensa sostiene que la empresa  cumplió con todos los requerimientos para volver a Ecuador: “Los errores de la constructora brasileña Odebrecht fueron enmendados oportunamente para cumplir con todos los requerimientos que exige el Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP) y acceder como contratista en la Refinería del Pacífico”.

La pregunta obligada ante esta nueva posición del gobierno de Rafael Correa apunta a saber dónde quedaron y por qué el giro a aquellas afirmaciones que en su momento hiciera sobre Odebrecht ante las graves fallas detectadas en la central hidroeléctrica San Francisco y que en el portal Plan V. Los periodistas Fernando Villavicencio y Christian Zurita se encargan de refrescar: “Mientras más escarbo más pus encuentro. Estos señores han sido corruptos y corruptores, han tenido comprado a funcionarios del Estado", dijo tajante el presidente ecuatoriano en 2008 cuando aseguró que conocía perfectamente la magnitud de los manejos dolosos y los nombres de los corruptos.

Al parecer, Correa decidió guardar en un cofre inexpugnable tales secretos, advierten los comunicadores cuando recuerdan la promesa del presidente: “No descansaré hasta darle a conocer al mundo lo que han hecho en este país". Al parecer se cansó. 

La mano de Lula

Según refieren Villavicencio y Zurita, fue la intervención del expresidente brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva, la que logró suspender todas las acciones judiciales emprendidas por Correa contra Odebrecht, no solamente en Ecuador sino también fuera de ese país, las cuales sumaban en conjunto 250 millones de dólares. 

La firma del Convenio de Transacción el 8 de julio de 2010, entre Hidropastaza y Norberto Odebrecht, —acuerdo hecho sin la autorización del Procurador del Estado— sirvió para borrar de la memoria de Correa todas las acusaciones de corrupción contra la constructora. Eso, y el pago de 20 millones dólares por concepto de pérdidas que echaron por tierra las glosas establecidas por la Contraloría por 70 millones de dólares.

La amnesia que el acuerdo causó en Rafael Correa dejó también en el olvido una auditoría de la firma Electroconsul que aseguró que las pérdidas ocasionadas por la paralización de los trabajos en la represa San Francisco lanzaban la cifra de 83 millones de dólares. Incluso, la propia Odebrecht había ofrecido pagar por ello 43 millones de dólares. Pero el gobierno de Correa se conformó solamente con 20 millones de dólares, un dinero del que se desconoce el destino.

Otro round: Ros-Lehtinen versus Correa

En esta odisea de peleas, otro capítulo lo constituye el choque entre la representante republicana estadounidense, Ileana Ros-Lehtinen, y el presidente Correa.

La congresista norteamericana solicitó el 5 de enero de 2017 a la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, revelar los nombres de los funcionarios gubernamentales ecuatorianos que recibieron sobornos de Odebrecht entre 2006 y 2016.  

“Estoy requiriendo que usted revele los nombres de los funcionarios públicos ecuatorianos referidos en el acuerdo de culpabilidad con ejecutivos de Odebrecht y de otros individuos involucrados en corrupción en Ecuador”, reza la carta de la legisladora al momento de argumentar su solicitud con la advertencia de que en Ecuador no hay garantías judiciales para que los nombres salgan a la luz.

“La presión política de Correa, además de la corrupción y la falta de independencia judicial bajo su Gobierno, hace altamente improbable que los fiscales ecuatorianos revelen los nombres de los funcionarios implicados en el caso Odebrecht o los lleven a juicio”, asegura Ros-Lehtinen a la fiscal Lynch en la misiva.

Rafael Correa contestó a la legisladora estadounidense en su programa televisivo del 7 de enero de 2007, haciendo referencia, en primer lugar, a que la solicitud de la congresista la formula a título personal, para luego advertir que los funcionarios involucrados no formarían parte de su gobierno sino de otras instancias del poder en clara alusión a la alcaldía de Quito: “pronto sabrá el país lo que verdaderamente está pasando”.

Correa quiso desviar la atención del caso Odebrecht a la vieja disputa que mantiene con los hermanos William y Roberto Isaías, acusados y sentenciados en Ecuador por fraude bancario y que en la actualidad residen en Miami. El mandatario acusa a los hermanos Isaías de orquestar una campaña para politizar el caso Odebrecht con el único objetivo, supuestamente, de afectar a su gobierno. 

Los CapayaLeaks

Otro que se pronunció respecto al caso Odebrecht desde Estados Unidos a donde huyó, fue el exgerente general de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli. El exfuncionario gubernamental ha remecido los cimientos de la administración de Correa con las revelaciones que ha hecho a varios periodistas y que ahora se conocen como CapayaLeaks. También a través de cuenta @capayaleaksecu en la red social Twitter, ha lanzado una serie de mensajes de alto contenido explosivo, pues dan a conocer los manejos irregulares en la administración de la estatal Petroecuador y, en general, sobre el gobierno de Rafael Correa.

Entre los comunicadores con los que conversó Pareja Yannuzzelli está Tania Tinoco de Ecuavisa, a quien expuso que determinar quiénes fueron los funcionarios del gobierno que recibieron comisiones por parte de la constructora brasileña Odebrecht es sumamente sencillo.

Advierte que no es necesario esperar a que Brasil informe quiénes son, pues basta con echar un vistazo a los contratos que el consorcio firmó en Ecuador.

En tal sentido, Pareja Yannuzzelli precisó que “llegar a saber los nombres de Odebrecht (…) llegar a esos nombres es más fácil que la tabla del uno. En Petroecuador en este gobierno Odebrecht firmó alrededor de 600 millones de dólares, es facilito, ¿quién firmó los contratos de Odebrecht en Petroecuador? ¿Quién era el gerente refinería del Pacífico en ese momento que firmó un contrato de casi 300 millones por el movimiento de tierra? ¿Quiénes fueron los miembros del directorio que aprobaron los contratos? ¿Quién fue el fiscalizador, el administrador del contrato y las comisiones que llegaron al precio?” .

Gobierno de Ecuador en mora

Pese a que Odebrecht ha acordado con las autoridades de seis países la devolución de los montos de los sobornos y algunas compensaciones, en Ecuador no se tiene información al respecto ni hay detenidos por estas graves denuncias. 

Se sabe que República Dominicana, Brasil, Estados Unidos, Suiza, Colombia y Perú han llegado a acuerdos con la constructora brasileña. Sin embargo la Procuraduría General del Estado continúa en silencio en lo que a Ecuador respecta, y pese a los esfuerzos por obtener un pronunciamiento, el organismo se mantiene inmutable, de acuerdo al diario El Comercio.

En la opinión del jurista, Ramiro Román, consultado por El Comercio, las autoridades ecuatorianas han debido activarse en este sentido y emitir una queja internacional para gestionar el pago a Ecuador por parte de Odebrecht. “Para mí, de fondo, existe algo. ¿A quién protege? ¿Qué intereses hay? No existe otra conclusión frente a esto”.

La Fiscalía recientemente solicitó información a la Procuraduría sobre los contratos que la empresa brasileña firmó en Ecuador y el Servicio de Rentas Internas, SRI, reconoció que Odebrecht pudo haberse valido de empresas fantasmas o instrumentales para ocultar ingresos ilícitos. Y aunque el gobierno de Correa ha rechazado la versión “sin pruebas ni beneficio de inventario” ofrecida por los directivos de la constructora Estados Unidos, la Corte de Justicia de Brasil avaló los testimonios entregados por los ex-ejecutivos de la firma. Entretanto, en Ecuador se mantiene el mutismo y hasta el momento no hay detenidos ni indagados. 

La fiscalía emitió el 31 de enero pasado un escueto comunicado en el que dicen que Ecuador ha solicitado “asistencias penales” a Estados Unidos, Brasil Suiza y España, al tiempo que han pedido información a la Contraloría, Procuraduría, SRI, Servicio Nacional de Contratación Pública y a las Superintendencias de Bancos y Compañías. 

El fiscal general, Galo Chiriboga, se excusó recientemente de dar detalles de la investigación bajo el argumento de que es un caso reservado y que “no se trata de encubrir a nadie, sino de no entorpecer el proceso”. 

Chiriboga viajó a EEUU donde se reunió con autoridades del Departamento de Justicia de ese país con la intención de acceder a los nombres de quienes habrían recibido los supuestos sobornos. En el encuentro participaron Bruce Swartz, fiscal general adjunto de Estados Unidos y otros 12 funcionarios de diversas unidades de investigación del caso en Washington y Nueva York, así como una representación del FBI. En la cita Swartz le precisó a Chiriboga que la información es reservada y que no se puede hacer pública. Esta es la razón por la cual en otros países se han impulsado averiguaciones independientes . 

Gobierno ecuatoriano contrata estudio jurídico en Brasil

Por su parte, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, informó que el gobierno contrató los servicios de un escritorio jurídico en Brasil con el objeto de que represente los interese ecuatorianos en la investigación que en la nación carioca se sigue sobre el caso Odebrecht.

El alto funcionario se trasladó a finales de enero a Brasil para obtener información sobre el proceso judicial "Lava jato".  

Especialistas cuestionan esta contratación por cuanto estiman que Gobierno no puede realizar una investigación particular sobre un caso judicializado en Ecuador, pero Mera justificó la acción asegurando que el estudio jurídico “Tozzini Freire Abogados” defenderá los intereses ecuatorianos en el caso.

Alexis Mera se abstuvo de informar sobre los detalles del contrato suscrito con los abogados brasileños alegando que se trata de información reservada.

Cooperación española en el caso

Por el caso la fiscalía ecuatoriana también diligenció la cooperación de sus pares en España a objeto de que le tomen declaración a un implicado en el caso que se encuentra detenido en la nación ibérica.

España aceptó el pedido e interrogará a Rodrigo Tecla Durán, abogado de la constructora Odebrecht que está detenido en el país europeo por el delito de lavado de dinero, soborno a funcionarios y por ser integrante de una organización criminal.

Tecla Durán está detenido en España por pedido de Brasil, nación que lo acusa de ser el presunto responsable del pago de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos.

El fiscal ecuatoriano del caso, Wilson Toainga, informó que remitieron un cuestionario de 20 preguntas como Asistencia Penal Internacional.

Toainga aseguró que las investigaciones están en curso, negando así la versión de estancamiento de las averiguaciones en Ecuador.

Entretanto, la cadena de descalificaciones continúa, la incertidumbre y las dudas sobre este caso se van desdibujando en la memoria de los ecuatorianos que parecen bailar al son de la melodía que desde el gobierno central se interpreta para alejar la atención de las corruptelas que día tras día explotan una tras otra.

1 comentario:

  1. Como todos los gobiernos corruptos, el de Ecuador reacciona de entrada negando los hechos y señalando culpables externos, sin medir la consecuencia inevitable de esa clase de actitudes que es la de hacer pensar que la acusación es cierta y que se encubre a alguien importante. De eso en Venezuela tenemos un doctorado, lamentablemente!

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