miércoles, 20 de diciembre de 2017

Piden levantar el sello que mantiene secreto el acuerdo suscrito entre Crystallex y el gobierno venezolano

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El medio digital International Herald Tribune pidió a la Corte del Distrito de Delaware hacer públicos los términos del acuerdo al que llegaron Crystallex Corporation y el gobierno venezolano y que habrían puesto fin a una batalla legal que durante años mantienen las partes por deudas derivadas de la expropiación de los activos de la transnacional canadiense en Venezuela por parte del fallecido expresidente Hugo Chávez. El monto de la deuda es de US $1.2 millones más intereses. 



A través de una  misiva el mencionado medio solicitó al Juez Leonard P. Stark, quien lleva el caso de Crystallex vs. PDVSA, que eliminara el secreto sumarial que se impuso sobre el acuerdo entre la transnacional canadiense y el gobierno de Venezuela por ser contrario al interés público. El magistrado de la Corte del Distrito de Delaware ordenó a las partes que se explicara el acuerdo y, en respuesta, los abogados de Crystallex informaron que dicho acuerdo no pueden hacerse público por exigencia del gobierno de Venezuela.

Tras la explicación de los abogados de Crystallex de negarse a mantener el secreto del acuerdo, han surgido opiniones que señalan que necesariamente debe haber algo turbio en la negociación.

Los tribunales de los EE. UU. por lo general aprueban el secreto sumarial a priori bajo la presunción de que no existe daño si no hay oposición. Sin embargo, a un arreglo comercial no le es otorgado el carácter de secreto sumarial de no ser para proteger secretos industriales/científicos siempre y cuando no pongan en riesgo la vida humana y el ambiente. Por esto, el Juez Stark ordenó la publicación del acuerdo, sin embargo, el hecho de que Venezuela se oponga a su publicación presume razones ulteriores de tipo político adverso al estado de derecho.
En la misiva enviada por International Herald Tribune —medio que ha hecho una cobertura completa de las demandas de Crystallex en los tribunales de los Estados Unidos y Canadá— se informa al juez la preocupación  por el hecho de que el 1° de diciembre, el abogado de Crystallex haya presentado un documento sellado al Tribunal de Distrito Federal de Delaware que viola las reglas locales para el sellado sin ninguna autoridad aparente para la presentación de dicho documento bajo sello y, al hacerlo, ha violado el derecho de acceso del público a la información.

La petición firmada por el editor Russ Dallen dice que la Regla Local 5.1.3 requiere que "Los documentos [que] estén bajo sello deben archivarse de acuerdo con los procedimientos de CM/ECF, a menos que la corte ordene lo contrario".

Argumenta que el sellado del informe de estado conjunto de Crystallex archivado bajo el número (Dkt # 40) viola dos de los procedimientos del Distrito de Delaware en el sentido de que la regla establece que para la presentación de documentos civiles sellados en CM/ECF se requiere lo siguiente:

1. "La autoridad para presentar un documento sellado debe ser proporcionada por una orden de protección u otra orden de la Corte".

2. "Una versión redactada de este documento sellado debe ser archivada electrónicamente en 7 días".

La carta dice que el documento sellado fue entregado el 1° de diciembre y a partir del 11 de diciembre (11 días después), no se ha presentado ninguna versión redactada, tal como lo establece la ley. Lo más  importante —acotan— no se sabe de ninguna orden de la corte u orden de protección que permita la presentación de documentos sellados en este caso.

Se establece, sin lugar a dudas, en este Circuito que el público tiene derecho, tanto bajo el derecho consuetudinario como la Primera Enmienda de la constitución, para observar los procedimientos judiciales y revisar los registros judiciales en casos civiles.

Los solicitantes pidieron que el documento #40 del expediente de Crystallex sea abierto al público, ya que el dicho acuerdo no cuenta con una orden de protección u otra orden del Tribunal para mantener el documento bajo sello que ha sido puesto en secreto de manera incorrecta.

La solicitud destaca además que los casos de Crystallex tienen consecuencias para el público de los EE. UU., Canadá y Venezuela, así como para accionistas de la bolsa de valores de Estados Unidos.
Asimismo se asegura que el caso también tiene relevancia en razón a las sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos que prohíben las negociaciones comerciales con la mayoría de los funcionarios venezolanos y bloqueando cualquier nuevo acuerdo de deuda con Venezuela y PDVSA.

La solicitud dice que el acuerdo de Crystallex con el gobierno de Venezuela puede haber chocado con las sanciones y el contenido del mismo podría revelarlo al darse a conocer los términos suscritos en el citado acuerdo de estado conjunto entre las dos partes que ahora permanece sellado.

Dice el medio de comunicación que en su política actual de "pos-verdad", los tribunales se han convertido en una de las pocas instituciones que todavía funcionan en la búsqueda imparcial de la verdad. Esperamos que se logre quitar el sello del informe de estado conjunto para seguir informando sobre este caso que requiere que sea tratado con absoluta transparencia.

El caso de Crystallex contra PDVSA responde al intento de hacer cumplir su sentencia de 1.2 mil millones de dólares contra Venezuela por la confiscación de los activos de la empresa canadiense por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez. A fines de noviembre de 2017, las partes llegaron a un acuerdo, poco antes de una audiencia celebrada el 5 de diciembre para discutir la demanda de Crystallex que busca adjuntar activos pertenecientes a PDVSA.

La audiencia fue para abordar el argumento de Crystallex de que PDVSA es la el alter ego del gobierno, y el movimiento cruzado de PDVSA para descartar. Una decisión en favor de Crystallex habría dejado que los activos de PDVSA satisfagan su juicio contra el gobierno. Como se señaló en el Financial Times, una decisión pro-Crystallex también podría haber tenido implicaciones más amplias, permitiendo potencialmente que "los titulares de los bonos soberanos venezolanos incumplidos... busquen apoderarse de los activos de PDVSA, incluyendo potencialmente los de Citgo".

Bajo sospecha

El acuerdo es un poco misterioso. Los documentos relacionados se archivaron bajo sello, tanto en el caso de bancarrota de Crystallex en Canadá como en su demanda en la Corte Federal de Delaware. El deudor en posesión de Crystallex tiene derecho a conocer cómo procede el acuerdo.

Tal como informó Bloomberg, Crystallex recibirá algo cercano al valor nominal de su juicio, pero pagado con el tiempo. Los retrasos en el pago ponen en duda cómo se le pagará a Crystallex. "El beneficio para el gobierno es igualmente cuestionable. Por ahora, el acuerdo aplaza la audiencia prevista sobre el caso.

El 29 de noviembre de 2017, el Tribunal emitió una orden ordenando a las partes que presenten una informe de estado a más tardar el viernes 1° de diciembre de 2017, proporcionando las posiciones de las partes en cuanto a impacto, si lo hubiera, del acuerdo informado públicamente entre el Demandante Crystallex International Corp. ("Crystallex") y Deudor del fallo de la República Bolivariana de Venezuela ("Venezuela") sobre el estado de los casos actualmente pendientes ante el Tribunal (Crystallex International Corporation v. República Bolivariana de Venezuela, C.A. No. 17-171-LPS, Crystallex International Corporation v. PDV Holding Inc., C.A. No. 15-1082; y Crystallex International Corporation v. PDV Holding Inc., C.A. No. 16-1007 (las "Acciones de Delaware")), y asesorar al Corte del estado de la apelación pendiente en C.A. No. 15-1082.

En fecha 15 de noviembre de 2017, Crystallex y Venezuela entraron en un acuerdo de solución condicional —el "Acuerdo de conciliación"— para abordar y resolver lo relativo al conflicto por obligaciones de Venezuela con la minera canadiense. A este acuerdo arribaron las partes en virtud de la adjudicación de aproximadamente 1 mil 200 millones de dólares más intereses, emitida contra Venezuela por un tribunal arbitral en virtud del Mecanismo Complementario del Centro Internacional para la solución de controversias internacionales del Banco Mundial.

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