Buscar este blog

lunes, 18 de febrero de 2019

Habla el piloto del caso Solid Show y un pasajero del avión presos en República Dominicana: Estamos secuestrados y hasta la fecha no hemos sido interrogados

A nuestra manos llegaron los audios en los que Edmundo José Medina Torrealba y José Manuel Houtman exponen su situación y las irregularidades de su caso Solid Show y los sucesos extraños ocurridos en 2015. 

Por Maibort Petit
@maibortpeti


El piloto de la aeronave siglas YV544T, Edmundo José Medina Torrealba, detenido en República Dominicana por hechos relacionados con el narcotráfico y supuestamente vinculado al caso conocido como Solid Show, aseguró desde la prisión en donde se encuentra en la isla antillana que él y sus compañeros se encuentran secuestrados, toda vez que hasta la fecha no han sido interrogados, el proceso judicial ha sido demorado injustificadamente, se han producido amenazas de muerte para los funcionarios de la embajada venezolana cuando intentaron interceder por ellos y, en general, han sido víctimas de los verdaderos responsables de la acción criminal, unos militares que se encuentran en libertad, mientras ellos permanecen en la cárcel desde hace cuatro años siendo completamente inocentes.
En fecha 8 de noviembre de 2018, dimos a conocer a través de la nota titulada “Familiares y abogada de detenidos acusan irregularidades en proceso judicial del caso Solid Show”, en la que se denunciaron retardo procesal, falta de pruebas y violación de los derechos humanos de los imputados, entre otras[1].

Ahora a nuestra mesa de redacción llegan los audios en los que Medina Torrealba y José Manuel Houtman exponen su situación y las irregularidades de su caso al verse motivados por la reseña dada a conocer a la opinión pública en estas páginas. “Leí el reportaje de Maibort Petit y por ahí logré ver que en Venezuela los empleados de Solid Show y los guardias nacionales están en la misma situación que nosotros”, argumenta el primero antes de dar su versión de los hechos.

El origen de esta situación

Todo ocurrió el 17 de marzo de 2015, cuando al arribo de la aeronave modelo Leader Jet 25D con siglas YV544T procedente de Venezuela al Aeropuerto Internacional de Las Américas “José Francisco Peña Gómez” en Santo Domingo, se produjo el decomiso de 450 panelas de cocaína. El avión había despegado del aeropuerto Caracas en Charallave, estado Miranda.
En República Dominicana las autoridades detuvieron a Edmundo Medina (piloto), Francisco Velásquez (copiloto), José Houtman (comerciante en Charallave), José Velásquez y Mirian Díaz (pasajeros), todos de nacionalidad venezolana.

Entretanto, en Venezuela, por el mismo hecho, el Ministerio Público imputó al teniente y al sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Richard Sánchez Espinoza y Leandro Salcedo Gutiérrez, respectivamente, señalados de estar presuntamente vinculados al tráfico de la referida droga. También Joseph Viera Betancourt, quien se desempeñaba como agente de seguridad. Todos fueron detenidos en el Aeropuerto Caracas el mismo día que incautaron la droga en RD. Igualmente fueron allanadas las instalaciones de la agencia Solid Show y se determinó la supuesta vinculación de Zoraimy Araujo de Torres (gerente de producciones, representante legal de Solid Show y hermana de Araujo), Carolina Pérez Barreto (gerente de publicidad) y Marifelx Manzanilla (gerente administrativa)” a quienes se les privó de libertad por presuntamente incurrir en legitimación de capitales.

Del mismo modo, fue acusado Juan Carlos Araujo Durán, propietario de la empresa de espectáculos Solid Show. Juan Jacinto González Contreras fue igualmente detenido. A ambos se les acusa de supuestamente haber cometido los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de financistas.

Los argumentos de Medina Torrealba

Edmundo José Medina Torrealba reitera su condición de secuestrado, toda vez que se encuentra en prisión “preventiva” desde hace cuatro años, una reclusión de larga data aun cuando no ha sido condenado.

Indica que en la República Dominicana detuvieron en la fecha de los hechos a dos militares a unos tres kilómetros del aeropuerto, de los cuales dos se encuentran en libertad bajo fianza. Subraya que uno de estos militares es familia de la primera esposa de un teniente coronel perteneciente a la policía nacional dominicana, quien supuestamente sería familia del presidente dominicano, Danilo Medina.

— Aquí la Embajada de Venezuela nos apoyó, pero tuvieron amenazas de muerte, igual que nosotros.

Agrega que el proceso judicial ha sido por demás atropellado en virtud de las múltiples demoras que ha sufrido, los reenvíos de que ha sido objeto, la recusación de jueces y hasta “infartan a un abogado”.

— Aquí yo llamé a los Derechos Humanos y recibieron una orden del Procurador General de la República [Jean A. Rodríguez] de este país y nos negaron todo tipo de ayuda, supuestamente por culpa de los narcosobrinos.

Medina Torrealba manifiesta que lo enrevesado a irregularidad de los hechos lo han convertido, a decir de todos los opinadores de oficio, en protagonista de cuanta actividad de narcotráfico se da a conocer. “En realidad a mí me han puesto a sonar y me han nombrado en todos esos casos [de narcotráfico]. En todos los casos de tráfico de drogas que salen me nombran a mí como si yo fuera ‘el señor de los cielos’”.

Medina Torrealba informa que entabló comunicación con la abogada, Érica Josefina Maraver Carpio, quien lleva la defensa ad honorem de Zoraimy Araujo de Torres, Carolina Pérez Barreto, Marifelx Manzanilla, Omerly Salcedo Gutiérrez y Pablo Silva Loyo, en Venezuela, con el fin de ponerla al tanto de su situación en la isla y poder lograr la asesoría de la profesional del derecho a quien le prometió toda su colaboración e información.

Refiere que en múltiples oportunidades ha intentado comunicarse con Juan Carlos Araujo y le ha enviado información, sin que este le haya respondido.

Estos intentos de comunicación también se han extendido al propietario de la aeronave, Antonio José Pino Hernández, quien en marzo de 2018 encargó al abogado José Luis Peguero reclamar la aeronave “porque yo supuestamente me la robé, [supuestamente] yo lo llamé a las 6 de la mañana [y le dije que] venía para República Dominicana, [específicamente le habría dicho, según él que] iba a la Romana y aterricé en [el aeropuerto de] Las Américas. Yo le tengo mensajes desde que caí preso a Antonio José Pino Hernández y él no me ha dado respuesta alguna, ni me ha dado la cara desde el principio de la situación. Yo le expliqué: ‘Antonio —mediante mensajes de What's App porque nunca me contestó las llamadas— yo le he dicho, Antonio, esta es una droga que encontraron fuera del aeropuerto a casi tres kilómetros fuera del aeropuerto’”.

Edmundo José Medina Torrealba explica que a través de la Embajada de Venezuela en República Dominicana se enteró de una de las tantas versiones que se han manejado de su caso, la cual indicaba que el día de los acontecimientos la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana (DNCD) lo esperaba desde las 6 de la mañana con una cantidad de droga indeterminada, algo que contradice la realidad, según refiere, pues su arribo al país antillano ocurrió a las 8 y media de la mañana. Recuerda que esa mañana al llegar puso combustible en dos oportunidades y así lo comprueban las facturas que posee. Luego procedió al encendido de los motores de la aeronave y pidió autorización para regresar a Venezuela mientras estaba a la espera de su copiloto. En ese momento las autoridades aeroportuarias lo fueron a buscar al avión para aclarar algo respecto a su licencia de piloto, “porque en realidad yo me vencía en diciembre de 2014 y renové a finales de enero de 2015, yo lo vi lógico porque a lo mejor podía salir en el sistema como vencido. Cuando me bajo y llego a las oficinas de donde se atienden la aviación ejecutiva, me ponen las esposas y me mencionan unas maletas, en el avión no estaban esas maletas”.

Agrega que según le había informado el dueño de la aeronave, el vuelo era para una compañía llamada de Graveuca Andrea Colantuoni Constructora, pero al ser detenido se entera que los pasajeros pertenecían a Solid Show. “Nosotros le hacíamos vuelos a Solid Show, pero qué pasa, el señor Juan Carlos Araujo le debía mucho dinero en vuelos al avión y yo no le quería seguir volando de gratis, yo me le negué a volar y, no sé, me habrán engañado en el aspecto de que era otro cliente y resulta que [el vuelo] era para ellos, porque al único que Antonio Del Pino tenía confianza de entregarle el avión era a mí”.

Hace referencia a la tragedia personal y familiar que esta situación ha significado para él y los suyos: “Hemos perdido todo, mi hijo va para cuatro años que no me habla, mi hija tenía dos años cuando caí preso, ya tiene 6 añitos [y no la he podido verlos crecer]”.

Medina Torrealba reitera que la aeronave fue objeto de todos los controles tanto al salir de Venezuela como al arribar a República Dominicana. “Nosotros no trajimos eso [la droga], nosotros no montamos eso, a nosotros nos chequearon el avión, nos hicieron todos los chequeos rutinarios, tanto en Venezuela como aquí. Aquí está el antidrogas preso con nosotros, quien dice en los tribunales que eso no llegó ahí, que él no vio eso, que eso no salió de la aeronave y bueno, aquí estamos”.

Refiere que el avión fue revisado en Venezuela con perros antidroga que montaron en la aeronave. “Yo en ningún momento vi maletas, ni subiendo ni bajando aquí. Eso lo agarran aquí en un vehículo a kilómetros del aeropuerto en una bomba de gasolina. Los tipos se entran a tiro y todo con la policía. Los agarran, después los sueltan porque eran puros militares, entonces los soltaron y a los pendejos, nosotros los venezolanos, nos dejan presos sin preguntarnos, sin interrogarnos, sin nada”.

Advierte que en el video que presentan como prueba sólo se observa unas maletas en el piso, “no se le ve el color de lo lejos que hicieron eso. No se ve ni siquiera que la bajan del avión, sino que la agarran del piso. No salimos nosotros, no salen los pilotos, nadie, porque donde yo salgo es sentado en la recepción esperando que me entreguen mi pasaporte para irme a mi hotel. A nosotros nos chequearon en Venezuela en inmigración, revisaron mi bolso, porque yo tengo un bolso de mano allá en Venezuela y aquí en República Dominicana también recibieron, nos chequearon nuevamente por inmigración con Rayos X, todo. Me sellaron mi pasaporte, todo. A todos nos hicieron todo lo legal correspondiente de un vuelo”.

Y agrega con contundencia: “Aquí estamos pagando cárcel por los responsables que se encuentran en libertad. Y en Venezuela, lamentándolo mucho, me consta, Antonio José Pino Hernández, con Alberto Ardila, otro piloto que pagó seis años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos, armó todo ese espectáculo allá abajo porque aquí hubo una fiscal que mintió, Bianca Durán, que les dio una información a un abogado que envió Antonio, de que a nosotros nos había llevado la DEA para Federal. Y como él es un poco miedoso y falta de hombría me imagino que armó todo ese problema”.

Hace mención al hecho de que uno de los militares tiene registrada más de 70 llamadas y en ninguna de ella hace referencia a él. “A nosotros nos quitaron los teléfonos en el registro de personas, el teniente coronel tiene 78 llamadas y no menciona a nadie, no menciona si está esperando un avión, si me está esperando a mí, no menciona nada, él de lo que habla es de los problemas que tuvo fuera del aeropuerto y por  eso lo agarran dándose a la fuga, por el intercambió disparos con la misión entre comillas, porque fueron cuatro funcionarios por lo que cuenta que estaban afuera. Repito, yo estaba en la aeronave con los motores encendidos para regresar. A los tres días me hacen la traza, solicito que le hagan el barrido positivo a la aeronave el cual salió negativo y lo rompieron. Son muchas cosas”.

El piloto Medina Torrealba comenta un hecho del que se enteró luego de un año de estar encerrado, a través de unos compañeros. Lo referido tiene que ver —le narraron— con el día de los hechos, en la madrugada, a las 2:30 a. m., cuando despegó del Aeropuerto Caracas una aeronave Citation cargada de droga, la cual fue interceptada por la Fuerza Aérea Venezolana a 140 millas del norte de Maiquetía, obligándola a aterrizar en la Base Aérea Libertador (…) Bueno eso hay que investigarlo también”.

El testimonio de José Manuel Houtman

El otro testimonio que nos llega a través de la grabación, es el de José Manuel Houtman, uno de los pasajeros de la aeronave, quien al igual que Medina Torrealba, asegura que es víctima de un secuestro.

— Esto es un secuestro, no sé qué decirle, no sé qué es lo que quieren hacer con nosotros, por lo menos en mi caso, son cuatro años en que lo perdí todo, perdí mi negocio, perdí lo más importante que son mis hijos, la infancia, la inocencia, lo más bello de un niño que es su niñez, la perdí. Perdí mi esposa, mi negocio, mi casa, me la invadieron, me la desvalijaron totalmente. El vehículo que dejé estacionado en el aeropuerto lo agarró la ONA [Oficina Nacional Antidrogas] y no lo quisieron entregar, nada. Yo lo perdí todo. Perdí lo material y he perdido mi vida aquí sin saber por qué”.

Cuenta que viajaba en esa aeronave debido a que le pidió a Edmundo Medina Torrealba, quien es su amigo, que le diera “la cola” en el vuelo para ir a República Dominicana a comprar mercancía para su negocio en Venezuela. “Yo simplemente vine a este país a comprar mercancía para mi tienda en una cola que me dio el señor Edmundo a quien conocí años atrás, era cliente de mi tienda, practicábamos deporte juntos. Con la situación del país me vi obligado a salir a comprar mercancía, una vez lo hice en Panamá. Esta vez cuando me dijo que venía acá [República Dominicana] me dijo que si quería me daba la cola para comprar mercancía para mi tienda”.

Indica que aceptó el ofrecimiento de Medina Torrealba precisamente porque para esos días el Banco Exterior le había aprobado un crédito para comprar mercancía. “Eso era lo que venía a hacer, esa mi intención al venir a este país y vean el problema en el que estoy metido sin saber ni conocer a ninguna de las partes, ni a las partes en Venezuela, ni a las partes aquí en República Dominicana, ni siquiera a los pasajeros que eran quienes rentaron el avión, porque yo venía en una cola y mire donde estoy”.

Houtman informa que le ha dirigido comunicaciones al Procurador General de la República y a periodistas sin que haya obtenido respuestas.

— Aquí en cuatro años han hecho lo que les ha dado la gana con nosotros. Ya tenemos cinco meses del último reenvío que tuvimos y ni siquiera sabían dónde estaba el expediente de nosotros, ni fecha de audiencia, ni absolutamente nada. Y esto por el militar que está afuera libre que hace todo para suspender todo, ha enviado hasta fotos donde aparece abrazado con el presidente de aquí, amenazando que si metíamos a la embajada nos iba a pasar algo a nosotros, a nuestra familia, todo.

Dice que su deseo es que lo investiguen y certifiquen quién es, qué hace, sus relaciones, “porque desde que tengo uso de razón lo que he hecho es trabajar decente y honradamente, trabajar, trabajar. Yo soy hijo único, mi mamá, mi papá, mis dos hijos dependían de mí, de mi trabajo, de mi tienda que tuve regalar [vender a bajo precio] para pagarle a un abogado aquí que me robó, me quitó el dinero diciéndome que me podía sacar bajo fianza y diciendo que yo podía trabajar mientras se llevaba a cabo el proceso y lo que hizo fue robarme el dinero. Por último lo que puse fue un abogado público que ni siquiera el teléfono me lo ha querido dar y ya tengo seis o siete meses que no le veo la cara desde la última audiencia”.

Imputados por caso Solid Show denuncian que existe una violación de sus derechos fundamentales

Aun cuando han transcurrido cuatro años desde su detención, las personas imputadas tanto en Venezuela como en República Dominicana denuncian haber sido señalados como “culpables necesarios”, sólo para proteger a los verdaderos culpables de esta trama de narcotráfico que involucraría, supuestamente, a funcionarios militares en ambas naciones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La abogada especialista en Derecho Procesal Constitucional y en Derechos Humanos, Erica Josefina Maraver Carpio, solicitó ante el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, su inmediata intervención a los fines de evitar que se continúen cometiendo violaciones de las garantías fundamentales por parte de los funcionarios que estuvieron adscritos a ese organismo en contra de sus clientes Omerly Leandro Salcedo Gutiérrez, Pablo José Silva Loyo, Zoraimy Araujo de Torres, Carolina Pérez Barreto y Marifellx Manzanilla, quienes se encuentran privados de libertad a la orden del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio, según expediente Nº MP21-P-2015-1139, relacionado con el caso que se conoce ante la opinión pública como Solid Show.
La comunicación que va con copia a las direcciones de Drogas, Derechos Humanos y de Legitimación de Capitales del Ministerio Público, manifiesta que los referidos funcionarios de la fiscalía olvidaron su responsabilidad y se apartaron del mandato constitucional que les impone el artículo 282 de la Constitución con el fin de imponer su criterio personal en perjuicio de los  defendidos de Maraver Carpio.

La abogada defensora le manifestó a Saab que en aras de que se cumpla el debido proceso de acuerdo a lo establecido en los artículos 26, 49, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el titular del Ministerio Público debe nombrar un Fiscal Especial que revise las actuaciones de las fiscalías que actuaron en el juicio desde sus inicios, que a saber son la Fiscalía Decima Novena de Miranda, la Vigésima Séptima con Competencia Nacional en materia de Legitimación de Capitales y la Tercera con Competencia Nacional en Materia de Drogas, “por cuanto sus actuaciones son deficientes al desconocer principios fundamentales que debieron observar como representantes del Ministerio Público, en perjuicio de mis defendidos ya identificados, negándose a revisar el acto de imputación instruido por las Fiscales anteriores e insistir en imponer una investigación amañada, desproporcionada y grosera que rompe con todos los principios de la ley y la justicia”.

Advierte Maraver Carpio en este sentido, que se reserva en su condición de defensora de los derechos humanos, “todas las acciones civiles y penales que pudieran derivarse de tales actuaciones en el ejercicio de lo preceptuado en los artículos 25 y 30 de nuestra Constitución Nacional vigente”.

Igualmente, Erica Maraver Carpio solicitó a Tarek William Saab fijar una reunión con carácter de urgencia con la presencia de los familiares de todos sus defendidos y de los detenidos en República Dominicana, “a los fines de que a través de la Dirección de los Derechos Humanos puedan presentar la denuncia correspondiente de sus familiares quienes se encuentran privados de libertad sin derecho a la defensa y que se encuentran sometidos bajo amenaza desprovistos de una defensa que les garantice sus derechos en estos casi cuatro años de paralización de juicio”.

Los hechos

En el documento presentado ante la fiscalía, Maraver Carpio expone en primer lugar los hechos, refiriendo que el 28 de enero de 2019, después de más de seis meses de paralización y casi cuatro años del juicio de sus defendidos, fue diferida nuevamente la audiencia de apertura debido a la incomparecencia de uno de los encausados, quien goza de una medida cautelar de libertad bajo régimen de presentación.

Refiere que a dicho acto se presentó el Fiscal Vigésimo Séptimo con Competencia Nacional en el delito de Legitimación de Capitales y le manifestó a la defensa que la única manera de que los acusados pudieran beneficiarse de alguna medida, era asumir los hechos por los delitos imputados por el Ministerio Público en el año 2015.

Maraver Carpio expresa que ante esta condición expuesta por el fiscal ella se opuso en razón de que sus defendidos son inocentes de tales delitos y llevan casi cuatro años privados de libertad sin que se haya concluido su juicio. La abogada apuntó que lo que procedía era el decaimiento de la medida para que sus representados continuaran el juicio en libertad de conformidad con lo establecido en el artículo 44.1 de la Constitución. La respuesta del fiscal 27 fue “que si llegare a dictar el Tribunal tal medida a favor de mis defendidos, el Ministerio Público apelaría con efectos suspensivos, tal como lo hizo con el ciudadano Luís Hurtado, cuando el Tribunal acordó su libertad condicional por razones humanitarias”.

Antecedentes del caso

Seguidamente, Erica Maraver le informa a Tarek William Saab los antecedentes del caso e indica, en primer lugar, que Omerly Leandro Salcedo Gutiérrez y Pablo José Silva Loyo, quienes para la fecha de su detención eran miembros activos de la Guardia Nacional Bolivariana destacados en el Aeropuerto Caracas, se encuentran privados de libertad en el Centro Penitenciario Región Capital Yare I, en San Francisco de Yare del Estado Miranda desde el año 2015 cuando se produjo su detención.

Apunta que el 17 de marzo de 2015, el Teniente Frederick Ruiz Ruíz, procedió a investigar por noticia críminis respecto a una avioneta que llegó a la República Dominicana procedente del Aeropuerto Caracas con un cargamento de 450 kilogramos de droga. Se encargaron del caso la Fiscal Décima novena del Ministerio Público de Miranda, Gladys Varela, quien junto al Comando Antidroga de la Guardia Nacional, la Fiscalía Tercera Nacional y la Fiscalía 27 Nacional con competencia en legitimación de capitales y solicitaron la detención  preventiva a los funcionarios castrenses que se encontraban en labores ese día. Esta decisión la tomaron con base a la declaración de Junior José Valera Arango, un funcionario que fungía de guía en las instalaciones del aeropuerto, quien señaló a Salcedo Gutiérrez y a Silva Loyo como cooperadores del hecho.
Advierte Maraver Carpio que esta declaración del testigo delator se constituyó bajo la figura de prueba anticipada sin que se respetaran los principios fundamentales que deben garantizar la calidad de esa prueba para que sea considerada como lícita y constitucional, sobre todo si se toma en cuenta que para el momento de la declaración del testigo delator, no se encontraban presentes sus representados ni hubo presencia de un defensor público. Tal situación “muestra que mis defendidos dentro del proceso no son autores, sino víctimas de una simulación bien organizada por personas interesadas en vincularles al delito ejecutado, con el propósito de desviar la atención de la autoridades a quien le correspondía investigar adecuadamente lo sucedido para establecer las responsabilidades del caso, lo cual tampoco ocurrió”.

Subraya que la conducta desplegada por el funcionario castrense que instruyó el expediente por noticia criminis, quien es la misma persona que abre y dirige la investigación por parte del organismo militar. Precisa que esta persona no ha podido ser localizada pues dejó de pertenecer a la Guardia Nacional y, según información suministrada en el expediente por sus superiores, vive desde hace tres años en Ecuador.

En segundo término, la abogada hace mención a Carolina Pérez, Zoraimy Araujo y Marifelx Manzanilla, a quienes se les imputan los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir por el sólo hecho de haber constituido algunas compañías registradas bajo el mismo domicilio fiscal donde funcionaba la empresa Solid Show, cuyo presidente es Juan Carlos Araujo quien ha sido vinculado al delito de financiación de tráfico de droga.

Manifiesta la abogada que Solid Show desde hace más de dos años se encuentra sin desarrollar ninguna actividad debido a la imposibilidad de continuar trayendo artistas extranjeros por la situación país, lo que llevó a Pérez, Araujo y Manzanilla a —por iniciativa propia— constituir algunas empresas con diferentes actividades que les permitieran paliar la crisis económica que padecían. Destaca que las empresas formadas por estas personas no tuvieron ninguna actividad, como consta en el expediente.

Luego de explicar el mecanismo de aprehensión de sus defendidas, Maraver Carpio refiere que el Ministerio Público obvió llevar a cabo una investigación previa sobre la vinculación o no de las imputadas con el delito por el cual se les enjuicia.

En tal sentido se remite al origen de los fondos de sus defendidas mediante el seguimiento y estudio de las cuentas bancarias, la información suministrada a través de Sudeban y las respuestas obtenidas desde Panamá y República Dominicana sobre los bienes y cuentas bancarias que pudieran mantener en aquellas entidades, el resultado arrojó que, primero, Carolina Pérez Barreto, según investigación del Ministerio Público, mantiene deudas bancarias, sobregiro en tarjetas de crédito, no posee bienes inmuebles dentro ni fuera del país. Sus cuentas nóminas entre los años 2002 y 2015, percibieron como sueldo la cantidad de Bs. 622.527,70 en total y un promedio

Segundo, Marifelx Manzanilla sin bienes de ningún tipo, vivía alquilada en el inmueble donde fue realizado el allanamiento y su perfil financiero, según el Ministerio Público, refleja que sus cuentas nóminas acumularon entre 2002 y 2015, sólo dinero por concepto de sueldos.

Tercero, Zoraimy Araujo de Torres, hermana de Juan Carlos Araujo, de acuerdo al Ministerio Público, entre 2002 y 2015 tuvo ingresos en sus cuentas bancarias la cantidad de Bs. 650.000,00 por concepto de sueldos. A ella le incautaron su vivienda principal adquirida por su esposo, Helton Torres Conner, con el Banco Provincial y pagado con los ingresos de este, a quien sin ser parte de la investigación, el Ministerio Público le incautó su vehículo el cual hasta la fecha no se ha podido recuperar desconociéndose su destino.

Igualmente, Erica Maraver Carpio indica que el 7 de febrero de 2019 recibió en su cuenta de Whatsapp, unos audios de los venezolanos detenidos desde  el 17 de marzo de 2015 en República Dominicana, quienes aseguran ser el capitán, el copiloto y los pasajeros de la Avioneta Lear Jet 25YV44T, la cual salió del Aeropuerto Caracas “sin ningún cargamento de droga en su interior y que la misma fue incautada en una bomba de gasolina a dos kilómetros del aeropuerto Las Américas, sin que hasta la fecha hayan podido demostrar su inocencia, debido a que el responsable de la droga, es un alto exfuncionario de la Policía Nacional de Republica Dominicana, vinculado al expresidente de esa nación y quien, aseguran, solo estuvo 18 días preso”.

En los audios los detenidos venezolanos en República Dominicana sostienen que se encuentran secuestrados y sin derecho a tener un juicio justo, pues el mismo sufre constantes dilaciones por apelaciones interpuestas que retardan el proceso.

Para Maraver Carpio es sumamente grave que estas personas sean víctimas de las amenazas del funcionario dominicano.

Se remite a las actas recabadas por el Ministerio Público de República Dominicana, las cuales no demuestran que la avioneta llegó al aeropuerto con el cargamento que presuntamente transportaba desde Caracas. “Las declaraciones de quienes aseguran que presenciaron el chequeo de la misma antes de salir de Venezuela, son las mismas de quienes se encuentran acá en Venezuela por el mismo caso como imputados y como testigos promovidos por el propio Ministerio Publico”. 

La abogada defensora asegura que el Ministerio Público no ha podido determinar cómo ingresó la droga a la avioneta, ni quiénes la ingresaron y cargaron en la misma. Tampoco se ha establecido cómo se burlaron los sistemas de seguridad del aeropuerto en donde se supone existe un personal calificado en materia de seguridad. “La misma situación presenta la experticia enviada por la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo que señala actas que nunca se presentaron durante el proceso porque lo cierto es que estamos en presencia de un montaje en donde eran necesarios unos culpables que distrajeran a la opinión  pública y en donde quienes actuaron en la instrucción del expediente en Venezuela no están ubicables porque ya no se encuentran en el país”.

En tal sentido, Erica Maraver manifiesta en el escrito que se está en presencia de una simulación destinada a establecer un "culpable necesario" que distraiga la atención de los verdaderos y únicos responsables de haber enviado las nueve maletas encontradas a 2 kilómetros del Aeropuerto Las Américas de la Republica Dominicana y que seguramente arribó a ese país en otra aeronave que no es la Lear Jet 25YV44T. “Lo cierto es que, ni el Ministerio Público, ni el Comando Antidrogas realizaron una investigación seria, coherente y apegada a la Ley. Basta investigar los estados financieros de mis defendidos y su estilo de vida, su conducta antes y después de los hechos, para saber que son inocentes y que sólo son víctimas de una simulación que les vincula a un delito no cometido junto a otros cinco inocentes se encuentran prácticamente secuestrados en República Dominicana sin derecho a la defensa y expuestos a perder sus vidas por la irresponsable actuación de las fiscales que avalaron el procedimiento”.

Las violaciones

Seguidamente, Erica Maraver Carpio se remite a establecer las violaciones a los derechos fundamentales en que se ha incurrido en el proceso que se les sigue a sus defendidos y a los detenidos en República Dominicana.

Indica que se ha violado la libertad y seguridad personal, el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento, entre otros.


Advierte que el estado de derecho va más allá de simplemente recitar las garantías fundamentales, los códigos, las leyes especiales y los precedentes emanados del alto tribunal, sino un acto de soberanía que debe ejercer diariamente cada ciudadano investido o no de autoridad, tal como lo establece el artículo 333 de la Constitución.

Igualmente deja sentado que para que establezca la culpabilidad de alguna persona, “es necesario que haya ejecutado conscientemente una acción antijurídica la cual lo hace responsable de sus actos frente a la sociedad y corresponde al Ministerio Público, ordenar y dirigir la investigación penal por mandato expreso Constitucional del artículo 285 numerales 1,2 y 3;  es decir, es el Ministerio Público el llamado a ordenar y dirigir la investigación penal, dejando constancia de las circunstancias que pudieran haber influido en la calificación y responsabilidad de los autores y demás participantes. Igualmente, debe garantizar, en todo momento que dentro de un proceso judicial se cumpla con respeto a los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos, independientemente de la condición en que se encuentren dentro del mismo, bien como imputados o bien como víctimas, velando, con su intervención y presencia, la celeridad y la buena marcha de la administración de justicia dentro del debido proceso”.

Denuncia la angustiante práctica perversa y repetitiva que ocurre en los procesos judiciales en Venezuela por parte de quien está obligado a garantizar la legalidad y el orden, a saber, el Ministerio Publico que actúa promoviendo "la admisión de los hechos" como una fórmula alternativa para que un imputado se ahorre el tiempo que tarda un proceso judicial, que en la mayoría de los casos, para los imputados significa un verdadero suplicio”. 

Acusa que el fiscal 27 con competencia nacional ha dejado en claro que de otorgar el tribunal una medida sustitutiva que permita que sus defendidos puedan terminar su juicio en libertad, apelará con efectos suspensivos desconociendo lo establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal en virtud de que sus representados llevan casi cuatro años detenidos sin que hasta la fecha se haya podido concluir el juicio.  Esto es inaceptable, por constituir una amenaza a la dignidad de mis defendidos”.

Agrega que los fiscales 27 y tercero nacional insisten en desconocer los artículos señalados de la Ley Especial y de la Constitución, lo que constituye un riesgo para el proceso de sus defendidos pues muestran un interés “muy personal de no hacer justicia, sino de imponer una investigación deficiente en cuyas actas se demuestra la intención de mantener detenidas a personas inocentes no sabemos aún con cuál propósito”.

— Actuaciones como estas, constituyen violaciones a los derechos humanos los cuales denuncio en este acto, con la esperanza de que se tomen las medidas correctivas en forma inmediata a fin de garantizarles a mis defendidos todos los derechos y garantías que ofrece el estado social de derecho y de justicia establecidos en los artículos 2 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente, en el escrito de Erica Maraver Carpio ante el fiscal Tarek William Saab, estima que los cuatro años que llevan sus defendidos privados de libertad constituyen una condena anticipada  por unos delitos que nunca fueron investigados con apego a la Ley, “manteniéndoles alejados de sus seres queridos, siendo sometidos a tratos crueles, humillantes y vejatorios en donde su salud mental y física se ha visto comprometida cada día, por lo que creemos que es tiempo suficiente como para pensar en la posibilidad de que continúen su juicio en libertad, como debe ser y como lo establece nuestra Carta Magna en su artículo 44.1 y el 230 del COPP ya referido, porque la norma es estar en libertad durante el juicio; por lo que la privativa de libertad constituye la excepción”.

Notas


[1] Venezuela Política. “Familiares y abogada de detenidos acusan irregularidades en proceso judicial del caso Solid Show”. 8 de noviembre de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/11/familiares-y-abogada-de-detenidos.html

viernes, 15 de febrero de 2019

Conoce todos los detalles de la demanda que obliga a Rafael Ramírez a pagas USD 1.400 millones

Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV a interpusieron en febrero de 2018 una demanda civil en contra Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
Tras una larga espera y no respuesta por parte del expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño una juez federal de Houston ordenó al exfuncionario del régimen de Nicolás Maduro el pago de una compensación de unos 1.400 millones de dólares como resultado de una demanda de fraude interpuesta por la empresa Harvest Natural Resources.
La jueza de distrito Lee Rosenthal dió a conocer el fallo tras no conocerse la respuesta de Ramírez Carreño en la demanda. Esta es la primera vez que el expresidente de PDVSA es demandado en los Estados Unidos en un caso civil.
Los documentos federales señalan que hubo solicitud de Ramírez, a través de terceros, de solicitar a la empresa Harvest sobornos de 10 millones de dólares para permitir que la compañía vendiera sus activos desde 2012. Harvest alegó que la política fraudulenta usada por Ramírez condujo a pérdidas de unos 472 millones. 

La juez Rosenthal otorgó inicialmente en diciembre una compensación de 472 millones a la empresa Harvest, pero el falló la triplico.
Juan José García Mendoza: 
El presunto extorsionador de Harvest Natural Resources INC

Ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, la empresa estadunidense demando civilmente a Juan García Mendoza y sus empresas, entre otros, por supuestamente haberle exigido USD 10 millones para que el gobierno venezolano autorizara la venta de sus activos en el país.

Múltiples fueron los obstáculos que Harvest Natural Resources INC[1] y HNR Energia BV enfrentaron para vender su participación accionaria en la empresa mixta Petrodelta que mantenían en sociedad con la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. conformada el 11 de septiembre de 2007, pero el hecho más significativo denunciado por los propietarios de dichas compañías, fueron los supuestos intentos de extorsión de que habrían sido objeto por parte de funcionarios gubernamentales y representares de estos para que accedieran a pagar un soborno de USD 10 millones para que, finalmente, la alta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y el Ministerio de Energía y Petróleo dieran el visto bueno y aprobación a la venta de sus activos en el país. La ley venezolana exige la autorización del despacho del Ejecutivo Nacional a los accionistas privados en empresas mixtas que quieran vender sus papeles a un tercero. Del denunciado proceso extorsivo, la empresa estadunidense acusa a Juan José García Mendoza, un asesor petrolero que, presuntamente, actuó en connivencia con altos jerarcas de la estatal petrolera y del gobierno para que las referidas empresas cedieran a las presiones y terminaran pagando la coima exigida.

Ante el tribunal Harvest exige ser resarcida en tres veces el valor de lo perdido por las acciones de los demandados. Argumenta que en los años 2013 y 2014, inició sendos procesos de venta de sus activos en Venezuela, la primera vez por USD 725 millones y la segunda por USD 400, pero en razón de las obstrucciones de los acusados y de su insistencia en cobrar sobornos, Harvest perdió estas dos buenas oportunidades y terminó vendiendo por USD 255, lo que significó una pérdida de USD 470 millones.

Luego de varias acciones, en los primeros días de octubre de 2016, Oswaldo Cisneros completó la compra de 32 por ciento de las acciones de PetroDelta a Harvest Natural Resources Inc. y a la argentina Pluspetrol por alrededor de USD 200 millones en efectivo y acciones[2], informó en su momento el portal El Estímulo. 

Posteriormente, el 20 de octubre se conoció Cisneros invertiría USD 1.000 millones en un campo petrolero controlado del estado venezolano. Delta Petroleum NV, grupo empresarial controlado por Cisneros anunció que firmaría un acuerdo para invertir USD 800 millones en la empresa mixta que mantiene con Pdvsa, PetroDelta, y que funciona en el oriente venezolano[3].

Pero pese a que la venta se concretó, Harsvest denuncia grandes pérdidas en razón de los supuestos obstáculos interpuestos por funcionarios del gobierno venezolano y sus representantes para que la venta ocurriera en 2012-13 cuando estaba previsto y por el precio a que entonces aspiraba.

La sociedad entre Harvest y CVP comenzó cuando el 11 de septiembre de 2007 se firmó el contrato de conversión a empresa mixta entre la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. representada por su presidente, Eulogio Del Pino y la empresa estadounidense, Harvest Vinccler S.C.A. representada por su gerente general, Karl Nessenrole, y HNR Finance B.V., a su vez representada por su director gerente, Kurt A. Nelson. El capital era Bs. 1.000.000.000 representados por cien mil acciones comunes con un valor nominal de Bs. 10.000 cada una, clasificadas en tipo A y B. CVP sería poseedora del 60 por ciento representado en 60 mil acciones tipo A, mientras HNR Finance tendría el restante 40 por ciento representado en 40 mil acciones tipo B.

Tal situación llevó a Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV a interponer en febrero de 2018 una demanda civil en contra aquellos a quienes estima, afectaron sus intereses y que de acuerdo a lo que reza el documento acusatorio, habrían sido Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios.

Los detalles de la demanda

Harvest Natural Resources INC y HNR Energia BV presentó una demanda en contra en contra de Juan José García Mendoza, Petroconsultores SC, Petro Consultores International Trading Company INC, Petroconsultores (Barbados) LTD, Petroconsultores INC, Azure 904 LLC, Rafael Ramírez Carreño, Eulogio Antonio Del Pino Díaz y José Ángel González Acosta, ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston[4].


La demanda indica que Harvest, PetroAndina (PlusPetrol) y Pertamina habrían sido supuestamente objeto de extorsión.

Los demandantes sostienen que los demandados les exigieron USD 10 millones para que concretar la venta de sus activos en Venezuela. Harvest  asegura que fue objeto por parte de los acusados y por diez años de una conspiración con fines extorsivos cuando intentaron negociar con Petróleos de Venezuela S.A.

A consecuencia de estas acciones por parte de los demandados, Harvest se vio obligada a rematar sus activos en Venezuela lo que representó pérdidas por el orden de los USD 500 millones.

Alega la empresa que Juan José García Mendoza, propietario de las empresas Petro Consultores y Azure, era quien llevaba a cabo la extorsión al amparo de sus compañías.

La demandante expone en que en noviembre de 2012, Juan José García Mendoza se dirigió a Juan Francisco Clerico, director de Harvest-Vinccler, en Caracas, Venezuela, y exigió que Harvest pagara un soborno de USD 10 millones para que el gobierno venezolano procediera a aprobar la operación de venta. Se trataba de la venta de la participación accionaria de Harvest en la empresa mixta Petrodelta (40 por ciento), una compañía venezolana de exploración y producción que poseía en sociedad con PDVSA.

Harvest sostiene que García Mendoza ya había exigido sobornos similares en dos ocasiones anteriores a empresas que también habían celebrado acuerdos para comprar los intereses de Harvest en Venezuela.

Harvest alega que García Mendoza pidió estos sobornos "sabiendo y con la intención de que la solicitud se transmitiría a Harvest en Houston, Texas, y que cualquier soborno, si se hubiere pagado, necesariamente procedería de cuentas bancarias de Harvest en los Estados Unidos.

Harvest asegura que García Mendoza "trabaja como consultor en la industria del petróleo y el gas para empresas, incluidas empresas de Estados Unidos y Texas, que realizan negocios en Venezuela. García es propietario, funcionario y empleado de Petro Consultores SC, Petro Consultores International Trading Company, Inc., Petroconsultores (Barbados) Ltd. y Petroconsultores, Inc. García también fue propietario y gerente de Azure 904 LLC durante el período de tiempo relevante.

En razón de que Harvest y las empresas compradoras se negaron a pagar las coimas, los procesos de venta se vieron frustrados, no pudiendo Harvest vender sus activos venezolanos durante cuatro años y que luego solamente pudo hacerlo con un descuento de más de USD 470 millones respecto al acuerdo original.

Harvest exige que se le pague tres veces la cantidad que ellos habrían perdido debido a la conducta criminal de PDVSA y del gobierno venezolano, a saber USD 1.500 millones.

En abril de 2018, el juez Keith P. Ellison, titular del citado tribunal, desestimó una demanda contra Juan José García Mendoza, Petroconsultores SC, Petro Consultores International Trading Company INC, Petroconsultores (Barbados) LTD, Petroconsultores INC, Azure 904 LLC, por considerar que no tenían jurisdicción personal en el estado de Texas en todos los aspectos.

Harvest impugnó la casi totalidad de la declaración de García Mendoza para argumentar la falta de jurisdicción personal y procedió a tramitar un descubrimiento jurisdiccional. El 30 de abril de 2018, la corte escuchó un argumento oral sobre la moción de Harvest y el tribunal consideró la situación y amplió los plazos en 60 días.

La corte concedió la moción de Harvest para el descubrimiento jurisdiccional y se determinó que las partes tenían hasta el 28 de junio de 2018 para llevar a cabo un descubrimiento limitado a los vínculos jurisdiccionales y contactos de los demandados. Harvest puede deponer a García, y debe comparecer, pero puede elegir aparecer en Miami, Florida o Houston, Texas. La deposición se llevaría a cabo en una fecha, lugar y hora que las partes acuerden o que el tribunal ordene.

El descubrimiento jurisdiccional puede mostrar que los contactos de García Mendoza con la Florida u otros estado son "continuos y sistemáticos", sometiéndolo a la jurisdicción en Texas bajo la ley RICO. Igualmente, el descubrimiento jurisdiccional podría mostrar que García Mendoza "dirigió a propósito [sus] actividades en [Texas] y [que] los resultados del pleito de presuntas lesiones surgieron o se relacionan con esas actividades". Harvest alega que García pretendía que su solicitud fuera tramitada en Houston, Texas, y que cualquier soborno, si se pagase, necesariamente provendría de las cuentas bancarias de Harvest en los Estados Unidos. García supuestamente sobornó a Harvest-Vinccler, una compañía holandesa, en gran parte propiedad de HNR Energia, una compañía de Curazao, que era propiedad de Harvest, si el descubrimiento establece que la solicitud de soborno de García fue una un agravio intencional dirigido a Texas, eso puede ser suficiente.

Las partes debían completar el descubrimiento jurisdiccional antes del 6 de julio de 2018 y Harvest debía responder a la moción de desestimación de los demandados antes del 3 de agosto de 2018. Los acusados ​​debían presentar una respuesta antes del 10 de agosto de 2018. El argumento oral se realizaría el 24 de agosto de 2018.

¿Quién es Juan José García Mendoza?

El portal Dateas nos informa que Juan José García Mendoza nació el 24 de junio de 1960 y es portador de la Cédula de Identidad N° V-5.548.420. Lo ubica en el San Antonio de Los Altos, municipio Los Salias, estado Miranda[5].

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales refiere que ingresó al sistema el 22 de marzo de 1982, apareciendo en la actualidad con estatus cesante de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. con el número patronal D11300057. Indica que su fecha de egresó fue el 30 de diciembre de 1989. Su fecha de contingencia es el 24 de junio de 2020. Acumula 1.032 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 9.343,47[6].

Ejerce su derecho al voto en la Unidad Educativa Colegio Fray Luis Amigo de la parroquia Barura, municipio Baruta del estado Miranda.
Entretanto, Juan José García Mendoza, su hijo, nació el 28 de agosto de 1975 y es titular de la Cédula de Identidad N° V-12.097.084. Se le ubica en la parroquia Sucre, municipio Libertador, Distrito Capital[7].

Su cuenta individual en el IVSS indica que ingresó al sistema el 1° de octubre de 1999, su fecha de contingencia es el 28 de agosto de 2035. Su estatus actual es cesante de la empresa Serviascorp C.A., con el número patronal D18389484. Acumula 257 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 19.058,92[8].

El Registro Electoral Permanente informa que ejerce el derecho al sufragio en la Unidad Educativa Colegio Parroquial La Sagrada Familia, de la parroquia Sucre, municipio bolivariano Libertado, Distrito Capital.

Azure 904, LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida en fecha 17 de abril de 2013, bajo el número L13000056934. Su estatus es active. Se ofreció como sede el 9401 Collins Ave. #605, Surfside, FL 33154. Como dirección postal se suministró el P.O. Box 830726, Miami, FL 33283. Como agente registrador figura Cira E. García (8925 Collins Ave. Unit 7C, Surfside, FL 33154). Como titular aparece Juan J. García (misma dirección de la empresa)[9].

Sobre esta empresa, Juan José García Mendiza dijo ante la Corte de Texas: “Soy el único propietario de Azure 904, LLC ("Azure 904"), una compañía de responsabilidad limitada de Florida. Azure 904 actualmente es propietaria del condominio de Florida donde vive mi madre anciana. La compañía, sin embargo, nunca ha poseído ninguna propiedad u otros activos fuera del Estado de Florida y no tiene cuentas bancarias en los Estados Unidos ni en ningún otro lado. Azure 904, de hecho, no ha llevado a cabo ningún negocio debido a la adquisición y el mantenimiento de bienes inmuebles en Florida. La compañía, especialmente, nunca ha llevado a cabo negocios en Texas ni con ningún residente de Texas”.

Sobre Petroconsultores SC ("Petro, S.C."), el propio Juan García Mendoza declaró ante el tribunal de Texas que es el único propietario y empleado de la empresa que tiene sede en Venezuela con el único propósito comercial de realizar consultorías de petróleo y gas para empresas venezolanas. “. Cuando trabajo para Petro, S.C., no he prestado servicios para ningún residente o entidad de Texas, me he comunicado con ningún residente de Texas, no estoy registrado para hacer negocios en Texas ni he realizado negocios con ninguna entidad de Texas. Petro, S.C., no tiene una cuenta bancaria en Texas, posee ninguna propiedad real o personal en Texas ni posee ningún activo en Texas”. La compañía tiene su sede en la Calle Suapure, Caracas, Distrito Capital. Teléfono: 0212 7531850[10].

De Petro Consultores International Trading Company, Inc. ("Petro International"), Juan José García Mendoza dijo ante la corte que esta “fue otra empresa comercial fallida que nunca llegó a despegar. Petro International no tiene sedes y nunca tuvo operaciones comerciales de ningún tipo. La compañía nunca ha mantenido ningún activo, pasivo o cuenta bancaria. Petro International, especialmente, nunca ha tenido ningún activo o propiedad en los Estados Unidos ni ha llevado a cabo negocios en los Estados Unidos o con residentes de los EE. UU. De hecho, no he pagado las cuotas anuales que el gobierno panameño requiere para mantener a la compañía al día y, por lo tanto, puede que ya no existan.

De ella el portal Open Corporates[11] dice que está inscrita en Panamá con el número de registro N846031, en fecha 9 de octubre de 2014 y que en la actualidad exhibe estatus active. El agente registrador fue Anzola Robles & Asociados. Como presidente y director figura Juan José García, quien se encuentra acompañado en el directorio por Feddy Ricardo Salcedo Descombaz (vicepresidente y director), Guido Roberto Danilo Italiani Firrito (director), y Davis Arrocha Medina e Esca Grajales Castillo como directores.

Con relación a Petroconsultores (Barbados) LTD, García Mendoza expuso que “es una empresa de Barbados. Petro Barbados también fue una empresa comercial fallida que nunca llegó a despegar. Petro Barbados no tiene sedes y nunca tuvo operaciones comerciales de ningún tipo. La compañía nunca ha mantenido ningún activo, pasivo o cuenta bancaria. Petro Barbados, especialmente, nunca ha tenido activos ni propiedades en los Estados Unidos ni ha llevado a cabo negocios en los Estados Unidos o con residentes de los EE. UU. De hecho, no he pagado las tarifas anuales que exige el gobierno de Barbados para mantener a la compañía al día y, por lo tanto, puede que ya no existan”.

Open Corporates refiere que esta empresa fue registrada en Barbados el 10 de diciembre de 2014, bajo el número 38947[12].

Entretanto, de Petroconsultores Inc Juan García Mendoza expresó que “es una empresa de Anguila, Islas Vírgenes Británicas. Petro, Inc., es una empresa comercial fallida que no tiene sede ni operaciones comerciales actuales de ningún tipo. Petro, Inc., no tiene cuentas bancarias de Estados Unidos o Texas en absoluto. De hecho, Petro, Inc., nunca ha poseído ningún activo, pasivo o propiedad en ningún estado de EE. UU. Ni ha llevado a cabo ningún negocio en ningún estado de EE. UU. Petro, Inc., especialmente, no se ha comunicado con ningún residente de Texas, no está registrado para hacer negocios en Texas y no ha realizado negocios con ninguna entidad de Texas”.

Notas 

[1] Hasvest. http://www.harvestnr.com/

[2] El Estímulo. “Oswaldo Cisneros invierte $1.000 millones en PetroDelta”. 20 de octubre de 2016. http://elestimulo.com/elinteres/oswaldo-cisneros-invierte-1-000-millones-en-petrodelta/

[3] The Walll Street Journal. “Oswaldo Cisneros invertirá US$1.000 millones en un proyecto petrolero controlado por Venezuela”. https://www.wsj.com/articles/oswaldo-cisneros-invertira-us-1-000-millones-en-un-proyecto-petrolero-controlado-por-venezuela-1476903613

[4] Global Investigations Reiew. Case 4:18-cv-00483 Document 1 Filed in TXSD on 02/16/18.   https://globalinvestigationsreview.com/digital_assets/7f878b2a-fc32-40f7-b31b-862b8a030dae/Harvest-v-Ramirez.pdf

[5] Dateas. Juan José García Mendoza. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/garcia-mendoza-juan-jose-9843721

[6] IVSS. Juan José García Mendoza. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[7] Dateas. Juan José García Mendoza. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/garcia-mendoza-juan-jose-674599

[8] IVSS. Juan José García Mendoza. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[9] Sunbizz. Azure 904, LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=AZURE904%20L130000569341&aggregateId=flal-l13000056934-003e4d01-cc5f-47f0-b33d-f0bb2436bb70&searchTerm=Azure%20904%20LLC&listNameOrder=AZURE904%20L130000569341

[10] Infobel. Petroconsultores SC. https://www.infobel.com/es/venezuela/petroconsultores_sc/caracas/VE100000567-02127531850/businessdetails.aspx 

[11] Open Corporates. Petro Consultores International Trading Company, Inc. https://opencorporates.com/companies/pa/846031

[12] Open Corporates. Petroconsultores (Barbados) LTD. 

Nota

Por un error involuntario en estas páginas se cometió el error de mencionar a la empresa Azure 966 LLC en el caso de la demanda civil presentada por la empresa estadounidense Harvest Natural Resources INC en contra de Juan José Mendoza y sus compañías ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, hecho que reseñamos en la nota publicada el 15 de febrero de 2018 bajo el título “Conoce todos los detalles de la demanda que obliga a Rafael Ramírez a pagas USD 1.400 millones”. 

En la referida reseña se hizo mención a la cita empresa en el siguiente texto:

“Azure 966 LLC está registrada en Florida desde el 17 de junio de 2015, bajo el número L15000108441. Su estatus es activo. Su dirección es 11020 S Powerline RD, Pompano Beach, FL 33069 que también es su dirección postal. El agente registrador fue Totalcorp Business Consultans Corp (1825 Main ST, Weston, FL 33326). Como titular autorizado figura Filianos LLC (misma dirección de la empresa)”, el cual hace referencia a los datos de su registro en el estado de la Florida, Estados Unidos.

Tal error se debió, como puede apreciarse, a la similitud de los nombres de las empresas, la verdaderamente inmiscuida en los hechos y en la demanda, a saber, Azure 904 LLC, y el de la compañía involucrada de manera involuntaria y errónea por nosotros, Azure 966 LLC.


Es por ello, que apegados a la ética periodística a la que siempre hemos estado apegados, y en fiel cumplimiento al deber ser, procedemos a rectificar y eximir de toda responsabilidad a Azure 966 LLC en los hechos señalados en la demanda y en la información que sobre ella dimos a conocer en la oportunidad antes mencionada. 



Entérese cómo operan las mafias que desangran a Petrocedeño (Parte I)

A continuación damos cuenta de una trama de corrupción a través del cobro de comisiones por parte de un grupo comandado por Gustavo Hernández, su testaferro y un grupo de empleados de la empresa mixta, quien supuestamente mediante operaciones irregulares le habría esquilmado millones dólares al patrimonio de la estatal petrolera.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

A nuestra mesa de redacción llegó una denuncia de corrupción en la empresa mixta Petrocedeño, que tiene que ver con el supuesto robo en la Gerencia de VCD (Visualización, Conceptualización y Definición) de dicha compañía y de la cual sería protagonista Gustavo Daniel Hernández Cedeño, a quien señalan de comandar la que denominan “La Banda de los Hernández”.

Este grupo sería presuntamente responsable de llevar a cabo una trama de corrupción que habría desfalcado a referida empresa varios millones de dólares mediante el cobro de comisiones a cambio del otorgamiento de contratos y negociaciones.

Hernández habría apelado a un testaferro para enmascarar sus operaciones fraudulentas.

La denuncia comienza informando que el susodicho, Gustavo Hernández, sería quien maneja la cuenta bancaria de Yudith Cedeño en la oficina de Banesco Panamá.

Un ejemplo de esto nos llega a través de una transferencia realizada por Hernández desde la cuenta en Banesco Panamá anteriormente citada. El documento que lo prueba da cuenta de que se trata, específicamente, de la cuenta de ahorros de Yudith Cedeño Camacho, identificada con el número 201800498241, desde la cual se efectuó un pago por USD 28.000 a  a su cuenta en el Banco JPMorgan Chase Bank Cta. 819632527, perteneciente a Federico Martucci.



Según refiere la fuente informativa, también en el Banco Mercantil, Gustavo Hernández es titular de varias cuentas, a saber la cuenta corriente 0010 1167 5040 con un saldo al 2 de julio de 2018 de Bs. 23.137.390,63, la cuenta corriente 001054432961 con un saldo para la misma fecha de Bs. 546,55, y la cuenta de ahorro 000611008343 con Bs. 16,34.

Igualmente es titular de las tarjetas de crédito Visa 4531314503827903, Mastercard 5412474314648880 y Diners 0036426686300000.

El supuesto testaferro

Federico José Martucci sería presuntamente testaferro de Gustavo Hernández, observándose que en la referida cuenta de Yudith Cedeño, aparece como beneficiario:

Martucci también aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como representante de la empresa Venezuelan Drilling Procurement C.A., habilitada para contratar con el estado, en consonancia con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones Públicas.


Venezuelan Drilling Procurement C.A. se inscribió en el RNC como proveedor-distribuidor del estado venezolano el 14 de septiembre de 2017. Posee el Registro de Información Fiscal J-405434520.

Está ubicada en el Sector Lecherías, avenida principal de Lecherías, Centro Comercial Cocunut Center, nivel 2, local 2-01. Su teléfono es el 0281-2830595.

Su número de certificado en el RNC es el 1229397405434520165.

En la denuncia se indica que en el sistema informático que presta soporte al área administrativa y apoyo a la procura de materiales y servicios de PDVSA, denominado sistema SAP PR3, figura Gustavo Hernández como el encargado de la gerencia en solicitar y aprobar un servicio del departamento VCD de Petrocedeño.

En esta operación se procedió a realizar una Hoja de Entrada de Servicio (HES 1000797659) por un supuesto servicio que se causó entre el 30 de marzo y el 30 de mayo de 2017 por un monto de Bs. 43.012.550,51 por calibración de motores.

Una serie de transferencias entre cuentas del exterior del proveedor y encargado, a saber Gustavo Hernández, confirmarían la complicidad entre ambos para llevar a cabo las operaciones fraudulentas que, según la fuente informativa, derivó en el “robo” del patrimonio de la estatal y corrupción.


En esta otra operación, Federico Martucci le transfiere el 25 de junio de 2014 a Gustavo Hernández la cantidad de USD 9.850 desde la cuenta 201800335587 de Banesco a la cuenta en el Citybank identificada con el número 9134590768.

El pedido de visa de trabajo en EE. UU. para su gerente de procura

En una comunicación fechada el 2 de octubre de 2017, dirigida al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados (Uscis, por sus siglas en inglés), Federico Martucci inicia informando su posición dentro de Suministro-Servicios Industriales C.A. (Susepica), como director adjunto revestido de autoridad en la compañía para hacer constar que Giuliana Hernández se desempeñaba en la empresa como gerente de procura desde el 14 de septiembre de 2014, manteniendo dicha posición al momento de emitirse la correspondencia.

Martucci hace una extensa exposición acerca de las actividades de Hernández dentro de la firma, así como su equipo de trabajo, a saber, Marielena Gamboa (Coordinador de Procura Internacional) y Roland Boyd (Coordinador de Procura Nacional)

Refiere que gracias a la gestión de estas personas en la gerencia de procura, en los años 2015 y 2016 la empresa experimentó un crecimiento en sus operaciones y logró facturar USD 46,44 millones, alrededor de un 20 por ciento por encima de lo facturado en 2014.


Subraya Martucci en la comunicación al Uscis que Giuliana Hernández también fue designada en enero de 2016 como responsable del registro de la empresa en los Estados Unidos y hacer todas las dirigencias para la instalación de las oficinas en Norteamérica, además de ser la representante de Suministro-Servicios Industriales C.A. en Houston. Estas, indica, son las razones por las que Hernández había realizado viajes entre Venezuela y los EE. UU.

Finalizó la carta elogiando la capacidad de Giuliana Hernández y solicitó le fuera otorgada la visa de trabajo L1 comprometiéndose a aportar ingresos y puestos de trabajo en los Estados Unidos.

La empresa en Houston

El portal Bizapedia refiere que Suministros-Servicios Industriales, LLC (Susepica) “es una Compañía de Responsabilidad Limitada Doméstica de Texas (LLC), la cual fue registrada el 11 de agosto de 2016. Es una empresa activa bajo el número 0802519358. El agente registrador de la firma fue Mabel & Associates, LLC que suministró como dirección Augusta Dr Ste 141, Houston, TX 77057. La dirección principal de la compañía es 2018 Augusta Dr Ste 141, Houston, TX 77057-3704, es decir, la misma del agente registrador[1].

Por su parte, Corporation Wiki informa que Federico Martucci es la persona que se encuentra al frente de la empresa que, además, guarda relación con Industriales C A Susepica Suminitros-Servicios[2].


Susepica en el RNC
Susepica también figura en el Registro Nacional de Contratistas:

Esta es su cuenta bancaria en el AllBank, está identificada con el número 001120028139.

Aquí mostramos otra cuenta, la N° 1110016742 en la misma institución en su oficina en Panamá, perteneciente a Servicios y Suministros R y M 2015 C.A. que es una empresa relacionada, como veremos más adelante.

La operación de préstamo
La denuncia igualmente hace referencia a una operación de préstamo que Federico Martucci le hizo a una empleada de Petrocedeño para llevar a cabo mejoras en su vivienda.

Se trató de préstamo sin intereses por USD 29.692 que Martucci le hizo a Greydenir Moreno, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.316.097.

El contrato de la operación se suscribió en Barcelona, la capital del estado Anzoátegui, el 26 de abril de 2016 estableciéndose que el préstamo otorgado a Moreno tenía como objeto la remodelación de su vivienda.

El plazo estipulado para que Moreno devolviera a Martucci los USD 29.692 fue de dos años, aunque podría amortizarse anticipadamente. El abono a capital se haría mediante transferencia bancaria a la cuenta de ahorros N° 7578484120 del Banco Mercantil Commercebank.

De acuerdo a lo denunciado, esta operación de préstamos solamente podría interpretarse como el justificativo del pago de una comisión.

Pago de comisiones

Una serie de operaciones bancarias que totalizaban USD 199.974, responderían, de acuerdo a lo referido por los informantes, a la distribución y pago de comisiones de las cuales serían beneficiarios Miguel Rubino Caloiia, Gustavo Hernández, Controlart Group LLL, Greydenir Moreno, Jaquelín López, Vicente Millán, Yudith Cedeño.



Distribución de las comisiones

Seguidamente los denunciantes hacen referencia a la metodología seguida por los señalados de robo y corrupción en Petrocedeño, para llevar a cabo la distribución de las comisiones.

La empresa debe pagar como coima en cada operación, un monto equivalente al 10 por ciento del precio del contrato o negociación, del cual 50 por ciento se destina a los compradores corruptos y el otro 50 por ciento entre los integrantes del clan de Gustavo Hernández.


A continuación podemos observar una operación que ejemplifica la distribución de comisiones por porcentaje cobrado en 2015 a la empresa Venezolana de Mecanizado C.A (Vemeca)[3], una compañía ubicada en la Urbanización Industrial Los Mesones, avenida principal Los Mesones, galpón s/n y con la dirección fiscal: Sector Los Mesones, avenida principal Los Mesones, Quinta N° 66, Barcelona, estado Anzoátegui.

Se trata de seis pedidos, identificados con los números 4819000429, 4559019603, 4819000406, 4819000515, 4559022866 y 4559021718 que totalizaban Bs. 6.677.797,18, cuyo 10 por ciento de comisión era de USD 667.779,72, correspondiendo por tanto cada 50 por ciento de este total a USD 333.889,86 que eran repartidos, una parte a quienes se identifican como Aitor, Liocmer, Rosa y Juan M. El otro 50 por ciento correspondía a Gustavo Hernández.

De estos pedidos, el identificado con el número 4559022866, fue procesado por el empleado de Petrocedeño, Liocmer Merchan, el 18 de febrero de 2015, para la adquisición de accesorios de flotación.

El monto del pedido era de USD 491.339,38 de los cuales, como puede verse en el cuadro anterior, a Liocmer Merchan le correspondieron como coima USD 24.566,97.

Estaban pendientes por pagar en 2015 a Vemeca USD 386.827,05, correspondientes a siete pedidos identificados con los números 4819000515, 4819000464, 4559023013, 4819000427, 4559017366, 4559025128 y 4559025125 que totalizaban USD 7.736.541, cuyo 10 por ciento eran USD 773.654,10, siendo la parte de Gustavo Hernández USD 386.827,05.

De este modo Gustavo Hernández con los pedidos de Vemeca que hemos presentado, obtuvo por concepto de comisiones provenientes de esta empresa en 2015, un total de USD 720.716,91.

Estas comisiones no son uniformes, sino que responden, al parecer a cierta jerarquía.

Así tenemos que las coimas por corrupción repartidas a Gustavo Hernández, Aitor Núñez y Lennys R., que en algunos casos eran de 10 por ciento y en otros de 12 por ciento, se distribuyeron de la siguiente manera:



Como puede verse aquí el mayor porcentaje fue obtenido por Lennys R, quien se hizo del 50 por ciento de los montos de las comisiones, mientras que Aitor Núñez y Gustavo Hernández se distribuyeron el restante 50 por ciento.

He aquí otros ejemplos ilustrativos del reparto:


En 2016, las comisiones por negociaciones con Susepica y Venezuela Drilling fueron de USD 11.594.960, mientras que las de la Vemeca se ubicaron en  USD 2.822.940.

Los protagonistas

Según el portal Dateas[4], Gustavo Daniel Hernández Cedeño, nació el 19 de agosto de 1981, es titular de la Cédula de Identidad número V-14.858.266 y se le ubica en la parroquia San Simón, municipio Maturín, estado Monagas.

Ejerce su derecho al voto en la Unidad Educativa “María Auxiliadora”, ubicada en la parroquia Lecherías, municipio Diego Bautista, estado Anzoátegui.
Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) refiere que ingresó al sistema el 1° de mayo de 2009, su fecha de contingencia será el 19 de agosto de 2041, su estatus actual es activo al estar adscrito a PDVSA Petróleo y Gas S.A. cuyo número patronal es D11300239 y a la que ingresó el 1° de mayo de 2009. Acumula 505 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 10.719,93.

Entretanto, de Federico José Martucci, en Dateas[5] se lee que nació el 9 de abril de 1960, es portador de la Cédula de Identidad N° V-5.072.824, se le ubica en la parroquia El Carmen, municipio Bolívar, estado Anzoátegui.

Ejerce su derecho al sufragio en el Instituto Universitario de Tecnología “Juan Pablo Pérez Alfonzo”, con sede en la parroquia El Carmen, municipio Bolívar, estado Anzoátegui.

Su cuenta individual en el IVSS indica que ingresó al sistema el 19 de diciembre de 1978, su fecha de contingencia será el 9 de abril de 2020, su estatus actual es activo al estar registrado en la empresa Suministro-Servicios Industriales C.A. a la que ingresó el 10 de marzo de 2014. Acumula 1.789 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 76.434,92.


Las empresas

Drilling Surface & Refinery Innvations LLC[6] se define en su página web como “una empresa internacional de adquisiciones fundada en 2016 en Houston, Texas, con el objetivo de servir a las compañías de petróleo y gas de todo el mundo, con un enfoque especial en los mercados de campos petroleros de EE. UU. y América Latina, proporcionando productos de alta calidad y Servicios a costos competitivos en las áreas de: perforación, superficie y refinería”.

Sobre su visión empresarial refiere que buscan “Ser el socio de compra y servicio más confiable y confiable para las compañías de gas y petróleo en todo el mundo”. Y Agregan: “Nuestra misión es proporcionar productos y servicios innovadores de la más alta calidad a precios competitivos”.

Su sede principal se encuentra en el 2400 Augusta Dr. Suite 380. Houston, Texas 77057. Sus teléfonos son +1 832 925 7808, +1 832 738 0573. Correo electrónico:
La empresa, de acuerdo al portal Datalog, fue fundada y registrada en Houston, Texas, Estados Unidos, el 17 de febrero de 2016-02-17, su estatus actual es activo, el número asignado a la compañía es el USTX0802393884, el número de registro es 0802393884[7].

Bizapedia agrega que el agente registrador de la empresa fue Mabel & Associates LLC quien ofreció como dirección la misma de la compañía. Se da cuenta de dos directores, a saber, Federico J. Martucci, cuyo domicilio es Barcelona, estado Anzoátegui y Fernando J. Gómez Gamboa, de Lechería, estado Anzoátegui[8].

Por su parte, Suministro-Servicios Industriales C.A.[9] en su página web informa que con son “una empresa ubicada en la costa nororiental de Venezuela, que suministra materiales, equipos y repuestos para la industria petrolera y petroquímica nacional, bajo los más estrictos estándares de calidad y seguridad. Contamos con personal altamente capacitado, con amplia experiencia en procura, tráfico, logística y tramitación aduanera”.

Susepica tiene su sede en la avenida Principal de Lecherías, Centro Comercial Coconut Center, planta baja, local Pb-03,  Lecherías, estado Anzoátegui. Sus teléfonos son +582812812152, +582812812425 y su correo electrónico: ventas@susepica.com.ve.

La empresa está registrada el 14 de julio de 2015 en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción judicial del estado Anzoátegui en el número 46 del tomo A-15.


Susepica la constituyeron Edison Rafael Martínez López, titular de la Cédula de Identidad N° V-16.241.444 y Federico Martucci, C.I. N° V-5.072.824 con un capital social de Bs. 100.000 representados en cien acciones cuyo valor es de Bs. 1 cada una.


Existe también otra empresa denominada Servicios y Suministros R y M 2015 C.A. registrada en también en el Registro Mercantil tercero del estado Anzoátegui el 14 de julio de 2015, bajo el número 89, tomo 23-A, que en asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 22 de mayo de 2017 incrementó su capital social en Bs. 23.000.000  2017, elevándose así a Bs. 24.000.000. En esa ocasión también se aprobaron los estados financieros correspondientes a los 2015 y 2016 y se restructuró la junta directiva por la renuncia del comisario y por la creación de un nuevo cargo dentro de la misma.

Durante dicha asamblea extraordinaria estuvo presente en carácter de invitado especial, Federico Martucci, junto a los socios Ana Teresa Ramírez García C.I. N° V-17.359.912, Carlos Márquez García, C.I. N° V-16.479.190 y Francisco Ramírez García, C.I. N° V-15.191.656. En la reunión, Martucci actuó como director de Suministros-Servicios Industriales C.A. (Susepica), quedando así establecida la relación entre ambas empresas.

El nombre de Federico Martucci igualmente figura en el directorio de otras empresas — además de Drilling Surface & Refinery Innvations LLC, Suministros-Servicios Industriales C.A. (Susepica) y Servicios y Suministros R y M C.A.— a saber, Venezuela Drilling Procurement C.A. y Grupo Médico Prosalud C.A.

En la próxima entrega ofreceremos más detalles acerca de las operaciones e integrantes del clan de Gustavo Hernández.


[1] Bizapedia. Suministros-Servicios Industriales, Llc (Susepica). https://www.bizapedia.com/tx/suministros-servicios-industriales-llc-susepica.html

[2] Corporation Wiki. Suministros-Servicios Industriales, LLC (Susepica). https://www.corporationwiki.com/p/2yrplt/suministros-servicios-industriales-llc-susepica

[3] Pymes Venezuela. Venezolana De Mecanizado, C.A. (Vemeca). http://pymesvenezuela.com/ficha/venezolana-de-mecanizado-ca-vemeca-14232

[4] Dateas. Hernández Cedeño, Gustavo Daniel. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/hernandez-cedeno-gustavo-daniel-11146255

[5] Dateas. Martucci, Federico José. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/martucci-federico-jose-1630552

[6] Drilling Surface & Refinery Innvations LLC. https://dsrinnovations.com/

[7] Datalog. Drilling Surface & Refinery Innvations LLC. http://www.datalog.co.uk/browse/detail.php/CompanyNumber/USTX0802393884/CompanyName/DRILLING+SURFACE+%26+REFINERY+INNOVATIONS,+LLC

[8] Bizapedia. Drilling Surface & Refinery Innvations LLC. https://www.bizapedia.com/tx/drilling-surface-and-refinery-innovations-llc.html

[9] Suministro-Servicios Industriales C.A. http://susepica.com.ve/web/ 




[1] Bizapedia. Suministros-Servicios Industriales, Llc (Susepica). https://www.bizapedia.com/tx/suministros-servicios-industriales-llc-susepica.html
[2] Corporation Wiki. Suministros-Servicios Industriales, LLC (Susepica). https://www.corporationwiki.com/p/2yrplt/suministros-servicios-industriales-llc-susepica
[3] Pymes Venezuela. Venezolana De Mecanizado, C.A. (Vemeca). http://pymesvenezuela.com/ficha/venezolana-de-mecanizado-ca-vemeca-14232
[6] Drilling Surface & Refinery Innvations LLC. https://dsrinnovations.com/
[8] Bizapedia. Drilling Surface & Refinery Innvations LLC. https://www.bizapedia.com/tx/drilling-surface-and-refinery-innovations-llc.html
[9] Suministro-Servicios Industriales C.A. http://susepica.com.ve/web/